Revista Legislatura 154

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Agenda Pública

Por los derechos de las víctimas y la dignidad humana Manuel Añorve Baños

La desaparición forzada de personas es uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos y a la cual se le está haciendo frente en el terreno legislativo y administrativo.

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ara dimensionar esta problemática, es posible señalar que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el reporte entregado al Senado de la República a finales de 2016, se reconoce que más de 30 mil personas fueron reportadas como desaparecidas, existiendo 29 mil registros en el fuero común y mil en el orden federal. Lo cierto es que dichas estadísticas revelan únicamente los reportes que se han presentado ante las autoridades cuando se desconoce el paradero de algún familiar o conocido; lo cual no revela a ciencia cierta la causa de la desaparición.

mil a 20 mil días, para quien cometa el delito de desaparición forzada de personas. También se contemplan mayores penas para quienes ataquen a periodistas o defensores de derechos humanos, protegiendo en todo momento la dignidad humana.

El Estado mexicano es conociente de la gravedad de este problema, ha actuado en consecuencia para hacer frente a la desaparición forzada, aprobando la legislación en la materia y la cual permitirá establecer una coordinación institucional adecuada para actuar ante este grave problema que atañe principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este sentido, el pasado jueves 16 de noviembre el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, promulgó el decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual reforma y deroga, además, diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud,

Cabe destacar que dichas institucionales comenzarán a operar a partir del 2018, y contarán con una partida presupuestal necesaria para iniciar su funcionamiento.

Por su parte, se establece la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como un Consejo Nacional Ciudadano, creando mecanismos institucionales técnicos y profesionales en la materia.

Con una eficaz distribución de competencias y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, se pretende localizar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos; así como investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia. Se trata de una herramienta institucional real, vigente y progresiva, que permitirá combatir la impunidad, al tiempo de defender los derechos de las víctimas y de sus familiares. En este sentido, el Estado Mexicano sigue transformando al país, para poder adecuarse a las necesidades y retos actuales que debemos enfrentar con vigor.

Línea del Tiempo

Entre los aspectos fundamentales de estas transformaciones legislativas, se encuentra el endurecimiento de las penas en nuestro país, dándole 90 años de prisión a quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público; y entre 40 y 60 años de prisión, así como multa de entre 10

*Doctor en derecho por la UNAM @manuelanorve

• A pesar de que la mayoría de los ciudadanos tienen un arma importante para manifestar su voluntad, los niveles de abstencionismo se han hecho presentes. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, de abril de 2012 denominado: Abstencionismo y cultura política en México señalo que: El abstencionismo en las elecciones federales se ha duplicado. Entre 1994 y 2009 se realizaron tres elecciones presidenciales, en las cuales la inasistencia a las urnas pasó de 23% a 41%. En los comicios para renovar la Cámara de Diputados —aunque con altibajos en este mismo periodo— el abstencionismo pasó de 24 a 55%.

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