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6.1 Financiamiento de los servicios de cuidados de largo plazo en Chile
mayores con necesidades de cuidados. Por lo general, el financiamiento es entregado por los niveles locales de gobierno, y no por el nivel nacional, lo cual incrementa el grado de fragmentación. Con frecuencia hay poca coordinación entre las diferentes agencias y se genera confusión con respecto a sus responsabilidades específicas. A modo de ejemplo, en Brasil, un gran número de agencias gubernamentales ofrecen diferentes dispositivos de asistencia (Camarano, 2017). En el recuadro 6.1 se describe un estudio de caso de financiamiento y provisión de servicios de cuidados de largo plazo en Chile. Las respuestas a las necesidades de atención, cada vez mayores, a menudo son descoordinadas y se realizan de manera ad hoc; no existen estrategias nacionales o agencias líderes. un modelo más efectivo de financiamiento de los servicios de cuidados del sector público es imposible si no se cuenta con estructuras institucionales efectivas, que promuevan la cooperación entre sectores y la coordinación entre el gobierno central y los niveles subnacionales.
RECUADRO 6.1
En Chile, son varias las agencias gubernamentales con responsabilidades en los servicios de cuidado, incluidas aquellas pertenecientes a la salud pública, el seguro social y el desarrollo social. El ministerio de salud es responsable por los servicios de salud que, en ocasiones, se superponen con los cuidados de largo plazo, y de brindar dispositivos de asistencia. también tiene a su cargo la evaluación del estado funcional de los adultos mayores y, por ende, de su derecho a recibir los servicios de cuidados financiados por el sector público. sin embargo, es cada vez más sobresaliente el papel del servicio nacional del Adulto mayor (sEnAmA) –agencia del ministerio de desarrollo social– como institución líder en cuidados de largo plazo. se han otorgado aumentos considerables para el financiamiento público del sEnAmA, que alcanzaron los 29 millones de dólares en 2016 (Villalobos dintrans, 2017). Esto equivale a cerca de 83 dólares por cada ciudadano chileno mayor de 60 años con una limitación en las AVd, pero resulta considerablemente mayor que la estimación de 1,6 mil millones de dólares (0,45% del PIB) necesarios para establecer un sistema universal de cuidado financiado con recursos públicos, que se compare con el de otros países de la oCdE (matus-López y Cid Pedraza, 2014). Por ejemplo, la república de Corea destina alrededor de 1,1% del PIB en cuidados de largo plazo y el reino unido el 1,8% (oCdE, 2016). más del 60% del presupuesto del sEnAmA se utiliza en subsidios para hogares de cuidado, que teóricamente se clasifican según la edad, el estado funcional y el perfil socioeconómico de los residentes. Hay indicios de que la calidad y la regulación de estos prestadores está, en general, por debajo del estándar (dirección de Presupuestos, 2015). uno de los problemas es que el ministerio de salud, en lugar del sEnAmA, es responsable por la regulación de casi todos los hogares de cuidado, y la coordinación entre ambas agencias es mínima.
En 2013, el sEnAmA estableció un esquema piloto para brindar apoyo al cuidado en el hogar de los adultos mayores (matus-Lopez y Cid Pedraza, 2015). un total de 182 cuidadores recibió capacitación en servicios de cuidados domiciliario, y luego asistieron a los cuidadores familiares, ya sea de forma voluntaria o remunerada. Este esquema fue puesto en marcha en siete distritos a través de varias ong, agencias de gobierno locales y organizaciones religiosas. dichas agencias recibieron una remuneración de usd 32,40 al mes por cada adulto mayor asistido. realizaban actividades diversas durante la visita, de al menos dos horas de duración, a cada beneficiario. Hacia 2014, 1761 adultos mayores habían recibido los beneficios de este esquema, y el presupuesto total, incluidos los costos operativos y la capacitación de los cuidadores, fue de usd 630.300 dólares. A pesar de ser una intervención muy prometedora, solo se ha aplicado en una escala limitada. se han probado otras iniciativas, pero también en forma limitada. tal es el caso de un programa de relevo familiar financiado públicamente que se implementó con apenas 700 cuidadores en 2016 (gobierno de Chile 2016).