experto en estos temas, don Vicente Carcel Ortí tiene una obra “ La Persecución Religiosa en España durante la Segunda Repúblic”, a la que recurriré en mi exposición. Durante la Dictadura del general Primo de Rivera (13 de septiembre 1923-28 enero 1930) la Monarquía de Alfonso XIII se desautorizó por completo. El monarca fue responsable, por su actuación personal, del descrédito de la institución, ya que al colaborar con el dictador violó la Constitución de 1876, que había jurado cumplir. Por ello, tras la caída del dictador, la situación política era muy compleja, y el rey, ante la imposibilidad de seguir gobernando, no tenía más solución que dimitir. ¿Cómo podía retirarse Alfonso XIII en tales circunstancias? Vista en datos sintéticos y sin más explicaciones, afirma monseñor Montero, la historia de la Segunda República Española es sencillamente desconcertante. Adviene un nuevo régimen de resultas de unas elecciones municipales en las que la Monarquía obtiene un número de concejales cuatro veces mayor que el de los republicanos, elecciones celebradas el 12 de abril de 1931. Esto no obstante, el rey se ve obligado a marchar. Bien es verdad que ni los mismos prohombres republicanos habían sospechado tan radicales consecuencias. Para Largo Caballero
Quema de iglesias en Valencia en mayo de 1931
las elecciones sólo iban a ser ‘un juego inútil y sin importancia, que únicamente serviría para fortalecer el trono’. ‘Es ingenuo esperar algo de las elecciones’, había declarado Azaña a un redactor de La Tierra. Pasa un mes y el nuevo escrutinio en las urnas lleva a los escaños de las Cortes Constituyentes a una gran mayoría izquierdista, que fabrica una Constitución de signo abiertamente laico. Laico en el lenguaje español de la época, pierde su significado de indiferencia para equivaler a sectarismo anticatólico. Sigue un bienio socialista y anticlerical. Considerada en sus aspectos religiosos, la República aparece como un anticipo, bastante logrado por cierto, de lo que sería después la zona roja durante la guerra civil. El sistema instaurado en la primavera de 1931 nada temía, en principio, en cuanto a su estructura política como forma de gobierno, que contradijese a la doctrina de la Iglesia.