Editorial Tierras rurales: Hay que atacar la enfermedad y no los síntomas
E
n estos días, se viene intentando nuevamente poner en marcha la creación de la Dirección Nacional de Catastro Registral (DINACARE) en el país. Con ese propósito, recientemente se realizó una “cumbre de poderes” en Palacio de Gobierno, donde estuvieron el presidente Mario Abdo Benítez; el titular del Congreso Nacional, Oscar Salomón, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. Hablaron de la idea de independizar a la Dirección Nacional de Catastro (dependiente del Ministerio de Hacienda), y Registros Públicos del Poder Judicial. El tema volvió con fuerza casi una década después del primer intento fallido. Según uno de los voceros del encuentro, el senador Enrique Riera, los problemas que retrasaron nueve años la creación de la DINACARE fueron verbalmente levantados: el director general del nuevo ente será un técnico y no un político. El parlamentario informó que se acordó lo relativo al presupuesto, tanto de Hacienda como del Poder Judicial, una vez que dejen de percibir por los trámites propios de la titulación de tierras, señalando que asegurarán que esas instituciones sigan percibiendo las asignaciones anuales que perderían al desprenderse de sus respectivas dependencias. Es decir, se agrandaría aún más el aparato estatal. Uno de los puntos más preocupantes, según los propulsores de la Dinacare, es que en los papeles, el Paraguay tiene 100.000 Kms. cuadrados más que los 406.000 Kms cuadrados, la superficie real del país. Esto en verdad es un escándalo. Pero lo es tanto o más la histórica y grosera mala distribución de las tierras en nuestro país. De acuerdo a los datos de conocimiento público proporcionados por diversas fuentes locales e internacionales, la desigualdad y la marginación de las familias paraguayas más necesitadas de un pedazo de tierra para vivir y trabajar, viene de siglos atrás. El último censo agropecuario nacional de 2008
6 mega global comunicación • 2020
(MAG, 2009), señala que los medianos y grandes productores representan el 7,3 % del total de personas dedicadas a la actividad agropecuaria. Los productores dedicados a la agricultura familiar, en cambio, representan el 92,7%. Sin embargo, las proporciones se invierten notablemente cuando se calcula la superficie de tierra que ocupan unos y otros. Los medianos y grandes productores acaparan el 93,7% de las tierras cultivadas (29.126.812 ha), mientras que las personas dedicadas a la agricultura familiar sólo utilizan el 6,3% (1.960.081 ha). Es una realidad que acuerdo a la Comisión de Verdad y Justicia, en su informe del año 2008, refiere que hay unos 8.000.000 de hectáreas de tierras malhabidas, es decir, adjudicadas ilegalmente a no sujetos de la ley agraria. La CVJ, es un organismo creado por Ley N° 225/03 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. En su informe final detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas adjudicadas ilegalmente durante el stronismo y el post-stronismo. El estudio abarcó adjudicaciones de las tierras públicas entre 1954 y el año 2003. La conclusión fue que el 32,7% de las tierras productivas del país fueron entregadas irregularmente. Esas millones de hectáreas estaban destinadas a los más pobres, a las familias paraguayas dedicadas a la agricultura de rubros de consumo local y algunos de renta. Sin embargo, fueron a parar a manos de los oligarcas: militares, políticos, empresarios, marginales compatriotas y extranjeros… Hay que atacar la enfermedad y no los síntomas. Es urgente tomar el toro por las astas, aun sabiendo que este es un tema espinoso que se remonta incluso a la época de la conquista española. Es necesario, y una obligación moral del Estado, encarar con decisión y patriotismo una solución de fondo a esta triste situación en la que los usurpadores de la tierra paraguaya condenan a las familias campesinas paraguayas a la marginalidad y la pobreza.
