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Políticas Públicas

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Los C.A.J. en Córdoba ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS

Ya están funcionando seis Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en la ciudad de Córdoba, más uno en Deán Funes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación promovió la creación de estos espacios de acompañamiento a la comunidad, en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional, como una herramienta útil para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

“Existe la obligación de ofrecer a la ciudadanía un servicio de Justicia que garantice los derechos de cada ciudadano y al mismo tiempo de la sociedad toda” (Néstor Kirchner)

Los ciudadanos, sujetos de derecho

“Salimos a abordar a quienes requieren de los servicios que ofrece el CAJ, distribuimos folletos en instituciones religiosas, lo difundimos en radios comunitarias evangelistas, en las instituciones del barrio”, nos cuentan en la Asociación Civil Recursos Humanos de Barrio Müller, donde todos los días se atiende las diferentes demandas de la comunidad. “Violencia familiar, atraso en las cuotas alimentarias, régimen de visitas; se plantean muchos problemas de familia. La idea es que un mediador, un facilitador barrial y un equipo interdisciplinario que incluye a trabajadores sociales y psicólogos provoque el acercamiento y colabore en la resolución de los conflictos.”

En el centro de Córdoba, en la peatonal Rivera Indarte, funciona otro CAJ. Su coordinador explica las experiencias cotidianas: “Hubo un caso de menores en riesgo, con su mamá con graves problemas de adicción. Estaba el caso en la Secretaría del Menor y la Familia (Senaf) de la provincia, que es la autoridad de aplicación. Estuvo dos años el caso en este organismo y actuamos sobre el caso buscando colaborar para que se agilice; se consiguió otorgarle la guarda a la abuela, cuando en una salida automática es posible que se hubiera terminado en la institucionalización de los menores. Y no termina ahí nuestra participación, sino que es un trabajo continuo de seguimiento.”

Articular con otros organismos públicos

“Debemos estar atentos muchas veces para subsanar o corregir la manera de actuar de otros agentes públicos que a veces actúan como un mero empleado administrativo descuidando la tarea de contención que deben ejercer; muchos aún no tienen claro que enfrentamos a un sujeto de derecho y no a un simple beneficiario. Con el municipio buscamos articular con los CPC (Centros de Participación Comunal) y las Áreas de Promoción Social y sumar todo, hasta con sus talleres culturales y de oficios, al sistema de contención que nos proponemos llevar adelante. En los CPC de Pueyrredón y Empalme hemos encontrado buen eco, tienen la mejor predisposición y nos consideran un complemento para su tarea en el barrio. Las adicciones es uno de los problemas recurrentes; es preocupante lo que sucede con el Instituto Provincial del Alcoholismo y la Drogadicción (Ipad), por la situación de colapso o abandono en que se encuentra. El Coordinador del CAJ tiene la tarea de vincularse con las instituciones oficiales.

A veces, lo que vemos en instituciones de la provincia, no es falta de predisposición ya que hay acciones individuales muy rescatables, sino el colapso de los organismos o la incompetencia e inadecuada formación de los empleados.”

Integración con la comunidad

“Debemos lograr que los Centros de Acceso formen parte de la comunidad, del barrio, de los barrios aledaños y que sean incorporados como propios. Una presencia material y no solo a través de la política pública sino también con los trabajadores que se desempeñan en los CAJ”, explica una asistente social que trabaja en Centro América.

En el Centro Vecinal de Barrio Centro América cada vez más vecinos se acercan al CAJ, a pesar de funcionar, por ahora, solo los días martes.

“El vecino se debe sentir acompañado, aun cuando la respuesta no pueda ser inmediata; el acompañamiento, que puede llevar tiempo, es lo que en definitiva podrá alcanzar la resolución del problema; el abandono del trámite, por hastío, por lo complejo, por falta de recursos para trasladarse donde se localizan las oficinas públicas, debe ser corregido con nuestra

Los CAJ en Córdoba

Estos son los Centros de Acceso a la Justicia que ya están funcionando en la ciudad de Córdoba: Barrio Centro. Rivera Indarte 170, 1° Piso (Galería Pasaje Muñoz). Lunes a viernes de 9 a 16 horas. Te. 0351 4233728 y 4332143 Barrio Cabildo. Centro Integrador Comunitario (CIC), Colorado y San Rafael. Lunes a Viernes de 9 a 17 horas. Te. 0351 4937758 Barrio Müller. Obispo Castellano 51 (Asociación Civil Recursos Humanos), Lunes a Viernes de 9 a 17 horas. Te. 0351 4419217 Barrio Centro América. Centro Vecinal, Amalia Sánchez Ariño 2450, Martes de 10 a 15 horas Barrio General Savio. Escolástico Magan s/n, Salón de Usos Múltiples (SUM), Miércoles de 10 a 15 horas Barrio Granja de Funes. Comisión Vecinal, Ricardo Lagranda 5928, Mzna9 Lote 8, Jueves de 10 a 15 horas

colaboración y seguimiento”, dice un joven abogado que trabaja en la populosa barriada de General Savio.

Un objetivo desde los CAJ es empoderar a los vecinos para que se consideren sujetos de derecho. Una cosa que el Estado, a través de sus políticas públicas, los considere sujetos de derecho y otra cosa es lograr que el mismo vecino empiece a comprender que tiene derechos y eso a su vez le da derecho a exigir su cumplimiento y respeto. “A muchos les cuesta entender que posee derechos y lo que hacemos en todo caso es facilitarle el acceso a esos derechos.”

El trabajo es arduo; es romper con cierta naturalización que existe en términos de desconocer muchos derechos, algunas alternativas o salidas para resolver ciertos conflictos.

Los conflictos más frecuentes

Se observan muchos problemas vinculados al género: hay como un rol prestablecido socialmente que debe ocupar la mujer y otro el varón. Cuando hablamos de la nueva legislación que tenemos en estos últimos ocho años, muchas veces se escucha “ah, no sabía que esto podía ser así”.

El coordinador debe ayudar a vincular al CAJ con las instituciones sociales del barrio, legitimadas socialmente como un centro de jubilados o un centro vecinal. Acercarse a estas organizaciones naturales del barrio, es acercarse y conocer el pulso de la comunidad.

La mediación comunitaria cumple un papel fundamental; es un cambio paradigmático: es pasar de entender que la solución de un problema puede venir a través de un tercero, llámese juez, llámese mediación judicial o arbitraje a pasar a entender que como ciudadano y vecino, con derechos y obligaciones, se puede lograr una solución en conjunto y que el compromiso vale más que una carta documento; el compromiso asumido cara a cara, mirándose a los ojos. Esto es empoderar a los vecinos como sujetos de derechos.

A diferencia de los operativos de los organismos del Estado Nacional, que son muy efectivos, pero que cumplen la tarea en dos o tres días y después se retiran del territorio, el CAJ tiene una presencia permanente y eso permite el seguimiento de las situaciones conflictivas planteadas por los vecinos. Además, para muchos cordobeses trasladarse al centro de la ciudad es un verdadero problema; estar en el territorio implica garantizar la presencia del Estado en los territorios.

Un rol fundamental de los coordinadores de los Centros.

Acercar al vecino las políticas públicas

“Hay experiencias que reflejan los beneficios de las políticas públicas nacionales; vemos mucha gente que ha accedido a la seguridad social, porque entró en las moratorias y se pudo jubilar, que accedieron a pensiones no contributivas por discapacidad o madre de siete hijos”, sostiene uno de los coordinadores.

Hay 39 CAJ en todo el país y está abierta la posibilidad de abrir nuevos como parte de una política de acercamiento al ciudadano, al vecino. La idea es también generar un proceso preventivo de los problemas.

El fomentar talleres en instituciones o en las escuelas, busca impulsar lo que se denomina la faz preventiva, de manera de no trabajar en adelante sobre el problema sino alentar a generar condiciones para la prevención.

Impulsamos la reunión de vecinos, que se organicen para intercambiar experiencias y buscar juntos las soluciones.

El vecino ve al CAJ como el Estado presente con sus políticas públicas. Ve a un compañero que le puede dar una mano. Encuentra quizás a alguien poseedor de conocimientos técnicos que lo puede ayudar a resolver sus problemas con instituciones del Estado. Todo esto, la legitimación de los CAJ por parte de los vecinos, se nota por el incremento de la afluencia diaria.

El incremento de la afluencia a los CAJ se refleja en las estadísticas: “En 2010 en el primer Centro que se abrió, tuvimos 201 consultas; en 2011 tuvimos 524 y en lo que vamos del año, hasta agosto, ya llevamos 972.”

Mientras las políticas públicas alcanzan mayor presencia en los territorios el conflicto social tiende a disminuir. Es directamente proporcional.

Durante décadas, la presencia del Estado en las poblaciones más desfavorecidas del país estuvo circunscripta casi exclusivamente a la acción punitiva o a la intervención, ocasional y oportunista, en tiempos electorales. La ecuación era perversa y limitada: encontrar culpables o encontrar votantes, nunca sujetos de derecho, nunca personas. Lejos de aquellos tiempos de movilidad social ascendente, la marginación de vastos sectores sociales comenzó a formar parte del paisaje o la estadística y se naturalizó de tal modo que muchas veces se asume la pobreza como una condición natural y no como la imposición de un sector social sobre otro, que solo la intervención efectiva del Estado puede dirimir. Despojadas las condiciones de vida mínimamente aceptables, las poblaciones marginadas de los beneficios de la sociedad deben afrontar frecuentemente dificultades adicionales a las ya existentes, que requieren de la acción del Estado para ser resueltas. Pero esa intervención, para ser efectiva, no debe ser nunca espasmódica, sino continua, sostenida a lo largo del tiempo, de manera de garantizar, día a día, la inclusión de nuevos actores.

Del prólogo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en El Acceso a la Justicia como Política Pública de Alcance Universal, Año 2011.

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