por Alexis Oliva / Página

por Alexis Oliva

Por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el próximo 7 de diciembre vence la medida cautelar por el amparo que interpuso el grupo Clarín contra la vigencia del artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que establece la “adecuación” de las empresas que excedan los límites para la cantidad de licencias previstos en el artículo 45 (diez licencias de comunicación audiovisual , 24 de radio, o abarquen a más del 35% de la población a nivel nacional; o los límites previstos para el orden local) o no cumplan con las exigencias respecto a la composición societaria. Esto significa que a partir de ese día la ley aprobada el 9 de octubre de 2009 entrará por fin en plena vigencia en el aspecto central del límite a la concentración económica.

La cercanía de este plazo hizo recrudecer la campaña con que el conglomerado de medios que pertenece al grupo Clarín, secundado por el diario La Nación y la Aso-

La comunicación masiva como vehículo de la lucha ideológica El “7D”

con D de demonio

ciación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), entre otros aliados, ataca al gobierno nacional y busca fortalecer a sus opositores. Así, la significación de esa fecha, denominada “7D”, está potenciada por la reacción corporativa del principal holding mediático. Más allá de las reminiscencias al Día D y que desde el gobierno se la asocia con “diversidad” y “democracia”, desde el bando de Clarín se la pretende relacionar más bien con la palabra “demonio”, en este renovado intento por demonizar a la valiosa conquista popular que es la ley de medios y victimizar a los grupos mediáticos falazmente autodenominados “independientes”. “Si el 7 de diciembre el poder central avanza ilegalmente contra los medios del Grupo Clarín, estaríamos ante una lisa y llana confiscación para silenciar a uno de los pocos medios independientes”, clamó el

pensar un pais con justicia social

grupo en una reciente solicitada.

Ya desde el nacimiento de la ley de medios, esta satanización se expresó en relación a este artículo 161 en la sustitución de la palabra “adecuación” por “desinversión” -justamente, porque “inversión” es una santa palabra del credo liberal, sobre todo si es privada-, mientras que en general la ley era estigmatizada como una herramienta con función de “mordaza” para “chavizar” o “sovietizar” la comunicación. Todo un trabajo de mistificación de lo político que hoy ha cristalizado en movilizaciones callejeras y virtuales contra un infierno en el que conviven la “revolución cubana” y el “fascismo”, las “juventudes hitlerianas” y los “montoneros”, la “colla resentida Milagro Sala” y el “gay empedernido Pepe Cibrián Campoy”, comandados por esas deidades malignas y zoomorfas bautizadas como “El Pingüino” y “La Yegua”.

En este sentido, la exitosa movilización de los caceroleros -al menos en términos cuantitativos- y los episodios que ocurrieron durante la visita de la Presidenta a Estados Unidos, indican que los medios empresariales de comunicación masiva conservan aún un importante poder de influencia, que en este caso implicó nada menos que la capacidad de contagiar la negación –o peor aún, el rechazo absoluto- de una serie de cambios positivos que ha experimentado la sociedad argentina en los últimos años, cambios que implicaron tanto la satisfacción de necesidades económicas básicas de la población, como el reconocimiento de derechos políticos, sociales y culturales. Entre éstos últimos, el derecho humano a la comunicación, concretado en esta ley de medios audiovisuales 26. 522 que implica por sobre todas las cosas una oportunidad histórica para democratizar la comunicación en nuestro país.

Justamente, el gran desmitificador de la historia, Carlos Marx, pensó a la realidad social humana como una interacción entre la estructura -la base material económica de la sociedad- y la superestructura -el edificio ideológico, político, jurídico y cultural-. En toda sociedad, la estructura “determina” a la superestructura (más allá de que en el proceso dialéctico pueda iniciarse un cambio desde la superestructura, por ejemplo, a través de la acción de un partido revolucionario -Lenin- o del rol de los intelectuales en la lucha por la hegemonía y la construcción de un nuevo bloque histórico -Antonio Gramsci-).

A partir de estas categorías de Marx, uno podría pensar que en la Argentina, durante gran parte de su historia, la comunicación masiva, en tanto fenómeno superestructural, estuvo determinada exclusivamente por los intereses de la clase dominante y no reflejaba en absoluto la realidad histórica de la estructura económica y social. Podríamos entonces conjeturar que en los últimos años este aspecto de la vida cultural se ha reconectado con la realidad material que vive la sociedad. Y esa conexión quizás obedezca a que se masificó la discusión sobre la comunicación como derecho humano y como factor político de poder, discusión que no sólo creció cuantitativamente sino que al politizarse se cualificó.

En esto se dio la interesante paradoja de que fueron los propios medios hegemónicos los que comenzaron a politizar al público, obviamente por derecha. Pero, la evolución en la discusión pública y sobre todo la evolución del voto en la sociedad argentina muestran que una parte importante de ese público al que “interesaron” o “involucraron” políticamente los medios siguió pensando por sí misma y maduró una visión genuinamente crítica de la realidad.

Los dos demonios mediáticos

En esta disputa cultural no se puede ser neutral. Hay algunos periodistas que hacen un esfuerzo enorme por no tomar partido en esta lucha y han encontrado una coartada para mantenerse al margen, elaborando una suerte de renovada teoría de los dos demonios, en este caso mediáticos, según la cual estría ocurriendo una guerra entre el monopolio privado y el monopolio estatal –o para estatal o para oficial-.

Alentar el fantasma del monopolio estatal no tiene ningún asidero, en primer lugar porque hay una abismal diferencia cuantitativa en cuanto a número de empresas, recursos económicos y amplitud de cobertura (en radio y TV) y volumen de tirada (en medios gráficos), que se termina traduciendo en una radical diferencia cualitativa en cuanto a poder de influencia política y cultural.

Por otra parte, la propaganda periodística oficial -al menos desde que comenzó a caer en desprestigio a mediados del siglo pasado- queda fácilmente en evidencia y produce una saludable irritación republicana. Irritación que por supuesto algunos exacerban al extremo de la demonización, como si estuviéramos obligados a presenciar día tras día algo así como un “Seis, siete y ocho, Berlín, 1939” conducido por el mismísimo Joseph Goebbels. Como sea, creo que la sociedad y las instituciones democráticas argentinas -después de la experiencia de la dictadura, menemismo y después- cuentan con las vacunas y antídotos suficientes contra ese mal.

Al contrario, luego de decenios de concentración económica y discursiva, el poder formador de opinión de los medios de comunicación empresariales no sólo es más potente, sino que además está naturalizado -casi como el clima- y por lo tanto es más difícil de advertir y resistir. Por eso era absolutamente indispensable para construir cultura democrática que existiera una ley de medios que permita revertir ese proceso de concentración. El no intentarlo -es decir, la no inclusión en la ley o la anulación por vía jurídica del artículo 161- hubiera sido equivalente a cuando en el gobierno de la Alianza las leyes de obediencia debida y punto final sólo se derogaron, dejando hacia atrás intacto el “derecho adquirido” de los represores a la impunidad.

Por último, creo que hay que valorar el momento histórico que nos toca vivir. La democracia argentina tiene todavía problemas estructurales importantes, como un sistema impositivo regresivo, distribución inequitativa de la tierra, infraestructura industrial desguazada o atrasada, modelos agrícolas y extractivos retrógrados y antiecológicos; pero hay muchos problemas que se han ido resolviendo, como la generación de empleo, la contención social con la asignación universal por hijo y otras herramientas, la universalización de la jubilación gracias a haber recuperado los fondos previsionales, la recuperación del Banco Central, la re-estatización de YPF y otras empresas y en general una política económica autónoma.

En el plano superestructural, hay un proceso correlativo: la política de memoria y justicia en materia de terrorismo de Estado, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley nacional 26.206 que consagra el derecho a la educación secundaria, la inversión estatal en arte y ciencia, la ley de medios…

Ante esto, los trabajadores de prensa y/o comunicadores populares tenemos un doble rol que cumplir: reclamar lo que falta y defender lo que se ha logrado. Y para poder cumplirlo, hay que tener rigor informativo y honestidad intelectual. Pero sobre todo sacarse de encima los complejos ideológicos, asumir lo que se piensa y animarse a dar el debate.