2. La participación campesina

V / Participación y movilización campesinas 323

como medio de desconocer y neutralizar de facto a las organizaciones sindicales y a otras no afectas a la política gubernamental. En este sentido, el decreto-ley 19400 preveía que las nuevas organizaciones fueran el único canal legalmente reconocido para representar los intereses de los sectores del agro ante el Estado o cualquier otra institución, disponiendo severas sanciones para las entidades que adoptaran denominaciones similares o parecidas a las establecidas en él.

Por estas razones el surgimiento de la CNA respondió, básicamente, antes que a la acción campesina, a la promoción y acción gubernamental y fue consecuencia directa de la desaparición de la SNA, ocurrida en uno de los momentos de mayor enfrentamiento entre el Estado y la burguesía agraria, a raíz de la radicalización del proceso de reforma.

Ya en 1968 la SNA había dejado de tener influencia decisiva en la vida política nacional, aunque sus componentes, es decir las Asociaciones de Agricultores que operaban en cada valle, continuaban como verdaderos centros de poder local. Entre 1969 y 1971 los núcleos dirigentes de la Sociedad vieron afectadas sus tierras y, por ende, perdieron su función dirigente. La intervención estatal de la SNA y sus filiales, en mayo de 1972, en consecuencia afectó principalmente no a los sectores de la gran burguesía agraria, desplazados por la reforma, sino a la mediana burguesía agraria aún inafecta, a la que se le privaba de su forma de organización más importante. Cabe destacar que esta medida, al no figurar en las demandas de los trabajadores, no tuvo mayor impacto en cuanto se refiere a movilización política organizada, y resultó sólo un simple trámite administrativo.

Simultáneamente, y aprovechando la intencional imprecisión del decreto en lo relativo a la continuidad de las organizaciones sindicales, un sector gubernamental inició una ofensiva en contra del sindicalismo. Así, a los pocos días de promulgarse el decreto-ley en cuestión, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC) denunciaba que los funcionarios de la Zona Agraria y del Ministerio de Trabajo del Cusco desconocían a las organizaciones sindicales y amenazaban con no recibir más sus pedidos sino a título personal de sus representantes. A pesar de que la Oficina Nacional del SINAMOS se apresuró a publicar una interpretación del texto, que aclaraba la vigencia de los sindicatos y federaciones, esta tendencia no pudo evitarse repitiéndose en numerosas oportunidades y diversos lugares del país. De otro lado, la promulgación de tal dispositivo provocó una rápida como diversa crítica proveniente de los grupos políticos situados a la izquierda del régimen. El denominador común de sus reclamos planteaba la necesidad de autonomía política del campesinado y denunciaba los peligros de dicho decreto

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ley. En estas circunstancias, una respuesta condenatoria del movimiento campesino partió de las federaciones mejor organizadas y más politizadas.5

Sintomáticamente, SINAMOS no pretendió iniciar la creación de Ligas en los valles que agrupaban estas federaciones. Pero, en los lugares donde el sindicalismo estaba menos desarrollado, sus funcionarios desplegaron intensa actividad logrando relativo éxito. La primera experiencia departamental positiva ocurrió en Piura, donde SINAMOS ya había apoyado la reorganización de la Liga Agrícola y Ganadera, realizada por sectores de base en 1971, lo que en parte le permitió orientarlos hacia la nueva organización agraria.

En esos momentos lo esencial de su estrategia fue apoyarse en los movimientos que espontáneamente pugnaban por la aceleración o radicalización de la reforma, tal como ocurrió en los valles del Rímac, Chillón, Lurín, Supe, Barranca y Pativilca. A la vez, se conjugó la organización de las ligas con el interés campesino por la aplicación de la reforma, a fin de aprovechar la contradicción suscitada entre las bases y los dirigentes, influidos por sectores de izquierda, que no la aceptaban por parecerles moderada. En este intento, como en el caso del Cusco, consintieron incluso que, al margen de la ley, sindicatos y comités sindicales fuesen admitidos en las ligas y, al canalizar la aspiración de los campesinos por la tierra, lograron progresivamente ganar sus bases, con lo que virtualmente eliminaron a las organizaciones clasistas, atrayendo a sus líderes más caracterizados.

Por otro lado, la forma de incorporar a éstos u otros dirigentes consistió en su "profesionalización" en las actividades de organización o promoción política gubernamental, fuera mediante la concesión de privilegios especiales dentro de sus empresas (licencias, pagos extraordinarios, promoción de cargos, etc.) o bien mediante su asimilación directa a las planillas del SINAMOS, métodopor el que la estructura interna de la CNA se convirtió en verdadera extensión de uno de los aparatos de Estado.

Constituidas por estos procedimientos las federaciones, se pasó a la consolidación artificial de la CNA. Numerosas bases fueron burocráticamente afiliadas sin el respaldo mayoritario de sus componentes, sino en muchos casos con la simple adhesión de uno o más dirigentes. Campo propicio para esta

5. Este tipo de pronunciamientos fue iniciado por la mencionada Federación del Cusco, en mayo de 1972. Luego la Federación Provincial de Campesinos de Satipo, en una reunión realizada en octubre del mismo año, expresó su decidido apoyo al pedido del campesinado cusqueño. Igual resultado tuvo la reunión convocada por la Federación Campesina del valle de Chancay, Huaral y Aucallama, que en los primeros días de diciembre acordó un tajante rechazo a su contenido y aplicación. En esta reunión participaron también representantes de otras organizaciones, Huaura-Sayán, Cajamarca y Lambayeque, que se sumaron al pronunciamiento.