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Editorial

Muchos aspectos del Sistema Educativo Español necesitan una revisión y actualización urgente y, sobre todo, a largo plazo. No pueden volver a quedar pendientes y, encima, con la promesa de que en cuanto cambie el gobierno se volverá a derogar esta Ley.

No podemos permitir que estos intereses bloqueen algo tan necesario como una reforma en profundidad del sistema educativo, por mucho ruido mediático que hagan. No podemos caer en la ingenuidad de creer que las dos posturas enfrentadas se limitan a “proteger la libertad de elección de centro”. Esa libertad sigue existiendo. Lo que la LOMLOE amenaza es la construcción de nuevos centros concertado beneficiándose de suelo público.

La plataforma “Más plurales” ha pedido amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo porque consideran que la reforma educativa del Gobierno supone una "conculcación" de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y un "ataque sistémico al Estado de Derecho en España". Opinan que la ley "contraviene" la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de 7 de diciembre de 2000 (https://bit.ly/2LNLnln). Dicha Carta establece en el artículo 14.3 que “Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

También apelan a otros tratados internacionales firmados por España que, dicen, "son contrarios" a la reforma educativa: la Declaración Universal de Derechos Humanos ("Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos"), el Proto-

mentales de París ("El Estado respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas") y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU ("Los estados se comprometen a respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones").

En realidad, sostienen la petición en el “conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas” . En cuanto a la Religión, lo que duele es que no se la tiene en cuenta para la nota media a efectos de la Selectividad, lo que le hace perder influencia, sin contar con el hecho de que más de la mitad de los centros concertados pertenecen a órdenes religiosas. La Ley mantiene que los centros educativos público mantengan la oferta religiosa y las familias deciden si el alumnado la recibe o no.

Un tema que no aparece es la defensa del uso del castellano como lengua vehicular, incorporado por primera vez en la Ley Wert, y ahora suprimido.

Cabría preguntarse qué acciones se desarrollaron durante la etapa de gobierno anterior para garantizar su cumplimiento. De todos es sabido que, en Comunidades Autónomas con lengua cooficial, como Cataluña, aunque no es este el único caso ni mucho menos, hace ya muchos años que los respectivos gobiernos regionales imponen la lengua catalana, vasca, gallega, … a los castellanohablantes con total impunidad, a pesar de numerosas sentencias judiciales.

En realidad, el temor de la concertada es convertirse en subsidiaria de la pública al dejar en manos de la Administración la planificación educativa lo que, según ellos “convierte en irrelevantes las preferencias de los padres y las iniciativas de las entidades educativas, a las que aboca al cierre" dada la baja natalidad actual.

No obstante, y hablando de Educación, hay que destacar dos aspectos que consideramos básicos e interrelacionados: docentes y financiación y que, además, necesitan acuerdos a largo plazo.

Hay que decir claramente que las Universidades no están formando adecuadamente a los futuros docentes, que la Administración Educativa utiliza métodos obsoletos para seleccionar a los funcionarios docentes, que la formación permanente de los docentes es una necesidad imperiosa que debe ser obligatoria y en horario de trabajo, que las plantillas de los centros son insuficientes, que la carrera docente lleva 30 años esperando su desarrollo, …

Hay que decir que la financiación es clave, que sin dinero es imposible mejorar las instalaciones, los recursos, las plantillas, … y que hemos retrocedido muchísimo en los últimos años. Que para equipararnos a los países de nuestro entorno habría que hacer un esfuerzo sostenido durante varios años que superase el 7% del PIB.

Y hay que atreverse a modernizar el currículo actual, las infraestructuras, la formación del profesorado, la carrera docente, … y poner en esto más empeño, incluso, que luchar contra la concertada.