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por alExIs OlIVa

El “qué te pasa, Clarín, ¿estás nervioso”, de Néstor Kirchner, aquel 9 de marzo de 2009 en un acto en el partido bonaerense de Tres de Febrero, fue mucho más que una inspirada chicana. Al desafiar al grupo mediático, lo desnaturalizó, lo historizó y -como dice Horacio “Perro” Verbitsky- lo hizo subir al ring.

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Era un momento político difícil. El kirchnerismo acababa de perder las elecciones en Catamarca -según Clarín, culpa de la visita del ex presidente y titular del PJ- por lo que el embate no era menor: “En Todo Noticias o Todo Negativo se dijo el sábado que Cristina no debía ir a Mendoza. ¿Por qué estás tan nervioso Clarín? Utilizá el medio para informar y no desinformar a la gente, que ya se da cuenta de cómo son las circunstancias. Para ese diario sólo el peronismo no debe seguir en el gobierno. No dice que el gobierno de Catamarca hace 17 años que está en el poder”. “No queremos vivir bajo monopolios mediáticos”, sentenció Néstor.

Cuatro años antes, el presidente Kirchner había firmado un decreto. “Esta medida significa la consagración del monopolio informativo y la entronización de los Grandes Hermanos mediáticos que pusieron su poderío comunicacional al servicio de un modelo de exclusión que enterró en la pobreza a más de la mitad del pueblo argentino”, rezaba el comunicado que redactamos y firmamos Juan Carlos Giuliani y quien esto escribe, como secretarios general y de prensa del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren), el 26 de mayo de 2005.

Nos referíamos al decreto 527 por el cual el entonces presidente concedió “un período de gracia de otros diez años a licenciatarios de radios y televisión, beneficiando así a los propietarios de los mismos grupos que favoreció el menemismo y que han convertido la comunicación en un negocio y no en un bien social”.

La Central de Trabajadores de la Argentina -todavía una sola en aquel tiempo- hizo propio el comunicado y lo difundió a todo el país. Para los actores de la coalición de trabajadores de prensa, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales y universidades, que en 2004 habían presentado al Poder Ejecutivo los 21 puntos para una Radiodifusión Democrática, fue un baldazo de agua fría.

Desde aquella decepción, pocos creían que el mismo Néstor o después Cristina Fernández pudieran tener el coraje político no sólo de arremeter contra el decreto-ley de la dictadura -hasta entonces inmune- sino de reemplazarla por una verdadera norma para la democracia, que hiciera propios los 21 puntos elaborados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática.

Mucho menos en el contexto de la secuela de golpes y derrotas sufridos por el kirchnerismo desde el inicio del conflicto del “campo”, disparado por la resolución 125, que tuvo el instantáneo efecto de aglutinar al antiguo poder latifundista devenido en agroempresariado sojero, a lo peor de la oposición política y a los medios de comunicación más concentrados. Así llegarían el voto “no positivo” de Julio Cleto Cobos, la caída abrupta en imagen e intención de voto, el drenaje de funcionarios “irritantes” y la derrota de Néstor del 28 de junio de 2009. En todo ese proceso, los grandes medios asumieron una desembozada actitud de militancia manipuladora, que apeló ya no sólo a la desmemoria histórica de la clase media argentina, sino a una amnesia de corto plazo como la del protagonista de la película Memento.

Cuando el Gobierno lanzó en marzo del 2008 las retenciones móviles a la soja, los medios cuestionaban que “gobiernan por decreto”. Cuando la 125 fue enviada al Poder Legislativo, propalaron hasta el hartazgo la definición del ruralista Alfredo de Angelis: “El Congreso es la escribanía de la Casa Rosada”, y también el rumor de que “van a apretar a los Gobernadores”. Cuando Cleto volteó la 125, predecían: “Lo van a obligar a renunciar”. Cuando Kirchner se candi-

dateó como diputado por Buenos Aires, iba a ganar con “la billetera, el aparato y las mafias”. Cuando Kirchner perdió, Cristina tenía “los días contados”... Obviamente, jamás hubo una ínfima referencia autocrítica a las predicciones mediáticas fallidas. Se entiende, estaban cebados.

Sin embargo, a veces la política se parece al ajedrez, y visto desde el presente aquel decreto 527 fue como entregar un caballo a cambio por lo menos de la reina enemiga y quizás del jaque mate al rey. Es que Clarín, más que “nervioso”, estaba cebado. Y el 10 de octubre de 2009 le tocó quedar en un jaque que todavía hoy elude gracias a ciertos jueces que le habilitan el “pido gancho” de las cautelares.

“Kirchner ya tiene la ley de control de medios”, titulaba “el gran diario argentino” al día siguiente, acusando el impacto al personalizar y demonizar lo que era una conquista popular, alcanzada tras una larga lucha de actores sociales legítimos y consecuentes y gracias a un gobierno que tuvo el coraje de cristalizar aquellos 21 puntos en una herramienta para la construcción de la democracia comunicacional. Así, con 146 votos a favor en Diputados -donde la oposición se retiró- y 44 a 24 en el Senado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 tuvo en el Congreso Nacional un parto tan sano como legítimo y mandó al basurero de la historia al decreto-ley 22.285 de la dictadura.

Era curioso escuchar a Oscar Aguad, conspicuo protector de represores policiales, defender la “libertad de expresión”; o a Arturo Miguel Heredia, vocero legislativo de la radio del stablishment cordobés, preocuparse porque la ley “perjudica a los pobres”; o al senador Adolfo Rodríguez Saa oponerse a la ley porque “es autoritaria, controla, no deja hacer”; o a Eduardo Duhalde -responsable político del asesinato policial de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán- denunciar al “Estado policíaco de los Kirchner”.

A su vez, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos Calderón, en una asamblea de la patronal Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), alertaba sobre “los peligros para la libertad de prensa”, al vaticinar que el proyecto de la Ley de Medios iba a derivar en un “organismo de control omnipresente, parcial, sin autonomía real, que convierta al Poder Ejecutivo en una especie de Gran Hermano que pueda regular la actividad periodística”.

El repetido lamento de los oligopolios mediáticos y sus voceros políticos contrasta con una opinión de Frank La Rue, relator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión: “Argentina tiene una ley de avanzada. Es un modelo para todo el continente y para otras regiones del mundo”. Y también lo desmiente la eliminación del Código Penal de las figuras de “calumnia” e “injurias”, impulsada por el Gobierno y aprobada por amplia mayoría en el Congreso en noviembre de 2009.

En el documental “La ley que nos parió”, producido en la Escuela Popular de Medios Comunitarios del Centro Miguel Angel Mozé, el periodista Sergio Tagle destaca que “Kirchner en sus primeros años desplazó la política del set de televisión a la calle. Solamente eso ya era una novedad absoluta”. Y recuerda la columna editorial de José Claudio Escribano, publicada el 15 de mayo de 2003 en el diario La Nación, donde afirmaba que la Argentina había resuelto darse “un gobierno débil” y “por un año”. “Eso no iba a ser así en tanto y en cuanto el Presidente electo no se metiera con los militares ni con el Fondo Monetario, no tocara las privatizaciones… -cita Tagle-. Es decir, en tanto y en cuanto no hiciera todo lo que efectivamente hizo. Para el poder real, Kirchner ya no era solo un presidente que les desagradaba por su estilo. Pasó a ser su enemigo, y actuaron en consecuencia”.

Complementaria del “sacar la política de la televisión a la calle”, es la popularización de la discusión en torno a los medios de comunicación como “un actor político más”, un tan asombroso como necesario cambio producido en estos diez años de kirchnerismo. Tal vez el reclamo del pequeño Agustín de “ver a Cristina en la vida real” y no en la tele sea un símbolo de ese salto cualitativo en la conciencia crítica colectiva.

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