Subsidios a la nómina y a la prima, en dirección correcta pero aún insuficientes

NOTAS ECONÓMICAS

Sharon Moreno, Área de Comunicaciones y Prensa de Acopi Bogotá-Cundinamarca

El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios (PAP) son dos medidas del Gobierno Nacional que disponen de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), y que buscan apoyar y proteger el empleo formal y subsidiar el pago de la prima de servicios para 2020. Estos programas están dirigidos principalmente a empresas que pertenezcan a los sectores más afectados por la Covid-19.

En el caso del PAEF, el Gobierno Nacional ha otorgado mensualmente un monto correspondiente al 40% del salario mínimo por cada empleado, es decir el 23% del valor de la nómina de un empleado que devengue 1 SMMLV, que posteriormente será pagado por la empresa a sus trabajadores como parte de su salario. Aunque es una medida que va en dirección correcta, debe ser ampliado en monto y cobertura para lograr ser suficiente.

En cuanto al PAP, el Gobierno otorgará por una única vez un monto de entre 1 SMMLV y $1 millón, que deberá ser consignado por el empleador como parte de la prima del primer semestre del año, y que también debe extenderse a empleados que ganen más de un mínimo, así sea el mismo monto.

Según el último boletín de resultados emitido por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, para 2020 el PAEF benefició a más de 2 millones de empleados y 96 mil empleadores, destinando para esto cerca de $750 mil millones, siendo el comercio al por mayor y la industria manufacturera las actividades económicas a las que más recursos se destinaron; y Bogotá (40%) y Antioquia (19%) los departamentos con más empresas beneficiadas, mientras que el PAP, con una inversión de $190 mil millones, benefició a 860.246 empleados y 85.063 empleadores.

En cuanto al impacto del PAEF en las empresas según su tamaño, las cifras siguen siendo alarmantes, pues el 46,7% de los recursos llegaron a las grandes y muy grandes empresas, el 2.4% del total de empresas que se postularon para acceder al programa, mientras que al otro 97,6% compuesto por mipymes se le asignó el 53,3%.

Respecto al cumplimiento de requisitos y la conformidad de estos por parte de las empresas inscritas para el PAEF, se registró un índice del 90,2% en los empleadores y del 82,4% en los empleados, mientras que el PAP registró un 82,3% de empleadores y un 40,4% de empleados beneficiados por el programa. Las principales causales de no conformidad en ambos casos fueron no cotizar al menos por 1 SMMLV, ser contabilizado por otro empleador y no cotizar el mes completo.

Aunque en principio estos programas tienen un enfoque positivo para las empresas del país, resultan insuficientes pues sólo cubrieron un poco más del 10% del tejido empresarial nacional en medio de una de las peores crisis económicas conocidas.

Es importante tener en cuenta que en 2020 se agudizó la crisis del sector productivo y económico nacional como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno en respuesta a la rápida propagación de la Covid-19 en Colombia, lo que obligó a los productores y empresarios a cesar un significativo número de actividades de manera sostenida y por casi cuatro meses, sin recibir apoyo durante más de dos de ellos.

En conclusión, si bien el Gobierno debe generar medidas y ejecutar programas que mitiguen los efectos de la crisis, también debe tener en cuenta el panorama real del sector productivo e industrial que enfrenta Colombia en el contexto actual, de manera que dichas medidas tengan un impacto significativo en la economía.