Financiación

Hay casos en los que ni siquiera una intervención bien diseñada logra influir en las decisiones de los estudiantes. Es posible que los estudiantes mantengan su elección de un programa con un retorno relativamente bajo solo porque es local o porque ofrece algo que ellos valoran (por ejemplo, un horario conveniente, enseñanza en línea, servicios de cuidados infantiles in situ, un lugar tranquilo para estudiar).7 Otra posibilidad es que los estudiantes simplemente no tengan otras opciones, como es el caso de los que viven en municipios pequeños o medianos (capítulo 3), o que no puedan permitirse nada más caro. Como se comenta más adelante en este capítulo, en última instancia, el deber de la autoridad reguladora es garantizar que las opciones disponibles sean buenas y que los estudiantes tengan los medios económicos para elegir entre ellas.

A pesar de estas reservas, la información a nivel de programa sigue siendo necesaria. Tal como se ha subrayado al principio de este capítulo, no resolverá todos los problemas, pero sí varios de ellos, sobre todo si se combina con la regulación y la financiación. El primer paso es recopilar datos pertinentes. La propia necesidad de las autoridades responsables del diseño de las políticas de obtener información a nivel de programa puede servir para encaminar los esfuerzos de recopilación de datos, ya que no es posible supervisar los programas individuales sin conocer sus resultados. En términos más generales, el objetivo es crear una cultura de educación superior basada en la información, en la que esta se facilite y se consulte para tomar decisiones consecuentes, y en la que los proveedores, sabiendo que están siendo supervisados por los estudiantes y las autoridades responsables del diseño de las políticas, se esfuercen por ofrecer un buen producto.

Financiación

Las autoridades responsables del diseño de las políticas de todo el mundo subsidian la educación superior por razones de eficiencia y equidad. Dado que la educación superior beneficia a la sociedad en su conjunto, la subsidian para alentar a las personas a cursarla con el fin de desarrollar el nivel óptimo de capital humano que necesita la economía. También la subsidian porque si se abandonara a los estudiantes a sus propios recursos, muchos no podrían permitirse cursar estudios superiores. Para subsidiar la educación superior, pueden hacer transferencias a las IES y a los estudiantes, o pueden intervenir en el mercado de préstamos a estudiantes para proporcionar, garantizar o subsidiar los préstamos estudiantiles. En ALC, las autoridades responsables del diseño de las políticas subsidian a las IES públicas, conceden pocas o ninguna ayuda a las IES privadas o a sus estudiantes, y a veces intervienen en el mercado de préstamos a estudiantes, que es muy reducido, al menos en los países de la EPCCBM.8 Actualmente, la financiación de la educación superior en ALC no es equitativa y a menudo es regresiva. No es equitativa en las IES públicas, donde los subsidios anuales por estudiante en los PCC son inferiores, en promedio, a los de programas universitarios (capítulo 1). La diferencia en los subsidios es aún mayor si se

considera el total de los subsidios, a lo largo de toda la duración del programa, ya que los PCC son más cortos que los programas universitarios.

Esta situación no es equitativa por varios motivos. Los estudiantes de PCC son más desfavorecidos que los de programas universitarios y, por tanto, tienen mayores necesidades económicas. Los PCC tienen tasas de deserción más bajas que los programas universitarios, lo que significa que se destina un mayor subsidio a los estudiantes que tienen más probabilidades de desertar. Además, entre los estudiantes de programas universitarios, los que se gradúan proceden de familias de ingresos más altos que aquellos que desertan; por lo tanto, necesitan los subsidios aún menos.9

La financiación de los PCC tampoco es equitativa entre estudiantes de IES privadas. En ALC, en promedio, estos estudiantes representan el 48 % del total de la matrícula de PCC y, en su mayoría, pagan de su propio bolsillo los costos de matrícula (capítulo 1). Aunque las IES públicas son muy atractivas por sus generosos subsidios por matrícula, es posible que muchos estudiantes tengan razones legítimas para elegir las IES privadas. Por ejemplo, puede que las IES públicas locales estén saturadas, no oferten un programa de interés para los estudiantes u oferten programas de baja calidad. En consecuencia, subsidiar a los estudiantes de PCC en IES públicas y no hacerlo en las privadas crea desigualdades. Un aspecto fundamental es que, dado que las IES públicas quizá no tengan capacidad suficiente para hacer una posible ampliación de PCC, las IES privadas pueden ser indispensables para absorber el aumento de la demanda.10 En otras palabras, la readaptación profesional y formación complementaria a gran escala de la mano de obra necesaria en la situación de emergencia actual solo puede ser posible si se subsidia a los estudiantes de las IES públicas y privadas.

El hecho de que los subsidios a estudiantes de IES privadas puedan ir a parar a programas de baja calidad sigue siendo motivo de preocupación. Naturalmente, los fondos públicos podrían ir a parar a programas de baja calidad impartidos no solo en IES privadas sino también en las públicas. Para evitar este problema es necesario que la financiación y la regulación se complementen —con una supervisión rigurosa en todos los programas— para identificar los programas de baja calidad y evitar que reciban fondos públicos.

Dadas las actuales limitaciones presupuestarias, no es realista considerar financiación adicional para la educación superior. En lugar de ello, el aumento de los subsidios a estudiantes de PCC requiere un gasto público más eficiente en la educación superior, lo que incluye una reasignación de los fondos entre los estudiantes de educación superior en función de sus ingresos y el tipo de programa. Restaurar la equidad en la financiación de la educación superior sería importante en cualquier circunstancia, pero resulta fundamental en este momento, ya que la pandemia del COVID-19 ha afectado a las personas de forma desigual y ha profundizado la ya elevada y persistente desigualdad en la región.

Las limitaciones presupuestarias, junto con la necesidad de ampliar los PCC, indican que los recursos públicos por sí solos quizá no sean suficientes. La ampliación de los préstamos estudiantiles —cuya cobertura actual es baja— proporcionaría recursos adicionales. Los préstamos condicionados a los ingresos,