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LUNES 1 DE MARZO DE 2021
Así es esto
Traidores de la patria: entre abogados te veas Rubén Díaz López
L
a mala fama de los juristas es moneda de cam bio en la vox populi, por ejemplo, de ellos dice Víctor Hugo, cuando su célebre personaje Jean Valjean de la magna obra Los miserables arriba al Juzgado a confesar que él es un ex convicto Es cosa que oprime el corazón ver esos grupos de hombres vestidos de negro, que hablan en voz baja a la puerta de la sala del tribunal. Es muy raro encontrar caridad y compasión en sus palabras; en cambio se encuentran condenas anticipadas. Tales grupos se presentan al que los observa como sombrías colmenas, o como espíritus zumbantes que construyen en común toda clase de edificios tenebrosos. Violetta, el perverso y materialista personaje de la no vela ganadora del premio Alfaguara 2003 Diablo Guardián de Xavier Velasco acota a uno de sus enamorados ¿No te da pena haber andado cacheteando el pavimento por una bruja ególatra y tramposa como yo? ¿No te dan ganas de aventarme un abogado, por ejemplo? Joaquín Sabina en Ruido (Esta boca es mía, 1994) una de sus más célebres y enérgicas canciones sobre los problemas de pareja, nos recuerda el papel que juegan los abogados en el fin del amor: Ruido de abogados, ruido compartido, ruido envenenado, demasiado ruido. No tenemos un juramento, pero la ética más simple, nos hace defender con todas las armas legales, a nuestros clientes. Nuestro compromiso es usar la norma y la argu
mentación para que el negocio que patrocinamos, llegue a buen puerto. Y ese es el problema: arribar viento en popa a la costa deseada, implica el naufragio para el con trario, y eso a nadie le gusta, cuando alguien gana, otro pierde, y aquí comienza esta mala fama de los abogansters (como también se nos apoda despectivamente) que provoca que hoy llamen traidores a la patria a quienes defienden empresas al amparo del texto constitucional. Hay otro problema que nos hace mala fama: el diario devenir tarde o temprano nos exigirá un abogado. Y el problema para el ciudadano de a pie es que muchas oca siones se topará con truhanes o embusteros, leguleyos o simples charlatanes que no sólo estafan al cliente, sino que además laceran al gremio y contribuyen a aumentar la diabólica popularidad y ampliar la legendaria maldi ción gitana: entre abogados te veas, o la peor de todas, de tu abogado, ni tú te salvas. Todos tienen derecho a un abogado, sea cual sea la causa o motivo, más aún, cuando se trata de procesos penales o sancionatorios, es una exigencia donde in cluso el estado debe de proporcionarlo, justamente para garantizar plena legalidad. Por eso, el más interesado en que las empresas a las que se les quiere restringir algunos derechos se defiendan, debería ser el estado, pues no debe quedar a dudas, en caso de que pierdan, de que tuvieron un juicio justo y una adecuada defensa. A menos que se crea que se perderá, o que no es justo
el procedimiento, entonces, ahí sí, de una vez llamarlos traidores a la patria. Los traidores a la patria, esos que se tienen que ubicar en el último peldaño, en el abismo de la huma nidad; pienso en quienes defendieron a Maximiliano de Habsburgo; en Atticus Finch de Matar a un Ruiseñor, representando a un negro cuando el odio racial era la constante en Estados Unidos; en el francés Jacques Ver gès abogado de grandes criminales y genocidas como el criminal de guerra nazi Klaus Barbie o el negacionista del Holocausto Roger Garaudy; todos, llamados también abogados del diablo, acusados solo por hacer valer un principio universal: la debida defensa, hasta del peor de los delincuentes. Los que hemos litigado, más de alguna vez hemos sido estos traidores, judas, abogansters; y ya nos acos tumbramos a ello, lo soportamos estoicamente (aguan tando callados, dijera Don Efrén González) porque re cordamos, siguiendo al uruguayo Eduardo J, Couture, que nuestro único compromiso es ser leales: “Se leal: leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que com prendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas”. rubendiazlopez@hotmail.com
Diputados indagarán presuntas presiones políticas a la ASF / Claudia Villegas Un día antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidiera a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, investigar si el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se realizó de manera independiente, la Comisión de Vigilan cia de la Cámara de Diputados ya había citado a David Colmenares Páramo para que explicara el errático desempeño del órgano de fiscalización al retractarse a través de una carta del resultado de la auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Las alarmas ya se habían encendido. El mandatario aseguró que los su puestos errores de la ASF no sólo pueden atribuirse “a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política”. A partir de ese momento se desató una tormenta política en la que se escucharon voces que pidieron la salida del audi tor. Una de ellas fue la de Héctor Yunes Landa, vocero de los diputados del PRI, partido que junto a Morena favoreció la designación de Colmenares como auditor en octubre de 2018. Otra de sus promotoras fue la entonces coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, ahora secretaría de Energía y quien tam bién salió a desacreditar el reporte de la ASF por los cuestionamientos que hizo a la construcción de la refinería de Dos Bo cas, en Tabasco. Para ella fueron de “mala fe” o “ignorancia”. En breve conversación con Proceso, Colmenares responde: “No hemos hecho nada de mala fe ni con tinte partidista para perjudicar o beneficiar a alguien. Nosotros no escogemos el momento ni la coyuntura política. Todas las institu ciones tenían el derecho a responder. Si existiera un juicio equivocado lo vamos a aclarar durante el proceso de revisión en la Cámara de Diputados previsto por ley”.
Dulce María Sauri | Foto Cámara de Diputados En el proceso de investigación de esta auditoría, la Unidad de Evaluación y Con trol de la Comisión de Vigilancia de la Cá mara de Diputados tendrá que preguntar y entrevistar a los auditores involucrados para que expliquen si hubo algún tipo de presión política, dice en entrevista con Proceso Mario Alberto Rodríguez Carri llo, presidente de la comisión legislativa a la cual le rinde cuentas la ASF. “No sólo es un asunto técnico, sino también ético –puntualiza Rodríguez Ca rrillo– y habrá que preguntarles si al guien les sugirió presentar esta carta que parece un deslinde para decir que hubo un error. Tenemos que saber por qué lo hicieron, dado que este tipo de cartas u oficios no están consideradas como figura procesal, no hay una figura jurídica que le dé fuerza a esa carta, no tiene ninguna validez y era innecesario presentarla”, asegura el legislador de Movimiento Ciu dadano por Jalisco. Colmenares Páramo decidió que la pri mera auditoría al nuevo aeropuerto y la cancelación de la terminal aérea en Texcoco fuera la de Desempeño y no una de Cum plimiento Financiero, cuyos resultados son vinculantes y deben complementarse con auditorías jurídicas y forenses que implican
posibles responsabilidades para los funcio narios implicados en esos proyectos. Con un subejercicio de más de 223.6 millones de pesos para el presupuesto que se le autorizó en 2020 y las dudas en torno a la gestión de su titular, David Colmena res, la ASF se enfrenta a una crisis que podría afectar su credibilidad e influencia como órgano auditor del Poder Ejecutivo. Colmenares debe explicar a la Comi sión de Vigilancia de la Cámara de Dipu tados por qué incumplió el procedimiento de respuestas por parte de los auditados y permitió que una carta del auditor espe cial Agustín Caso Raphael y un comuni cado de prensa pusieran en tela de juicio la calidad del trabajo de ese órgano, al menos en la auditoría de gestión al pro ceso de cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Con más de mil 600 auditores en su estructura, la ASF recibió en 2020 un presupuesto de 2 mil 378.4 millones de pesos y al cierre del año pasado reportó un remanente de 223 mil 600 millones de pesos, pues sólo ejerció 2 mil 154.8 millo nes de pesos. Tanto Colmenares como sus auditores ajustaron sus salarios a la Ley de Austeridad Republicana y cancelaron proyectos que, en medio de la pandemia, no se consideraban estratégicos. “Aunque se trata de un remanente, la gestión de Colmenares también podría ser auditada por este subejercicio porque se ne cesita descartar que no se afectó el desem peño de la institución ante una aplicación deficiente de los recursos justo ahora que se cuestiona su desempeño”, reveló una fuente de la Cámara de Diputados. Consultado al respecto, Colmenares aseguró que no se trata de subejercicio, sino de ahorros que fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. Resistencias en la SFP Durante el último año la ASF realizó más de mil 400 auditorías correspondientes al ejercicio del gasto público en 2019, el primer
año de la Cuarta Transformación al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, según Colmenares, su trabajo como auditor se enfrentó a la resistencia de algunos funcio narios en órganos internos de control que se han negado a entregarle información para la revisión y auditoría de la primera cuenta pública del gobierno de López Obrador. En la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quien fue auditor especial de desempeño de la ASF durante la gestión de Juan Manuel Portal, se desempeña actualmente como subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública. La SFP fue una de las dependencias cu yos funcionarios buscaron retrasar las vi sitas y peticiones de información de la ASF. Rodríguez Carrillo confirma que la ASF ha enfrentado resistencias a la entrega de información por parte de funcionarios que, como en el caso de la SFP, reclutaron a expertos en auditoría que conocen los pro cedimientos del órgano de vigilancia y los han aprovechado para oponerse al avance de las revisiones. La ASF no ha precisado, hasta ahora, si éste fue el caso de las de pendencias que ejecutaron las operaciones financieras para la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Según el informe de la ASF, al cierre de 2019 el costo estimado de la cance lación del NAICM que se edificaba en la zona de Texcoco asciende a 331 mil 996.5 millones de pesos, de los cuales 163 mil 540.7 millones corresponden a los gastos en 2019. Además, el informe de la ASF recuerda que aún circulan bonos por un total de 84 mil millones de pesos. Los auditores de la ASF también toman en cuenta el rubro “costos económicos no recuperables” por 78 mil 127 millones de pesos, que sumados a los 34 mil 27 millo nes de pesos por la recompra de bonos de la Fibra E y gastos por asesoría legal por 498 millones, integran un costo de 112 mil 652 millones.
