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PANORAMA elCaribe, VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021
PAÍS Para el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, esa disparidad entre el registro de nacimientos en los hospitales y la cantidad de inscritos en el Registro de Extranjería no debería ocurrir y, según él, lo que demuestra es que traer haitianas a parir al país se ha convertido en “una industria que muchas veces incluye la dotación de documentación”. Para el abogado Vinicio Castillo Semán, el no registro de los nacimientos de hijos de haitianos forma parte de la estrategia para permanecer de manera ilegal en el país y luego exigir documentos dominicanos. “No se registran porque si aparecen en el Libro de Extranjería entonces no pueden alegar apatridia y presionar para que les den documentos dominicanos”, subrayó. ¿Quiénes deben ser registrados en el Libro de Extranjería?
A partir de la entrada en vigencia de la Resolución No. 02/2007 de fecha 18 de abril de 2007, se crea el Libro – Registro de Nacimiento para Hijos/as de Madres Extranjeras No Residentes en el País, con el propósito de que todo el que nazca en República Dominicana tenga el derecho a un nombre y a un registro de nacimiento, no obstante a que la madre, al momento de dar a luz, se encuentre en tránsito o residiendo de manera ilegal. Debate del tema en contexto
La pasada semana, la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo un llamamiento a República Dominicana para que suspenda “las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas”. El tema generó una repulsa en el país especialmente por los sectores nacionalistas más radicales. Sobre ese particular, el presidente Luis Abinader dijo que la República Dominicana no puede atender las necesidades de salud de dos países y que continuará aplicando la ley. “Nosotros sencillamente estamos cumpliendo con la ley de migración y lo estamos haciendo con el debido respeto a los derechos humanos, en caso de algún exceso lo corregimos, pero el sistema de salud no puede atender a dos países”, dijo. Ayer, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, visitó varios hospitales, según informó, constatando que se respeten los derechos de las parturientas independientemente de su nacionalidad. “Estamos atentos a este tema y para nosotros es importante que se cumpla la ley, pero al mismo tiempo, es vital que se respete el derecho de las personas”, sentenció Ulloa. El pasado martes, la República Dominicana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó “el injusto e inoportuno” comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el que critica la deportación de embarazadas haitianas. l
Anulan condena de asesinato por ausencia cadáver PROCESO. El año pasado tres jueces de primera instancia sentaron un precedente en un caso de asesinato al condenar a un hombre a 30 años de prisión, por primera vez en el país, sin que el cadáver de la víctima fuera hallado.
Los familiares del joven Ramón Rodríguez Castillo, víctima del suceso, encontraron algo de sosiego con esta decisión, sin embargo, su paz les duró poco, pues un tribunal de alzada revocó esta condena y ordenó la celebración de un nuevo juicio, luego de conocer un recurso de apelación que interpuso el sentenciado Miguel Jorge Cruz, alias Miguelito el Sicario. Justicia es lo que exige Víctor Rodríguez, padre de Ramón, quien desapareció el 27 de junio del 2017 y cuyo vehículo fue encontrado quemado días después. “A cinco años del asesinato no se ha hecho justicia, estamos pidiendo justicia, tenemos todas las pruebas de que esa persona es la responsable de la desaparición y muerte de mi hijo”, expresó ayer Rodríguez a la salida de una de las audiencias del nuevo juicio. Dijo que al imputado Jorge Cruz, además, le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva a libertad condicional. La Fiscalía ha dicho que el imputado y la víctima acordaron reunirse en una estación de combustible, la tarde del 27 de junio 2017, fecha en que, supuestamente, Jorge Cruz asesinó y desapareció el cuerpo de Rodríguez Castillo. Al revocar la condena, la Corte de Apelación estableció que el tribunal de primera instancia incurrió en falencias al dictar la sentencia. l ROSMERYS DE LEÓN
La Cámara de Cuentas hizo la investigación a solicitud de la Pepca. ARCHIVO
CC: sin justificación, se pagaron RD$3,500 millones por asfalto La investigación especial hecha por la Cámara de Cuentas al programa de suministro de material asfáltico AC-30 llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa General Supply Corporation revela que se pagaron 3,500 millones de pesos sin soporte documental. ASFALTO.
“Por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la restricción del 10% en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa, se pagaron sin soporte documental el monto de RD$3,500,000,000”, dice el informe del pleno de la Cámara. De igual manera refiere que se pagó en exceso al monto contratado, sin justificación, un total de 484 millones 117 mil 400 pesos.
acerca de las inobservancias e irregularidades detectadas en relación a los procesos de suministro de material asfáltico AC-30, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por la empresa General Supplys Corporation y el informe legal que expresa que los principales directivos de la entidad intervenida, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio”, dice la entidad presidida por Janel Ramírez. El Pepca vincula la empresa General Supplys Corporation, de Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso Antipulpo, quien actualmente cumple prisión preventiva. l HOGLA ENECIA PÉREZ
FACTURAS
Galones facturados versus importados
Envío al Pepca
Los familiares exigen justicia.
F.E.
La investigación remite a la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca), relativa al proyecto ejecutado en la administración de Gonzalo Castillo, que el convenio no tiene establecido el monto contratado, no está registrado en la Contraloría General de la República y que la empresa contratada no tiene licencia para la adquisición del derivado del petróleo. “Procede presentar las conclusiones
En el documento se señala que hay una diferencia de dos millones 913 mil 888 galones entre el AC-30 importado y el facturado, cuyo valor monetario es de 364 millones 499 mil 512 pesos correspondientes a dos procesos. También, detalla que se pagaron 422 millones 992 mil 993 pesos sin evidencia de certificación en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
