c. La fragmentación campesina

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anteriomente sujetos a servidumbre, quienes al recibir directamente tierras se convirtieron en propietarios individuales. Lo mismo ocurrió con los miembros de los Grupos Campesinos, en los que si bien la propiedad de la tierra es asociativa, la posesión y el trabajo son individuales.

Una situación de este tipo puede encontrarse en el Cusco, entre los antiguos colonos y arrendires del valle de La Convención. De ellos 6,648, amparados sucesivamente por las leyes 14444,15037 y 17716, abandonaron sus obligaciones de corte señorial, fragmentaron las tierras de las haciendas y se asociaron en cooperativas de servicios, con lo que dieron al valle una nueva configuración de clase, pese a la subsistencia de grupos subordinados a este sector emergente.

El otro componente del sector parcelario, los miembros de las comunidades campesinas, fue ostensiblemente discriminado por la reforma, puesto que casi no le otorgó tierras. Sin embargo, se establecieron diferencias entre los pocos que resultaron beneficiados directamente, los miembros de comunidades formalmente beneficiadas a través de su adscripción a SAIS y CAP y quienes no fueron favorecidos en absoluto.

Es entre comunidades socias y no-socias donde con mayor claridad puede percibirse la nueva diferencia. Ninguna de las dos obtuvo tierras, pero las primeras, si estaban afiliadas a empresas prósperas consiguieron pequeñas ayudas, mientras que siestaban asociadas a empresas en crisis se vieron obligadas a trabajar para ellas. Por su parte, las no-socias continuaron trabajando de modo tradicional.

Un ejemplo de lo expuesto es lo ocurrido en las comunidades del valle del Mantaro, departamento de Junín, involucradas en el ámbito de influencia de las anteriores negociaciones: Sociedad Ganadera del Centro, Sociedad Lanera del Centro y Sociedad Ganadera Tude. En esta región, de 65 comunidades potencialmente aptas para asociarse a la SAIS Cahuide, organizada en base a las tierras de las tres empresas expropiadas, sólo 29 fueron calificadas como beneficiarias. Consecuentemente, de un total de más de 8,000 familias comuneras existentes en el área, la reforma benefició formalmente a 3,550, quedando como no-beneficiarias cerca de 4,450, es decir más de la mitad (Montoya et al. 1974).

Los campesinos semi proletarios

Por último, la enorme masa de minifundistas o de trabajadores sin tierras adscritos a unidades domésticas campesinas fueron totalmente postergada por la reforma. Este sector contaba entre sus miembros a pequeños propietarios, arrendatarios y poseedores en comunidades, cuyo

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acceso a la tierra era extremadamente limitado, viéndose obligados a depender de un salario como otra fuente de subsistencia. De ahí que sus componentes debieran cubrir el tiempo sobrante y adquirir el ingreso mínimo restante empleándose de modo temporal en otras unidades campesinas o en las empresas modernas, para lo cual debían ausentarse de sus propias comunidades por periodos de hasta más de seis meses, constituyendo el número más importante de los trabajadores eventuales migrantes.

Poco o nada hizo la reforma agraria por ellos. Las zonas que los acogían, por ser fundamentalmente campesinas, no fueron involucradas en el programa de transferencia de la propiedad. Al mismo tiempo en las empresas continuó el trato discriminatorio. Situación agravada por el hecho que en la década de reformas, este sector semi-proletario así como el de proletarios eventuales experimentaron cuantitativamente una mayor expansión.

Si se considera el conjunto de cambios expuestos, puede afirmarse que la reforma introdujo en el campesinado nuevas causales de diferenciación y fragmentación social. Pero el curso impuesto por la economía agraria no hizo sino acentuar las tendencias de marginación previamente existentes, por lo que finalmente se reprodujo y en ciertos casos se amplió la brecha. social y cultural que separaba al campesinado de los sectores sociales dominantes.

2. La participación campesina

En lo político, el proyecto de integración campesina formulado por la reforma agraria significaba su incorporación subordinada a la estructura estatal, de la que históricamente se había mantenido separada. Tal propósito demandaba, a su vez, modificar drásticamente el papel de sus organizaciones representativas y el contenido de sus demandas, cooptando a la organización campesina, y ampliar en este sector y restantes clases rurales los márgenes de influencia política e ideológica del Estado y así alterar las relaciones de poder.

Como balance de lo acontecido a este respecto pueden percibirse tres resultados fundamentales: a. que en el contexto de las transformaciones económicas y sociales realizadas gran parte de la configuración del poder tradicional se desdibujó, con el consiguiente reforzamiento de un Estado central; b. que fue dominado el mayor obstáculo al programa de cambios, es decir, la resistencia de la burguesía agraria y de la clase terrateniente; y c. que el Estado, pese a estas inmejorables condiciones, no consiguió sino un éxito parcial y coyuntural en el intento integracionista y corporativo, implícito en sus planes de participación social y política del campesinado, para concluir

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enfrentándose a un inesperado reforzamiento no sólo de la movilización campesina, sino también de la autonomía clasista de sus organizaciones.

Las causas principales a las que puede atribuirse esta otra frustración son: el alcance limitado y segmentario de la reforma, que benefició fundamentalmente a quienes ya se encontraban de algún modo incorporados al sistema, es decir, a los trabajadores de las unidades más desarrolladas de la costa y sierra; el estilo autoritario y vertical con el que se dirigieron las transformaciones e incluso la movilización de las bases; la desarticulación del propio proyecto militar; y, finalmente, la respuesta del campesinado que, si bien inicialmente respaldó este proyecto y sirvió de importante asidero al gobierno militar, concluyó desarrollando un conjunto de contradicciones y rescatando para sus propios intereses políticos los mejores logros experimentados durante el proceso.

La dinámica del mismo puede apreciarse al analizar específicamente el intento gubernamental de establecer una única instancia sectorial que le sirviera de organismode mediación con el campesinado, intento desbaratado por la movilización de las mismas bases sobre las que se quería actuar.

Como se ha señalado, el proceso de reforma agraria estuvo decididamente influido por la respuesta campesina. Sin embargo, sería errado suponer que esta interrelación fue unívoca y que no tuvo como corre lato importantes modificaciones en las formas de organización y movilización anteriores, e incluso en el reforzamiento del movimiento campesino.

Tal situación respondió a la particular necesidad del gobierno militar de apelar al campesinado, a causa de su significación en la sociedad nacional y su relativo atraso político, intentando hacer de él uno de los soportes sociales de su proyecto de autonomización y diferenciación frente a los tradicionales grupos dominantes. Resulta evidente que dicha política no fue general ni consecuente, pues simultáneamente se buscó el apoyo de otros sectores sociales, incluso antagónicos al campesinado, en un intento no de alianza sino de incorporación vertical y particularizada de éstos. Pero, en términos generales, y pese a su selectividad, el efecto concreto fue estimular la intervención del campesinado en la reforma agraria, dentro de modalidades que fueron estableciéndose en el curso mismo del proceso.

El desarrollo de los sucesos significó que, una vez iniciada, la acción campesina rápidamente reivindicara demandas más allá de las que el gobierno estaba dispuesto a aceptar y que pugnara por su autonomía. Desenlace precipitado por la acción de nuevos grupos de la izquierda política, que encontraron en la reforma agraria la oportunidad de actuar en las áreas rurales y competir e incluso desplazar a los tradicionales representantes del APRA y del Partido Comunista.

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En términos de organización, estos fenómenos se tradujeron en la afirmación de dos entidades paralelas, representativas del campesinado: la Confederación Nacional Agraria, promovida por directa acción estatal, y la Confederación Campesina del Perú, central reorganizada independientemente por las bases más movilizadas del agro. Al mismo tiempo, la FENCAP dejó prácticamente de existir, pasando la mayoría de sus bases a engrosar dichas entidades, quedando reducida a pequeños núcleos donde su influencia podía subsistir debido a una arraigada conciencia partidaria y limitándose en su funcionamiento a las meras actividades burocráticas de una dirección nacional carente de bases. Similar fenómeno ocurrió en otras organizaciones menores que operaban en el ámbito rural. Algunas, sobre las que el Partido Comunista había ganado influencia en el curso del proceso, en los primeros momentos buscaron su autonomía, pero terminaron afiliándose a la CNA. Las promovidas por la Federación Campesina del Perú (FCP) vacilaron por un tiempo y concluyeron disgregándose y optando por una u otra de las dos nuevas organizaciones mayores, mientras que otras entidades regionales guardaron cierta independencia o fueron gradualmente absorbidas. Por otra parte, en el curso del proceso surgió una nueva entidad: el Frente Nacional de Defensa de la Pequeña y Mediana Propiedad.

Esta recomposición del movimiento significó la presencia de dos alternativas políticas, de programa y comportamiento, en los dos nuevos núcleos de gravitación campesina, que posteriormente disminuirían sus diferencias y tenderían a converger.

a. Confederación Nacional Agraria

Objetivo explícito del programa de reforma agraria era promover la participación organizada del campesinado, tanto en términos económicos como políticos. Inicialmente se concibió que la participación debería darse sólo en la propiedad, gestión y utilidades de las unidades productivas. Posteriormente, como resultado de la respuesta del campesinado, se hizo necesario extenderla al nivel de la actividad política nacional, propiciando una organización que vinculara las bases con el Estado.

En las unidades productivas la participación debía concretarse en el acceso de los trabajadores a la gestión de la empresa. Se esperaba así que, por efecto de la reforma agraria, los nuevos propietarios cooperativistas, al asumir una conducta empresarial, no propiciaran huelgas y conflictos internos del tipo que se daban durante el régimen de hacienda. La proyección de este comportamiento a nivel nacional debería disminuir la beligerancia del movimiento campesino, cuyas acciones habían conmovido la estabilidad política nacional en más de una oportunidad.

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Sin embargo, en la medida que las nuevas empresas asociativas conservaban, en gran parte, su organización anterior, destinada a procurar un máximo rendimiento laboral por métodos compulsivos, y se encontraban sujetas a diversas instancias estatales y a complicadas disposiciones reglamentarias, resultaban muy limitadas las posibilidades de una efectiva participación de la totalidad de sus miembros.

En estas condiciones lo restringido de la participación empresarial y lo limitado de su alcance, que no cubría sino a la población del sector reformado, pusieron en evidencia la necesidad de abrir otros canales, sobre todo porque las expectativas suscitadas en el campesinado lo llevaron a desbordar rápidamente estos cauces. Es así como el gobierno tuvo que crear una instancia de mediación entre las bases y el Estado.

Con este propósito, en mayo de 1972 se promulgó el D. L. 19400, denominado "Normas re1ativas a la estructura y funcionamiento de las organizaciones agrarias", cuyo primer resultado fue la disolución de la Sociedad Nacional Agraria y de las Asociaciones de Agricultores que la integraban, y la creación de las Ligas Agrarias y la Confederación Nacional Agraria.

De acuerdo a dicho decreto-ley, las Ligas Agrarias, cuyo ámbito sería provincial o de valle, deberían formarse sobre la base de las unidades productivas ya existentes -CAP, SAIS, CAS y Comunidades Campesinas-y de otras asociativas a crearse, como las Asociaciones de Conductores Directos, que integrarían los propietarios inafectos por la reforma agraria, y las Asociaciones de Trabajadores sin tierra, que agruparían a los trabajadores asalariados permanentes y eventuales. Las Ligas debían integrarse a una Federación Agraria Departamental, que a su vez integraría la Confederación Nacional Agraria, organismo central a crearse como paso final del proceso de reestructuración de las organizaciones agrarias. Al pretender conciliar intereses contrastados, este diseño de naturaleza eminentemente corporativa estaba llamado desde sus orígenes a generar conflictos internos.

A esto se añadía el hecho de prescribirse una relación vertical y autoritaria, y en oportunidades casi paternal, entre Estado y campesinado. La articulación del aparato estatal con estas organizaciones se realizaría a través de SINAMOS, institución encargada de su promoción, reconocimiento y control, como de la administración temporal de los fondos de la SNA y de las Asociaciones de Agricultores a fin de transferirlos a la CNA cuando se constituyera. A estas funciones se añadía la facultad de disolverlas cuando, ajuicio oficial, dejaren de cumplir los fines para las que fueron creadas.

Evidentemente el transfondo de la creación de la CNA fue, también, la necesidad de contar con una alternativa frente al impetuoso auge del movimiento campesino independiente. Se pensaba así utilizar a la nueva entidad

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