“Necesitamos unirnos como país para cambiar este modelo económico que ha desplazado nuestra mano de obra”

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la confección y afines, hablo con la revista PyME sobre la situación del sector, su relación con el Gobierno y las propuestas que el gremio impulsa para proteger la producción y empleo.

Producción y Mundo Empresarial (PyME): ¿Cómo ha sido la evolución del sector textil y confección durante los últimos años, en cuanto a su producción y a empleo que genera?

Camilo Rodríguez (CR): Lo primero que tenemos que decir es que este es uno de los pocos sectores que comprende diferentes eslabones de la cadena, es decir que inicia desde el cultivo de algodón, pasa a las hilanderías, la tejeduría, el confeccionista, y, por último, al comercializador.

Hace alrededor de 2 años y medio, el sector generaba cerca de 1 millón 800 mil puestos de trabajo, de los cuales el 74,2% eran informales, de acuerdo con un estudio socioeconómico de la Universidad de los Andes. El sector también se destaca por ser intensivo en mano de obra femenina. Según los cálculos del DANE, en el sector se emplea un hombre por cada 6 mujeres.

Durante la pandemia se perdieron cerca e 120 mil puestos de trabajo, pero, lo que más preocupa, es que el decrecimiento del último año fue del 23,8% en materia de empleo. Sin duda alguna, esto ha traído efectos económicos bastante negativos, y muestra de ello es que el sector de las confecciones, prendas de vestir, calzado, tejeduría e hilaturas, fueron los que más aportaron a la pérdida de empleo dentro del sector manufacturero.

PyME: ¿Qué tanto han impactado en esas cifras las importaciones masivas de estos productos, especialmente las provenientes de Asia?

CR: Uno de los argumentos que han utilizado el Gobierno y otros actores del sistema económico es que la difícil situación que vive el sector de las confecciones responde simplemente a la pandemia, pero las cifras desmienten esto.

Para 2019, año en que no teníamos pandemia, el país exportó cerca de US$ 734 millones, mientras que importó US$ 2.428 millones. Esto denota que hay un gran déficit en la balanza comercial.

Hay que tener en cuenta que cuando importamos una prenda de vestir, en últimas lo que importamos es mano de obra. Se debe hacer bastante énfasis en eso, porque alrededor del 43% del precio final de la prensa es dado por por la mano de obra. Entonces, estos US$ 2.428 millones que ingresaron al país en 2019, fueron también productos con mano de obra que se dejaron de generar en el país, y, que, por el contrario, se generaron en otros países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales.

PyME: Una denuncia constante de los empresarios colombianos es la competencia desleal con los productos importados ¿por qué consideran que la hay?

CR: Lo que buscan las medidas comerciales es corregir las distorsiones del mercado existente, por eso hemos sido enfáticos en que hoy el sector de las confecciones necesita unas medidas integrales. La primera de ellas, por su urgencia, es establecer medidas arancelarias que le permitan a la industria nacional equilibrar la cancha.

Países como Bangladesh tienen un costo de mano de alrededor de US$ 50 por jornadas laborales superiores a las 8 horas, mientras que en Colombia se pagan alrededor de US$ 400 por las 8 horas.

Los costos de producción de Colombia, en comparación con los de sus competidores, son muy altos. El costo del kilovatio-hora en Colombia esta alrededor de los US$ 0.18 mientras que en países como Bangladesh está en US$ 0.02 en China en US$ 0,08 y en Vietnam US$ 0,05. En cuanto a los incentivos a las exportaciones, por ejemplo, los colombianos no tienen el 16% de incentivo que sí tiene un empresario chino.

Resulta sorprendente que en la reforma tributaria se plantee aumentar el precio de los combustibles, que de por sí ya son bastante altos, lo que va a tener un impacto demasiado grande en los fletes. Nos piden que compitamos con el mundo, pero cada vez nos aíslan más del mundo y nos ponen una carga tributaria altísima, haciendo al país sea mucho menos productivo y competitivo.

El sector de las confecciones necesita medidas para tener la posibilidad de competir, y para ello se necesitan estos instrumentos arancelarios sin sesgo antiexportador.

PyME: El Congreso de la República aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo el arancel para las prendas de vestir que se importan desde países con los que no tenemos acuerdos comerciales ¿qué resultado arrojó esa medida mientras estuvo vigente?

CR: Lo primero que yo recordaría es que el Congreso de la República es la máxima representación de todos los ciudadanos, y aquí se unieron todos los partidos políticos de todos los colores con el ánimo de propiciar la producción en Colombia y aumentar la generación de empleo en nuestro país.

Los efectos positivos se demostraron en un incremento de cerca del 7% en cuanto a la empleabilidad, registro de nuevas empresas dedicadas a la confección, así como hubo crecimiento del sector manufacturero y el comercial. Se vio un impulso en materia de empleo, ventas, producción nacional y exportaciones.

PyME: ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte Constitucional para “tumbar” el arancel?

CR: Lastimosamente, no entendemos cómo es posible que algunos gremios industriales del país y el mismo Gobierno, a través de su viceministro de Hacienda, se manifestaron en contravía de la generación de empleo. El ministro José Manuel Restrepo parece representar los intereses de un grupo de importadores, y parece que ellos hubieran sido elegidos por los ciudadanos de otros países, especialmente de Asia. Vemos con bastante preocupación que estos funcionarios privilegiaron los intereses de un grupo muy pequeño de importadores, que son alrededor de 14.

La Corte Constitucional dijo que la política arancelaria y comercial del Estado están en cabeza del Ejecutivo y no del Legislativo. Nosotros consideramos que, de acuerdo con el articulo 150 constitucional, el Congreso de la República sí era competente para poderlo hacer. pero ya la corte se refirió a eso.

Hay dos cosas importantes que mencionar. Primero, que la cámara textil de la Andi, en un comunicado oficial favoreció y apoyó el incremento de estos aranceles, pero ¡oh sorpresa!, su presidente nacional, Bruce Mac Master, firmó como demandante.

PyME: ¿Cuáles fueron las propuestas que hizo el candidato Iván Duque al sector de la confección?

CR: Iván Duque, como candidato, propuso rediferir una política arancelaria en la que se estipularan los máximos permitidos por la OMC para defender la industria colombiana; propuso una política agresiva en contra del contrabando; y también la revisión de los acuerdos comerciales, porque, por ejemplo, el TLC con los Estados Unidos fue negociado perversamente contra Colombia.

Nos piden que compitamos con el mundo, pero cada vez nos aíslan más del mundo y nos ponen una carga tributaria altísima, haciendo al país sea mucho menos productivo y competitivo.

PyME: El MinComercio expidió un decreto en el que no tuvo en cuenta los comentarios que hizo la Cámara Colombiana de la Confección y Afines ¿cuál es el siguiente paso que dará el gremio?

CR: Los empresarios podrían adaptarse, por lo menos algunos. Muchos de ellos, lastimosamente, se han tenido que volver importadores porque al no poder competir produciendo en Colombia ¿qué les ha tocado? Traer ese producto desde otros países para poder competir. Aquí, la gran pregunta es ¿Qué va a pasar con todos estos colaboradores del sector de las confecciones, especialmente las mujeres, que son las que más se emplean?

Este decreto nos lo habían presentado como borrador antes de la pandemia. No lo habíamos acompañado pandemia, y pues con la debacle económica y social que ha traído esta pandemia, no estuvimos dispuestos a acompañar un decreto que, si bien va en el camino correcto, resulta ser insuficiente desde el sentir de todos los confeccionistas.

La inconformidad de los empresarios, colaboradoras, operarios, se da porque luego de más de 2 años y medio de gobierno, no se han atendido las necesidades del sector, por el contrario, vemos que el doctor José Manuel Restrepo, con quien hemos sostenido más de 35 reuniones, es un ministro que no tiene puesta la camiseta de la industria nacional, sino por el contrario, y, bajo sus lineamientos, favorece una política que va en contravía de la industrialización del país, y, lo más importante, de la generación de puestos de trabajo.

Hicimos una solicitud al Gobierno de nombrar un ministro ad hoc para este tema. Todavía estamos esperando la respuesta del presidente Iván Duque. Necesitamos un ministro que pueda ser un interlocutor entre el sector y el gremio, para que nosotros podamos avanzar el camino que queda.

PyME: ¿Qué medidas necesitaría el sector textil-confección para poder salir adelante?

CR: Hay que tener en cuenta que el sector necesita esta medida arancelaria acompañada de otras modificaciones para que efectivamente se vea favorecido.

En Colombia seguimos pagando un arancel del 10% a los hilos y las telas que no se producen en el país. Se debe revisar que bajando el precio de los insumos se aumentarían los beneficios para el confeccionista, quien al final tiene cerca del 72% de la generación de empleo de toda la cadena.

Se necesitan descripciones mínimas en temas de etiquetado y marquillado, que nos permiten es controlar y montar una práctica para que mitiguemos el contrabando técnico existente. Hoy no se explica cómo hay empresas de papel que importan muchísimo más que los importadores formales.

Le hemos dicho al Gobierno la necesidad de aumentar los umbrales aduaneros, precisamente para mitigar el fenómeno de la subfacturación, que por ahí se está abriendo no solamente un boquete, perdiendo miles de puestos de trabajo, sino también el Gobierno Nacional ha dejado de recaudar unos ingresos significativos fruto de esta subfacturación que no es más que un contrabando técnico.

PyME: ¿Qué mensaje quisiera enviarles a los empresarios mipymes del sector textil-confección y de otros sectores?

CR: Lo que nos tiene que unir como país es la respuesta a la pregunta ¿vamos a producir el empleo en Colombia o en otras latitudes? Hay que dar ese debate de cara al país, así como discutir cuál es el modelo económico que queremos. Si la gente no tiene ingresos, ¿cómo va a poder consumir? Necesitamos unirnos como país para cambiar este modelo económico que ha desplazado nuestra mano de obra.

Nosotros como país, como empresarios y también como consumidores, debemos ver que con una pequeña decisión como comprar un producto hecho en Colombia, con manos colombianas, es apoyar la verdadera reactivación económica, no solamente del dueño de esa empresa, sino lo más importante, de miles de personas que subsisten precisamente de un empleo, de una empresa, y tenemos que buscar la manera de aunar esfuerzos para seguir aumentando la producción del país, y lo más importante, poder reindustrializar de nuevo a Colombia sin tener un sesgo antiexportador. Lo que estamos pidiendo los empresarios es que podamos competir en igualdad de condiciones.

Por último, también hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República sobre la reforma tributaria, pues esta les quitaría los ingresos a las personas, lo que sería bastante lesivo para la reactivación económica.

La regresiva reforma tributaria de Duque

El 15 de abril, el Gobierno de Duque presentó el proyecto de reforma tributaria o “Ley de Solidaridad Sostenible”, que, de ser aprobada, sería la tercera reforma tributaria de su mandato, después de la “Ley de Financiamiento” de 2018 y de la “Ley de Crecimiento Económico” de 2019, normas que favorecieron a los monopolios, a los inversionistas extranjeros y al capital financiero, con rebajas y exenciones impositivas.

Este Proyecto de Ley busca constituir las garantías fiscales exigidas por la banca internacional y la OCDE, con el fin de que el país tenga acceso a más deuda en el corto y mediano plazo. Para encubrir este propósito y apaciguar a la sufrida población, se destinarán a los publicitados auxilios solidarios poco menos de la tercera parte del total de $23,4 billones anuales a recaudar.

$17 billones provendrán del incremento a personas naturales; $3,7 billones del impuesto a empresas, y $7,3 billones del IVA.

Duque escoge la peor fórmula

Las medidas de control de la pandemia aceleraron la crisis económica, que ya estaba grave cuando llegó el Covid, pero este la puso en trance de colapso. Así, el PIB per cápita mensual bajó de $1.790.168 a $1.658.624 y se perdieron 2,4 millones de empleos, principalmente de jóvenes.

En conjunto, los ingresos del Gobierno Central se redujeron durante el 2020 en un 11,2%, a la par que el gasto público creció un 16,4%; el déficit fiscal pasó de 2,55% del PIB ($26 billones) en 2019, a 7,8% ($77 billones) del PIB en 2020. El MinHacienda calcula que el desajuste de las finanzas públicas llegará al 8,6% del PIB en 2021.

Evidentemente, el Estado requiere dedicar recursos para paliar la crisis económica y social, pero Duque ignora otras fórmulas, tales como hacer uso de las reservas internacionales de US$ 55.000 millones, emitir moneda en ejercicio de la soberanía monetaria o aprobar una reforma tributaria progresiva que obligue a aportar a los grandes monopolios del capital financiero, nacionales e internacionales, que gozan de gigantescas exenciones y aprovechan los vericuetos de la liberalización de la economía para practicar la elusión. Duque ha optado por una reforma tributaria regresiva que traslada las cargas a las capas bajas y medias de la población. Arguyendo la necesidad de atender los programas sociales, Duque propone incrementar el IVA a unos artículos y extenderlo a otros, y extender el impuesto a la renta a más personas naturales.

Al proyectar las cuentas para cerrar la brecha entre ingresos y gastos públicos, se destinará el 31.2% del incremento por IVA y el 72.6% de los nuevos ingresos por renta de las personas naturales.

La reforma al IVA

El incremento en el recaudo del IVA se hace eliminando las exenciones, lo que implica trasladar al producto final el impuesto cobrado a toda la cadena productiva, lo cual se traducirá en una drástica merma de ingresos a los productores y un incremento de los precios a los consumidores, lo cual impactará la cadena productiva de bienes y servicios pecuarios y agropecuarios, y a los precios de los alimentos.

Adicionalmente se impone el regresivo impuesto a los servicios públicos, lo cual castiga en especial al estrato 4, en el que se ubican empleados y pequeños empresarios, en crisis o desempleados. Y, a contrapelo con las necesidades de los tiempos, crea o aumenta el gravamen a los servicios telefónicos y de internet, la adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, las páginas web, los servidores (Hosting) y la computación en la nube, los paneles solares, las bicicletas y los arriendos para eventos culturales y deportivos. Se cobrará IVA hasta a los servicios funerarios.