Revista Gobernanza de participación ciudadana año 3 No 22, MAYO DEL 2025
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Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad del Estado de Hidalgo
E D I T O R I A L
En Revista Gobernanza reconocemos la labor que todos los días realizan Mexicanas y Mexicanos comprometidos connuestropaís
Esta edición de mayo del 2025, es ya, nuestra revista número25yquemayorfestejoquepodercompartircon nuestros lectores una historia de trabajo, esfuerzo y dedicaciónporMéxico.
Por ello, nuestra portada está dedicada al Maestro Ricardo Peralta Saucedo, hombre próvido en la Administración pública, padre ejemplar, hijo entusiasta y amigoleal.
De igual forma, a través del Observatorio Ciudadano de Gobierno,DemocraciayLegalidaddelEstadodeHidalgo se aborda un artículo que analiza la seguridad ciudadana en el estado de Hidalgo; también, se escribe un artículo sobre lo importante que resulta para el fortalecimiento de la Transparencia la presentación de lasdeclaracionespatrimonialesydeinterésque,porLey, deben presentas las personas servidoras públicas en el mesdemayo.
En cuanto a la Salud Mental, el Lic. Emmanuel Cortéz nos proporciona un articulo muy valioso en contenido que aborda la complejidad de la depresión haciendo una semejanza con un hoyo negro... “Ni una estrella, ni una persona,seapagandeundíaparaotro...”
Parafinalizarestaedición,presentamosunartículosobre la importancia de la revocación de mandato como un ejerciciodemocrático.
Agradezco enormemente su lectura a este esfuerzo ciudadano,conelcariñodesiempre,
Héctor Hugo Amador Guzmán.
“Siempre parece imposible, hasta que se hace”- Nelson Mandela
D E R A Z G O
I
L
Justicia SOCIAL. y
Abogado, académico y Activista Social, el Maestro Ricardo Peralta Saucedo es experto en materias como Seguridad, Inteligencia, Antiterrorismo, impartición de justicia, Gobernabilidad, Anticorrupción y rendición de cuentas.
Emerge como una figura emblemática de la transformación gubernamental mexicana, cuya trayectoria profesional refleja un compromiso profundo con la justicia social y la gobernabilidad democrática.
Su paso por la Subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, dejó una huella significativa en la mediación de conflictos sociales y la promoción del diálogo como herramienta fundamental para la construcción de consensos.
Su formación académica sólida, combinada con una experiencia diversa en el servicio público, lo posicionó como un actor clave en la implementación de políticas orientadas hacia la equidad y la inclusión social, enfrentando desafíos complejos que requerían tanto rigor técnico como sensibilidad política para lograr soluciones efectivas y duraderas
La trayectoria de Ricardo Peralta Saucedo encuentra sus raíces en una sólida formación académica que ha moldeado su visión sobre la justicia social y el servicio público Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el grado de licenciado en Derecho, posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma institución, consolidando así una base teórica robusta para su posterior desempeño en el sector público. Esta formación universitaria no solo le proporcionó las herramientas jurídicas necesarias para comprender las complejidades del sistema legal mexicano, sino que también, le permitió desarrollar una perspectiva crítica sobre las instituciones y su papel en la promoción de la equidad social.
Su especialización en áreas estratégicas como la Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y Sistema Penal Oral y Adversarial, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción, refleja un compromiso temprano con temas que impactan directamente en la justicia social.
Estas especialidades no son meramente técnicas, sino que representan campos de acción donde convergen las demandas de seguridad ciudadana con la necesidad de garantizar derechos fundamentales y el acceso equitativo a la justicia. La formación complementaria recibida por la Policía Nacional Francesa en investigación judicial añadió una dimensión internacional a su perspectiva, permitiéndole incorporar mejores prácticas y enfoques innovadores en su trabajo profesional
La faceta académica de Peralta Saucedo, ejercida durante una década como catedrático de la UNAM, revela otra dimensión fundamental de su liderazgo: la capacidad de transmitir conocimiento y formar nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la justicia social
Su participación en conferencias magistrales, diplomados, cursos y talleres sobre el Sistema Penal Adversarial demuestra no solo su dominio técnico de la materia, sino también su vocación por la educación y la democratización del conocimiento jurídico.
Esta combinación de experiencia práctica y reflexión académica configuró las bases de un liderazgo que posteriormente se manifestaría en su gestión pública, donde los principios teóricos encontrarían aplicación concreta en la resolución de conflictos sociales y la promoción de políticas inclusivas.
El nombramiento de Ricardo Peralta Saucedo como Subsecretario de Gobernación en mayo del 2019 marcó un momento significativo en su carrera, consolidando años de experiencia en diferentes áreas del servicio público.
Su designación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras haber ejercido como Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria, representó un reconocimiento a su capacidad técnica y su compromiso con los principios de la llamada Cuarta Transformación
La transición desde el ámbito fiscal hacia la política interior evidenció la versatilidad de su perfil profesional y su capacidad para adaptarse a desafíos institucionales diversos, manteniendo siempre como eje central la búsqueda de soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad
Su enfoque en la Subsecretaría de Gobernación se caracterizó por la promoción del diálogo como herramienta fundamental para la construcción de consensos y la resolución pacífica de conflictos. Durante su gestión, Peralta Saucedo implementó una estrategia de comunicación directa con diversos actores políticos y sociales, sin distinción de "filias y fobias", como él mismo expresó en su toma de protesta
Esta aproximación inclusiva reflejaba una comprensión profunda de que la gobernabilidad democrática requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias Su disposición al diálogo no solo facilitó la mediación en conflictos específicos, sino que también contribuyó a fortalecer las instituciones democráticas mediante la creación de espacios de encuentro y colaboración entre diferentes fuerzas políticas y sociales.
La experiencia previa de Peralta Saucedo como Director de Asuntos Internos de la entonces Procuraduría General de la República proporcionó elementos valiosos para su desempeño en Gobernación, particularmente en lo relacionado con la integridad institucional y la lucha contra la corrupción
Su inclusión en la terna propuesta por el Presidente de la República y la UNAM para la Fiscalía Anticorrupción destacó su reconocimiento como un profesional íntegro y comprometido con la
La gestión de Ricardo Peralta Saucedo al frente de la Subsecretaría de Gobierno se distinguió por su enfoque proactivo en la identificación y resolución de conflictos sociales que amenazaban la estabilidad y el desarrollo del país.
Entre los logros más significativos de su administración se encuentra la exitosa mediación para la liberación de vías férreas en los estados de Michoacán y Puebla, donde diversas organizaciones habían interrumpido el tráfico ferroviario como forma de protesta.
Esta intervención no solo restauró la operación normal del transporte de carga, fundamental para la economía nacional, sino que también demostró la efectividad del diálogo como herramienta para canalizar las demandas sociales hacia soluciones constructivas que respeten tanto los derechos de los manifestantes como el interés general de la sociedad.
La atención al conflicto de ex policías federales que habían tomado instalaciones de diversas dependencias representó otro ejemplo notable de su capacidad para gestionar crisis institucionales complejas. A través de mesas de diálogo y concertación, Peralta Saucedo logró establecer canales de comunicación efectivos entre las autoridades gubernamentales y los ex elementos policiales, facilitando la desocupación pacífica de las instalaciones ocupadas y la búsqueda de soluciones a las demandas laborales y prestacionales de este sector
Esta intervención reveló su comprensión de que los conflictos laborales en el sector público requieren un manejo especializado que considere tanto las necesidades legítimas de los trabajadores como la continuidad de los servicios gubernamentales esenciales para la ciudadanía.
Su participación en la problemática del abasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer ilustra otra faceta importante de su liderazgo social: la capacidad para abordar crisis humanitarias que requieren coordinación interinstitucional y sensibilidad hacia las necesidades más vulnerables de la población.
Las reuniones realizadas para "tender puentes entre las autoridades sanitarias y las madres y padres de familia" evidenciaron un enfoque que va más allá de la mera gestión administrativa, incorporando una dimensión humana y empática que reconoce el sufrimiento de las familias afectadas y la urgencia de encontrar soluciones efectivas. Esta aproximación refleja una concepción de la justicia social que no se limita a la aplicación formal de políticas públicas, sino que busca respuestas integrales a problemas que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos más vulnerables.
El compromiso de Ricardo Peralta Saucedo con la transformación institucional se manifestó claramente en su participación activa en proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.
Su intervención en la problemática de la presa La Boquilla en Chihuahua, a través de la comunicación directa con el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado (Auerech), ejemplifica su enfoque para abordar conflictos que involucran recursos naturales y derechos de comunidades rurales
La "distensión del conflicto a través del diálogo" y la disposición para "escuchar las propuestas de los productores" reflejaron un método de trabajo que privilegia la participación ciudadana y el reconocimiento de las voces locales en la toma de decisiones que afectan sus medios de vida y desarrollo económico
La implementación de mesas diarias para la reactivación de la obra del Tren Interurbano MéxicoToluca, después de haber estado detenida durante año y medio, demostró su capacidad para gestionar proyectos de infraestructura de gran envergadura considerando las dimensiones sociales y ambientales involucradas.
Este caso particular ilustra cómo su liderazgo se orientó hacia la búsqueda de equilibrios entre las necesidades de desarrollo urbano y las demandas de las comunidades afectadas por grandes obras públicas. La realización de "operativos y atención a grupos sociales" evidenció un enfoque integral que no se limitó a la dimensión técnica de la construcción, sino que incorporó mecanismos de participación y compensación para los grupos potencialmente perjudicados por el proyecto.
Su trabajo con los ocho pueblos Yaquis, particularmente con el pueblo de Loma de Bácum, para atender la problemática de la construcción del Gasoducto Guaymas-El Oro, reveló otra dimensión fundamental de su comprensión de la justicia social: el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de obtener su consentimiento para proyectos que atraviesen sus territorios.
El acercamiento logrado con estas comunidades y la "atención y vinculación de diversas dependencias para la atención a las demandas históricas de salud, educación y abastecimiento de agua" demostró una visión integral que reconoce que los proyectos de desarrollo deben contribuir al bienestar de las poblaciones locales y no solo a objetivos macroeconómicos
Esta aproximación refleja una concepción de justicia social que incorpora la dimensión intercultural y el reconocimiento de derechos colectivos históricamente postergados
El legado de Ricardo Peralta Saucedo en el ámbito del liderazgo y la justicia social trasciende los cargos específicos que ocupó y se proyecta hacia una comprensión más amplia sobre el papel de los servidores públicos en la construcción de una sociedad más equitativa
Su trayectoria ilustra cómo la formación académica sólida, combinada con la experiencia práctica en diferentes áreas del gobierno, puede generar un perfil profesional capaz de abordar los desafíos complejos que plantea la gestión pública contemporánea.
La diversidad de su experiencia, desde la administración tributaria hasta la política interior, pasando por la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción, demuestra la importancia de contar con servidores públicos versátiles y comprometidos con el bienestar general de la sociedad.
Su enfoque metodológico, centrado en el diálogo y la búsqueda de consensos, aporta elementos valiosos para repensar las formas tradicionales de ejercer el poder público y gestionar conflictos sociales.
La capacidad demostrada para "conversar y alcanzar acuerdos con todas y todos, sin distinción de filias y fobias" representa un modelo de liderazgo político que privilegia la inclusión y el respeto por
p p q y j enfoque metodológico, centrado en el diálogo y la búsqueda de consensos, aporta elementos valiosos para repensar las formas de ejercer el liderazgo político en sociedades democráticas complejas y polarizadas.
Los logros alcanzados durante su gestión en la Subsecretaría de Gobierno, particularmente en la mediación de conflictos sociales y la promoción de la gobernabilidad democrática, demuestran la efectividad de un liderazgo que privilegia la inclusión, el respeto por la diversidad y la búsqueda de soluciones constructivas a los problemas que aquejan a la sociedad mexicana. Sin embargo, las controversias que marcaron el final de su período en el gobierno federal también revelan las complejidades inherentes al ejercicio del poder público en contextos de alta conflictividad social y competencia política. Su legado trasciende los cargos específicos que ocupó y se proyecta como un modelo de servicio público comprometido con los principios de la justicia social, el diálogo democrático y la transformación institucional orientada hacia el bienestar colectivo.
eguridadS CIUDADANA
enHidalgo.
Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad del Estado de Hidalgo A.C.
La seguridad ciudadana en el estado de Hidalgo ha experimentado transformaciones significativas durante la administración de Julio Menchaca Salazar, marcadas por reformas legales, estrategias de coordinación interinstitucional y esfuerzos para fortalecer la participación comunitaria. Este artículo explora los pilares de la política de seguridad pública implementada bajo su mandato, analizando su alineación con el marco jurídico estatal, los avances en prevención del delito y los retos persistentes en materia de violencia y gobernanza.
La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, reformada en 2023, establece las bases para la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales. Durante el gobierno de Menchaca, este marco legal ha sido instrumental para modernizar las instituciones policiales y priorizar la profesionalización de los cuerpos de seguridad.
El artículo 1 de la Ley enfatiza la prevención de delitos, la investigación criminal y la reinserción social, ejes que han definido la agenda actual.
Un avance destacable es la incorporación de la perspectiva de género en las operaciones policiales,
tal como lo estipula el artículo 14 de la Ley, que obliga a las instituciones a garantizar la seguridad de mujeres y niñas mediante protocolos especializados.
Esta disposición ha permitido la creación de unidades especializadas en violencia de género,
aunque su eficacia aún depende de recursos suficientes y capacitación continua.
Programas Comunitarios y Enfoque Preventivo Bajo el liderazgo de Menchaca, Hidalgo ha impulsado programas como Seguridad en Tu Colonia, que fomenta la colaboración entre vecinos y autoridades locales para identificar
riesgos y reportar actividades sospechosas.
Estas iniciativas se alinean con el artículo 24 de la Ley, que promueve la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, persisten desafíos en zonas rurales, donde la dispersión geográfica complica la implementación uniforme. El artículo 8 de la Ley faculta al gobierno estatal a auxiliar a los municipios en situaciones de emergencia, mecanismo utilizado durante inundaciones en la Huasteca Hidalguense en 2024 para movilizar fuerzas combinadas y proteger a la población.
Este tipo de intervenciones ha fortalecido la percepción de seguridad en comunidades vulnerables, aunque críticos señalan la necesidad de protocolos más ágiles ante desastres naturales.
La Ley de Hidalgo establece en su artículo 21 el Servicio Profesional de Carrera Policial, sistema que Menchaca ha priorizado para eliminar la corrupción y mejorar la eficiencia. Desde 2023, todos los agentes deben aprobar evaluaciones psicológicas, físicas y técnicas, con incentivos salariales vinculados a su desempeño.
Este modelo ha reducido la rotación de personal en un 18%, según datos oficiales,
pero organizaciones civiles exigen mayor transparencia en los procesos de ascenso.
Además, el artículo 11 de la Ley obliga a las instituciones a seguir lineamientos nacionales en uso de fuerza y derechos humanos.
En 2024, se reportó una disminución del 22% en quejas por abusos policiales, aunque casos aislados en municipios como Tulancingo han generado controversia, evidenciando la necesidad de supervisiones externas más rigurosas.
A pesar de los avances, Hidalgo enfrenta presiones por el narcotráfico en corredores como la autopista México-Laredo.
El artículo 9 de la Ley permite al gobernador asumir el mando de las policías municipales en crisis, herramienta utilizada por Menchaca en operativos contra células delictivas en Tizayuca y Pachuca.
Estas acciones han debilitado a grupos locales, pero analistas advierten sobre la fragmentación de cárteles mayores, que podrían incrementar la violencia territorial.
La falta de recursos tecnológicos en municipios pequeños también limita la efectividad. Mientras Pachuca cuenta con cámaras de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial, localidades como Huejutla dependen de patrullajes tradicionales, lo que refleja desigualdades estructurales en la distribución presupuestaria.
Reformas al artículo 8 Bis de la Ley en 2023 ampliaron las competencias de la Secretaría de Seguridad Pública para incluir seguridad vial, respondiendo al aumento de accidentes de tránsito.
Bajo esta modificación, Menchaca implementó el programa Hidalgo en Movimiento, que combina campañas educativas con multas automatizadas por exceso de velocidad. En 2024, se registró una reducción del 15% en muertes por colisiones, aunque organizaciones como México Previene exigen mayor inversión en infraestructura peatonal.
Conclusión: Balance y Perspectivas Futuras
El periodo de Julio Menchaca Salazar ha consolidado un modelo de seguridad basado en prevención, profesionalización y participación, respaldado por un marco jurídico robusto. No obstante, persisten brechas entre zonas urbanas y rurales, así como desafíos en coordinación interinstitucional. Para 2026, expertos recomiendan focalizar recursos en inteligencia policial, expandir programas de reinserción social y fortalecer los mecanismos de transparencia. La seguridad ciudadana en Hidalgo avanza, pero su sostenibilidad dependerá de adaptarse a dinámicas delictivas cada vez más complejas.
Mayo:mesdeladeclaración
patrimonial ydeintereses,
En el estado de Hidalgo, al igual que en todo México, mayo es reconocido como el "Mes de la Declaración
Patrimonial y de Intereses", una campaña nacional que busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el sector público.
Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad del Estado de Hidalgo A.C.
Durante este mes, todos los servidores públicos estatales y federales están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, un requisito fundamental para garantizar la integridad en la gestión pública
Importancia de la Declaración
PatrimonialydeIntereses
La presentación de esta declaración cumple varios objetivos clave:
Promover la transparencia: Al hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades de los servidores públicos, se fomenta una gestión pública abierta y accesible para la ciudadanía Combatir la corrupción: La declaración permite detectar posibles conflictos de interés y prevenir actos corruptos al hacer visibles las relaciones y patrimonio de los funcionarios.
Fomentar la rendición de cuentas: Los ciudadanos pueden verificar que los ingresos y egresos de los servidores públicos sean congruentes y legítimos, fortaleciendo la confianza en las instituciones.
Procedimientoparapresentarladeclaración:
¿Quiénes deben presentar la declaración en Hidalgo?
En Hidalgo, como en el resto del país, están obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses todos los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, estatal y en las empresas productivas del Estado Esto incluye desde mandos medios hasta altos funcionarios. La obligación debe cumplirse antes del 31 de mayo de cada año
SituaciónespecíficaenHidalgo.
El gobierno del estado de Hidalgo ha implementado un sistema propio para la presentación de la declaración patrimonial, con manuales y tutoriales específicos para sus servidores públicos, alineados con la normativa federal Desde el 1 de mayo, todos los servidores públicos estatales deben cumplir con esta obligación para garantizar la transparencia en la administración pública local
La declaración se presenta a través del sistema electrónico DeclaraNet, una plataforma oficial administrada por la Secretaría de Contraloría liderada por el Mtro. Álvaro Bardales Ramírez, accesible en línea. Los servidores públicos pueden optar por presentar una declaración en formato completo o simplificado, según corresponda a su nivel y funciones
El proceso de llenado es sencillo y cuenta con guías y tutoriales para facilitar su cumplimiento. Entre los pasos destacan:
1.Ingresar al portal DeclaraNet con usuario y contraseña.
2.Seleccionar el tipo de declaración (inicio, modificación o conclusión).
3 Completar los rubros solicitados, guardando la información periódicamente
4.Revisar cuidadosamente los datos antes de firmar.
5 Firmar electrónicamente la declaración mediante la firma electrónica avanzada (FIEL) o con CURP y contraseña.
Una vez firmada y enviada, la declaración no puede ser modificada, por lo que se recomienda verificar toda la información antes de la firma definitiva
Consecuenciasdenopresentarladeclaración.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses sin causa justificada puede derivar en investigaciones por faltas administrativas Las autoridades correspondientes pueden requerir al servidor público el cumplimiento inmediato de esta obligación, y la omisión puede acarrear sanciones administrativas
En resumen, mayo es un mes clave para la transparencia en Hidalgo y en todo México, donde los servidores públicos deben cumplir con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses a través del sistema DeclaraNet Esta acción es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana, prevenir la corrupción y asegurar una gestión pública responsable y abierta
¿Quétienenencomún? Agujerosnegrosydepresión:
CUANDO TODO COLAPSA DE AFUERA HACIA ADENTRO
Por Emmanuel Cortez Hernández
En el universo, existen lugares tan extraños que ni la luz puede escapar de ellos. Se llaman agujeros negros, y se forman cuando una estrella enorme deja de brillar y colapsa sobre sí misma. Toda su fuerza y su luz desaparecen, y queda solo una oscuridad que lo absorbe todo.
Aunque suene raro, algo parecido puede pasarnos a las personas. Imagina a alguien que antes reía, salía, tenía energía, hacía cosas que disfrutaba. Con el tiempo, y por distintas razones como una pérdida, una decepción, mucho estrés o dolor acumulado empieza a dejar de hacer esas cosas. Se encierra, se apaga, deja de buscar lo que le hacía bien. Poco a poco, su vida también parece colapsar de afuera hacia adentro. Eso es lo que muchas veces llamamos depresión.
¿Qué pasa con una estrella?
Cuando una estrella gigante se queda sin energía, ya no puede sostener su propio peso. Entonces su propia gravedad la aplasta hacia el centro. Se vuelve tan densa y pesada que todo lo que pasa cerca es tragado: luz, materia, tiempo. Así nace un agujero negro. Desde fuera, solo se ve oscuridad. Pero dentro, hubo una historia de desgaste y colapso.
¿Y qué pasa con una persona?
Algo similar sucede con la depresión.
Cuando alguien deja de hacer lo que le daba alegría o sentido, cuando se aleja de todo para evitar el dolor, empieza un proceso lento de apagarse por dentro. Ya no hay motivación, ni ganas, ni placer. Todo cuesta. Todo se siente gris.
A veces creemos que quien está deprimido solo necesita “echarle ganas”, pero no es así de simple. La persona no está eligiendo sentirse así. Está atrapada en una especie de agujero negro emocional, donde cada vez hace menos y se siente peor.
¿Qué tienen en común?
Aunque uno ocurre en el espacio y otro en la vida, ambos tienen algo en común: un colapso que inicia de afuera hacia adentro. Y lo más importante: en ambos casos, el proceso no es inmediato. Pasa poco a poco, hasta que algo se apaga.
¿Hay salida?
Sí. Aunque parezca que no hay salida, la hay. Los científicos han descubierto que incluso los agujeros negros emiten pequeñas señales de que se acaban. Y en la vida real, una persona que está deprimida también puede empezar a salir poco a poco. A veces basta con un primer paso: hablar con alguien, salir a caminar, retomar algo que antes disfrutaba. No se trata de esperar a sentirse bien para actuar. Se trata de actuar, para empezar a sentirse mejor.
Con ayuda adecuada como la terapia, el acompañamiento o simplemente alguien que escuche sin juzgar es posible volver a conectar con la vida.
La luz puede volver
Ni una estrella, ni una persona, se apagan de un día para otro. Y lo mismo pasa al revés: volver a brillar también lleva tiempo. Pero siempre, siempre, hay camino de regreso. Si tú o alguien que conoces se siente así, no lo ignores. No es flojera ni exageración. Es una señal de que algo necesita cambiar. Habla, busca apoyo, acompaña. A veces, lo más valiente es dar el primer paso fuera de la oscuridad.
de Revocación mandato
Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad del Estado de Hidalgo A C
La revocación de mandato se perfila como un mecanismo clave de participación ciudadana en el Estado de Hidalgo, con un proceso previsto para finales de 2025 Esta figura jurídica, regulada por la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Hidalgo aprobada en agosto de 2023, permitirá a la ciudadanía evaluar la continuidad del gobernador en funciones, en este caso, Julio Menchaca Salazar, quien ha manifestado su compromiso de someterse a este ejercicio democrático
La Ley de Revocación de Mandato de Hidalgo establece que este proceso podrá ser solicitado por al menos el 10% de la lista nominal de electores, lo que equivale a aproximadamente 238 mil firmas, distribuidas en al menos 43 municipios (la mitad más uno de los 84 municipios que conforman la entidad), y con un mínimo del 3% de la lista nominal en cada uno de esos municipios. La solicitud debe presentarse al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) a partir de los tres años de gestión del gobernador, es decir, después del 6 de septiembre de 2025
El IEEH será el organismo encargado de organizar, desarrollar y computar la votación, aunque podrá solicitar apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la transparencia y legalidad del proceso La pregunta que se formulará a la ciudadanía será clara y directa: “¿Estás de acuerdo en que la Gobernadora o Gobernador (nombre) continúe en sus funciones?”, con opciones de respuesta “Sí” o “No”
El gobernador Julio Menchaca Salazar ha reiterado su disposición a someterse a la revocación de mandato, enfatizando que se trata de un mandato constitucional y un compromiso adquirido desde su campaña
Menchaca ha señalado que este ejercicio no solo medirá los resultados de su administración en los primeros años, sino que representa una oportunidad histórica para que la ciudadanía participe activamente en la consolidación de la transformación social y política de Hidalgo
Aunque el presupuesto específico para la realización de la consulta no ha sido detallado formalmente en el Presupuesto de Egresos del Estado, el mandatario aseguró que los recursos no serán un impedimento, y que se garantizará la realización del proceso democrático
La Ley contempla la participación de hidalguenses residentes en el extranjero y de personas en prisión preventiva, garantizando así un ejercicio inclusivo y representativo del electorado
Este aspecto es relevante para fortalecer la legitimidad del proceso y asegurar que todos los sectores de la sociedad puedan expresar su voluntad respecto a la continuidad del titular del Poder Ejecutivo
El proceso de revocación de mandato en Hidalgo representa un avance significativo en materia de democracia participativa y rendición de cuentas
Su implementación permitirá a la ciudadanía evaluar de manera directa la gestión del gobernador y decidir sobre la continuidad o conclusión anticipada de su mandato Este ejercicio, previsto para diciembre de 2025, se convierte en un referente para otros estados que buscan fortalecer mecanismos de control ciudadano sobre sus autoridades
Sin embargo, el éxito del proceso dependerá de la capacidad de convocatoria ciudadana, la transparencia en la organización electoral y la voluntad política para respetar los resultados
Además, la polémica en torno al gasto público y la percepción sobre la efectividad del mecanismo subrayan la necesidad de un diálogo abierto entre actores políticos, sociedad civil y autoridades electorales para consolidar este instrumento como una herramienta legítima y útil para la democracia hidalguense
En conclusión, la revocación de mandato en Hidalgo es un ejercicio democrático que pone en manos de la ciudadanía el poder de decidir sobre la permanencia de su gobernador, fortaleciendo así la participación y la rendición de cuentas en el estado
Su desarrollo en 2025 será un momento crucial para evaluar no solo la gestión de Julio Menchaca Salazar, sino también el grado de madurez democrática y la capacidad de la sociedad hidalguense para incidir en el rumbo político local
TRANSPARENCIA ACTIVA, PROACTIVA Y ¿REACTIVA?
ALAN SUAH ISLAS
Las últimas reformas en materia de transparencia reestructuraron a la administración pública, suprimiendo al organismo autónomo nacional que se encargaba de vigilar el cumplimiento de la ley en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales Esta política de transparencia tuvo dos cambios fundamentales en la época reciente de nuestro país En 2002 cuando se creó el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y luego en 2014 cuando pasó a ser el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), cambio que aumentó alcances y la organización de sus herramientas de vigilancia; con más sujetos obligados y una política nacional que incluía a los organismos homólogos locales en el escrutinio de las instituciones en su ámbito de correspondencia,
así como algo en ese entonces difícil de lograr: integrar en el esquema de revisión a los poderes judicial y legislativo
El extinto INAI logró edificar un Sistema Nacional de Transparencia, integrado por todas estas herramientas, incluyendo como eje de su política a uno de los conceptos más interesantes para la gestión actual de información pública: el de la transparencia proactiva
Para la lucha anticorrupción resulta trascendental hablar de la política de transparencia La transparencia es, en términos muy simples, la posibilidad de acceder a los datos que producen y poseen los entes[1]públicos, así como a la información que generan como resultado de sus funciones Hay un “primer nivel” en la transparencia que refiere a las obligaciones regulares u ordinarias que las instituciones deben dar a conocer continuamente,
como sus directorios, sueldos, convocatorias, etc., que conforman lo que se denomina como transparencia activa, y que se puede consultar tanto en los portales de cada institución, como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Luego, está un segundo nivel de transparencia proactiva, que es cuando las instituciones que poseen datos públicos, consideran relevante organizarlos y/o crear nuevos que ofrezcan la posibilidad a la ciudadanía de conocer qué se hace y cómo con los recursos públicos. Del lado de la ciudadanía, es el derecho de acceso a la información (DAI) contenido en el art. 6
Constitucional el que detona a la transparencia como criterio fundamental del quehacer gubernamental.
El DAI también ayuda a alcanzar otros derechos, facilitando la interacción con procedimientos burocráticos, o permitiendo conocer información personal vital como el historial médico, registros de bienes, etc etc [2]
Generar acciones de transparencia proactiva no es fácil Al menos desde el punto de vista operativo,
la transparencia activa recae más en la vigilancia que tenían los organismos de acceso a la información, tanto nacional como locales en el efectivo cumplimiento de las obligaciones comunes, (y en la capacitación a las unidades de transparencia de cada institución para cumplirlas), pero para las acciones de transparencia proactiva se requiere de la participación de todas las áreas que integra una institución, en las que servidores públicos capacitados
conozcan qué información se produce y qué otra se puede producir que resulte de utilidad pública, a través de un tratamiento documental y de archivo adecuados,[3]así como de una política de digitalización que integre rápidamente documentos y demás en formatos accesibles, abiertos y públicos Los datos aquí se convierten en información que amplía los instrumentos del DAI
Por esta razón son pocos los ejercicios de transparencia en este segundo nivel Solo algunas dependencias federales y algunos casos excepcionales locales han logrado integrar en su planeación acciones de política bajo criterios de transparencia proactiva.
Algunos casos han sido registrados por el propio INAI, como en el Certamen de Innovación en Transparencia (antes de 2022 llamado Premio Nacional de Transparencia), en el que, además, se reconocían desarrollos en materia de transparencia por parte de la sociedad civil (sector prácticamente olvidado en este rubro actualmente).
Hoy, las acciones que generó el INAI y sus homólogos locales no son más que anécdotas. Mucho se ha insistido en que la PNT prevalecerá, pero poco se ha hablado de la forma en que la nueva estructura para la transparencia garantizará al DAI, cuando la autonomía institucional del INAI y homólogos fungía básicamente para legitimar el escrutinio con la distribución de la vigilancia entre los poderes ejecutivo-legislativo-judicial
No obstante, considero que sí puede ser posible alcanzar el DAI aun en una estructura de vigilancia recargada solamente en el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que, en definitiva, es menos probable que en un esquema más plural y horizontal.
Si tomamos en cuenta este aparente nuevo diseño de la política de transparencia, difícilmente podremos descubrir qué tanto las instituciones “van más allá” en la generación de información pública, de modo que no sabremos en qué medida lo que hacen es “proactivo”. Por esta razón es que creo que el prefijo “pro” en este diseño altamente centralizado de la transparencia es un eufemismo.
Ante las solicitudes de información en este esquema, con todo y la continuidad de la PNT, tendremos solamente reacciones de las instituciones públicas, sin parámetros de comparación o recursos que garanticen el DAI, es decir, transparencia “reactiva”. El INAI tampoco logró un esquema mejor. Los recursos de revisión que hacían funcionar al INAI y sus pares estatales como órganos garantes del DAI, parece que trascendieron solo en casos llamativos, o de alto interés político en algunos casos, pero poco serio en el grueso de recursos de revisión interpuestos, además de que las amonestaciones y multas siempre fueron fáciles de resolver (o ignorar).[4]
Sin embargo, estas fallas apuntarían, de hecho, hacia fortalecer más a la estructura del SNT y no a desmantelarla. Se pudo vincular a los recursos de revisión con el ámbito judicial administrativo de forma expedita, aumentar monto de multas y restringir la participación de instituciones amonestadas en compras públicas de altos montos, etc.
Sea como fuere, la política de transparencia “reactiva” del gobierno actual espera para su consumación la homologación de la reforma nacional en cada legislatura estatal, integrando también las funciones de transparencia a sus respectivos gobiernos, y conseguir así un modelo centralizado que implica ventajas de operación, sí, pero más desventajas de legitimidad y efectivo ejercicio del DAI
[1]Aquí hablo de “entes” y no solo de “instituciones” porque hay organismos como fideicomisos que al generar y/o poseer información pública, son susceptibles de ser revisados por la ciudadanía
[2] Por esta razón es que el DAI está vinculado con la protección de datos personales La protección de datos personales es la “otra cara de la moneda” del DAI
[3] Para este segundo nivel, la transparencia proactiva requiere de una política de archivo moderna, estable y homogénea En este sentido, la transparencia se apoya del Sistema Nacional de Archivo (SNA), fundamental para un Sistema Nacional de Transparencia (SNT)
[4] Parecería que la principal motivación del cambio es, no obstante, la primera cuestión
