Cualquier esfuerzo de reformar los tributos debe tener como eje la progresividad y la equidad

EDITORIAL

Alfredo Castellanos, presidente de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca

No podía ser peor la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso de la República, la cual terminó propinándole una derrota grande al Gobierno y los pocos que abierta o solapadamente la apoyaron. No fue concertada ni dialogada con prácticamente nadie, pues la reacción de la mayoría de los partidos y gremios lo demostró. El Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, la bancada de oposición e incluso muchos miembros del Centro Democrático, la ANDI y muchos más se opusieron a la inmensa mayoría del articulado.

Tampoco el Gobierno supo captar el grado de indignación y desesperación de la ciudadanía, como lo demostraron las numerosas manifestaciones durante el 28 de abril, en algunos casos desnaturalizadas por lamentables y condenables hechos violentos. Duque no captó el momento de la economía pues pretendía en medio de la grave crisis económica, extraer para el fisco más de 30 billones de pesos lo cual equivale a pretender conseguir esta suma, tres veces mayor de lo que habitualmente se logra con una reforma tributaria, y para colmo de males quería extraerlos en su mayoría a los pobres y a las clases medias, que por ser más numerosas, terminan aportando más a través de los impuestos indirectos como el IVA, pero además los impuestos a los combustibles, los mal llamados impuestos verdes -IVA disfrazados- y los gravámenes a loscomputadores y al software.

Ya el Gobierno había dado muestras de un talante autoritario al cooptar a prácticamente todas las ramas de los poderes públicos y dio pruebas de insensibilidad, arrogancia, falta de empatía, de sentido de la oportunidad y ausencia de un polo a tierra que le permita captar el estado de ánimo y problemática de la ciudadanía.

El proyecto gubernamental atribuía todos los males del país a la pandemia, cuando ya desde antes la economía venía con síntomas preocupantes tales como el aumento del desempleo, de la informalidad, del déficit comercial y un enorme deterioro de la industria y la agricultura.

La propuesta de gravar los ingresos de las capas medias, que tienen salarios medios y bajos, golpearía el mercado interno, disminuiría la capacidad de consumo de la población y con ello golpearía a los productores. Por otra parte, los estímulos y subsidios ofrecidos y entregados a las pequeñas y medianas empresas y los sectores vulnerables son ampliamente insuficientes para la magnitud de la crisis.

Al mismo tiempo, no tocaba los beneficios que se otorgaron a algunos sectores en la reforma de 2019, beneficios que los sectores más disímiles estiman entre 9 y 13 billones de pesos y cuya sola eliminación o aplazamiento resolvería una parte muy importante del recaudo esperado.

Es lamentable que el Gobierno solo hubiera escuchado el llamado de todos los estamentos de país para que retirara la reforma después de varios muertos causados por los excesos de la fuerza pública y acciones vandálicas de unos pocos.

Cualquier esfuerzo de reformar los tributos debe tener como eje la progresividad y la equidad, que son definiciones constitucionales. También debe estimular y proteger la producción nacional, de lo cual depende en el corto y mediano plazo una verdadera reactivación.