6 La impartición de justicia desde una perspectiva humanista
Mtro. Carlos Dotor Becerril, Candidato a Magistrado Federal del Segundo Circuito por el Distrito 3 en el Estado de México
8 La Prueba Tradicional y Electrónica a la Luz del CNPCF
Mtro. Jaime Alberto Díaz Limón, Candidato a Magistrado en Materia Administrativa y Civil para el 22° Circuito (Querétaro)
10 Importancia del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de México
Lic. Laura Jiménez Valdés, Directora de Quejas, Denuncias e Investigación del Poder Judicial del Estado de México (con licencia)
12 Formas de Conducción del Imputado a un Proceso Penal
Mtro. Edgar Ramírez Valdés, Abogado Litigante en materia Penal y Especialista en Proceso Penal Acusatorio y Oral
14 La experiencia de un Juez en campaña
Mtro. Agustín Moreno Gaspar, Candidato a Magistrado Federal en Materia Penal. 1er Circuito Ciudad de México
16 ¿Qué está en Juego en las Elecciones de 2025? Reforma Judicial, Protestas y Legalidad
Mtra. Jessica Pérez Colín, Candidata a Jueza en Materia Penal, Distrito 03, Ecatepec, Coacalco y Tecámac
18 Suspensión en el Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal
Mtra. Ana Lilia Uribe Vázquez, Candidata a Jueza de Distrito en el Estado de México, en Materia Mixta
20 Nuevo orden Constitucional con la creación del Tribunal de Disciplina
Mtro. José Antonio Ruiz Rosales, Candidato a Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo
22 La Violencia de Género: Una Herida que Sangra en Silencio
Dra. Lucía Nolasco Vargas, Candidata a Magistrada en Materia Penal en la Región de Tlalnepantla, para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
24 Acceso de Mujeres a Puestos de Poder Hoy en México
Dra. María Alejandra Almazán Barrera, Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México
26 Presentación del libro "La Neurociencia aplicada al Derecho. Engranajes Básicos"
Dra. Magdalena Victoria Oliva, Jueza de Distrito en retiro y Dr. Raúl Anwar García Santos, Neurólogo, Neurofisiólogo Clínico y Epileptólogo
28 Judicialización de las Políticas Públicas
Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Diputada al Congreso de la Unión de México
30 La comunicación no verbal: retos y desafíos para acreditar el delito de Violencia Política de Género
Mtra. Alejandra Romero Galván, Especialista en Comunicación No Verbal y Evaluación de la Credibilidad
32 Omisiones de las Fiscalías ante Desapariciones y Secuestros
Dr. Marco Antonio León Fernández, Abogado Postulante Especialista en Materia Penal y Dra. Mónica Ponzanelli Iturbe, Abogada Penalista
32 Prueba Pericial en Medios Electrónicos
Dr. Ivan Díaz González, Especialista en Derecho Informático, Ciberseguridad y Protección de Datos Personales
32 El ABC de la Detención Material en el Sistema Penal Acusatorio
Dr. Jorge Andrés Mancilla Montellano, Experto en Derecho Penal y Política Criminal
32 Una arista de la derrotabilidad de la norma
Dr. Antonio Albuerne Gómez, Catedrático y Jurisconsulto
Los saludamos efusivamente y les damos la bienvenida a un nuevo número de la revista. Es un honor seguir contando con su apoyo y poder dirigirnos todavía a tan estimable público. Gracias a ustedes, LEX Informa se ha convertido en una comunidad de personas profesionales, empáticas y comprometidas.
El hecho de seguir creciendo, además de traernos gran satisfacción, hace que nuestro proyecto se vuelva un desafío cada vez más exigente. Advertimos la necesidad de ser más cuidadosos con lo que publicamos, sin que por ello se pierda la esencia de nuestra revista, la nota que nos ha caracterizado desde el inicio. Nos referimos, por supuesto, a la angustia de contribuir a una sociedad mejor.
Cada uno hace la lucha desde su trinchera: en nuestro caso, hemos tomado por armas a las letras, al diálogo con los expertos, a los cursos de educación continua. Confiamos en que estos medios nos permitirán llegar a más personas; pero, sobre todo, creemos en su eficacia para transformar conciencias, en que a través de ellos es posible sembrar las semillas del cambio.
Nos atrevemos a decir que, a lo largo de este camino, hemos aprendido más
nosotros de ustedes que viceversa. Así, cada publicación es un nuevo intento de superarnos, de cumplir con las expectativas y de atrapar el interés del lector. Seguimos creciendo: es un honor que nos acompañen en este proceso.
Queremos volver a darles las gracias por su compañía tan leal y por su honesto interés. Esperamos que sea de su agrado el presente número y, sin más hasta aquí, los invitamos a pasar adelante.
René Castelán Olguín, Director y Fundador de Revista LEX INFORMA
Lic.
La impartición de justicia desde una perspectiva humanista
El Mtro. Carlos Dotor Becerril, candidato a magistrado federal del Segundo Circuito por el Distrito 3 en el Estado de México, ha advertido la necesidad de poner sobre la mesa el tema de la justicia humanista. Si bien se trata de una temática frecuentemente abordada por muchos de nuestros invitados, pocos lo hacen de manera directa. El maestro Carlos ensayó, pues, una conferencia panorámica que nos permitiera comprender cómo se inserta este paradigma en nuestra justicia mexicana.
En este sentido, la reciente reforma judicial se presenta como uno de los frentes donde va permeando este humanismo. Recordemos que, de hecho, uno de sus objetivos fue precisamente salvar la distancia que separaba a impartidores y justiciables, manteniéndolos ajenos los unos respecto de los otros. En otras palabras, la pretensión era dotar a cada servidor público de “cercanía con la sociedad”.
Por citar a nuestro invitado: “con el anterior sistema, teníamos jueces y magistrados que poco a poco se fueron relegando tras las cuatro paredes de una oficina, tras de un escritorio. No quiero decir que fuera algo necesariamente malo, pero sí que faltaba cercanía con la ciudadanía. Se había vuelto casi imposible pensar en una justicia cercana”, comentaba el maestro Carlos.
Si bien menciona que en un inicio él mismo se mostrara reacio a la perspectiva de la reforma, no pasó mucho antes de que decidiera “bajara las armas” y abrazara sus “puntos fuertes”, decía. Su postura se volcó de un extremo a otro: “cada uno desde nuestras trincheras vamos a buscar empatía, respeto, colaboración… Hay que verlo con una óptica constructiva y propositiva”.
Con todo, admitía que es complicado esperar que una justicia empática provenga de un ambiente tan “ríspido” como el que gobierna los juzgados. En su experiencia, la atmósfera que se ha instalado en ese tipo de lugares es todo menos positiva. En suma, todo esto se refleja en que no se le da un buen servicio a los justiciables. Al respecto, comentaba: “esto sucede de manera inevitable cuando se olvidan para quién trabajan: para la ciudadanía”.
En efecto, para el maestro Carlos, “la empatía es una labor que como juristas debemos tener perfeccionada: precisamente para que la impartición de justicia consolide un debido orden en cada litigio”. Nuestro invitado pone, así, el énfasis en que es la actitud de cada servidor público por donde debe comenzar el cambio.
Para el maestro, la perspectiva humanista se debe manejar desde el policía hasta el juez: este sistema debe
configurar una cadena donde todos y cada uno de los elementos se muestre en su lado más humano. En esto advertimos que el cambio de paradigma no se trata de un tema solo de forma, sino, sobre todo, de fondo: algo que apela directamente a la manera de concebir la ley, a la conciencia que se tenga sobre los cargos que uno asume.
Invitamos a nuestros lectores a aprender más sobre justicia humanista siguiendo el enlace: https://www.facebook.com/ share/v/16ZxC2tWG4.
Mtro. Carlos Dotor Becerril
Candidato a Magistrado Federal del Segundo Circuito por el Distrito 3 en el Estado de México
Licenciado en Derecho y Maestro en Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con la Especialidad de Secretario de Tribunal Colegiado y Juzgado de Distrito, así como una sólida formación complementaria en redacción jurídica, funcionalidad gramatical y técnicas de elaboración de sentencias, incluyendo formatos de lectura fácil. Ha participado en múltiples cursos de actualización en derecho civil, juicio de amparo, derechos humanos, lenguaje incluyente y perspectivas de género, infancia y adultez. Su trayectoria docente incluye la cátedra de Juicio de Amparo Mercantil en el Curso de Formación para Secretarios impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, y la materia de Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UAEMéx. Es autor del capítulo “Control previo de instrumentos internacionales como parte del proceso constitucional” en la obra colectiva Problemas actuales de los tribunales constitucionales y convencionalidad.
En el ámbito judicial, ha desempeñado diversos cargos como Oficial Judicial, Actuario Judicial y Secretario en Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios, de Apelación y Colegiados, acumulando una amplia experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como Secretario Proyectista del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y es candidato a Magistrado Federal en Materia Civil del Segundo Circuito por el Distrito 3 en el Estado de México. Ha sido ponente en conferencias sobre la reforma judicial y los retos contemporáneos de la impartición de justicia, y ha participado en coloquios de investigación jurídica en su alma mater. Además, es egresado del Curso escolarizado para Secretarios del Consejo de la Judicatura Federal y cuenta con certificación en comprensión de textos en inglés a nivel profesional.
La Prueba Tradicional y Electrónica a la Luz del CNPCF
Es imperativo que la justicia, igual que todos los otros rubros humanos, sepan adaptarse a los avances tecnológicos de nuestro tiempo. Más allá de mantenerse al día, hacerlo podría reportarle muchos beneficios en agilizar procesos, instaurar vías de comunicación y, sobre todo, hacer todo más accesible para las personas. Por ello, el Mtro. Jaime Alberto Díaz Limón, candidato a magistrado en materia administrativa y civil para el 22° Circuito (Querétaro), ha querido impartir una charla al respecto.
Para el 2027, se espera que todos los estados de la república hayan implementado los cambios pertinentes que introduce el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entre ellos, de los más pertinentes es el de la justicia digital, que se ha vuelto todo un tema debido a las dificultades de lo que implica integrar los casos de manera online.
Por lo demás, hay que comentar que “ha sido muy golpeado ese Código: todavía no nace y ya queremos modificarlo”, bromeaba el maestro Jaime. Admitía que, desafortunadamente, se hizo “al vapor” en varios tópicos. Pero, más allá de la crítica, defiende que son más las cosas buenas: por tomar un ejemplo, lo
concerniente a la prueba electrónica, o pruebas TIC.
Estas pruebas tendrán la misma validez que las tradicionales, si bien dentro de sus propias particularidades. Consideremos que, hoy en día, el cibernauta mexicano pasa un promedio de catorce horas de su día en la web. “Somos el país que más redes consume de Zuckerberg y compañía”. Por tanto, es un tema muy relevante que, finalmente, el CNPCF por fin contempla.
Uno se preguntaba, con frecuencia, ¿cómo hacer para que algo que tuvo inicio en WhatsApp (una contienda, una agresión, una violencia) pueda figurar como dato de prueba en audiencia? ¿Cómo logro que una publicación de Facebook constituya una prueba que integre mi caso? Preguntas como estas son ahora respondidas.
Del mismo modo, se abre la posibilidad de que una serie de acuerdos se logre a través de estas redes sociales. Se trata de una circunstancia que permitirá agilizar procesos y contribuir a la despresurización de los juzgados. “El participar de estos espacios y entornos digitales es fundamental si queremos mantenernos comunicados hoy en día: cuanto más para el sistema de justicia”,
decía el maestro.
Por lo demás, vale recordar que el eslabón más débil en la interacción cibernética es el propio usuario, según expertos: no siempre utilizamos nuestros dispositivos de manera correcta, lo cual acarrea el riesgo de perder nuestra privacidad. De ahí que el tema de la justicia digital concierna a todos y no meramente al sector judicial.
Para conocer más al respecto, invitamos a nuestros lectores a escuchar las palabras del maestro Jaime a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/ v/1FDp89zBeH.
Mtro. Jaime Alberto Díaz Limón
Candidato a Magistrado en Materia
Administrativa y Civil para el 22° Circuito (Querétaro)
Abogado mexicano con una destacada trayectoria en los ámbitos del derecho administrativo, civil, digital y de la ciberseguridad. Actualmente es candidato a Magistrado en Materia Administrativa y Civil para el 22° Circuito en Querétaro. Se desempeña como Presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX (ONG), y funge como Legal Manager e IP LATAM Counsel para Pro Mujer, una organización internacional con enfoque de género. Ha sido autorizado como árbitro por el Instituto Nacional del Derecho de Autor para procedimientos del año 2025, y previamente trabajó como abogado en empresas de alto perfil como Grupo JB (José Cuervo) y Walmart de México y Centroamérica. También ha ocupado cargos relevantes en la Procuraduría Federal del Consumidor y en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, específicamente en la Sala Especializada en Juicios en Línea.
Es miembro activo de múltiples organizaciones jurídicas nacionales e internacionales, como la Barra Mexicana de Abogados, la Barra Interamericana de Abogados, el Capítulo México de Internet Society (ISOC) y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI). Coordina la columna de Propiedad Intelectual de la Facultad de Litigación de la Barra Interamericana de Abogados y forma parte de su Consejo Académico. Es autor y coautor de diversas obras especializadas en derecho digital, propiedad intelectual y tecnología, entre las que destacan Abogado Digital (vLex, 2019), Derecho en Tiempos de Zuckerberg (Tirant lo Blanch, 2019) y Tecnoretos Jurídicos (Tirant lo Blanch, 2022). Ha sido reconocido por su innovación como abogado digital y ha recibido distinciones como el premio “Excelencia Académica 2024” de la Barra Interamericana de Abogados. Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y con estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, también cuenta con certificación en ciberseguridad por la OEA e INCIBE de España. Ha sido catedrático y conferencista en foros internacionales, incluyendo universidades de Colombia, Argentina y España.
Importancia del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de México
La reciente reforma judicial no solamente trajo la novedad de la democratización del Poder Judicial, sino también la creación del Tribunal de Disciplina, un órgano encargado de cuidar que jueces y magistrados se abstengan de incurrir en cualquier tipo de abuso. La Lic. Laura Jiménez Valdés, directora de quejas, denuncias e investigación del Poder Judicial del Estado de México (con licencia), nos habló un poco al respecto.
La reforma en cuestión crea dos órganos: el de administración y el Tribunal de Disciplina. Este último, en particular, tendrá las facultades puntuales de “investigar, evaluar y sancionar a los jueces y magistrados”. He ahí la diferencia entre este nuevo modelo y el antiguo, donde el Consejo de la Judicatura Federal tenía a su cargo estos dos ámbitos del Poder Judicial.
Mencionaba la licenciada: “lo que queremos es cambiar la mentalidad de los juzgadores: que sepan que su función es servir a la ciudadanía y, como tal, no pueden abusar del poder de ningún modo. La forma de ejercer la justicia es a través de la disciplina”. Con esta premisa, la licenciada Laura se
pronunciaba a favor de las sanciones ejemplares, mismas que podrían “inhibir la conducta delictiva y deshonesta”.
Con el Tribunal, las investigaciones serán más adecuadas y tendremos más posibilidades de revisar a fondo cada asunto. Como Tribunal autónomo, esto será viable. Además, será posible ubicar los focos rojos donde se presentan las conductas más graves.
“Esta dureza quizá se vea mal, lo cual es entendible, pero si actuáramos conforme a la ley, no tenemos por qué pasar por una circunstancia grave”, aseguraba la licenciada. En el nuevo Tribunal, las facultades serán amplias: “podemos tomar decisiones más de fondo que nos permitan instaurar plenamente la disciplina”.
Mencionaba que, de hecho, una disciplina como la que persiguen se reflejaría incluso en el tipo de relación que, dentro del Poder Judicial, mantengan los servidores públicos: una relación meramente laboral. “Recordemos que, en estas instancias, una amistad podría poner en tela de duda el actuar de nuestros elementos”.
En este sentido, nos recuerda que uno de los ejes de la reforma era acabar
con el nepotismo. Por ello, instaba a la audiencia a “votar bien” durante las elecciones judiciales: se trata de un tema bastante delicado, pues el resultado de la jornada electoral definirá en gran medida hasta qué punto se podrá establecer una verdadera disciplina.
En conclusión, “esta división nos dará más margen de acción; además, habrá mayor especialización, de modo que quien se dedique a la disciplina pueda poner todo su enfoque en lograrla dentro del Poder Judicial”. Por este motivo, apoyaba por completo la división de atribuciones.
Los interesados en el tema podrán ahondar en él siguiendo el enlace: https://www.facebook.com/share/ v/1ALTBtQTF7.
Lic. Laura Jiménez Valdés
Directora
de Quejas, Denuncias e Investigación del Poder Judicial del Estado de México (con licencia)
Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde obtuvo su título en Derecho. Con una sólida trayectoria en el servicio público, ha desempeñado cargos clave tanto en el ámbito estatal como federal, destacando como Directora de Quejas, Denuncias e Investigación del Poder Judicial del Estado de México (cargo que actualmente ejerce con licencia). Ha sido Delegada Regional Toluca de la Contraloría del propio Poder Judicial mexiquense, Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género en FIDEPAR, Subdirectora de Investigación “A” en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, así como Gerente de Quejas y Atención Ciudadana del Órgano Interno de Control del Servicio Postal Mexicano. También se desempeñó como Abogada Dictaminadora en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Jefa del Departamento de Prevención del Delito en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno estatal.
Su formación profesional se ha fortalecido con una amplia gama de capacitaciones especializadas, entre las que destacan el Diplomado en Contabilidad Gubernamental impartido por ASOFIS y diversos seminarios en materias como Derecho Administrativo, Derecho Procesal Administrativo y estrategias de fiscalización, organizados por instituciones como el INACIPE, la Secretaría de la Contraloría y el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Ha participado también en foros internacionales como el Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral y programas formativos en el extranjero, incluyendo el curso “Programa Integración de Jóvenes Marginales” del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Esta vasta experiencia y preparación académica la posicionan como una profesional destacada en los ámbitos del control interno, la fiscalización, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia con perspectiva de género.
Formas de Conducción del Imputado a un Proceso Penal
Normalmente, al pensar sobre el proceso penal, nos imaginamos las escenas más dramáticas, violentas o complicadas. Sin embargo, no debemos olvidar que precisamente se trata de un proceso: algo que sigue ciertos pasos y que toma tiempo. Ahora bien, acaso uno de los más difíciles sea el lograr la comparecencia del imputado a audiencia. Por eso, el Mtro. Edgar Ramírez Valdés, abogado litigante en materia penal y especialista en proceso penal acusatorio y oral nos presentó una conferencia al respecto.
Comenzó por asentar que habrá tres formas de conducir a un imputado a un proceso penal: a saber, y en orden sucesivo, el citatorio, la orden de comparecencia y, para finalizar, la orden de aprensión.
Todo esto deviene desde lo que fue una investigación con el Ministerio Público, donde el procedimiento penal acusatorio iniciaría partir de la presentación de la denuncia. El Ministerio tiene la labor de investigar, allegarse de todos los elementos necesarios para estructurar una carpeta de investigación.
Antes de llegar a la formulación de imputación, el Ministerio es el único que puede ejercer la acción penal,
para lo cual necesita acreditar el acto delictuoso. Una vez cumplido este requisito, la probable participación de la persona, realizará este ejercicio: primeramente, solicitará al juez de control la audiencia inicial, con la finalidad de poder formular una formulación de imputación.
Aquí es donde entramos en materia.
Para llegar a la audiencia, evidentemente se ha de hallar la forma de que asista el imputado que se encuentra todavía en libertad.
La primera forma es el citatorio. En este, se le notificará al imputado el día y la hora fijados para la audiencia inicial. Para ello, el juez ha de enviar al actuario o notificador a presentarse al domicilio del individuo.
La orden de comparecencia es el segundo paso. El imputado o bien no recibió el citatorio, o bien, no lo quiso tomar personalmente. Cuando da fe el juez de control de que el imputado ya quedó notificado, basta con esa sola vez para que se agote la primera forma de conducción. Eso sí, el juez dejará pasar un tiempo prudente, incluso podrá señalar otra fecha, a fin de que el imputado tenga oportunidad de acudir voluntariamente.
Sin embargo, visto que no existe
voluntad alguna por parte del imputado para presentarse, se tendrá que avanzar al último recurso.
La orden de aprensión será este último recurso, que solo se podrá justificar estando agotado el paso anterior. El último mecanismo de conducción, que necesariamente deviene en la aprensión de la persona. La orden de aprensión consiste en ir a buscar, localizar y aprehender a una persona, esté donde esté.
Como puede verse, el tema resulta bastante técnico: bien haría el interesado en este tema consultando la conferencia completa, a fin de entenderlo mejor. Dejamos, a continuación, el enlace para ello: https://www.facebook.com/ share/v/1Q2xL3tGE7.
Mtro. Edgar Ramírez Valdés
Abogado Litigante en materia Penal y Especialista en Proceso Penal
Acusatorio y Oral
Abogado litigante especializado en materia penal, con una sólida formación académica y una destacada trayectoria profesional. Es Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho con área terminal en Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, cuenta con una especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, acreditado con certificación en el perfil de defensor privado. Ha centrado su labor investigativa en el estudio del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, participando activamente como autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas en Derecho.
En el ámbito académico, se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde forma nuevas generaciones de juristas. A nivel nacional, ha sido reconocido como conferencista y capacitador en temas relacionados con el sistema penal acusatorio y oral. Es fundador y titular de la firma legal “Ramírez Valdés & Asociados – Abogados Penalistas”, desde donde ejerce una práctica profesional enfocada en la defensa penal, respaldado por una visión crítica y técnica del sistema de justicia penal en México.
La experiencia de un Juez en campaña
Alrededor de dos meses duró el periodo de campañas para las elecciones de jueces y magistrados. Durante este tiempo, quienes contendieron para estos cargos se enfrentaron a experiencias interesantes, toda vez que era una circunstancia sin parangón hasta entonces: además de tratarse de las primeras elecciones del Poder Judicial, ningún candidato contó con un presupuesto que no fuera suyo para financiar su campaña. El Mtro. Agustín Moreno Gaspar, candidato a magistrado federal en materia penal, Primer Circuito Ciudad de México, nos expresó sus impresiones al respecto.
“Ha sido una experiencia grata, por un lado, aunque por otra parte compleja con relación a muchas cuestiones”, mencionaba. Enfatizaba que lo más importante había sido cobrar consciencia “del sentimiento que hay por parte de la sociedad respecto al tema de los juzgadores en nuestro país”.
En su caso particular, comentaba que, durante la campaña, tuvo que lograr la armonización del tiempo laboral con el de campaña: equilibrar el desempeño de sus funciones con el acercamiento a las personas. Admitía que, mientras era grande su deseo por dedicar mayores esfuerzos a su campaña, a veces era
imposible despegar su atención de su trabajo: debía cumplir, ante todo, con su responsabilidad.
De igual forma, lamentaba que, a diferencia de las otras elecciones populares, a ellos no les dieron recursos públicos para poder realizar campaña, de tal suerte que “uno tenía que invertir en promover su propia imagen”. Es cierto que se llegó a autorizar un límite de gastos al respecto, lo cual hizo creer a algunos que, finalmente, sí se les asignarían recursos monetarios. No fue así: “se nos avisó que no debíamos gastar más de 400 mil pesos. Luego supimos que se referían a nuestro propio dinero… Como si de hecho tuviéramos dicha solvencia económica”, bromeaba. (Habría que recordar que los jueces y magistrados, por ley, no pueden percibir otros ingresos además del de su trabajo).
Por si fuera poco, ni siquiera invirtiendo tal cantidad de su propio bolsillo tendrían el puesto asegurado. “Lo que se invirtiera allí no aseguraba ninguna victoria: por lo tanto, habría sido dinero malgastado en caso de no salir ganadores”.
Pero, por otro lado, la experiencia también había sido grata, pues permitió la apertura hacia la gente. Como muchos otros candidatos, el maestro se
admiraba del “enorme desconocimiento que de los jueces y magistrados tienen las personas”, opinando que sería necesario familiarizarlos con el tema. “La elección no era para lo que estas personas esperaban”, comentaba, sugiriendo que las personas “confundían nuestras facultades con las de los políticos”.
También se preguntaban cómo votar. El maestro dedicó muchos esfuerzos a intentar explicarlo, pero la elección no dejaba de resultar compleja para ellos. “Mucho de esto parte de la cuestión de la celeridad que le puso el gobierno a la reforma”.
Para nuestros lectores que deseen saber más sobre cómo los candidatos vivieron estas campañas, en el enlace siguiente podrán escuchar la conferencia completa: https://www.facebook.com/ share/v/16gx5iyy6G.
Mtro. Agustín Moreno Gaspar
Candidato a Magistrado
Federal en Materia Penal. 1er
Circuito Ciudad de México
Egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Inició su carrera en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2005, donde desempeñó funciones como Secretario Proyectista, Secretario Actuario y Secretario de Acuerdos en diversos juzgados penales, consolidando su experiencia en el ámbito jurisdiccional. Posteriormente, fue designado Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número cinco, función en la que destacó por su compromiso con el debido proceso y la legalidad.
En el plano académico, ha sido docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones privadas, transmitiendo su conocimiento especializado a nuevas generaciones de juristas. Cuenta con certificaciones en el Sistema Penal Acusatorio y en Derechos Humanos otorgadas por la SETEC, así como una Maestría en Derecho Procesal Penal. Actualmente, cursa el Doctorado en Derecho Penal y Constitucional en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Su sólida formación y experiencia lo posicionan como un profesional destacado en la impartición de justicia penal en México.
¿Qué está en Juego en las Elecciones de 2025? Reforma Judicial, Protestas
Se ha dicho ya bastante que se trata de unas elecciones muy importantes por motivos históricos. Como ciudadanos, escogeremos a quienes van a impartir justicia por primera vez. Nos ha sido conferida esa gran responsabilidad. Por ello, la Mtra. Jessica Pérez Colín, candidata a jueza en materia penal, Distrito 03, Ecatepec, Coacalco y Tecámac, ha querido compartirnos su perspectiva: ¿cuál es la verdadera importancia de estas elecciones?
Recordemos que la reforma al Poder Judicial surge de la necesidad de transformar al mismo en beneficio de la ciudadanía. “Había que terminar con impunidad, las malas prácticas, la corrupción. No es tarea fácil, pero trabajando duro se logrará”, afirmaba. Sin embargo, para ello no solo es preciso el buen desempeño de los servidores públicos, sino también la participación ciudadana que, para la maestra, “es la base de todo”. En efecto, es a través de la votación que la ciudadanía había de demostrar que realmente le interesaba un cambio.
En su experiencia personal, mencionaba la maestra que “ha sido muy bueno el recibimiento de la gente. Lo malo es que tienen bastantes dudas”. Con ello dejaba
y Legalidad
en claro una ambivalencia peligrosa: el pueblo que, teniendo como algo positivo la idea de elegir a sus jueces y magistrados, desconoce del todo la labor que ellos realizan. “Las personas piensan que somos políticos: preguntan cosas del drenaje, del pavimento, del suministro de agua. Todo esto no hace sino evidenciar falta de información: nadie se ha acercado directamente a los ciudadanos a darles una clase y explicarles de forma concreta los procesos”.
En este sentido, la maestra hizo un esfuerzo por acercarse a él. Se condujo a través de una “expresión libre y pacífica, intentando hacer que las personas se aperturaran, para que la justicia llegue a ser cercana, transparente y clara”.
Opinaba que uno de los principales cambios que el sistema debe sufrir en pos de impartir justicia de mejor forma es aquel relacionado con el lenguaje: “las sentencias deben ser en un lenguaje común, que todos puedan entender. La ciudadanía es ahora mismo ajena a estas, por lo que este es un primer paso para que la ciudadanía entienda lo que se le hace”.
La maestra adelantaba que “esto solo es el inicio”: las malas prácticas no pueden
desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, se mostraba optimista al respecto, aclarando que solo apenas comenzamos a entender el verdadero rol de los jueces y magistrados: “nuestra principal labor y constante deberá ser, en adelante, informar a la gente: explicarles pacientemente lo que hacemos acá. Todos deberían entenderlo porque nadie en este país está exento de estar alguna vez en un juzgado”.
Evidentemente, el tema no queda aquí agotado, sino que nuestros lectores podrán conocer más al respecto siguiendo el enlace: https://www.facebook.com/ share/v/19iWZ4rFNe.
Mtra. Jessica Pérez Colín
Candidata a Jueza en Materia Penal, Distrito 03, Ecatepec, Coacalco y Tecámac
Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, destacando su experiencia en la Fiscalía General de Justicia, donde se desempeñó como Agente del Ministerio Público Auxiliar A desde septiembre de 2023 hasta abril de 2025, y anteriormente como Oficial Secretario del Ministerio Público desde 2018 hasta 2023. Durante ese tiempo, tuvo a su cargo la contestación de amparos, informes justificados, atención a recomendaciones de derechos humanos, gestión de oficios a autoridades y particulares, además de actividades administrativas relacionadas con la función ministerial. Su recorrido profesional también incluye labores en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Ciudad de México, donde realizó análisis, proyectos y litigio en materia penal, civil y familiar, así como prácticas profesionales en juzgados familiares.
En cuanto a su formación académica, la Mtra. Pérez Colín es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal, titulada por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. A lo largo de su carrera, ha complementado su formación con numerosos cursos y diplomados enfocados en juicios orales, derechos humanos, perspectiva de género, litigación en el sistema acusatorio, así como protocolos especializados para la investigación ministerial con enfoque de género y derechos de las personas indígenas en el proceso penal. Su preparación continua la ha mantenido actualizada y especializada para enfrentar los retos del sistema penal mexicano contemporáneo.
Suspensión en el Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal
Pocas personas hemos conocido tan apasionadas a un tema como la Mtra. Ana Lilia Uribe Vázquez, candidata a jueza de distrito en el Estado de México, en materia mixta, quien mencionaba: “la suspensión es una de las cosas que más me gusta estudiar”. Por esta razón, decidió que el tema de su conferencia debía girar en torno a eso.
Aclaraba, de inicio, que es difícil comprender todos sus alcances, dado que constituye “la parte toral del juicio de amparo”. Someramente, explicaba que “tiene el poder de suspender y no dejar que el juicio de amparo se quede sin materia”.
“En la deportación, por ejemplo, si no existiera la suspensión, simplemente procedería el individuo a ser deportado. La cuestión de que no pagan las pensiones se ordenó desde la suspensión provisional que se hiciera: se ve que es medida restitutiva, aunque solo debería ser suspender. Por eso vemos la complejidad del tema. La labor de un juez de amparo es evitar que se violen los derechos humanos por parte de la autoridad”, comentaba a manera de ejemplos.
La maestra, al igual que muchos otros
invitados en esta edición, contendió como candidata a jueza en las elecciones recientes. Como muchos de sus colegas, exponía que “cambió por completo su manera de ver las cosas” en cuanto tuvo que salir a buscar el contacto de la gente: observa bastante disgusto y desilusión en cuanto a la impartición de justicia en el país, habiendo escuchado tantos casos desoladores de familias que, por negligencia jurídica, se han visto separadas.
“Soy partidaria de resoluciones cortas, sin dejar de atender todos los puntos pertinentes, pero, sobre todo, resoluciones entendibles, al alcance de la ciudadanía. Concreto, ir al punto. Esto nos puede quitar muchos rezagos”, decía.
Comentaba también que una de sus prioridades constaba en atender cuestiones esenciales como el trato al público. “Ojalá hubiera más jueces que verdaderamente escucharan a la gente: detrás de cada expediente, hay una vida, una propiedad, el prospecto de futuro para unos hijos. Necesitamos una justicia abierta que realmente escuche”.
Pero este cambio no solo debe ser hacia afuera, sino también hacia adentro:
el trato entre los servidores públicos también debiera ser excepcional: entre proteger los derechos de las personas está incluido proteger los derechos laborales de los mismos jueces y magistrados.
Concluía: “hay mucha gente preparada, valiosa, que busca este cambio en el país. Nosotros, como servidores públicos, hacia la sociedad, debemos cambiar nuestra mentalidad. No solo es algo que se necesita, sino que resulta algo urgente. Las personas se sienten desprotegidas por los tribunales”.
Invitamos a nuestros lectores a escuchar la conferencia completa a través del enlace: https://www.facebook. com/share/v/1EofjgRgNY.
Mtra. Ana Lilia
Uribe Vázquez
Candidata a Jueza de Distrito en el Estado de México, en Materia Mixta
La Mtra. Ana Lilia Uribe Vázquez es candidata a Jueza de Distrito en el Estado de México, con experiencia significativa en el ámbito judicial federal. Actualmente se desempeña como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en materia mixta, realizando funciones de secretaria de acuerdos y proyectista en amparo y proceso penal federal. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, entre ellos actuaria judicial y oficial administrativa en juzgados y tribunales colegiados, especializándose en áreas de amparo, proceso civil y penal federal. Además, cuenta con experiencia práctica en litigio civil, familiar y mercantil, y ha desarrollado habilidades en la elaboración de proyectos de sentencia y manejo de sistemas judiciales electrónicos.
Su formación académica incluye la Licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte, con una tesis destacada sobre la suspensión en amparo en materia penal, y está próxima a titularse como Maestra en Derecho Constitucional y Amparo. Ha complementado su preparación con una especialidad para Secretario de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, además de diversos cursos orientados a la justicia inclusiva, perspectiva de género y protección de derechos humanos. Su perfil se distingue por habilidades en redacción, trabajo en equipo, manejo de herramientas informáticas y una gran capacidad analítica para sintetizar temas complejos, lo que la posiciona como una profesional comprometida y preparada para asumir responsabilidades jurisdiccionales.
Nuevo orden
Constitucional con la creación del Tribunal de Disciplina
El Mtro. José Antonio Ruiz Rosales, candidato a juez de distrito en materia administrativa y de trabajo, adelantaba en su conferencia una tesis interesante: la creación del nuevo Tribunal de Disciplina implica el establecimiento de un nuevo orden constitucional.
Comentaba: “la sociedad ve la reforma como algo alejado: pareciera que no hay algo tangible que vaya a cambiar, pareciera que hablamos en abstracto.
Mientras tanto, el país está inmerso en una nueva faceta de elección de juzgadores que no viene sola: deriva de una reforma judicial que trae un nuevo modelo de impartir y de supervisar la justicia. En suma, un nuevo modelo constitucional. De ahí la importancia que debe tener el tema”.
Anteriormente, recordemos, la vigilancia de los jueces estaba a cargo del Consejo de la Judicatura Federal: si alguien se cometía una injusticia administrativa, este órgano era el encargado de imponer sanciones.
No obstante, la reforma da vida al nuevo
Tribunal que tendrá atribuciones afines: entre las más importantes, vigilar y disciplinar a los nuevos juzgadores. Por lo demás, el maestro señala que este órgano se encuentra más facultado que el Consejo del modelo, y que beneficia a toda la sociedad: “ahora, se podrá investigar en un solo órgano a ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral, a los restantes jueces y magistrados y, en fin, a todos los funcionarios públicos adscritos”.
Como se ve, estamos viviendo la renovación de todo un sistema de impartición de justicia.
¿Cómo beneficiará a la sociedad? Uno de los reclamos que más se percibe en el país es la dilación de las sentencias. En el anterior modelo no había obligación como tal de emitir sentencia; esta reforma, en cambio, obliga a emitir sentencias dentro de un parámetro temporal. Si no lo hacen, de forma inmediata tendrán que justificar esa dilación ante el Tribunal Disciplinario. Este cambio no es solo disciplinar, sino procedimental.
Además, cualquier persona podrá acudir para quejarse del actuar de un servidor público. Acertadamente se da esta posibilidad, incluso, de forma anónima. Esto genera una participación plural en todas las esferas sociales para que se incentive, a partir de esta reforma, que la sociedad acceda a este tipo de quejas. Esta estructura o andamiaje constitucional se ve fortalecido: surge la obligación de los servidores públicos a realizar su trabajo en tiempo y forma. La reforma se blinda bien, en este sentido. No solo es obligación de los servidores, sino un derecho de las partes para, además, quejarse.
Conozca más sobre cómo el Tribunal Disciplinario, de reciente creación, se erige como una nueva oportunidad de disciplinar al Poder Judicial junto a la participación ciudadana en: https://www. facebook.com/share/v/15mVMVLcvT.
Mtro. José Antonio
Ruiz Rosales
Candidato a Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo
Profesional mexiquense con más de veinte años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, dedicado a la promoción de la justicia y el derecho. Cuenta con una sólida formación académica, que incluye la licenciatura en Derecho y una maestría en Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como una especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Federal impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial. Además, ha complementado su preparación con diplomados en Argumentación Jurídica, Valoración Racional de la Prueba y Jurisdicción en el Sistema de Justicia Penal.
A lo largo de su carrera, el Mtro. Ruiz Rosales ha desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, destacando su labor como Secretario Técnico en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal desde 2020, donde elabora resoluciones sobre denuncias contra servidores públicos. Previamente, fue Secretario de Tribunal en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y, durante más de quince años, ofició como Oficial Judicial, Actuario y Secretario en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, donde elaboraba proyectos de sentencias y acuerdos, además de realizar notificaciones.
La Violencia de Género: Una Herida que Sangra en Silencio
La violencia puede darse en formas muy sutiles, de modo que pase desapercibida. Cuando además de esto es encubierta, la violencia se vuelve sistemática. En opinión de la Dra. Lucía Nolasco Vargas, candidata a magistrada en materia penal en la región de Tlalnepantla, para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, este es el estatus en que debemos poner a la violencia de género, que históricamente se ha configurado como un factor lacerante para la sociedad.
Para nuestra invitada, se trata de un “tema muy importante por todas las aristas que tiene”. Si bien pareciera que la violencia de género es algo trillado, que se menciona de forma recurrente, lo cierto es, sin embargo, que “las estadísticas siguen altas, evidenciando que es un tema actual”. De hecho, el Estado de México está entre los primeros lugares de violencia contra la mujer y de género.
Para ella, lo primero consiste en entender que la violencia se genera de diferentes formas: no solo es la física, que todos conocemos tradicionalmente, sino que también la hay en diversos aspectos de la vida de las personas: psicológica, moral, económica, sexual… En fin, un gran espectro.
Según datos de la doctora, 456
feminicidios se dieron en el año 2022 tan solo en el Estado de México. Realmente es una dimensión muy grande. Asimismo, para el 2021, se consideraba que 43% de mujeres en nuestra entidad habrían sufrido algún tipo de violencia. Como no podía ser de otra forma, las estadísticas llaman la atención: advierten de un tema urgente y relevante.
Consideremos ahora las consecuencias que generará esta violencia: cuando tenemos mujeres violentadas, podemos esperar que su círculo social entero esté herido. Tomemos por ejemplo delitos como el homicidio, el delito de lesiones, la violencia electoral, la trata de personas, la desaparición forzada, la violencia familiar, etc. En ellos, es evidente que la violencia no solo afecta a la víctima, sino que se extiende también a su familia, sus hijos, sus padres y hermanos.
Ahora bien, aclaraba que aplicar la perspectiva de género a estos casos no va a significar darle siempre la razón a la mujer: no, sino que, a través de un análisis profundo, se identificará si existen asimetrías de poder, y si acaso a través de estas se perpetra la vulneración de las mujeres. Es importante, pues, que aún en esos casos se intente ver todo desde un panorama neutro, que no se incline a favor de nadie: basta con
darle al juez una perspectiva suficiente para que pondere si se ejerció violencia de género.
Además, según explicaba la doctora, el trabajo de la prevención buscará erradicar, además de la violencia de género, las malas prácticas que –admitámoslo – suelen suscitarse en casos reales: mujeres que le destruyen la vida a su pareja acusándolas, infundadamente, de violencia de género. “Los profesionistas no deben prestarse a estos actos anómalos, estos abusos. La justicia no puede prestarse a este tipo de juegos”, decía la doctora Lucía.
Aprendan más sobre la violencia de género escuchando la conferencia completa de la doctora Lucía: https://www.facebook.com/share/ v/1YTU8ZhCip.
Dra. Lucía Nolasco Vargas
Candidata a Magistrada en Materia
Penal en la Región de Tlalnepantla, para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Destacada jurista mexicana con una sólida trayectoria en el ámbito judicial, académico y de formación especializada. Es Licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM, Maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y Maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad en Ciencias Penales. Obtuvo el grado de Doctora en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales por la Universidad Analítica Constructivista de México. Cuenta con especialidades en Juicios Orales y en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como diversos diplomados en temas clave como teoría del delito, derechos humanos, juicio de amparo e igualdad de género. A lo largo de su carrera dentro del Poder Judicial del Estado de México, ha ocupado múltiples cargos: desde técnica y notificadora judicial por oposición, hasta jueza penal de primera instancia y jueza de ejecución de sentencias, destacando especialmente por su labor en materia de ejecución penal y violencia de género. Actualmente, es Jueza de Ejecución inamovible en el Juzgado de Ejecución Penal de Ecatepec. Además, ha compartido su experiencia como docente en instituciones como la Universidad del Valle de México, la FES Aragón de la UNAM, la Escuela Judicial del Estado de México y la Escuela Federal de Formación Judicial. Su compromiso con la equidad y la justicia se refleja también en su participación activa en asociaciones como la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas Mexicanas y la International Association of Women Judges (IAWJ), capítulo México.
Acceso de Mujeres a Puestos de Poder Hoy en México
Muchas mujeres alrededor del mundo sienten que por fin ha llegado, al cabo de varios miles de años, su oportunidad de ponerse a la par de los hombres en todos los rubros de la vida social. Muchas están adquiriendo la conciencia de que siempre se las ha privado de oportunidades, toda vez que se las encasillaba dentro de ciertos límites que habían de respetar. La Dra. María Alejandra Almazán Barrera, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, nos ha ofrecido una conferencia donde aborda el tema enfocado a nuestro país, haciendo énfasis en aquellas brechas que finalmente comienzan a abrirse para las mujeres.
“Es un tema apasionante, siempre lo ha sido: más, en el contexto de nuestra historia mexicana. En nuestro país, a diferencia de en algunos europeos, el derecho de votar a la mujer le fue concedido hasta muchos años después de que se le otorgara a los hombres. Así, es de celebrarse que ciertas ideologías (feminismo, etc.) estén permeando enormemente; sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que seguir por el mismo camino”, decía.
En efecto, hay brechas que se han abierto: por ejemplo, tenemos a la
primera presidenta de México, cosa que no se habría pensado posible hasta hace poco. “La consecución de los derechos de las mujeres ha costado muchas vidas de por medio”, recordaba la doctora, no ya solo en México sino en todo el mundo: inclusive, en aquellos países de primer mundo.
En su experiencia, menciona que “los obstáculos hacia las mujeres no se presentan siempre de las mismas formas”. No obstante, menciona que siempre han existido los “techos de cristal”: es decir, aquella creencia de que la mujer, idóneamente, no debería llegar más allá de cierto puesto en una empresa u organización; en cambio, que los hombres son figuras ideales para escalar hasta los puestos directivos. “Es algo que no viene en los libros, que no se dice, pero que existe”.
Ahora bien, cuando pensamos en lo que debemos hacer para combatir esta situación, la doctora mencionaba 3 puntos esenciales:
1) Conocer: “es una cuestión de educación, de enseñar desde las escuelas el dejar de lado los estereotipos, etiquetas, asignación de roles. Esto pega directamente en el corazón de la sociedad, la familia”.
2) Nombrar: “decir las cosas como son, mencionar que una discriminación es una discriminación, que una violencia es una violencia. No dejar pasar ninguna situación como estas”.
3) Accionar: “ya que sabemos como funciona esta violencia, ya que sabemos identificarla y nombrarla, es momento de tomar cartas en el asunto: no debemos permitir que se perpetren más actos de discriminación contra la mujer”.
Son muchas más las consideraciones que debiéramos tomar en cuenta cuando hablamos de violencia sistemática en contra de la mujer. Como decía la doctora María, es obligación de toda la sociedad conocerlas, a fin de que podamos combatirla. Por esta razón, invitamos a nuestros lectores a que escuchen la conferencia completa siguiendo el enlace: https://www.facebook.com/share/ v/1XVb4DzELQ.
Dra. María Alejandra Almazán Barrera
Consejera de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de México
Destacada jurista con una sólida formación académica que incluye la licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Civil, un doctorado en Derecho y un posdoctorado en la misma disciplina. Además, ha complementado sus estudios con diversos cursos y diplomados en áreas especializadas como derecho civil, mercantil, familiar, amparo y derechos humanos, lo que refleja su compromiso con la actualización constante y el conocimiento multidisciplinario.
Su experiencia laboral dentro del Poder Judicial del Estado de México es amplia y progresiva, habiendo desempeñado cargos desde técnica judicial y notificadora, hasta secretaria de acuerdos y auxiliar proyectista en materia civil. Posteriormente, ha sido jueza civil de cuantía menor y de primera instancia, además de magistrada, todos estos cargos obtenidos mediante cursos y concursos de oposición. Actualmente, la Dra. Almazán Barrera se desempeña como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, y también es catedrática en la Escuela Judicial del Estado, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales del derecho.
Presentación del libro
"La Neurociencia aplicada al Derecho. Engranajes Básicos"
La Dra. Magdalena Victoria Oliva, jueza de distrito en retiro, y el Dr. Raúl Anwar García Santos, neurólogo, neurofisiólogo clínico y epileptólogo, presentaron el nuevo libro La neurociencia aplicada al derecho: engranajes básicos, donde se pretende adelantar una cuestión que, dentro de pocos años, veremos que cobra cada vez más relevancia. En efecto, los avances en la neurociencia
nos permiten comenzar a hablar sobre las impliciaciones de esta disciplina en el area jurídica.
En palabras de la doctora Magdalena, su libro conforma una “contribución al diálogo entre la ciencia y el derecho”. Debido a la creencia de que “ya se había escrito todo respecto al Derecho”, el tema que ahora nos compete se presenta como innovador. “A partir de la investigación del cerebro humano y de cómo este toma decisiones, se abre una brecha muy importante a considerar en la profesión de los juristas”, comentaba la doctora.
El libro consta de seis capítulos. En el primero, a manera de introducción, quedan establecidas las bases para que la comunidad jurídica (y, en realidad, cualquiera que no esté versado en neurociencia) pueda entender las cuestiones generales de las siguientes páginas. Entre otras cosas, se exponen las funciones primarias y secundarias del cerebro; especialmente, aquellas que influyen en la toma de decisiones. Asimismo, se trata la cuestión emocional.
El segundo capítulo ya encuentra trascendencia en el aspecto jurídico: específicamente, en cuanto a la protección de la información cerebral.
¿Cómo y en qué lugar se halla nuestro país con respecto a la regulación de esta información? Estas consideraciones dejan al libro ligado inexorablemente ligado a la legislación en torno a la Inteligencia Artificial.
En este punto, se analiza el aprendizaje automático, las redes neuronales y los
sesgos algorítmicos de esta novedosa herramienta tecnológica. Con base en ello, se aborda la cuestión de cómo juzgar la Inteligencia Artificial: “si no nos adelantamos a esta información, nos pondrá en muchas dificultades”, afirma la doctora, sugiriendo que nuestro país debe procurar ponerse al día en dicha
Dra. Magdalena
Victoria Oliva
Jueza de Distrito en retiro
Jueza de Distrito en retiro, Doctora en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Maestra en Derecho por la California Western School of Law, especialista en Derecho Penal y licenciada en Derecho por la UNAM. Es pionera en la aplicación de la neurociencia al derecho en México: cuenta con certificaciones internacionales en neuroderecho, violencia familiar y violencia de género, avaladas por Naciones Unidas. Con una destacada trayectoria en el Poder Judicial de la Federación —desde oficial hasta Jueza de Distrito especializada en sistema penal acusatorio y ejecución de penas— es hoy reconocida conferencista internacional en neurociencia aplicada al derecho. Su libro “La Neurociencia aplicada al Derecho. Engranajes básicos” representa una importante contribución al diálogo entre ciencia y derecho..
cuestión. “Se requieren organismos de gestión y de control que analicen la eficiencia de ese tipo de justicia”.
De lo anterior se desprende, además, la posibilidad de la “justicia-robot”. ¿Está México preparado para jueces robot?, ¿qué hace falta para que lo esté? Como vemos, todos estos constituyen “temas de frontera, en los cuales se invita a todos los lectores a adentrarse a este conocimiento”, nos animaba la doctora.
Además, hay que mencionar que el libro no se limita a presentar un panorama, sino que también adelanta la propuesta de solicitud de pruebas neurocientíficas que puedan explicar el comportamiento humano. La doctora decía que, “de comprenderlas y dominarlas, puedes llevarlas a sede judicial y ministerial.
Incluso, esta línea probatoria puede contribuir a complementar las pruebas que ya existen”.
Finalmente, podemos decir que “el aspecto médico y el aspecto jurídico convergen para analizar toda esta terminología que, como vemos, tiene gran importancia para la labor del jurista; especialmente a la hora de emitir resolución, pues abonará, desde la ciencia, a que la ciencia siga el principio de realidad”.
Sabemos que a más de uno interesará el contenido de este libro. Por ello, los invitamos a escuchar la conferencia completa a través del enlace: https://www.facebook.com/ share/v/1BrCHV1Szb/.
Dr. Raúl Anwar García Santos
Neurólogo, Neurofisiólogo Clínico y Epileptólogo
Neurólogo, neurofisiólogo clínico y epileptólogo. Adscrito en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y en el Hospital Médica Sur. Miembro de la Clínica de Epilepsia del Centro Médico ABC y fundador de la Escuela Mexicana de Epilepsia. Con formación en neurología, neurociencias, epilepsia y neurofisiología en México y Europa, es investigador, docente y coordinador académico en temas de neurología, epilepsia y neurociencias aplicadas. Su experiencia combina la práctica clínica de alto nivel con una fuerte vocación de divulgación y formación médica, siendo una de las voces más autorizadas en el país en la relación entre neurociencia y conducta humana.
Judicialización de las Políticas Públicas
Entrevista exclusiva con la Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Diputada al Congreso de la Unión de México.
La Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, diputada al Congreso de la Unión de México, nos presenta inconformidad respecto a una situación que últimamente se ha dado mucho en el país. Nos referimos a la judicialización de políticas públicas, circunstancia que no puede verse exenta de polémica.
En su conferencia, la doctora hacía un breve repaso de varias reformas constitucionales que “han cambiado la dinámica del país: los abogados tenemos que permanecer actualizados, ahora más que nunca. Es algo muy distinto a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Es un nuevo rostro de la constitución”, mencionaba.
En este contexto, se preguntaba si acaso es judicializable una política. No resulta muy positivo, en opinión de la maestra, pero tampoco lo es politizar la justicia. Se trata de dos extremos en los que a toda costa debemos evitar caer. Por otro lado, su queja tiene que ver precisamente con el primero de tales puntos, constituyendo un vicio que se ha consentido en nuestro país.
El meollo del asunto parece adscribirse a la cuestión de las competencias: los
poderes que conforman el Estado y sus atribuciones deberían estar bien diferenciados y, hasta cierto punto, funcionar de manera autónoma. En cambio, vemos en la práxis que esto no es así y que, en algunos casos, sucede justo lo contrario.
La doctora nos hacía, pues, la pregunta: ¿qué tanto un judicial puede cuestionar una política pública respaldada por votación popular? En todo caso, mencionaba que las leyes que se expidan “solo son judicializables siempre y cuando vulneren derechos humanos, y no de otro modo”.
Por lo demás, hay que aclarar que “la suspensión debe ser para un capítulo específico de la ley que te está agravando, pero no para la totalidad de una ley”, decía. Así, cuando una ley es tratada de revocar por entero mediante orden judicial, la acción se opone al amparo. “¿Dónde queda, entonces, la atribución del Poder Legislativo? Pareciera negarse en su totalidad. Esto es un exceso a todas luces”.
De esta suerte, se ha llegado a una confrontación de poderes en la actualidad. A razón de ello, la doctora nos invitaba a que “determinemos nuestro
ámbito competencial, constitucional y legal. Una política pública de un gobierno avalado por una población mayoritaria y legítimamente electo, democráticamente electo, no tiene por qué sufrir estos atropellos. Podemos establecer cuáles son las normativas que van a respaldar la política de los gobernantes”.
Resulta evidente que esta contradicción no puede sino desembocar en acciones
de inconstitucionalidad, por no mencionar la confusión que se genera entre las atribuciones de cada poder del Estado. Por ello, conviene que escuchemos la conferencia completa que ofreció la doctora Olga, a fin de comprender de mejor forma en qué consiste la problemática y que rumbo podemos seguir en adelante: https://www.facebook. com/share/v/16qziz7hY9/.
La comunicación no verbal: retos y desafíos para acreditar el delito de Violencia Política
La Mtra. Alejandra Romero Galván, especialista en comunicación no verbal y evaluación de la credibilidad, nos ha hecho ver una cuestión que normalmente pasa desapercibida: la violencia de género no verbal. En el plano de la política, incluso hoy en día, esto puede llegar a suscitarse con mucha frecuencia. De ahí que la maestra sintiera la necesidad de evidenciarlo como una práctica sutil de discriminación política hacia la mujer.
“La comunicación no verbal se ha convertido en una herramienta clave para acreditar delitos de violencia política de género en contextos donde las agresiones son sutiles o sistemáticamente negadas: puede tratarse de gestos, posturas, tonos de voz, uso del espacio, exclusiones simbólicas, etc., que se convierten en evidencias con valor probatorio para procesos legales”, decía.
Por ende, la violencia política de género afecta a las mujeres en espacios de toma de decisiones. Si bien es verdad que ha avanzado su reconocimiento, aún persisten consideraciones, especialmente de comunicación no verbal, que permanecen desapercibidos o ignorados.
Por lo tanto, su acreditación enfrenta retos jurídicos, culturales y probatorios. Comentaba la maestra: “hay una pregunta clave alrededor de todo esto: ¿realmente es posible identificar esta violencia a través del lenguaje no verbal? Por supuesto
de Género
que sí, aunque es necesario analizar a profundidad el contexto, además de tener otras evidencias. Se deben buscar actitudes que van dirigidas a minimizar, intimidar y deslegitimizar espacios de poder para las mujeres”.
Entre las claves para detectar estos machismos, señalaba: gestos de desaprobación o descredito, miradas de superioridad, de desdén, ojos hacia arriba, suspiros, mirar el reloj, cruzar los brazos con rigidez, interrupciones no verbales, sonrisa sarcástica, etc., mientras habla una mujer. Asimismo, expresiones asimétricas (como tener una ceja levantada) o sonrisas a medias, que pueden indicar un escepticismo o una burla de manera disimulada. Asimismo, la maestra añadía el análisis del lenguaje paralingüístico: es decir, que si la persona usa un tono paternalista o condescendiente, podría entenderse como una especie de agresión.
¿Cómo acreditar esto como prueba? Pues bien, todo esto puede quedar documentado en forma de videos. Sin embargo, estos clips deben ser tomados en contexto, nunca de manera aislara. El metraje debe ser analizado de manera completa por especialistas. Además, deben tratarse de conductas repetitivas: evidentemente, un bostezo no puede ser considerado como violencia de género si se produce una sola vez.
Es importante establecer que el lenguaje
Omisiones de las Fiscalías ante Desapariciones y Secuestros
La presente nota se reviste de un tono de urgencia y de gravedad que lamentamos mucho. Se trata de una situación que vive en carne propia, como madre y como abogada postulante, la Dra. Mónica Ponzanelli Iturbe, abogada penalista. Durante su conversación con nosotros, compartió la frustración que ha llegado a sentir ante las omisiones de las fiscalías en torno a las desapariciones y los secuestros del país. Como sabemos, gozan de una negligencia impresionante que, honestamente, sorprende por cuanto que es cuestión de vida o muerte el realizar su trabajo.
La doctora Mónica nos contaba su historia con lujo de detalle. El testimonio, aunque crudo, no era sino uno de miles
que tenemos en el país. Sin embargo, precisamente cuando conocemos el asunto a profundidad, recordamos por qué no debemos dejar que estas cifras nos engañen: el hecho de que el secuestro se haya vuelto tan común en nuestro país no significa que debamos normalizarlo, o que debamos adoptar una posición indiferente al respecto. Por el contrario, debería alertarnos de que vivimos en una realidad cada vez más descompuesta.
Cuenta la doctora que el primer día en la fiscalía a Querétaro, mortificada por la desaparición de su hijo, se sentía nerviosa y angustiada. No contribuyó a mejorar su estado de ánimo el ver la manera en que se conducían los funcionarios; al contrario: “al ver la opacidad de la fiscalía, el modo en que trataban a la gente humilde, esa tristeza que tenía se convirtió en enojo, en una frustración tremenda”, dijo.
Como si todo el ajetreo que habría de vivir, yendo y viniendo a la fiscalía cada tanto para aportar evidencias, para pedir informes, para exigir justicia, hubiera de resumirse en unas pocas palabras perentorias, en una ocasión le dijo un policía: “¿Para qué viene todos los días a la fiscalía? No se moleste, no sabemos nada: cuando sepamos algo, le hablamos”. Por supuesto, jamás recibió aquella llamada.
Pero, en realidad, ya no importa que el tiempo siga pasando: sabemos que los momentos más cruciales para localizar
a una persona son las horas siguientes a su desaparición. Con todo, las fiscalías parecieran simplemente ignorarlo o, más bien, hacer caso omiso al respecto. De hecho, cuando la doctora Mónica reportó sobre el caso de su hijo, la fiscalía generó su ficha de búsqueda hasta cuatro días después, tal vez perdiendo toda posibilidad de hallarlo.
Desde entonces, su queja más frecuente es que la Comisión Nacional de Búsqueda, al igual que todas las demás instancias que de ella se desprenden, incluyendo las particulares de cada entidad, “en realidad no sirven para nada”: son los mismos familiares de las víctimas quienes
Dr.
Marco Antonio León Fernández, Abogado
Postulante
Especialista en Materia Penal
terminan haciendo todas las diligencias, a veces incluso rogando a las autoridades que continúen con el proceso.
Con desconsuelo, la doctora comentaba: “lo que yo diga aquí no solo podría servir para mi hijo… sino también para las otras madres. Yo veo su angustia, su desesperación y su pobreza”. Lastimosamente su experiencia la ha hecho perder toda confianza en las autoridades, llegando a creer que no contribuyen en nada a localizar a su hijo. En este sentido, sus palabras se erigen como la opinión de todas las madres buscadoras del país; opinión que, de hecho, resulta bastante incómoda para el gobierno.
Las últimas palabras de nuestra invitada se quedan como un llamado de auxilio: “En fin, yo no necesito que sean amables ni decentes, sino que se pongan a trabajar y busquen a mi hijo, al igual que a muchos otros hijos de tantas madres que los están buscando en el país”.
No hace falta decir que este tema es uno de los más dolorosos en nuestra realidad mexicana. Hay que tener en cuenta que cualquiera puede llegar a enfrentarse a una situación parecida. Por eso los invitamos a no dejar de atender los testimonios de personas como la doctora Mónica, quien ha sido muy amable en compartirnos su experiencia. En casos como este no solo reluce la inseguridad en el país, sino sobre todo la ineficiencia y poca empatía de nuestras autoridades. La conversación puede escucharse completa en el siguiente enlace: https://www. facebook.com/share/v/1CKa5s6JGJ/.
Prueba Pericial en Medios Electrónicos
Tomando en cuenta que la mayor parte de nuestras vidas, hoy en día, no queda sin registro en el mundo digital, cabía esperar que muchos de estos datos fueran usados como pruebas periciales. En este punto convergen Derecho e Informática, dos disciplinas que hasta hace relativamente poco parecían distantes. Por ello, personas con preparación en los dos ámbitos, tales como el Dr. Ivan Díaz González, especialista en derecho informático, ciberseguridad y protección de datos personales, se vuelven cada vez más imprescindibles.
En su conferencia, para ilustrar las cuestiones que involucra el tomar a los medios electrónicos como pruebas periciales, tomaba por ejemplo al correo electrónico: “uno de los más vetustos elementos en este ámbito”. Más específicamente, planteó el supuesto de las notificaciones del SAT a través de dicho medio.
Como perito, uno debe ver cómo se presenta el correo como prueba: ¿bastaría con una fotografía del mismo? No, sino que, según queda establecido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se requeriría de contemplar todo “el mensaje de datos”. Esto, a razón de que, de otra forma, “es bien fácil tirar un correo como prueba en un proceso civil…” Así, en este caso, el
único obligado a demostrar que se envió un correo electrónico es el SAT.
Sin entrar en consideraciones demasiado técnicas, digamos que, para evaluar la carga de la prueba, se requiere evaluar la fiabilidad del método de generación, sustracción, presentación, etc. Adicionalmente, si es posible, la atribución y la ulterior consulta. Tales elementos plantean la regulación mexicana.
Cabe preguntarnos ¿en qué momento el correo surte el efecto de la notificación? ¿Cuándo el SAT lo envía, cuándo se transmite de un servidor a otro, cuándo nos llegó al buzón, cuándo lo abrimos…? El SAT necesita, pues, encontrar la manera de ver que alguien se ha dado por notificado. En este punto encuentran los problemas.
De este modo, pareciera que estos temas pueden ser a conveniencia de cada persona, según los intereses de cada uno. Vemos que hay, pues, un conjunto de lagunas en la ley sin especificaciones claras. ¿Cómo presento, pues, estas pruebas? ¿De qué debe partir este estudio? El doctor Iván nos comentaba que por ello es importante conocer de estos temas, versarse en la materia para que, así, se avance en la legislación de este tipo de pruebas.
Cuanto más, porque, como dijimos
antes, hoy en día hay necesidad de utilizar varios de estos medios como prueba. Caso parecido es el de sistemas de mensajería instantánea como el WhatsApp: ¿cómo comprobar que se le dio notificación a alguien? ¿qué pasa si el usuario desactiva las dos palomitas de visto? ¿qué pasa con los mensajes borrados? Y así un sinfín de preguntas que no se han logrado resolver claramente. Se requiere un estudio a profundidad.
Para adentrarnos más en materia, invitamos a nuestros lectores a que echen un vistazo a este enorme panorama que se extiende frente a nosotros, y que cobrará mayor relevancia en años venideros: https://www.facebook.com/ share/v/1HWqQzVABs/.
Dr. Ivan Díaz
González
Especialista en Derecho Informático, Ciberseguridad y Protección
de
Datos Personales
Destacado Ingeniero y Abogado con más de 19 años de experiencia en Derecho Informático, Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, desarrollada en sectores clave como telecomunicaciones, financiero, fintech, call center, servicios en campo y consultoría. Actualmente se desempeña como Chief Information Security Officer (CISO) y Data Protection Officer (DPO) de dos grupos empresariales y una fintech, además de realizar asesorías independientes en materia de seguridad de la información, gestión de fraudes tecnológicos, protección de datos personales, gobernanza de inteligencia artificial y tecnologías de la información. Ha colaborado activamente en procesos de certificación empresarial bajo estándares internacionales como ISO 27001, ISO 20000, PCI-DSS y el Esquema de Autorregulación Vinculante del INAI.
En el ámbito académico, el Dr. Díaz González posee una sólida formación con títulos en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Derecho, y múltiples especialidades y maestrías en redes, gestión de TI y seguridad informática, además de un doctorado en Derecho. Está certificado en reconocidos estándares internacionales como CISSP, CISA, CISM, CIPM-IAPP, CDPSE, entre otros. Registrado como perito en computación ante el Poder Judicial de la Federación y el CIME, ha participado como perito en juicios mercantiles, penales, civiles, laborales, administrativos y electorales. Como abogado, colabora como socio estratégico en firmas legales liderando áreas de Derecho Informático y Ciberseguridad. Además, cuenta con más de una década de experiencia docente nacional e internacional en niveles de diplomado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, siendo creador de programas académicos y materiales en las áreas de ingeniería y derecho.
El ABC de la Detención Material en el Sistema Penal Acusatorio
Es importante que todos conozcamos, de manera general, en qué consiste una detención, además de cómo debe ser llevada a cabo. Si bien pudiera parecernos una cuestión bastante recurrente en nuestra revista, bastaría tomar en cuenta la gran cantidad de malas prácticas que siguen suscitándose al respecto: esto es indicador de que, en efecto, sigue habiendo mucha ignorancia en torno a las detenciones. Así pues, en un intento por arrojar luz sobre el tema para todos aquellos a quienes pudiera interesar, el Dr. Jorge Andrés Mancilla Montellano, experto en derecho penal y política criminal.
Decía: “la detención es algo que se viene estudiando como un problema un tanto complejo en los últimos años, a raíz de la implementación de la prisión preventiva oficiosa, además de jurisprudencias que se contradicen unas con otras. A los litigantes, en este contexto, a veces les toca apostar por esta detención. En mi conferencia, buscaré dilucidar el camino que debe seguir este tema”.
Una primera manera de definir a la detención sería: “todo aquello que se contrapone al derecho de la libertad personal, contenido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y el 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, existen tres causas por
las cuales se puede restringir la libertad personal de una persona: 1) Orden de aprehensión; 2) flagrancia y 3) caso urgente. Por su puesto, cada uno de estos puntos goza de una legislación que especifica en qué caso resultarán legítimos; especialmente, tratándose de la flagrancia y el caso de urgencia. Como sabemos, estas especies de detención resultan las más polémicas y las que más riesgos comportan. Sin embargo, es la flagrancia “la que se lleva las palmas”, la más usada.
Hay que mencionar que, durante una detención en flagrancia, los detenidos tendrán una serie de derechos garantizados: en el artículo 113 del CNPP, se mencionan, entre otros, la llamada telefónica, el saber el motivo de su detención, el que se le comunique a un familiar, el trato digno, el aportar todas las pruebas que guste, etc.
Ahora bien, la flagrancia está sin duda constituida por el hecho y el delincuente. Si estos no subsisten, no existirá tal flagrancia. Se puede, pues, definir como “el acto por el cual una persona, sin existir orden de juez, priva provisionalmente de la libertad a otra, a quien sorprende en el momento mismo en el que está cometiendo un delito, o bien, cuando se halla en un estado declarado equivalente a la ley”.
Hay que recordar que “la flagrancia no debe presuponerse, sino que tiene que
ser acreditada por la autoridad”. Por lo demás, sabemos que frecuentemente se dan en la práctica una serie de abusos que dejan muy mal parada a la autoridad. Sin embargo, el doctor hace énfasis en la importancia de “volver a tomar la confianza en las autoridades en este México bárbaro”.
Ahora bien, es preciso que las autoridades realicen buenas actuaciones en este sentido para que, a su vez, la ciudadanía pueda volver a confiar en ellos. En todo esto, lo primero sería tomar conciencia sobre qué significa, qué implica y cómo debe llevarse a cabo una detención; especialmente, aquella en flagrancia, puesto que se trata de la más común. Un primer paso para familiarizarse con la cuestión consistiría en mirar la conferencia del doctor Jorge, disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook. com/share/v/19EZEuDd3M/.
Dr. Jorge Andrés
Mancilla
Montellano
Experto en Derecho Penal y Política Criminal Jurista de amplia trayectoria, especializado en Derecho Penal y Política Criminal. Es Licenciado en Derecho y cuenta con una sólida formación académica que incluye especialización en Ciencias Penales, dos maestrías —una en Derecho Penal y otra en Ciencias Penales—, un Doctorado en Derecho Penal y un Postdoctorado en Política Criminal. Actualmente, profundiza aún más en su campo mediante un Doctorado en Criminología. Su carrera en la administración pública ha sido igualmente destacada: ha ocupado cargos clave como policía de carrera en la extinta Policía Federal, Director de Asuntos Penales en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encargado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y Director General de Reinserción Social en Oaxaca, supervisando todos los centros penitenciarios del estado. También ha sido Subdirector General de la Policía Preventiva de Texcoco y Director de Ejecución de Medidas para Adolescentes en esa misma entidad.
Además de su función operativa y administrativa, el Dr. Mancilla Montellano se ha consolidado como un referente en la capacitación e investigación penal. Actualmente funge como Coordinador de la División de Asuntos Legales de la Asociación Táctica de Operadores Latinoamericanos y como Director de Ciencias Penales y Seguridad Pública en el Instituto Congresista de las Ciencias Jurídicas. Es socio nominal de la firma EX LEGE y ha sido asesor y capacitador de múltiples empresas y gobiernos municipales. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas la Certificación por Méritos de la SETEC como capacitador en juicios orales, así como reconocimientos internacionales como instructor policial por asociaciones de operadores tácticos de América Latina. Su excelencia académica ha sido reconocida con la Medalla al Mérito Policial en Texcoco, el galardón Egregius como docente destacado por la UVM y el nombramiento como docente distinguido en 2024 por la Universidad Liceo Pedro de Gante.
Una arista de la derrotabilidad de la norma
Por: Dr. Antonio Albuerne Gómez, Catedrático y Jurisconsulto.
Desde la comodidad de una firma jurídica, juzgado, aula de clases y, más aún, en tiempos de crisis, como actualmente nos encontramos en el Estado mexicano con una implementación de “eliminación de la carrera judicial, introducción de mecanismos de sorteo y elección popular, que generan incertidumbre institucional y comprometen la calidad técnica y ética de la función jurisdiccional”1. Estamos ante la presencia de la derrotabilidad de la norma constitucional y general. “El juez es independiente cuando nada debe, nada teme y nada necesita”2
En la actualidad, es imprescindible estudiar y actualizarnos en la ciencia y tópica del derecho, dado que, al no comprometernos como abogada(o)s postulantes, catedrática(o)s, así como servidoras, servidores públicos judiciales y ejecutivos a cumplir y exigir el cumplimiento del deber de seguridad jurídica3, consiste
1 Ríos Farjat. (Ministra SCJN), Apud. Carlos Soto. X @CarlosSotoM, 09 de mayo de 2025, Cfr. Jornada.com.mx. Política. Impactará reforma judicial en Estado de derecho de México. Viernes 9 de mayo de 2025. Iván Evair Saldaña, 07 de mayo de 2025 21:48, México.
2 Juan A. García Amado. X @JuanAGAmado. Tercer Congreso Internacional. Silex. México 22 de marzo de 2025.
3 A mi consideración, si hay un principio de Seguridad Jurídica previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se desprende un deber de seguridad jurídica, en el que todos los
en la obligación de desarrollar argumentos apegados a normas previamente establecidas al hecho, cumplir con los requisitos esenciales del procedimiento, auxiliarse de precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la ratio decidendi (vinculante y obligatoria), aspectos de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derecho Extranjero, Doctrina Actualizada.
Es decir, se necesita de una interpretación jurídica, siendo un razonamiento intelectual a priori que se va perfeccionando y, vinculado entre el letrado, el objeto de estudio (fenómeno) para conocer, comprender, aplicar, analizar sintetizar4, evaluar, con la finalidad de realizar ecuaciones mentales que participamos en el ámbito jurídico, desde la enseñanza y en el foro judicial, en el que es viviente el derecho, NO se puede derrotar si cumplimos y exigimos que se cumpla con el deber y el principio de seguridad jurídica, así como de legalidad y tutela de jurisdicción efectiva, con respeto en el derechos consagrados en la norma fundamental. 4 Se extrae los elementos esenciales de la figura que se está estudiando, dentro de la Teoría del objeto, teoría del conocimiento, se define la contraposición de las “funciones téticas y sintética”, la primera se refiere al ser y, en el segundo un ser-así, un objetivo del ser y éste del ser-así. Cfr. Alexius Meinong. Teoría del Objeto. Cuadernos de Crítica 13, Instituto de Investigaciones Filosóficas. UNAM, México, 1981, p.11.
con la norma general y su interpretación actualizada por el Tribunal Constitucional (precedentes, jurisprudencia, tesis), e incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ídem), adquiriendo como resultado de esa taxonomía: a) habilidades y destrezas, b) actitudes y valores, c) conocimientos e información para el ejercicio de la abogacía.
En cambio, por comodidad no se cumple con el deber de seguridad jurídica en forma integral y se realiza argumentación cerrada (literal), sin darse cuenta que, el derecho ha evolucionado, generando resoluciones con falsos positivos (condenando) o en su caso falsos negativos (absolviendo), aunado al vació del razonamiento probatorio, la epistemología jurídica es determinante para emitir el fallo.
En consecuencia, la argumentación jurídica, es un pensamiento a posteriori apegado al cientificismo jurídico que da significado5 con justificación de la
5 Cfr. Garza Cuarón Beatriz. Significado. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Coordinación de Humanidades. UNAM. México, 1999, pp. 9,10. Los griegos fueron los primeros teóricos del significado lingüístico, en su afán por entender el conocimiento en sí, sus contribuciones lingüísticas nacen al intentar explicar las relaciones de los seres humanos con los demás seres humanos, y con el mundo.
Platón en el Cratilo, insiste en la relación entre palabra y cosa como el paso indispensable para el conocimiento. Platón piensa que el modo de alcanzar la verdad puede darse sólo a través de la comunicación entre los hombres = “dialéctica”
Aristóteles, le importa la teoría y la realidad, el lenguaje lo considera un instrumento para entrar en la teoría que lleva a conocer el mundo y las relaciones entre los hombres. Teoría triádica de la significación (concepto-palabras-cosa), es una modificación mental para explicar que una palabra no es la cosa misma sino lo que pensamos acerca de ella.
interpretación previamente realizada, sin premisas erróneas, “evitando conflictos entre reglas y principios, logrando decisiones judiciales que lleguen a favorecer la principalización o la legalización del derecho”6
Por esta razón, mi vertiente de la derrotabilidad de la norma general, en primer aspecto, por las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de diciembre de 2024 en especial artículo 19, los jueces no pueden interpretar, ampliar, matizar la norma que impone prisión automática; tratándose una prohibición al control de convencionalidad, principio de ponderación, entre otros, segundo aspecto, por las interpretaciones cerradas que se realizan asiduamente para resolver controversias sin tomar en cuenta. (Lo que dice que no dice la ley)7, siendo omisos en cumplir con el deber de seguridad jurídica.
Por el contrario, la inaplicabilidad de la norma, se familiariza con la integración que tiene su derecho incorporado en el artículo 14 constitucional y obedece a la interpretación conforme -principio indubio pro homine- previsto en la garantía de los Derechos Humanos consagrada en el artículo 1 de la Constitución Federal, siendo una obligación de las Autoridades dar cumplimiento al sistema doméstico de fuente internacional de los Derechos Humanos, ya que al integrar la norma jurídica para la solución al conflicto, es
6 Peña Freire, Apud. Juan A. García Amado. X @JuanAGAmado. Tercer Congreso Internacional. Silex. México 22 de marzo de 2025.
7 Alejandro Gabriel García Nieva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado, Decimoquinto Circuito. Consejo de la Judicatura Federal.
con base al deber y principio de seguridad jurídica, deber y principio de motivación, deber y principio de tutela de jurisdicción efectiva.
En suma, la coexistencia de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es perfecta, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a salvaguardar, proteger, garantizar el principio constitucional pro persona, a través de la interpretación conforme, lo que implica un razonamiento jurídico congruente al interpretar el caso en concreto con el derecho doméstico de fuente nacional e internacional (como son los Tratados de los Derechos Humanos) e incluso aplicar el derecho extranjero, siguiendo la hipótesis que prevé el artículo 14 del Código Civil Federal.
Entonces, la interpretación conforme, no se ciñe únicamente a la norma general de fuente nacional, sino que el operador jurídico, tiene que analizar que norma es más favorable para el justiciable y sopesar las probabilidades de satisfacer el derecho en pugna, por lo que si en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé una restricción y en un Tratado que salvaguarde Derechos Humanos, no se encuentra ese derecho restringido, el titular del Órgano Jurisdiccional, tiene que dar cumplimiento a los tres primeros párrafos del artículo 1 de la norma fundamental.
De hecho, cuando se argumenta, se justifica el significado de la interpretación conforme de manera coherente de la a aplicación de las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Dr. Antonio Albuerne Gómez
Catedrático y Jurisconsulto
Miembro de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos. A.C. Desde sus inicios.
Maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado la UNAM (aprobado con mención honorifica), Doctorado en Derecho, orientación filosófica por el Instituto de Desarrollo Jurídico (aprobado con mención honorifica), así como doctorado en Derecho Civil.
Catedrático en diversas universidades de la República Mexicana a nivel posgrado: especialidad, maestría, doctorado y posdoctorado.
Conferencista a nivel nacional e Internacional.
Abogado postulante en Derecho de Amparo, Civil, Familiar, Mercantil, Derecho corporativo, seguros, Responsabilidad Médica. (Responsabilidad del Estado, demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
Semanario Judicial de la Federación
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Sheinbaum pone en marcha los primeros 15 polos del bienestar
El gobierno de México anunció la mañana de este jueves la puesta en marcha de los primeros 15 “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”, orientados a detonar inversión, generar empleos, ordenar el crecimiento urbano y promover un modelo industrial con enfoque ambiental.
Acompañado por 14 gobernadores y gobernadoras del país (Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora, Quintana Roo, Estados de México, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Campeche, Hidalgo y Durango), la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estos polos combinarán zonas industriales con infraestructura habitacional, educativa y de salud para garantizar un
crecimiento integral y sostenible. “Queremos dejar atrás el desarrollo desordenado, en el que las fuentes de empleo están lejos de donde vive la gente”, afirmó.
La primera mandataria subrayó que el objetivo es atraer empresas de manufactura y servicios, pero respetando condiciones ambientales, de energía y de infraestructura. “Los polos de bienestar tienen el objetivo de cumplir con las condiciones ambientales, de recursos naturales, de energía, de infraestructura que hay en los distintos lugares del país”, dijo.
“Lo que hoy vamos a hacer es firmar los convenios de coordinación para que los
Gobiernos de los Estados puedan iniciar todos los procedimientos que van a llevar a la licitación de quién va a operar cada uno de esos parques y, de hecho, iniciar los trabajos ya en agosto para la instalación de empresas”, precisó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal.
El funcionario detalló que estos polos contarán con incentivos fiscales “sin precedentes” para atraer inversión nacional y extranjera. Entre los estímulos destaca la deducción inmediata del 100% en la inversión de activos fijos nuevos, así como una deducción adicional del 25% en programas de capacitación y otra deducción del 25% para actividades de investigación e innovación.
“Se trata de concentrar el esfuerzo para proveer infraestructura, servicios, dar una serie de facilidades y estímulos fiscales”, indicó el secretario. Además, el gobierno federal respaldará a las empresas para agilizar los trámites y autorizaciones
necesarias.
Sectores estratégicos
El titular de la Secretaría de Economía mencionó que los sectores prioritarios para estos polos son: agroindustria, aeroespacial, automotriz, bienes de consumo, farmacéutico y dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textil, calzado y economía circular.
Además, Ebrard Casaubón mencionó que los primeros proyectos estarán distribuidos en las siguientes ubicaciones: Campeche, Chihuahua (Ciudad Juárez), Durango, Estado de México (Nezahualcóyotl), Guanajuato (Celaya), Hidalgo (economía circular e IFA), Michoacán (Morelia), Puebla (Ciudad Modelo), Quintana Roo (Chetumal), Sinaloa (Topolobampo), Tamaulipas (Altamira), Tlaxcala (Huamantla), Veracruz (Tuxpan) y Sonora (Hermosillo).
Primer Polo del Bienestar se pondrá en Neza: Delfina
Será en el Estado de México donde se construya uno de los 15 que se instalarán en todo el país como parte del programa de Desarrollo Económico
En el Estado de México, se construirá uno de los 15 Polos del Bienestar que se instalarán en todo el país como parte del programa de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) del Plan México. Nezahualcóyotl, en la zona oriente del Estado
de México, será el municipio que albergará el primer Podecobi para integrar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) al desarrollo territorial, incrementar el contenido nacional y lograr una prosperidad compartida, gracias a los efectos económicos y sociales que traerá consigo.
Los detalles
Durante la Mañanera del Pueblo en la capital del país, el Secretario de Economía, Marcelo
Ebrard, explicó que en esta primera etapa serán 15 polos con los que se generarán más de 300 mil empleos en estados como Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Sonora.
“Lo que hoy vamos a hacer es firmar los convenios de coordinación para que los gobiernos de los estados puedan iniciar todos los procesos que van a llevar a la licitación de quien va a operar cada uno de sus parques e iniciar los trabajos ya en agosto, en el mes de agosto ya tendríamos las licitaciones y a partir de ahí ya se empieza la instalación de empresas”, aseguró.
En su oportunidad, la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez agradeció que la entidad sea incluida en este proyecto pues, aseguró, ayudará a la economía de miles de mexiquenses. Agregó que en lo que va de su administración se han generado más de 133 mil nuevos empleos y con el Podecobi esperan seguir incrementando.
“Este Polo les quiero decir que se localiza dentro del corredor Oriente del Estado de México y en él se encuentra el 34% de la población económicamente activa de la entidad así como también se va a transformar un espacio productivo con vocación industrial logística y de servicios. Se estima que tan solo en la etapa inicial de este polo de desarrollo se destinarán cerca de 800 millones de pesos y también se generarán aproximadamente 4,500 empleos”, aseguró la mandataria mexiquense en su intervención.
El Pedecobi ofrecerá incentivos fiscales y facilidades administrativas que fomentarán la actividad económica, y tanto el Gobierno de México como el del Estado de México acompañarán a las empresas que decidan establecerse en el municipio de Nezahualcóyotl.
