Opinión

Fiscalización a los incentivos

La creación de política púbica para establecer incentivos contributivos que ayuden a mejorar la competitividad de un país es una herramienta eficaz que permite mejorar la atracción de inversión foránea y estimular la economía.

La clave es el alcance para poner en ejecución los estatutos necesarios que vayan dirigidos -sin ambages- a lograr sostenibilidad económica y fiscal a largo plazo, que pueda compensar los ingresos al fisco que se reducen por la concesión de los incentivos.

Por lo tanto, es fundamental que el gobierno esté seguro en no crear un incentivo sin norte, sin fiscalización y sin objetivos claros. De la falta de enfoque y de celo fiscal nace la evasión y se diluye el fin de fortalecer nuestro ecosistema empresarial y desarrollo económico.

A la luz de las indagaciones que realiza el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) sobre empresarios y personas que se benefician de incentivos contributivos en Puerto Rico, y sobre los profesionales especializados en leyes, finanzas y contabilidad que los asisten, no puede claudicar el gobierno en su rol fiscalizador y obligar a la rendición de cuentas a quienes reciben el privilegio de pagar menos impuestos.

Además, la concepción de códigos de in- centivos para una economía que requiere levantarse en un marco de democracia económica, debe partir de leyes que no propendan a la competencia desleal ni a la segregación, sobre todo, contra el inversionista puertorriqueño.

No debemos tener leyes que se confundan o permitan una línea fina entre lo que es una política adecuada y eficaz, y un paraíso fiscal.

Desde hace años ha trascendido en publicaciones financieras en Estados Unidos sobre investigaciones en curso del IRS a personas y empresas -incluidos comerciantes de criptomonedas- que se han establecido en Puerto Rico para recibir beneficios contributivos. Particularmente la Ley 22, (ahora dentro de la Ley 60), que permite el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico y los exime del pago de impuestos si residen durante una cantidad de días al año en la Isla, es el estatuto más observado según han reseñado EL VOCERO y diferentes publicaciones.

Es un hecho que tales indagaciones se están produciendo y que las autoridades de la Isla están colaborando con el IRS y otras agencias. El tema cada vez adquiere mayor atención y el pasado año, durante una vista en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes federal, la congre- sista Nydia Velázquez, entre otros, urgió que se investigue.

La mirada a la situación de Puerto Rico es tal que se ha creado en Estados Unidos una coalición por el Centro para la Acción de la Democracia Popular, que busca ejercer presión en el Congreso estadounidense para que fiscalicen los decretos contributivos en la Isla.

Esa no es la referencia que queremos ni debemos permitir sobre el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico. Si las leyes y las concesiones disponibles requieren ajustes, que se hagan. Si hay fallas en la fiscalización y en hacer valer los decretos y lo que deben cumplir los beneficiarios, que las autoridades sean firmes y enérgicas en que se cumpla a cabalidad.

Puerto Rico está en un proceso de saneamiento fiscal desde hace muchos años, tras una quiebra sin precedentes en las finanzas públicas, y es necesario que lleguen empresas, que el País reciba inversión y se generen buenas oportunidades de empleo bien remunerados, y que no haya -ni siquiera- la mera sospecha de un ambiente de paraíso fiscal. No podemos pretender, empero, que no existan ventajas contributivas, ya que entonces la Isla perdería atractivo para los inversionistas extranjeros. Pero las cosas se hacen con justicia, con rendición de cuentas y en orden.

Diversidad, equidad e inclusión: motor de desarrollo económico

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Hoy, más que nunca, es crucial que toda operación de negocios considere e implemente iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) como estrategia clave para asegurar el éxito de su empresa. Además de ser lo correcto desde una perspectiva ética y moral, aquellos negocios que sean efectivos implementando estrategias de DEI, son los que van a poder superar el gran reto que presenta el mercado laboral del 2023 en términos de atraer y retener talento.

Asimismo, una organización que efectivamente incorpore la DEI, como parte integral de su modelo de negocios, tiende a ser más productiva y alcanzar o superar sus objetivos y metas financieras. Por ello, amparados en la política pública del gobernador Pedro Pierluisi, en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

(DTRH) hemos identificado una lista no taxativa de varios sectores de nuestra población que merecen especial atención a la hora de hablar de DEI, pues son grupos que tradicionalmente han enfrentado barreras adicionales para emplearse.

Gabriel MaldonadoGonzález secretario departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Consistentemente mencionamos a las personas con diversidad funcional, para quienes recientemente develamos la iniciativa Talento Infinito, dirigida a crear un ecosistema robusto que propenda a aumentar la tasa de empleabilidad de este talento latente. Otro grupo con un potencial enorme y que conforma la mayoría de nuestra población son las mujeres, para quienes realizamos un primer Estudio de la Mujer Trabajadora e impartimos talleres de DEI a decenas de patronos junto a la entidad Women Who Lead.

Para los adultos mayores, tér- mino que agrupa cada vez a más personas debido a nuestros cambios demográficos, estamos diseñando varias estrategias como gobierno. Los jóvenes también son clave y hace unas semanas realizamos una exitosa feria de empleo titulada Mi Primer Trabajo, dirigida a ofrecer una primera experiencia de empleo. Muchas personas de la población correccional quieren superarse y merecen especial atención de parte de quienes creemos en la rehabilitación y las segundas oportunidades, por lo que estamos también trabajando iniciativas para atender dicha problemática.

Por otro lado, miles de personas que reciben beneficios de asistencia social, y que están hábiles para trabajar, también pueden ser positivamente impactadas en el enfoque de nuestro gobierno al fomentar el empleo, como mecanismo para mejorar la calidad de vida, en lugar de la dependencia.

Tiene muchísimo sentido que el

DTRH continúe impulsando estas iniciativas, como agencia ejecutiva encargada de velar por los derechos de los trabajadores y coordinar e implementar la política pública del gobernador dirigida a cubrir las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, para ser verdaderamente efectivos, otras dependencias gubernamentales, algunas con enfoque en lo económico y otras en lo social, se han integrado en estos esfuerzos.

Más importante aún, el sector privado tiene que ser plenamente receptivo a las propuestas de DEI, no solo como organizaciones o gremios, sino como patronos individuales e inclusivos. Muchos también están participando y han demostrado su compromiso con hacer de Puerto Rico un mejor lugar para todos a través de la diversidad, equidad e inclusión, que sirven como motor para el desarrollo económico. Unidos continuaremos creando espacios diversos e inclusivos. Puerto Rico lo necesita.

Burger King celebra su 60 aniversario

Burger King®, celebra seis décadas de servicio aportando de forma consistente a la evolución económica y social de Puerto Rico, así como a atención de las necesidades de la comunidad. Llevar una operación exitosa durante 60 años conlleva mantenerse al día, buscar continuamente soluciones de negocios transformadoras y establecer procesos para seguir evolucionando. Ante esta misión presente, la cadena destina aproximadamente $12 millones anuales para temas relacionados con el mantenimiento de las operaciones y remodelación de los restaurantes, los que se estiman entre nueve a doce al año. Incluye, además, adquisición de nueva tecnología y programas de adiestramiento, entre otros temas relevantes para el funcionamiento de la empresa. La marca se renueva en el contenido de su oferta cada tres meses, manteniendo viva la búsqueda de innovación y oferta para los invitados.