LUNES 1 DE MARZO DE 2021
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Las instituciones anticorrupción, en entredicho / Arturo Rodríguez Más allá de la polémica por la supuesta resistencia a las acciones de auditoría, desmentidas por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la retractación al respecto del auditor en jefe, David Colmenares, ambos quedaron en entredicho. Con el Sistema Nacional Anticorrupción inoperante, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia de primera línea en erradicar la corrupción y vigilar las buenas prácticas, resultó afectada en su objeto y razón de ser por las numerosas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Poder Legislativo dedicado a supervisar el ejercicio presupuestal y el desempeño en el Ejecutivo. Éste descalificó a la auditoría por un informe deficiente y exigió que se le investigara. En resumen: todo el andamiaje institucional para combatir la corrupción gubernamental quedó en duda, debilitado y bajo presión. Con todo, los datos sobre la revisión a la SFP, menos comentados en vista de las polémicas, impactan dos compromisos reiterados de este gobierno: Una auditoría, la 76-GB, sobre el Servicio Profesional de Carrera, que refleja un incremento en la contratación de personal durante 2019 respecto al que había en 2018, y la otra es la 77-GB, sobre el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, que en resumidas cuentas fueron, conforme al informe, deficientes en el proceso de investigación de servidores públicos, entre otras irregularidades de la dependencia encargada de erradicar la corrupción de la administración central. Reiteración presidencial cotidiana, el eje discursivo del gobierno es precisamente erradicar la corrupción, un aspecto en el que dicha dependencia presenta, conforme a la ASF, ínfimos resultados.
/ Juan Alberto Cedillo El expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, incluye la compra de un departamento de lujo con acceso a un club de golf en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México. La transacción se hizo en noviembre de 2013, cuando García Cabeza de Vaca era senador del PAN y pagó por el inmueble 14 millones de pesos, en tanto que su madre adquirió una residencia en el exclusivo fraccionamiento Cimarrón, en Mission, Texas. A ello se suman otras propiedades y movimientos bancarios que superan los ingresos obtenidos por el actual mandatario tamaulipeco, así como los señalamientos en su contra hechos por Emilio Lozoya Austin a la FGR, que implican también a legisladores panistas que, según él, lo “extorsionaron y presionaron” cuando era director de Pemex. Según Lozoya Austin, “la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal”; los legisladores de Acción Nacional lo intimidaron y usaron como “instrumento en la comisión de actos delictivos”. Ellos, incluido García Cabeza de Vaca, se beneficiaron con sobornos de Odebrecht a “cambio de su voto” a favor de la aprobación de la reforma energética en 2013, durante la administración de Enri-
Entre los datos destacados de la Auditoría 77, la SFP ni siquiera actualizó el Registro de Servidores Públicos Sancionados y sólo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, de un total de 575 mil 834 declaraciones presentadas en 2019 por el mismo número de servidores públicos. Aún peor: la mitad de las investigaciones desarrolladas por la SFP no fueron por una política, lineamientos o metodologías que justificaran las investigaciones que realizó, sino que lo hizo a partir de notas periodísticas. Hay más aspectos que hacen chocar el discurso presidencial con los hechos. Por ejemplo, desde la presentación, a finales de 2017, del gabinete con el que hizo campaña, el anuncio para confirmarlo el 2 de julio de 2018 luego de su triunfo electoral y, una vez asumido el cargo en diferentes oportunidades, el presidente López Obrador ha dicho que aspira a pasar a la historia por el mejor gabinete que haya existido, inspirado declaradamente en el de Benito Juárez. En contraste, la ASF le observa a la SFP que incurrió en irregularidades y deficiencias en la contratación de seis servidores públicos de mando superior, omitiendo que no contaban con los años de experiencia requeridos conforme a la ley. El rechazo presidencial al informe sobre la cancelación del aeropuerto que se construía en el exlago de Texcoco, por el que la ASF se retractó el pasado lunes 22 tras atribuirle una triplicación del costo que –admitió después– tuvo errores metodológicos, se sumó a otra retractación: Aunque la titular de la SFP aceptó en general el informe, rechazó el aspecto más mediático del mismo, esto es, una supuesta negativa a dejarse auditar. Fue la primera retractación del auditor superior David Colmenares, quien, en diferentes entrevistas en medios electrónicos, aseguró que había estrecha colaboración. Sin embargo, excepto por la desmentida resistencia a dejarse auditar, no hubo
| Foto @Irma_Sandoval de parte del auditor Colmenares retractación de los tres informes de auditoría de desempeño practicados a la dependencia que encabeza Sandoval. La funcionaria ha destacado que las auditorías realizadas son de desempeño y no se identificaron actos de corrupción. En efecto, las observaciones pueden ser solventadas y no representan desvíos de fondos, sólo irregularidades administrativas que en su oportunidad, la propia funcionaria lo ha dicho, serán desahogadas en caso de que haya personal susceptible de sanción. La nómina, obesa e incapaz Para el presidente López Obrador el aparato burocrático debía reducirse porque, sostenía, desde el gobierno de Felipe Calderón se incrementaron las plazas, así que, luego de múltiples recortes en su primer año de gobierno, todavía el 18 de noviembre de 2019, expresaba:
“Y falta todavía dar otra sacudida, otra zarandeada, otra zamarreada –dirían en mi pueblo– a la mata. Va a haber todavía ajustes en ese sentido, o sea revisar, ver la Ley de Austeridad. ¿Se está aplicando? ¿Quién la aplica? ¿Quién no?”. El informe de Auditoría 76-GB expone en su dictamen: “Al inicio de 2019 la Administración Pública Federal contaba con 1 millón 339 mil 10 plazas, las que al final del año aumentaron, llegando a 1 millón 395 mil 858 plazas, lo que representó una adición de 56 mil 848 plazas (4.2%) más.” El balance también se relaciona con el perfil: las plazas de Servicio Profesional de Carrera se redujeron, hasta representar sólo .9% de las plazas laborales de la Administración Pública Federal. El dictamen establece que además, la SFP no vigiló el cumplimiento de requisitos de contratación en el primer año de gobierno. “En el subsistema de Ingreso se identificaron deficiencias en todos sus elementos, ya que no acreditó una coordinación de mecanismos innovadores para atraer a los mejores hombres y mujeres”, establece el documento. El dictamen remata: “En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2019, persiste el problema público referente a la falta de consolidación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera por parte de la Secretaría de la Función Pública, debido a la identificación de inconsistencias y debilidades serias en la ejecución de su mandato de dirigir, coordinar, evaluar y darle seguimiento, debido a que las deficiencias en la regulación podría poner en riesgo el cumplimiento del objeto” del dicho servicio. Un informe de auditoría más coincide con la deficiencia en la contratación sin requisitos: es la 78-GB, que en su conclusión establece que no hubo planes de capacitación eficaces para el personal.
Los lujos adquiridos por Cabeza de Vaca que Peña Nieto, precisamente el año que compró su departamento en Bosques de Santa Fe. Las indagatorias de la FGR contra el actual mandatario tamaulipeco no incluyen lo que se investiga en Estados Unidos, donde se presume que García Cabeza de Vaca recibió fondos para sus campañas electorales por parte del crimen organizado. Presuntamente el inculpado también se benefició de los negocios de un discreto “contratista de Pemex” acusado de contrabando de combustible e incluso de estar relacionado con narcotraficantes: el empresario reynosense Javier Cantú Barragán, primo de Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, el empresario favorito de Peña Nieto. Una de las principales empresas de Cantú Barragán es Transportes Internacionales Tamaulipecos, SA de CV (TITSA), la cual continuamente acapara los contratos de Pemex en el ramo del transporte de combustibles. De acuerdo con la página Compranet, hasta 2018 TITSA registraba unos 600 contratos con Pemex por un total de 2 mil 154 millones 768 mil 498.55 pesos, si bien muchos de ellos están vigentes y son por 50 años.
García Cabeza de Vaca presuntamente cabildeó para beneficiar con contratos a esa empresa, según la acusación de Lozoya. El posible desafuero y juicio contra el mandatario de Tamaulipas dividió a los usuarios de las redes sociales y a los columnistas nacionales y de la entidad. De un lado están quienes consideran que encarcelarlo podría sentar un precedente contra los funcionarios locales corruptos; del otro, quienes opinan que la acusación tiene tintes político-electorales y que todo se reducirá a un show mediático, como está pasando con otros casos. La clase política más corrupta La violencia que hay en Tamaulipas desde hace más de una década es resultado de la complicidad de la clase política –incluidos militantes del PRI, PAN y Morena– que ofrece protección e impunidad a los cárteles de las drogas a cambio de sobornos, los cuales alcanzan hasta el millón de dólares por mes para los gobernadores, según han confesado en las cortes de Texas algunos de los capos del crimen organizado y sicarios capturados en Estados Unidos. Algunos de quienes recibieron sobornos de los grupos criminales deposita-
ron ese dinero mal habido en bancos de Texas, donde también compraron lujosas residencias y todo tipo de propiedades. Los montos asegurados por el Departamento del Tesoro estadunidense en los últimos años a funcionarios de Tamaulipas suman alrededor de 600 millones de dólares, es decir unos 12 mil millones de pesos. El empresario Antonio Peña Argüelles, quien fungió como enlace entre miembros del crimen organizado y funcionarios tamaulipecos señaló a los exmandatarios Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores como beneficiarios de constantes sobornos. Ante los fiscales de Texas, Peña Argüelles declaró que durante la administración de Yarrington (1999-2004) se usó a la empresa constructora Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, SA de CV, de Fernando Cano Martínez –su empresario favorito–, para cometer diversos fraudes con obras públicas. Por medio de las empresas de Cano Martínez millones de dólares se depositaron en bancos de Texas para comprar dos aviones, diversos inmuebles, un lujoso departamento en la Isla del Padre y varias camionetas Suburban.
