por Miguel Apontes / Página

política

La Caja de Jubilaciones y su déficit crónico mentiras

verdaderas

De cómo una gestión provincial, signada por improlijidades y desmanejos administrativos, cuya extensión en el tiempo alcanza ya los trece años, logra instalar en la sociedad cordobesa un sentido común a priori desopilante: “toda la responsabilidad es del gobierno nacional”. Un gobernador que se erige, a partir de un equívoco, como abanderado de la causa federal. El caso de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, su recurrente déficit y la pretensión de que sea solventado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

por Miguel Apontes

Tanto que se habla del relato

El gobernador José Manuel De la Sota hizo gala de su habilidad política. Junto a Osvaldo Giordano(1), el titular de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, pergeñaron un plan increíble: convencer a la sociedad cordobesa que los desequilibrios financieros en esta institución son producto del no giro de fondos comprometidos por la Nación.

Habrá que salir, aunque sea tardíamente y a pesar de la ventaja que lleva el gobierno provincial por haber tomado la iniciativa, a rebatir semejante relato. Sencillamente, por falaz.

Lograr poner al pueblo todo de esta provincia en situación de rehén de una supuesta puja política entre Nación y Provincia, puerto contra el interior –o, mejor, entre Cristina Fernández de Kirchner, autoritaria y maltratadora y De la Sota, defensor de los intereses de los jubilados cordobeses- puede bien considerarse un mérito de algún equipo de comunicación que, a todas luces, contó con el inestimable auxilio de la corporación mediática cordobesa, beneficiaria de una suculenta pauta publicitaria oficial (léase el Grupo Clarín y sus medios La Voz del Interior, Día a Día, Radio Mitre y

pensar un pais con justicia social

Canal 12; más Cadena 3).

En primer lugar, habrá que discutir los modelos de sistemas previsionales de la Nación y Córdoba. Mientras el primero buscó definirse como inclusivo e igualitario, además de solidario, con un aporte de los activos del 11%, el segundo, que abona jubilaciones y pensiones a poco más de 90.000 cordobeses (tener presente que la Nación afronta mensualmente el pago de haberes a más de 495.000 jubilados) practica un descuento de 18% a los trabajadores activos, con un déficit creciente que contrasta con la realidad de ANSES, cuyo Fondo de Sustentabilidad creció año a año, acumulando desde 2008 un 115%.

2008: El fin de las AFJP

Desde 2003 a la fecha se produjeron algunos hitos que reflejan la orientación de la política previsional implementada por el gobierno nacional. En primer lugar, el Programa de Inclusión Previsional que importó la incorporación al sistema de más de 2,5 millones de nuevos jubilados de todo el país (ciudadanos que producto de las políticas neoliberales habían quedado al margen, sin posibilidades ciertas de acceder a una jubilación por falta de aportes, consecuencias de la precariedad laboral o sencillamente por haber caído en la franja de desocupados y llegado a la edad para retirarse).

En segundo lugar está una decisión política trascendental del gobierno nacional, adoptada a fines de 2008: romper con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para recuperar el manejo de esos recursos por parte del Estado. Salió por Ley, votada en el Congreso de la Nación; se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (Ley 26425) que significó la unificación de los dos regímenes vigentes hasta entonces (reparto y capitalización), reunidos ahora bajo el sistema de reparto. En síntesis: se incorporaron al sistema nacional los que estaban en el sistema de capitalización (AFJP), ampliando el universo de jubilados nacionales.

Y en tercer lugar está la Ley 26417, llamada de Movilidad Jubilatoria, que fijó dos aumentos de haberes al año. Desde la puesta en marcha de esta norma, los aumentos alcanzan al 150%; considerando los incrementos otorgados desde 2003, tenemos que el haber mínimo se multiplicó casi 12 veces.

Finalmente, es preciso hablar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (la garantía que tiene ANSES para afrontar el pago de haberes y que, como si debiera estar bajo un colchón, es permanentemente criticada la decisión de utilizarlo en inversiones públicas como viviendas, sin aclarar que, en todos los casos, los fondos que se disponen generan un interés). Este Fondo, en 2008 ascendía a 80.200 millones de pesos, pasando en 2012 a 210.000 millones (un crecimiento superior al 113%).

Córdoba no transfirió su Caja

Las transferencias de las Cajas provinciales comenzaron en 1992, cuando se dispuso la privatización del sistema jubilatorio y surgieron las AFJP. Las provincias aceptaron entonces resignar el 15% de los recursos coparticipables para financiar el déficit de ANSES. Entre los años 1994 y 1996 fueron transferidas a la Nación las Cajas de once provincias más la Capital Federal y en 1999 se firmó el Compromiso Federal, acordándose que la Nación financiaría los déficits de los sistemas provinciales no transferidos, con la condición de que las provincias debían armonizar en un plazo determinado sus sistemas “en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”.

La provincia de Córdoba es uno de los distritos que conservó la Caja de Jubilaciones.

Un documento elaborado por la Organización Territorial La Jauretche hecha luz sobre algunas decisiones adoptadas respecto a la Caja de Jubilaciones por el gobierno de Córdoba: Veamos cuáles son las medidas que tomó nuestra Caja. En el año 2000 el por entonces gobernador De la Sota decretó las jubilaciones anticipadas para el personal de la administración pública provincial. En 2010 el economista Salvador Treber publica en La Voz del Interior un análisis sobre la situación de la Caja y menciona la incorporación masiva de pasivos mediante el régimen de jubilación anticipada como una de las causas de la desestabilización: “en el quinquenio 20002004, cuando se aceleró, pues se sumaron otros 23.143 pasivos, a un ritmo anual de 4.529, mientras que en los 28 años anteriores había sido de 1.586, apenas un tercio del promedio del mencionado lustro. Es indiscutible que a la administración del último período citado corresponde la responsabilidad de haber desestabilizado de manera desaprensiva el sistema, convirtiéndolo en un buque que siempre hace agua y no admite reparaciones.”

En esa misma nota Treber alerta sobre una situación que es única en los sistemas previsionales existentes: “revisten en carácter de activos 171.785 agentes, cuya remuneración mensual promedio asciende a 3.471 pesos. Pero, como caso muy curioso y único en el mundo, dentro de los 90.061 beneficiarios, 69.851 jubilados han percibido una media de 3.750 pesos, o sea superior a la de los activos, mientras que para los 20.210 pensionados, fue de 2.681 pesos”. Actualmente la jubilación promedio en la Provincia se estima en 6.992 pesos, también por encima del haber promedio de un trabajador activo.

Por supuesto, queda claro que la Caja Provincial nunca armonizó con el sistema nacional, tal como lo pide el último convenio firmado el 16 de septiembre de 2008 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces Gobernador Juan Schiaretti. (2)

Algunos datos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba (3)

En base a la información publicada por la misma Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba mediante sus Informes estadísticos de Seguridad Social (septiembre 2012), podemos extraer algunos datos gruesos pero muy significativos. El total de beneficios afrontados por la Caja es de 92.148 (pensiones y jubilaciones). Mensualmente esos beneficios significan una erogación de 655 millones de pesos, que anualmente se traducirían en $ 8.521 millones de pesos. Eso representaría algo así como el 8% del Producto bruto regional de la provincia. Cabe mencionar que los montos aludidos solo corresponden a la cobertura de base contributiva. Esta Caja tiene una diferencia fundamental con el Régimen Nacional, en términos de que sólo cubre los riesgos de sobrevida, fallecimiento e invalidez y con el alcance de los empleados del régimen provincial (Administración pública provincial y organismos descentralizados; Magistrados y funcionarios del poder judicial de la provincia; Autoridades del poder ejecutivo y legislativo, Docentes, Bancarios, Empresa Provincial de Energía, Municipalidad de la ciudad de Córdoba, municipios, comunas y comisiones vecinales, etc.)

(1) En la página www.idesa.org, Osvaldo Giordano se presenta como presidente de IDESA, descripto como un centro de estudios, independiente y sin fines de lucro, especializado en la temática del mercado laboral; el sistema educativo y de capacitación laboral; la seguridad social; el sistema de salud y la asistencia social. Además, desglosa el currículum del titular de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Como se verá, no hay indicios que lleven a dudar de su ideología neoliberal. Sobre Giordano dice: “Economista. Ganador del Premio Fulvio Salvador Pagani que otorga la Fundación Arcor y de la Beca Riesgo y Seguro que otorga la Fundación MAPFRE de España. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad para la cual trabajó en temas de políticas públicas en varios países latinoamericanos. Docente e investigador de la Universidad Católica Argentina. Fue Secretario de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba, Director de la Administración Nacional del Seguro de Salud, Subsecretario de Economía Laboral y Social del Ministerio de Economía de Argentina, Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Superintendente de Riesgos del Trabajo y Director General de la Dirección Nacional de Recursos de la Seguridad Social. Como investigador, trabajó en el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea y fue Director Ejecutivo de la Fundación Novum Millenium. Es autor de una gran cantidad de estudios sobre la temática del empleo y la seguridad social. Consultor de organismos nacionales e internacionales.” (2) Del documento “La Caja negra de De la Sota”, elaborado por La Jauretche. (3) Datos publicados por la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba y ANSES.

Versiones contrapuestas

Francisco Fortuna, diputado nacional por Córdoba, sobre la presentación ante la Justicia por parte de la provincia reclamando una supuesta deuda de 1.040 millones, sostuvo: “Es para que la Anses cumpla con la obligación de cubrir la demanda de los jubilados. Es fundamental la inversión en vivienda, imagínese lo importante que es movilizar la economía, estamos en total acuerdo con eso, pero queremos resolver la situación de los jubilados”. En el marco de la audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y la provincia de Córdoba ante la Corte Suprema de la Nación en septiembre pasado, Diego Bossio, titular de ANSES, sostuvo que “la provincia de Córdoba no cumplió con lo que firmó en el convenio de armonización, por lo que la Nación no tiene ninguna deuda con la Caja previsional provincial”. Y agregó que “se firmó un convenio en el año 2009 entre ANSES y el gobernador Schiaretti, que estableció la posibilidad de que la Nación financie transferencias de recursos. La Nación financia a las provincias con cajas no transferidas en base al régimen vigente antes del 6 de diciembre de 1999. Las provincias se comprometían a armonizar, de acuerdo a la ley. Si las pautas no se cumplían, la Nación no debía financiar el déficit. Pero Córdoba no cumplió con los compromisos asumidos, específicamente, con los puntos d), sobre el cálculo del haber inicial conforme al promedio de las 120 remuneraciones anteriores a la solicitud o cese, y e) sobre la movilidad conforme a pautas nacionales del convenio 90/08, Ley provincial 9.562”. En relación al monto que el gobernador De la Sota reclama, Bossio expresó que “hemos actuado siempre con buena fe. El Estado envió transferencias a Córdoba desde 2002 a 2011 por 4.411.000 millones de pesos a su Caja previsional, siendo la provincia que más recibió por parte de ANSES”.