Por Alexis Oliva / Página

Cinco detenidos en la “causa de los magistrados” acusados de complicidad con la dictadura Una sacrílega semana de justicia

La camioneta del Servicio Penitenciario parte rumbo a la cárcel de Bouwer trasladando al ex juez Carlos Otero Alvarez.

En seis días de zozobra para la “sagrada familia”, los cinco ex jueces y funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba, acusados de complicidad con la dictadura, fueron detenidos por orden del juez Daniel Herrera Piedrabuena. Los ex magistrados Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez -uno de los que dictó la primera condena a Menéndez- están en la cárcel de Bouwer, mientras que al ex fiscal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Molina y Ricardo Haro se les concedió la prisión domiciliaria por razones de salud. El intrincado y extenso derrotero de una causa que desnuda uno de los pilares institucionales de la dictadura “cívico-militar” y desafía con la ley en la mano los pactos de impunidad al interior de la corporación judicial.

por Alexis Oliva

Lunes 24 de agosto de 2012, 15.55 horas, Tribunales Federales de Córdoba. Cuando el ex juez Miguel Ángel Puga bajó de su Citroën de alta gama no consideraba ni remotamente posible lo que le ocurriría media hora más tarde, al finalizar su indagatoria: -¿Y ahora… a dónde voy yo? –preguntó perplejo quien fuera el titular del Juzgado Federal N° 2 durante la dictadura militar. -De acá a la Alcaidía y de ahí al Servicio Penitenciario –le respondió el juez Daniel Herrera Piedrabuena, subrogante del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, antes de ordenar a un policía que tampoco terminaba de asumir la situación: -Póngale las esposas.

Ya prevenidos, los familiares del siguiente imputado aparecieron el martes con una importante valija. Pero el ex fiscal Antonio Cornejo tuvo más suerte, porque al menos logró que se le concediera la prisión domiciliaria por razones de salud. “Algún día, si salgo libre, hablaré”, anunció.

Fueron las primeras y sorprendentes escenas que dejó la semana más adversa en la historia de la corporación judicial cordobesa, en este caso, en lo que respecta a su complicidad con el terrorismo de Estado, investigada en la causa “Cornejo, Antonio Sebastián y otros por supuesta infracción a los artículos 248, 274 y 277 del Código Penal”, más conocida como “de los magistrados”.

Los artículos aluden al funcionario público que dicte “órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales (…) o que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”; o dejara “de promover la persecución y represión de los delincuentes”; o “no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al

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autor o partícipe de un delito ya conocido” o directamente incurra en “encubrimiento”.

En este caso, los delitos no investigados ni denunciados fueron las detenciones y allanamientos ilegales -por carecer de orden judicial-, los robos, las torturas -en muchos casos, denunciadas por las propias víctimas-, un caso de aborto, abusos sexuales y los asesinatos de una treintena de presos políticos que estaban a su cargo en la cárcel de barrio San Martín (UP1), cometidos en 1976 y presentados públicamente como supuestos intentos de fuga.

Laberinto de amistades

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada el 27 de septiembre de 2007 por los abogados Rubén Arroyo y Miguel Ceballos, en representación de Luis Miguel Baronetto, ex preso político, víctima de detención ilegal y torturas y esposo de Marta Juana González, asesinada el 11 de octubre de 1976 en uno de aquellos fusilamientos colectivos. Las causas siempre llevan el nombre de los imputados, pero ésta se llamó “Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud”. Sin duda era irritante que un caso penal llevara el nombre de un miembro del Poder Judicial. La extraña carátula preanunciaba los obstáculos que debería sortear. A pesar de referirse a los mismos hechos de la causa UP1, la jueza Cristina Garzón de Lascano le dio curso por separado y luego se inhibió invocando que su marido había sido abogado de Cornejo.

¿Herejes o renacentistas?

El histórico avance de la investigación de la complicidad de los magistrados con la dictadura militar fue posible gracias a una inédita conjunción de factores. En primer lugar, la tenacidad de los querellantes, que durante estas trascendentes jornadas sólo estuvieron acompañados por unos pocos ex presos políticos, militantes de H.I.J.O.S y familiares de víctimas, lo que ilustra la soledad de su lucha. Y en segundo término, la coincidencia de un juez al que la condición de “forastero” le permite escapar a la telaraña de vínculos corporativos, con un fiscal joven, progresista y no comprometido con la “Sagrada Familia”. A Daniel Herrera Piedrabuena y Carlos Gonella se los puede explicar desde dos hipótesis: como casos excepcionales, producto de alguna anomalía o error en la “matrix” judicial; o -mejor aún si así fuera- como exponentes de una nueva Justicia, de un “renacimiento democrático” que suceda al largo reinado del oscurantismo conservador. El tiempo dirá.

Un móvil de la Policía Federal retira de Tribunales al ex defensor oficial Luis Molina.

También se apartaron los fiscales Graciela López de Filoñuk y Enrique Senestrari, por “amistad íntima” con los imputados Haro y Molina, respectivamente.

Tras los apartamientos, se hicieron cargo el juez Alejandro Sánchez Freytes y el fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien en julio de 2008 promovió acción penal contra el ex fiscal Alí Fuad Alí -hoy desafectado por incapacidad- Puga y Cornejo y desestimó las denuncias contra Otero Álvarez, Haro y Molina. El juez hizo lugar a la desestimación y a los tres primeros los sobreseyó por prescripción de los ilícitos, a los que no consideró de lesa humanidad. Recién entonces Sánchez Freytes notificó a los querellantes, que recurrieron a la Cámara Federal de Apelaciones y lograron que se declarara la nulidad de todo lo actuado. Sánchez Freytes se tuvo que inhibir por haber adelantado opinión y Vidal Lascano fue recusado por su actuación (en esos días, sugestivamente, Otero Álvarez nombró como empleada en su tribunal a la hija de Vidal Lascano). El fiscal de la Cámara, Alberto Lozada, se inhibió por amistad con Alí. Y la querella recusó al fiscal Maximiliano Hairabedian porque había opinado a favor de Otero Álvarez.

Sin “jueces naturales”, un sorteo determinó que la causa quedara a cargo del juez Herrera Piedrabuena. El fiscal Carlos Gonella fue designado como subrogante. Mientras tanto, dos factores habían revitalizado la investigación: los testimonios comprometedores para los magistrados recogidos en el juicio oral de la UP1; y el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que entre sus conclusiones expresó que los actos imputados a Otero Álvarez “sin lugar a dudas, constituirían causal de mal desempeño ya que manifiestan una actitud colaboracionista del magistrado con los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado y una falta de apego a los principios constitucionales”.

Pero el impulso más categórico se lo dio la propia Cámara cuando en su fallo de abril de 2011 consideró que los delitos que se atribuían a los acusados “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”. Sobre esta base, el fiscal Gonella -con la colaboración de su colega de Villa María, Carlos Facundo Trotta- amplió la acusación, que hoy abarca los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de la obligación de promover acción penal -en calidad de autores- y de aplicación de tormentos y privación ilegítima de la libertad -como cómplices secundarios-, y comprende a 119 hechos que así se distribuyen entre los acusados: Otero Álvarez (93 hechos), Haro (9), Puga (7), Cornejo (7) y Molina (2).

Previendo lo que se venía, los familiares de Antonio Cornejo acudieron a tribunales con una abultada valija. Foto: Gentileza www.conclavepolitico.com.ar

Torre de impunidad

Cuando llegó a Córdoba en octubre de 2010 -mientras se desarrollaba el juicio UP1 o “Videla”-, al juez Herrera Piedrabuena le asignaron un rincón en la biblioteca, rodeado de libros viejos. El (des)trato que le dispensaban los empleados bien podría definirse con el poco docto pero certero verbo “ningunear”. Desde entonces, el mote de “el riojano”, enunciado en tono despectivo, encubre el rechazo de la corporación a quien ha mostrado un criterio independiente para aplicar la ley. A tal punto rige aún el “quite de colaboración” que en estos días en que se intensificó el trabajo el juez tuvo que traer desde La Rioja en una camioneta el equipo informático que no le provee la Justicia Federal de Córdoba. Fijar para las indagatorias un atípico horario vespertino fue un intento del juez de atenuar el clima hostil en la torre de Tribunales, donde por la tarde no queda casi nadie.

El más comprometido de los acusados es Carlos Otero Álvarez, quien fuera secretario penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma -fallecido el 5 de enero de 1984-, bajo cuya responsabilidad estaban los detenidos “especiales” de la UP1. Sobre su actuación en aquellos años, ya en 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución número 22/88, del caso 9850 (relacionado con la denuncia del ex preso político Héctor López Aurelli), había establecido que Zamboni “no sólo juró las actas institucionales de la dictadura, sino que todo su accionar se encuentra en complicidad con los genocidas”. Incluso señalaba que “su complicidad con los asesinatos de presos políticos que estaban a su disposición también parece probada”.

Veinte años después, el juicio UP1 demostraría hasta qué punto su secretario compartía esa responsabilidad. Al testificar, el ex preso político Manuel Cannizzo relató que a fines de junio del ‘76 presentó a Otero Álvarez dos denuncias: “A la D2, por las torturas, y otra al personal militar por lo que nos estaban haciendo (los asesinatos y golpizas). A fines de julio, me citaron nuevamente y el secretario Otero me comunicó que se había dictado una resolución sobreseyendo al D2 de Informaciones, porque en ese período había ingresado personal militar y por no poder diferenciar responsabilidades se sobreseía”. En esa ocasión, Cannizzo le planteó que su compañero de celda Hugo Vaca Narvaja había sido amenazado de muerte varias veces por los militares: “Me dijo que no era pertinente presentar un habeas corpus, porque estaba a disposición del PEN y por lo tanto el juzgado no podía tomarle la denuncia. Entonces, le planteé que se lo estaba diciendo personalmente yo, que tomara mi denuncia, pero no lo hizo”. El 12 de agosto del ‘76, Vaca Narvaja fue fusilado clandestinamente junto con Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil.

Durante el juicio, Jorge De Breuil -hermano de Gustavo- narró el diálogo que mantuvo con un represor que lo torturaba e interrogaba en el campo de La Perla: “Me pregunta por mi ubicación dentro de la organización Montoneros. Yo le respondo que eso estaba siendo investigado en la causa en la Justicia Federal, a cargo de Zamboni Ledesma y su secretario Otero Álvarez. A lo que se ríen y me responden que ellos eran del Comando Libertadores de América (la versión cordobesa de la Triple A)”.

La acusación es difícil de comprobar, pero el caso del estudiante de medicina Horacio Siriani, salvajemente torturado y asesinado en el D2 el 11 de abril de 1975 -cuando era un bastión policial del Comando Libertadores-, demuestra que tampoco se investigaba a los represores antes del golpe militar. Días después del crimen, Zamboni, Otero y el entonces fiscal Alí realizaron una inspección ocular en la que entrevistaron a los detenidos con la víctima, quienes “estaban tirados en el suelo y cubiertos sus rostros con capuchas”. Uno de ellos era Dardo Koch: “Nos quitan las capuchas y se presenta el secretario del juez federal. Además de que no se encontraba

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El ex defensor oficial, camarista y conjuez de la Corte Suprema, Ricardo Haro (derecha), acompañado por su abogado Benjamín Sonzini Astudillo.

Foto: gentileza H.I.J.O.S. Córdoba.

ningún policía en toda Informaciones, tampoco había pruebas de que habíamos sido detenidos, ya que faltaban las últimas hojas del libro de entradas. Nadie supo jamás quiénes estuvieron de guardia, ni se preguntó demasiado sobre el tema”. Elocuente anticipo de la ferocidad represiva dictatorial, el caso Siriani es también un paradigma de la actitud encubridora de la Justicia.

Vecino de sus condenados

El miércoles 29 de agosto, Otero Álvarez llegó con su abogado Marcelo Brito, quien no quiso responder a esta revista hasta que no finalizara la indagatoria. El letrado solicitó al juez que les exhibieran los expedientes originales, por lo que luego de cuatro horas se pasó a un cuarto intermedio hasta el sábado. Al retirarse, Otero encaró para el hall donde aguardaban los querellantes y unos pocos periodistas, pero un policía le ofreció el ascensor de los jueces para “evitar las fotos de la prensa”. El acusado aceptó con una sonrisa y manifestó: “Muchas gracias por todo, a todos… y a todas”.

Al día siguiente fue el turno de Luis Molina, ex defensor oficial, acusado por no haber denunciado el asesinato de Florencio Díaz -uno de los seis fusilados el 11 de octubre del 76- ni las torturas sufridas por David Lanoscou. Quienes asistieron al juicio de la UP1 tienen más presente la respuesta de Molina a María Teresa Sánchez, ex presa política en la UP1 y hoy abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, cuando le contó que había sido encerrada en una celda de castigo por resistirse a una requisa vejatoria: “Vos no querés hablar y además no te querés sacar la bombachita… Así no vas a salir nunca”.

Este ejemplar funcionario fue invitado en 2008 por el Colegio de Abogados de Córdoba a disertar sobre la figura del defensor oficial, según recuerda el querellante Ceballos: “Fuimos con Baronetto y al terminar la charla le dije a Molina: ‘Usted es un caradura. Nos quiere explicar el instituto del defensor oficial, cuando en los años ‘70 ocupaba ese cargo y no hizo nada por los presos políticos mientras los torturaban y asesinaban. Usted es una vergüenza para la República’”.

Otro imputado de esta causa, Ricardo Haro, ex defensor oficial, camarista entre 1976 y 1994 y conjuez de la Corte Suprema entre 2002 y 2011, era uno de los conferencistas anunciados en un curso de posgrado sobre Derecho Procesal Constitucional organizado en 2010 por el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero Miguel Martínez, representante de la familia del riocuartense Raúl Bauducco -ejecutado en el patio de la UP1 el 5 julio de 1976- lo denunció públicamente: “Iba a disertar sobre ‘La Constitución y los derechos humanos’, no cualquier tema. Hicimos un planteo en el Tribunal del juicio de la UP1 y una impugnación periodística en Río Cuarto. El Colegio salió a apoyar a Haro, porque alegaron que iba a hablar de un tema absolutamente técnico y jurídico y que operaba el principio de inocencia. Pero el día de la conferencia Haro adujo problemas de salud para no concurrir”.

Haro declaró el viernes, acompañado por su abogado Benjamín Sonzini Astudillo. Mientras aguardaban en el hall, una comunicadora de H.I.J.O.S. Córdoba encendió una cámara de video. “No le preste atención, es una estrategia de la querella para amedrentarnos”, le advirtió Sonzini a su representado, quien también terminó arrestado con prisión domiciliaria. Según trascendió, Molina y Haro se limitaron a hacer una declaración general, afirmando que habían actuado “según la ley, sin recibir órdenes de nadie”, y que habían estado presentes como defensores cuando los presos políticos eran acusados.

El sábado por la mañana, Otero Álvarez y Brito volvieron a negarse a hablar con El Sur, aunque prometieron declaraciones “al terminar el acto procesal”. “Pero… ¿van a salir por esta puerta?”, preguntó este cronista. Otero no contestó y su abogado miró de soslayo. Ese día, el ajetreo del piso séptimo contrastaba con el resto de la desierta torre del Parque Sarmiento. Mientras se

“Son delitos de lesa humanidad”

Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, dejaron sin efecto el primero de agosto pasado el sobreseimiento dictado por la Justicia Federal de Santiago del Estero, a favor de los ex jueces Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, acusados por su actuación como juez y fiscal durante la dictadura militar, cuando las patotas de Antonio Musa Azar asolaban la provincia.

El tribunal santiagueño los había sobreseído por prescripción de la acción penal al considerar que sus actos ilícitos -cometidos entre 1975 y 1976- no fueron “sistemáticos” ni “generalizados” y por lo tanto no son delitos de lesa humanidad. En su fallo unánime, Casación aclaró que estas exigencias no se refieren a las conductas individuales sino al “ataque a la población civil” del que esas conductas son parte, razonamiento que podría aplicarse a los imputados en el caso de Córdoba, incluso a aquellos que están acusados de pocos casos.

Al fundamentar su voto, el juez Hornos afirmó que “las denegaciones al acceso a la justicia denunciadas fueron, justamente, piedra basal de la impunidad con la que se movieron los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos. En efecto, la omisión de actuación fiscal y judicial resulta probablemente el caso central -paradigmático- de lo que constituye aquiescencia de las autoridades en la comisión de crímenes contra la humanidad”.

El postergado desahogo de los familiares de las víctimas de la UP1 y querellantes de esta causa: de izquierda a derecha, Pablo Balustra (h), Olga Tello (cuñada de Diana Fidelman), Miguel Ceballos (h), Luis Baronetto (viudo de Marta González) y Olga Acosta (viuda de Miguel Mozé).

Córdoba, capital de la dictadura cívico-militar

por Alexis Oliva

Si a la investigación de los fusilamientos de la UP1 se la conocía como “la causa maldita” de la Justicia Federal de Córdoba, fue justamente por la actitud de los magistrados frente a aquellos crímenes, reveladora de la complicidad del estamento judicial en lo que hoy se define certeramente como “dictadura cívico-militar”.

En ese sentido, fue tan justo como simbólicamente apropiado que -como pidieron los querellantes- Jorge Rafael Videla encabezara la nómina de acusados, por ser el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), bajo el que estaban a disposición los presos políticos de la cárcel de barrio San Martín. Por analogía, también debía procesarse a los jueces y demás funcionarios judiciales responsables de esos presos “legales” asesinados.

No fue así porque quienes comenzaron a instruir la causa encontraron un subterfugio para no incluir a sus pares en el mismo proceso, imputando a Videla no como responsable institucional por su condición de presidente del facto, sino como jefe máximo de la represión, lo que habilitó a que sólo se sentaran en el banquillo ex uniformados -de verde y de azul-.

Tanto en ese juicio como en las confesiones del propio Videla al periodista Adolfo Ruiz, publicadas en la edición de julio de esta revista, quedó también a la vista la indispensable complicidad de la Iglesia Católica, mucho más allá del “pecado de omisión”.

En ese listado de actores civiles, fue igualmente trascendente la cordobesa Fundación Mediterránea, como usina ideológica y proveedora de cuadros “técnicos” al plan económico de entrega patrimonial, destrucción laboral, exclusión social y especulación financiera pergeñado por la dictadura.

Si en aquellos años de plomo a alguien se le hubiera ocurrido postular a Córdoba como capital de la dictadura cívico-militar, hubiera encontrado fundamentos de sobra. indagaba a Otero Álvarez, los abogados de Puga y Molina intentaron sin éxito mejorar la situación de sus clientes antes de que el juez regresara a La Rioja. También acudió Pablo Reyna, actual Procurador del Tesoro y secretario de Justicia durante la gestión de Juan Schiaretti, a solidarizarse con Otero Álvarez, quien es padrino de una de sus hijas. Por esas casualidades de la aldea cordobesa, entre los testigos propuestos por la acusación figura el ex ministro de Justicia Luis Angulo, quien fue abogado de ex presos políticos en los años ‘70 y ya declaró contra Otero ante el Consejo de la Magistratura.

Luego de ocho horas de indagatoria, ni el acusado ni su abogado salieron por el hall. Al terminar la indagatoria, Brito se retiró raudo por el pasillo y el ascensor interno. Luego le diría a radio Cadena 3: “La medida no es objeto de reproche ni de recurso de nuestra parte, por ahora”. Se refería a la orden de detener a Otero Álvarez, quien marchó esposado y con escolta policial a la cárcel de Bouwer. La misma que aloja a varios de los represores que él mismo condenó en 2008, cuando se dio el lujo de integrar el tribunal que dictó -en la causa Brandalisis- la primera sentencia a prisión perpetua contra Luciano Benjamín Menéndez.

El presidente de aquel tribunal, Jaime Díaz Gavier, dijo estar “compungido” y consideró “grave” la detención de su “intachable” colega, a quien salió a respaldar: “Tengo la certeza de que aquellos episodios de los cuales se lo acusa son infundados, claramente no ajustados a derecho”.

“Hay que distinguir absolutamente la responsabilidad institucional de jueces, que sí tienen capacidad de decisión y que eran quienes en definitiva recibían a través de declaraciones de los detenidos y acusados en esa época. (…) Quien recibe esa declaración, esa denuncia es el juez, son los fiscales, y son ellos los que tenían que proceder en consecuencia. El secretario no puede resolver absolutamente nada en ese sentido”, explicó Díaz Gavier en declaraciones a Radio Mitre.

Paradójicamente, lo dice quien también presidió el juicio de la UP1, donde se generó gran parte de la prueba documental y testimonial en que se basan estas detenciones. Al hacer pública su opinión, Díaz Gavier se estaría autoexcluyendo de integrar el tribunal que eventualmente debería juzgar la conducta de Otero Álvarez durante la dictadura militar.