NACIONAL
08 DE MARZO DE 2021 · SIE7E DE CHIAPAS
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DELITOS
El robo de gas se multiplica en México y deja severas pérdidas INDOCUMENTADOS
Asesores de Biden visitaron la frontera con México ante el auge migratorio EFE - EL SIE7E
EFE - EL SIE7E México.- El robo de gas y sus consecuencias han crecido a marchas forzadas en México, después de que en los últimos tres años se encontraran aproximadamente el 60 % de las tomas clandestinas descubiertas a lo largo de los últimos 20 años. “En el 2018 hubo 12.581 tomas clandestinas, en el 2019 hubo 13.136 y en 2020 subieron a más de 23.000 tomas clandestinas”, lamentó en entrevista con Efe el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Carlos Serrano. Serrano, quien calificó el asunto como un problema “gravísimo”, recordó que el robo de gas licuado de petróleo costó en México el año pasado más de 30.000 millones de pesos (unos 1.410 millones de dólares). “Los grupos armados se están adueñando de las rutas (de distribución) y están imponiendo condiciones que no benefician al consumidor final y que ponen en riesgo a la sociedad”, denunció el presidente de Amexgas. Los robos se inician en gaseoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en centros de almacenamiento y distribución de la petrolera pública “por temas de corrupción”, precisó Juan, nombre ficticio del responsable de seguridad en una distribuidora de gas. El hombre, quien prefirió guardar el anonimato por miedo a represalias del crimen organizado, detalló que la problemática se concentra en los estados del centro de México, principalmente en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. “En los estados en los que se dedican al robo de combustible, las principales afectaciones que tienen las empresas son el robo de unidades y de equipo que utilizan para distribuir el gas. Se roban pipas (camiones cisterna) y tanques portátiles de gas”, reveló. Sin embargo, el entrevistado puso el foco en el riesgo “de protección civil”
que se da en las poblaciones cercanas a las tomas clandestinas de gas y en el transporte hacia los puntos de distribución final, donde la mayoría de consumidores últimos de gas robado desconocen su procedencia. La “figura clave” para hacer llegar este combustible hurtado a hogares y negocios es el comisionista, es decir, personas que controlan un número de camiones y rutas y la cantidad de gas que se vende en ellas. “Normalmente le comprarían a empresas legalmente establecidas”, explicó el responsable de seguridad, pero el gas clandestino puede ser más barato y los comisionistas, que no tienen por qué estar establecidos legalmente, aprovechan la oportunidad de hacer dinero. Además, indicó el entrevistado, hay “grupos de choque” que extorsionan a los distribuidores de gas a cambio de protección en su zona. Una vez que el crimen organizado se hace con el control de una región, explicó, imponen sus condiciones a todos los eslabones de la cadena de suministro, incluido el cliente. “Afectan al usuario final, que es el ama de casa, el hostelero, el tortillero o el panadero. Obligan a comprar cierta cantidad de gas mensual de algunas marcas y a un cierto precio, incluso por encima del costo comercialmente viable”, aseveró. Un responsable jurídico de otra empresa del sector que también pidió guardar su anonimato, aseguró que hay “una violación flagrante en todo lo que se refiere a sancionar y prevenir delitos de robos de hidrocarburos”. El letrado dijo que no se está implementando una estrategia de carácter legal “por parte de las autoridades administrativas”, que son en este caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). “A día de hoy, no tenemos conocimiento de ninguna carpeta de investigación que se haya iniciado en virtud de estos delitos, cuando se cometen en total flagrancia y denuncia de entes como Pemex”, reclamó.
Washington.- Una delegación gubernamental liderada por el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, visitó este sábado la frontera con México para evaluar cómo “mejorar” la respuesta de la Casa Blanca al auge en la llegada de indocumentados, especialmente de menores no acompañados. La Casa Blanca informó este domingo en un comunicado de la visita, en la que participaron el sábado 14 funcionarios del Gobierno del presidente Joe Biden, quien recibirá pronto un informe detallado sobre las conclusiones del viaje. La delegación visitó un centro de la Patrulla Fronteriza y unas instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés), la agencia responsable del cuidado temporal de los menores de edad indocumentados que llegan a la frontera sin la compañía de adultos y son detenidos por las autoridades migratorias. CÓMO ALBERGAR A LOS MENORES Los asesores de Biden “conversaron sobre las necesidades de aforo dado el número de niños no acompañados y familias que están llegando a la frontera, y los desafíos complejos relacionados con la reconstrucción del sistema migratorio y de infraestructura fronteriza que ha quedado destripado” por la Administración anterior, indica el comunicado. También evaluaron las “mejoras que deben hacerse para restaurar procedimientos seguros y eficientes con el fin de procesar y albergar a los menores no acompañados, además de reunirlos con su familia o tutores”, añade. “Además, debatieron formas de asegurar el tratamiento
justo y humano de los inmigrantes, la seguridad de los trabajadores (migratorios) y el bienestar de las comunidades cercanas, en un momento de pandemia global”, concluye la nota. Aunque el Gobierno de Biden ha advertido que la frontera con México continúa cerrada y que no es el momento de tratar de llegar a Estados Unidos, el flujo de inmigrantes ha aumentado notablemente desde que el nuevo presidente llegó al poder en enero. LLEGADAS EN AUMENTO Más de 300 menores no acompañados por día han sido detenidos en las últimas semanas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). Y esta semana, los agentes migratorios detuvieron en varias ocasiones a más de 4.000 indocumentados por día, casi el doble de las cifras que se registraban en enero, informa este domingo el diario The Washington Post. Mientras, el Gobierno de Biden confirmó este viernes, en un documento judicial, su plan de acabar con las detenciones prolongadas de familias de inmigrantes indocumentados y limitar a un máximo de 72 horas el tiempo que pueden estar detenidos, en dos centros situados en Texas. Aunque la mayoría de los
adultos que llegan a la frontera son expulsados inmediatamente bajo el denominado “Título 42”, una medida amparada en la pandemia de la covid-19, a los menores y a algunas familias con niños se les permite entrar y solicitar asilo. Eso ha aumentado la presión sobre las instalaciones del Gobierno que albergan temporalmente a menores no acompañados, que estaban al 94 % de su capacidad esta semana, según fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos -del que depende la agencia ORR- citadas por la cadena CNN. En la visita a la frontera participaron, además de Mayorkas, la asesora de seguridad interna de Biden, Susan Rice; la viceasesora de seguridad nacional del presidente, Liz Sherwood-Randall; la directora de la oficina de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, Julie Rodríguez, y la jefa de gabinete de la primera dama Jill Biden, Julissa Reynoso. La Casa Blanca no aclaró qué puntos concretos de la frontera visitó la delegación, de la que también formaron parte, entre otros, el secretario interino de Salud y Servicios Humanos, Norris Cochran; la viceasesora de inmigración de Biden, Esther Olavarria; la directora de temas transfronterizos en la Casa Blanca, Kate Tobin, y la subdirectora de comunicación de la Casa Blanca, Pili Tobar.
