Supervisión y regulación

concedidos por entidades públicas o privadas, son una opción que vale la pena explorar. Con estos préstamos, los estudiantes pagan una vez que empiezan a trabajar, pero solo hasta donde lo permitan sus ingresos. Este tipo de préstamo, por el momento, es casi inexistente en ALC.11 No obstante, los proveedores de boot camps de la región ya ofrecen préstamos condicionados a los ingresos de los estudiantes, ya que financian la formación de los mismos y solo empiezan a cobrar cuando los estudiantes empiezan a trabajar.12

Hay otra opción de financiación que podría operar a través del sistema de protección social. Dada la actual preocupación de las autoridades responsables del diseño de las políticas respecto a la protección del empleo, conceder un subsidio al empleo condicionado a que los empleados asistan a un PCC cumpliría tanto con los objetivos de empleo como con los de capital humano. Se trata de una opción similar a las conocidas transferencias monetarias condicionadas (TMC), por las que los hogares reciben una transferencia monetaria siempre que cumplan con determinadas condiciones, como la escolarización de los menores. Las TMC bien diseñadas y practicadas han conseguido aumentar la asistencia y la matrícula escolar.13

En términos más generales, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de rediseñar los sistemas de protección social para incluir financiación destinada al desarrollo de habilidades, ya que las habilidades son el mecanismo de seguro por excelencia.14 Por ejemplo, la financiación de los PCC puede utilizarse como una herramienta anticíclica —o un estabilizador automático— que aumenta durante las recesiones a medida que un mayor número de personas, en particular las que no tienen empleo, requieren readaptación profesional o formación complementaria. Dado que algunas áreas de conocimiento (como la ciencia y la tecnología) tienen un mayor costo que otras, el uso eficiente de los fondos públicos permitiría una financiación por estudiante diferente según el área. En vista de que las IES privadas no suelen crear programas en áreas de alto costo (capítulo 3), este sistema de financiación ampliaría la oferta de estos programas de alto costo, pero de gran valor.

Independientemente de la forma de financiación de los PCC, cabe la posibilidad de que las autoridades responsables del diseño de las políticas solo quieran destinar recursos a los PCC si estos son rentables. El cuadro 5.4 ilustra cómo podrían evaluar la relación costo-eficacia a partir de los datos de los programas.

Supervisión y regulación

Habrá quien crea que, una vez que los estudiantes reciban y procesen la información adecuada a nivel de programa, actuarán como consumidores informados, y tomarán «buenas» decisiones que controlarán el mercado y eliminarán la necesidad de supervisión y regulación. Por muy atractivo que pueda parecer esto, no es correcto. El mercado de los PCC —y, en general, el de la educación superior— no es totalmente competitivo, ya que los proveedores suelen tener poder de mercado y muchos estudiantes tienen pocas o ninguna opción (véase el cuadro 5.1). Estos «fallos de mercado» son particularmente significativos entre los