gremiales
La protección de los datos personales
Jesús Pérez Marmolejos Abogado. Máster en Economía y Derecho del Consumo.
Las farmacias tienen una obligación legal de confidencialidad y privacidad de cara a los datos personales de sus clientes consumidores. La Constitución de la República Dominicana establece que “toda persona tiene derecho a la intimidad” (Artículo 44). Asimismo, nuestra carta magna plantea que “toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas en la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos (Artículo 44, numeral 2). En primer lugar, la pandemia covid-19 ha provocado un incremento significativo en la transmisión de datos sensibles en el sector salud, como por ejemplo, el estado del paciente sobre si ha tenido o padece el coronavirus. Diariamente, las farmacias reciben indicaciones sobre medicamentos que se utilizan para combatir este virus que ha sido un antes y un después para la
sociedad contemporánea. De modo que los dueños de farmacias y su personal calificado deben comprender que el tratamiento de los datos personales de sus clientes es muy importante y están obligados a garantizar su protección de manera eficaz. En efecto, la Ley General de Salud número 42-01 estatuye un derecho de las personas el “respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, y a no ser discriminada por razones de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier otra” (artículo 28, literal a); y “a la confidencialidad de toda la información relacionada con su expediente y con su estancia en instituciones prestadoras de servicios de salud pública o privada (artículo 28, literal e). De la misma manera, el decreto 24606, sobre medicamentos tipifica como una infracción el hecho de “no garantizar la confidencialidad y la intimidad del paciente en la tramitación de las recetas y órdenes médicas” (artículo 268, numeral 55) e “incumplir, por parte del personal sanitario, el deber de confidencialidad e intimidad en la tramitación de recetas y órdenes médicas” (artículo 268, numeral 64). En
otros términos, para el constituyente y legislador dominicano la intimidad de los usuarios del sector salud es un aspecto primordial y especial. Por ejemplo, el decreto 665-12 expresa que la receta médica ordinaria del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) debe contener los siguientes datos: “1. Fecha de emisión de la Receta; 2. Sobre el paciente: nombres y apellidos completos; 3. Sobre el medicamento: Nombre, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, posología, unidades por toma y día, duración de tratamiento, otras indicaciones para el paciente que el médico estime convenientes, firma del médico u odontólogo tratante; 4. Sobre el prescriptor: nombres, apellidos, exequatur y permiso de prescripción de medicamentos controlados, si fuese el caso, firma y sellos” (artículo 7). Por consecuencia, si la farmacia como responsable del banco y tratamientos de datos, quien decide “la finalidad, el contenido, los medios del tratamiento y el uso de la información obtenida con el tratamiento de los datos personales (artículo 6, numeral 18, Ley 17213), recibe una solicitud de acceso, rectificación, actualización o supresión de datos por parte de los usuarios, debe “comprobar y verificar la pertinencia de la reclamación, debe proceder a la
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