En la mirilla federal los inversionistas con incentivos contributivos

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Efraín

Montalbán Ríos >emontalban@elvocero.com

@EMontalbanRios

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) colabora con el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, en inglés) en su investigación contra aquellos inversionistas extranjeros que se benefician ilegalmente de los incentivos contributivos que se ofrecen en Puerto Rico, confirmó a EL VOCERO, Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos de Negocios en Puerto Rico del DDEC.

El funcionario informó que desde el 2021 hasta el presente se han revocado 311 decretos bajo el programa de Individuo Residente Inversionista -antes Ley 22-2012- por no entregar los informes anuales. Además, se han impartido más de 160 multas a los beneficiarios con decretos de exportación (Ley 202012).

“Nosotros estamos en cooperación con distintas agencias federales y estatales, referente a cualquier investigación sobre beneficiarios de incentivos, ya sea Ley 20, Ley 22 o Ley 60, porque todos estamos sincronizados en querer lo mismo, que el que incumpla se le revoque el decreto con todas las consecuencias legales y contributivas que ello conlleve”, aseguró Fontán en entrevista con este medio.

Por su parte, el IRS estará desplegando agentes encubiertos para examinar los informes de individuos sospechosos, entre ellos inversionistas de criptomonedas, que llegan a la Isla para evadir las contribuciones estadounidenses, trascendió ayer a través de Bloomberg.

Una fuente de EL VOCERO ase-

Hay múltiples opiniones sobre el tema y pienso que una investigación del iRs nos podría dar contenido suficiente para poder analizar si de verdad esto está sirviendo para atraer inversionistas responsables a Puerto Rico o si simplemente lo que estamos atrayendo es gente que no quiere pagar impuestos.

Heriberto Martínez Economista guró que el IRS ya comenzó sus investigaciones contra algunos CPA vinculados con algunos beneficiarios que incumplieron con las disposiciones de los decretos en la Isla.

Bajo la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, que comprende la Ley 22 y la Ley 20, se han aprobado alrededor de 5,500 decretos desde el 2012.

Fontán aseguró que al compararse las revocaciones de la pasada década con la de los pasados dos años, han “aumentado a un 900% las revocaciones” con el nuevo sistema de auditoría que se implementó desde el 2021.

Cada individuo o entidad a la que se le revoca el decreto debe devolver al erario el incentivo retroactivo al momento de haberse otorgado, cantidad que el Departamento de Hacienda le brinda al DDEC para el cobro.

Hasta el momento, solo una de

Pasa a la página 4 las revocaciones llegó al Tribunal Apelativo, donde la agencia salió airosa. No obstante, Fontán aseguró que se puede hacer más para fiscalizar los decretos.

“No estamos complacidos, porque uno siempre debe aspirar a más y continuaremos con estos esfuerzos de fiscalización”, añadió.

“Semiparaíso fiscal”, según economista

Por su parte, el economista Heriberto Martínez hizo alusión a un “semiparaíso fiscal” al explicar que la jurisdicción de Puerto Rico permite a personas millonarias, bajo la Ley 60, llegar a la Isla para vivir y tener actividades económicas sin pagar contribuciones federales y recibiendo beneficios contributivos a nivel local, por lo que considera que la investigación del IRS determinaría qué tipo de inversionista está llegando.

“Hay múltiples opiniones sobre el tema y pienso que una investigación del IRS nos podría dar contenido suficiente para poder analizar si de verdad esto está sirviendo para atraer inversionistas responsables a Puerto Rico o si simplemente lo que estamos atrayendo es gente que no quiere pagar impuestos”, mencionó Martínez.

“Eso es importante porque zanjaría, de una vez y por todas, si la ley es buena o es mala”, insistió.

Además, el economista explicó que desde sus inicios la controversia con los incentivos de la Ley 22 giraron en que no se ha podido medir con exactitud el retorno de inversión en la economía e incluso aseguró que hay estudios que indican que la legislación es “demasiado generosa”.

De acuerdo con el economista, el nivel de impacto para la Isla no representa un aumento significativo en el empleo ni en cantidad de inversiones, sino que, por el con- trario, “lo más que hemos visto son la compra de propiedades, que lo que ha hecho es encarecer el costo de vivir en Puerto Rico”. No obstante, Fontán defendió los decretos por su beneficio para la economía, por lo que aseguró que en el año contributivo 2020,

“Eso (la fiscalización) ha sido, más allá de este tipo de incentivo, sino de todos, la debilidad del gobierno de Puerto Rico durante años de darle seguimiento a quien incentiva, a aquel decreto que tú le das a una persona o entidad. Tiene que asegurarse que la razón por la que se da el incentivo se esté logrando”, señaló Santa a EL VOCERO indicó que hay una alta probabilidad de que el IRS “sacrifique” tanto a inversionistas como a contables o abogados. la fiscalización “es una de las críticas mayores no solamente a este tipo de incentivo, sino que a cualquier incentivo que dé el gobierno y que de alguna manera se dé algún tipo de investigación, fiscalización o auditoría para que se pueda validar que ese beneficio que tiene la persona se esté utilizando adecuadamente y que rinda un beneficio al País” Jesús Santa presidente la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes municó Woger-Nieves en declaraciones escritas.

“Al IRS le gusta usar muchos casos símbolo y yo creo que eso es lo que están buscando aquí, sacrificar a dos o tres (beneficiarios de) Ley 22 y a dos o tres CPA (contadores públicos autorizados)”, anticipó Zaragoza, quien hizo referencia a la firma BDO Puerto Rico, la cual fue intervenida por el IRS en el 2019 por un esquema de corrupción.

En tanto, Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados, aseguró que, aunque los profesionales que asistieron a estos inversionistas puedan ser investigados, los casos no trascienden contra ellos a menos que se demuestre que promovieron un acto delictivo.

“Van a investigar a estos inversionistas y obviamente los abogados, los contables y todo el personal que los asistió pueden ser objeto de parte de la investigación, no como coautores, sino para estar seguros de que cumplieron con la ley. La realidad es que usualmente esto no llega a mucho”, expresó Quilichini.

Reclamo de la sociedad civil los beneficiarios de la Ley 22 pagaron en contribuciones sobre ingreso $160 millones. “Eso es una cuantía significativa en comparación con lo que pagan los contribuyentes”, indicó.

Tras la noticia de la investigación del IRS, la coalición PR No Se Vende se unió bajo su campaña ‘Not Your Tax Heaven’ para reclamar mayor fiscalización gubernamental con los beneficiarios bajo la antigua Ley 22.

• las corporaciones que tienen el decreto de ley 20-2012, cuentan con una tasa de 4% y un 60% sobre patentes municipales.

• la ley 22-2012 concedió exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que se trasladen a Puerto Rico. se trató de una exención para personas.

• la ley 60-2019 consolidó decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos o beneficios contributivos o financieros existentes, entre los que se encontraban la ley 20 y la ley 22.

Más fiscalización

En tanto, el presidente la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, reconoció que una de las debilidades del gobierno es la fiscalización.

Asimismo, reaccionó positivo ante la investigación del IRS, dado que ayudará a “depurar el listado” de beneficiarios que están en cumplimiento de los que no, e insistió que “el incentivo no es una mala palabra”, siempre y cuando se monitoree cada decreto.

La fiscalización “es una de las críticas mayores no solamente a este tipo de incentivo, sino que a cualquier incentivo que dé el gobierno y que de alguna manera se dé algún tipo de investigación, fiscalización o auditoría para que se pueda validar que ese beneficio que tiene la persona se esté utilizando adecuadamente y que rinda un beneficio al País”, dijo el representante del Partido Popular Democrático (PPD).

El legislador espera que esta investigación sirva como un disuasivo para aquellas personas que pretenden beneficiarse de los incentivos de forma ilegal.

Por su parte, al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, no le tomó por sorpresa la investigación del IRS, pues aseguró que “era una de las prioridades” velar que los inversionistas no mientan en sus informes, indicando que viven en Puerto Rico, mientras residen al mismo tiempo en otro lugar.

“No es sorpresa que el IRS se esté enfocando en determinar si tú (inversionista) estás donde dices que estas”, explicó Zaragoza. “Tampoco ellos pueden ser la Santísima Trinidad, no pueden estar en dos sitios a la vez”, continuó.

En tanto, el senador por el PPD

A su vez, Ella Woger-Nieves, principal oficial ejecutiva de Invest Puerto Rico, insistió en la importancia de los incentivos contributivos para el desarrollo económico de la Isla y destacó los esfuerzos de su agencia y del DDEC para promocionar al País como un destino de inversión seguro.

“Creemos en el potencial que tienen los incentivos contributivos para atraer nuevo capital a la Isla y potenciar su desarrollo económico. Es por esto que somos partidarios de que estos programas estén regulados eficientemente y sean un beneficio que solo esté disponible para aquellos que cumplan con los requisitos legales para que no se afecte la finalidad con la que estos decretos fueron creados”, co-

“La investigación del IRS confirma lo que es conocido por todos. Tenemos beneficiarios de Ley 22 (ahora Ley 60) que no solo incumplen con los requisitos mínimos de Ley, sino que además buscan cómo sacar mayor ventaja a la falta de fiscalización por parte del gobierno. El DDEC ha indicado públicamente que no cuenta con la capacidad para fiscalizar y los beneficiarios lo saben”, expresó Marlyn Goyco, portavoz del Centro para la Democracia Popular. Mientras que Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, declaró que con esta investigación se expone la “incapacidad” del gobierno para fiscalizar los decretos que otorga.

EL VOCERO intentó obtener una reacción de parte del Departamento de Hacienda, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El economista Heriberto Martínez favoreció la investigación que realiza el IRS.