3. Las clases en búsqueda de alternativa

Conclusión 353

Baste recordar que casi un tercio del total de la tierra y más dela mitad de la propiedad privada ha sido redistribuida. La cuestión fundamental es entonces: a. que dicho proceso no ha significado una transferencia real de la tierra, debido a que en mayor proporción se ha entregado colectivamente y que esta forma de asignación en la práctica ha significado el control estatal y no campesino; y b. que el proceso ha sido muy limitado, dado que no ha involucrado sino a una fracción minoritaria del total de la población rural y, sobre todo, que ha dejado de lado a los sectores relativamente más expoliados y marginados, quienes además ostentan derechos históricos sobre la tierra.

La reforma presenta así el contrasentido de haber cancelado el régimen de hacienda aunque sin satisfacer el "hambre de tierras" que secularmente ha sido motivo de contradicción en el campo. Es cierto que contra la imagen tradicional, el Perú está muy lejos de ser un país dotado para la actividad agrícola, pues sus recursos básicos no sólo son limitados sino que han sido sistemáticamente depredados durante el período colonial y contemporáneo por una forma de explotación absolutamente discordante de los intereses de las mayorías; esto impone límites muy concretos a cualquier esfuerzo redistributivo. No obstante, no cabe duda alguna que las mismas áreas afectadas por la reforma, de haber sido adjudicadas siguiendo otras modalidades habrían disminuido en lugar de acentuar el desbalance hoy existente en la estructura agraria.

El problema radica en que bajo la apariencia cooperativa se trató de poner en marcha un nuevo proceso de modernización de las relaciones productivas y de concentración capitalista (le la tierra, que como reacción ha generado la oposición del campesinado a las nuevas unidades empresariales.

El proceso confirma, por ello, el carácter subordinado que asume la organización cooperativa, en función del tipo de relaciones económicas y políticas en las que se articula y que determinan su naturaleza última. Ilustra también un nuevo tipo de contradicciones secundarias que pueden darse entre las cooperativas y el contexto estructural en que se originan, a partir de las características específicas de las organizaciones asociativas y de las posibilidades de expresión de los intereses de clase que permiten a los trabajadores que involucran.

De ahí que en un intento de balance global del significado de la reforma agraria pueda afirmarse que ésta trastocó básicamente las modalidades de explotación económica y de dominación social, desplazando a gran parte de las fracciones de clase que basaban su poder en la tierra, aunque sin modificar la estructura económica del agro en sus características fundamentales. El sentido de este cambio acaba enfrentando directa, aun cuando todavía no concer

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tadamente, al proletariado agrícola y al campesinado con el capital no agrario y el Estado que lo representa. 3. Es posible afirmar, además, que el programa no pudo convertirse en un eficaz instrumento de desarrollo rural, ni tampoco plasmar una transformación de las formas y niveles de participación campesina en los términos que se propuso el régimen militar, ni en el que requiere la transformación estructural de la sociedad peruana.

Culminada la reforma, la dinámica económica deja entrever una persistencia del subdesarrollo capitalista, que reproduce la heterogeneidad económica y social del agro y disminuye su capacidad productiva, en detrimento tanto de los recursos naturales como de los niveles de existencia de la gran mayoría de la población rural. En términos sociales, es posible percibir también, como una tendencia central asociada a este curso, la profundización del proceso de semiproletarización, la marginación de vastos sectores rurales, y los desequilibrios que afectan tanto al agro como a la urbe.

Por otra parte, políticamente es posible comprobar una convergencia de los sectores radicalizados de la CNA y los núcleos más lúcidos de la CCP y el surgimiento de contradicciones que reclaman la redefinición global del nuevo esquema de distribución de la tierra. Esta tendencia revoca absolutamente las pretensiones corporativas del gobierno militar y, a condición que el sistema permita la supervivencia de la organizaciónlaboral campesina, podría constituir un avance cualitativo en la organización de los sectores populares.

Consecuencia no desdeñable es la que atañe a la cultura e identidad de los sectores indígenas. Para éstos, en las circunstancias actuales, medidas justas de reconocimiento a sus patrones culturales, como la oficialización del quechua de 1975, han quedado sólo en buenas intenciones, pues la lógica misma del sistema determina que sigan dominados y marginados culturalmente, como antes de la reforma, dejando en pie el problema de la débil integración nacional.

Como lo muestran estos hechos, el rumbo actual del proceso parece irremisiblemente orientado no sólo a reproducir sino incluso a agudizar el conjunto de contradicciones que dieron lugar a la transferencia de la tierra cumplida por el gobierno militar y a hacer evidente la necesidad de nuevos cambios en el agro.

Desde esta perspectiva, el examen hasta aquí realizado, en lo que atañe a la estructura agraria, la economía rural y la dinámica social en el campo, permite afirmar que, globalmente, la reforma agraria representa un fracaso puesto que ninguno de sus objetivos finales: la eliminación del subdesarrollo agrario y la marginación campesina, han podido cumplirse.

Conclusión 355

II

¿Cómo explicar los resultados de la reforma?

La reforma del agro se dio en el contexto de un proceso definido por dos características: a. una readecuación de la economía del país, en la que se pretendió el desarrollo del capitalismo estatal y se privilegió los intereses del gran capital monopólico; y b. la cancelación del régimen oligárquico y el intento de reemplazado por una red de relaciones de poder de tipo autoritario, que también suponía la marginación política campesina. Proceso en el que, además, no se satisfizo ni siquiera como medio de legitimidad, la secular aspiración campesina por la tierra. . l. El proceso de transformación dirigido por el gobierno militar incluyó, en materia agraria, una doble dinámica absolutamente contradictoria. Mientras que por un lado se recomponía el esquema de tenencia y propiedad de la tierra (véase cap. III), por el otro se aplicaba una política económica adversa al agro (véase cap. IV).

Dicha política en cuanto orientación de la producción, subsidios, inversiones, créditos, asistencia técnica, desarrollo regional, transferencias, impuestos, no sólo no contribuía a atenuar las características estructurales del subdesarrollo capitalista, es decir sudependencia, descapitalización, desequilibrio regional, sino que por el contrario las ha agudizado. En tal contexto, el despegue de un proceso de desarrollo rural no dependía de la organización empresarial que asumiera la nueva estructura, sino que quedaba librado a los términos de relación del agro con los otros sectores productivos, que el juego económico y la acción estatal fuesen definiendo.

Así, casi al mismo ritmo que el agro cambiaba de faz, por lo menos en lo que atañe a su organización formal, la industria de bienes de producción requeridos por el agro y la industria de transformación primaria de productos agropecuarios, controladas en buena parte por capital monopólico transnacional expandían sus actividades, al mismo tiempo que los grupos comerciales intermediarios afirmaban su presencia en la economía rural. Este proceso estuvo acompañado por un vigoroso intento de formación de un área de capitalismo estatal, destinado a asumir parte de las tareas de mediación económica y también parte de las tareas de edificación de una base industrial sólida, estrechamente vinculada al capital productivo y financiero extranjero. Dado lo limitado del circuito de acumulación, el desarrollo de ambos sectores se hizo a sus expensas.

Sin embargo, como la dinámica del agro no era la de una sostenida expansión, capaz de incrementar sustantivamente el mercado interno, tanto de la industria de bienes de consumo como de bienes de producción, el proble

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ma de ¿a dónde dirigir el limitado excedente agrario? se decidió a través de la mediación estatal. Por consiguiente, paulatinamente los dispositivos oficiales restringieron las posibilidades de redistribución del excedente entre los trabajadores de las empresas reformadas, lo que significó concentrar el esfuerzo de ampliación del mercado en la industria básica. En corto tiempo se descubrió que los recursos del sector eran insuficientes, aun para este fin. Se optó entonces por la solución de asegurar, a través de los precios, considerables sobreganancias a los sectores industrial y comercial, como modo de superar las limitaciones del mercado. Tal solución, en la medida que ampliaba el intercambio desigual, comprometía toda posibilidad de acumulación, repercutiendo en la depresión de las unidades empresariales y sus trabajadores.

Como se ha propuesto en el cap. IV, es el capital monopólico nacional y transnacional, privado y estatal, el que está detrás de los sectores económicos directamente beneficiados con el deterioro del agro y, por ende, es a la política económica estatal, que los favorece, a la que debe responsabilizarse por la persistencia del subdesarrollo agrario. Continuidad que hace precarias la posibilidad de legitimidad política a partir de la base económica, supuesta en el tránsito de hacienda a cooperativa. 2. Si las modalidades y mecanismos de explotación económica son factores indispensables para el examen del proceso político, no constituyen en sí mismos factores suficientes para su explicación. En este sentido, cabe recordar que en experiencias como la mexicana, el predominio del capital monopólico e intermediario y el establecimiento de nuevas formas de relación entre ellos, el Estado, el agro asociativo y la economía campesina, no se han opuesto a la incorporación del campesinado al sistema político, sino que más bien han permitido convertirlo en uno de los baluartes desu estabilidad. Por consiguiente, es en el tipo específico de relaciones políticas que se dan en dicho marco estructural donde debe analizarse la causa del fracaso de los intentos gubernamentales de integración campesina.

Se ha señalado ya que uno de los rasgos fundamentales del régimen oligárquico era sustentarse en una base económica caracterizada por la sobre explotación del trabajo. Para mantenerla era necesaria la existencia de un Estado excluyente, ajeno a las demandas sociales de la base y con una función fundamentalmente represiva. Con las reformas el experimento militar buscó superar tal base económica, pero no precisamente mediante una democratización política. Hacerlo hubiera significado contrariar los principios de acción institucional que habían permitido al grupo reformista su acceso al poder y tornar extremadamente vulnerables los términos de su conducción.

Históricamente, tal actitud encontraba asidero en que las corrientes políticas del reformismo democrático, en la medida que habían pretendido