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La ola ambientalista

Durante décadas los colombianos hemos visto cómo crece una desmesurada postura en favor del medio ambiente, pero siempre en contra de algún elemento o factor de la economía nacional. La cacería de brujas paulatinamente se ha construido en torno al discurso político, populista y ambientalista que ha tomado cada vez más fuerza.

Muchos políticos colombianos han visto los réditos electorales que trae la persecución o la prohibición de cualquier producto, con el agravante de que ello se hace por un bien supremo, denominado el medio ambiente. Nadie duda de la importancia del mismo y del cuidado que todos debemos tener de él, pero también debemos ser cuidadosos en identificar aquellos que buscan la fiebre en las sabanas, sin percatarse de las verdaderas causas del problema.

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La contaminación de los espacios públicos por la mala disposición de los residuos sólidos, en Europa y en el mundo entero, ha sido solucionado a través de la separación en la fuente de carácter obligatorio so pena de multas pecuniarias. Debemos seguir insistiendo, desde esta tribuna o desde cualquiera otra, que los colombianos requerimos con urgencia la implementación de una ley que organice de manera definitiva la gestión integral de residuos sólidos.

En noviembre del año 2016, Colombia conoció el documento CONPES 3874 donde el Departamento Nacional de Planeación en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico - CRA, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas- DANE, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Unidad de Planeación Minero-Energética emitieron una política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. El documento plantea la transformación de un modelo económico de producción y consumo lineal, por un nuevo modelo circular que pretende agregar valor a los productos y materiales para que se mantengan en el ciclo productivo el mayor tiempo posible.

Lamentablemente, no importan los diagnósticos, ni la sostenibilidad en el mediano y largo plazo en el modelo lineal, ni los costos en los rellenos sanitarios o qué tan avanzada esté la coordinación interinstitucional para los proyectos de servicio público, al Congreso de la República de Colombia le es más fácil establecer medidas tendientes a la prohibición de los plásticos de un solo uso. Esta desacertada visión del problema y de su solución, desconoce las bondades de la economía circular y de la eficiencia integral de los residuos sólidos. Las estrategias de Estado, en vez de prohibir los plásticos, deberían promover el avance gradual hacia la economía circular.

Imponer multas a los ciudadanos no contribuye al crecimiento del caudal electoral y por ende difícilmente veremos un proyecto de ley que verdaderamente busque reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades colombianas, como se ha hecho en Europa y algunas sociedades civilizadas. Está comprobado que esa es la única forma de tener comunidades sostenibles y de reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de aprovechamiento, tratamiento y reutilización, lo cual se logra únicamente a través de una producción y un consumo responsable de los ciudadanos, algo que seguimos esperando se pueda materializar en Colombia lo antes posible.

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