2. La nueva insurgencia del movimiento campesino

VI/ Agotamiento del proyecto militar 349

e incluso recuperar el terreno que la izquierda ha hecho perder dentro del campesinado al reformismo y a las posiciones conservadoras.

No debe olvidarse, sin embargo, que esta opción afronta serias limitaciones en cuanto está inscrita dentro de programas económicos estructuralmente desfavorables al agro, así como en estrategias políticas que no suponen una auténtica democratización, y por ende no atacan lo esencial del problema agrario. Por tal razón es difícil imaginar que puedan alterarse las condiciones de precios, comercialización, inversiones, créditos y ayuda técnica y las interrelaciones con el resto de la economía como para dar lugar a un programa de desarrollo rural o a la concertación social; circunscribiéndose su potencial influencia a sectores restringidos, como los pequeños y medianos propietarios y las capas acomodadas de las comunidades campesinas, pero no a la inmensa mayoría del proletariado agrícola y al campesinado pobre.

Por otra parte, las agrupaciones de la izquierda política que, aprovechando la coyuntura de la reforma ganaron peso en el campo, concluida la etapa de afectaciones y recogiendo la aspiración de un considerable sector no favorecido, aun cuando proponen también reivindicaciones que tocan directamente al capital, continúan enarbolando la reivindicación de la tierra como principal proyecto político. En las actuales condiciones esto significa no sólo demandar la afectación del área declarada intangible por el gobierno, sino, básicamente, el cuestionamiento de la estructura de tenencia y propiedad consolidada por la reforma.

Pero, a diferencia de los grupos conservadores, paralas agrupaciones de izquierda la lucha por la tierra posterior a la reforma agraria tiene su sentido último en el establecimiento de un amplio frente de clases populares y de acumulación de fuerzas que consiga la toma del poder político y la transformación revolucionaria del mundo rural y de la sociedad como totalidad.

En el contexto de esta doble oposición, de los sectores dominantes y del movimiento campesino y popular, es que la reforma llega a su fin. Sin embargo, cabe destacar, que esto no se debe a su paralización como proceso administrativo, sino a la falta de apoyo social en momentos en que el Estado ya no sostiene un planteamiento autónomo. Es decir, el fin de la reforma es también el fin del intento estatal de imponer su propio proyecto a las clases en pugna.

Donde mejor se aprecia esta situación es cuando se considera que la consagración de la reforma como precepto constitucional no es sino una formalidad, puesto que las alternativas esbozadas no pasan ya por la reforma del agro, entendida como reasignación estatal de tierras, ni como contenido ni como declaración.

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Es así cómo, en el contexto de desmoronamiento y agotamiento del proyecto militar, pareciera que tanto por las propuestas de los sectores conservadores como por la nueva tónica del movimiento campesino y popular, nos encontráramos ad-portas de la puesta en práctica de nuevas estrategias de transformación de la estructura agraria, consistentes en extender al máximo una redistribución individual de tierras que pueda generar, en un caso, respaldo político y, en otro, ampliación de la capacidad de movilización.

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En suma, de lo expuesto puede afirmarse que 1979, año en el que se detiene este análisis, corresponde al fin del programa de reforma agraria militar, en el que se cristalizan gran parte de los elementos constitutivos del complejo proceso desarrollado en torno a ella.

Tres son los ejes que definen esta situación. Primero, el estrangulamiento agrícola, basado en la concentración monopólica de la tierra, asociado a una situación en la que nuevas fracciones del capital prosperan gracias al subdesarrollo agrario, manteniendo la dependencia, descapitalización y desequilibrio regional del campo. Segundo, la redefinición de las pautas de dominación y conflicto rural, en las que se reproduce la marginación campesina, pero que ha tenido el mérito impensado de activar la organización y movilización de las bases, y al enfrentarlas al nuevo esquema de distribución de la tierra reavivar su amenaza potencial a la estabilidad del sistema. Tercero, la necesidad perentoria tanto para las fuerzas que se proponen como alternativa civil al gobierno militar, como para los sectores populares, de esgrimir una opción que les permita articular el irresoluto problema agrario en la lucha por el poder. Estos elementos demuestran lo infructuoso del intento militar por reordenar la sociedad rural, dan cuenta de la precariedad política del modelo consolidado y permiten inferir su obligada redefinición.

A manera de conclusión

AL CABO DE ONCE AÑOS DE REGIMEN MILITAR, el agro es sin duda alguna el sector donde con mayor nitidez y continuidad pueden percibirse los cambios operados en el país durante dicho periodo. Más de mil empresas asociativas y centrales de cooperativas, casi una decena de empresas estatales dedicadas a la comercialización, prestación de servicios o transformación de la producción agrícola y dos grandes centrales campesinas, hacen sentir su presencia en lo que antes fue un ordenamiento casi absolutamente dominado por la gran propiedad privada capitalista o terrateniente. Por eso, desconocer que estos cambios significan un corte histórico en el desarrollo agrario del país constituiría una errada percepción respecto al proceso de la sociedad rural peruana.

Cuando se emprende el análisis del significado de un proceso social no es, sin embargo, sólo su realidad aparente lo que se encuentra en cuestión. En este caso, más allá de las alteraciones formales de la estructura agraria, se busca esclarecer el resultado de dichos cambios en relación al proyecto económico y político en el que se inscribieron y su relación con el proceso global de la sociedad peruana y, en particular, del sector agrario.

En este sentido, y a modo de conclusión, pero también como interrogantes que sirvan de derrotero futuro a la investigación, se quiere culminar la exposición hasta aquí desarrollada con la formulación de tres proposiciones relativas al significado, causas que explican los resultados y la experiencia dejada por la reforma agraria militar.

I

¿Qué ha significado la reforma agraria? l. El resultado más importante consiste en el cambio radical de los patrones de tenencia y propiedad de la tierra. Logro cuya trascendencia relativa

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se comprende mejor si se toma en cuenta que la magnitud y profundidad de sus alcances y el carácter predominantemente asociativo impreso al agro reformado hacen de ella la más avanzada transformación contemporánea del agro dentro de las sociedades capitalistas dependientes de América Latina. Esta transformación ha significado cancelar las bases de sustento de la oligarquía tradicional y resquebrajar el antiguo poder terrateniente.

Cancelados como clase propietaria de la tierra, los ex capitalistas agrarios y terratenientes no ocupan más, al parecer, un lugar de importancia en la configuración social y de poder que emerge después de la experiencia del reformismo militar. Tanto es así que, incluso dentro de losproyectos de nueva transformación de la estructura agraria, ninguna de las fuerzas claramente representativas de los sectores conservadores se atreve a formular Como propuesta la restitución de la propiedad a los ex hacendados y más bien se inclinan por fórmulas que favorecerían al sector empresarial medio. Evidentemente no puede descartarse la posibilidad de una salida autoritaria que dé curso a una reversión absoluta en el agro y la sociedad, pero por el momento no se vislumbra tal posibilidad. En cambio, puede pensarse que el efecto histórico de mayor peso que deja la reforma es haber contribuido decisivamente a que los sectores dominantes abandonen, en materia agraria, la cerrada posición pro terrateniente que bloqueó los intentos dereforma anteriores al del gobierno militar.

En esta perspectiva, una primera aproximación sugeriría entonces que no es previsible que en lo inmediato la tierra retorne a sus antiguos propietarios. Es cierto que la reforma se ha detenido y que, incluso, se han presentado algunos casos de devolución de medianos fundos a propietarios en proceso de afectación pero, considerando el resquebrajamiento absoluto del poder terrateniente, no puede asumirse este hecho como indicio de que vaya a darse una reversión semejante a la ocurrida en Chile después de Allende. A largo plazo podría ocurrir que se llegue a una recomposición de la propiedad similar a la ocurrida en México o Bolivia después de décadas de reforma, pero si tal ocurriera no significaría una vuelta al pasado sinouna vía diferente de modernización en favor del gran capital. 2. Si se acepta que el cambio de los patrones de tenencia y propiedad son un hecho indiscutible, en cambio no es posible afirmar que la reforma haya resuelto el problema de la tierra.

Para un observador ajeno que recorriese el campo peruano, constatando cómo a su paso lo notable son los emblemas cooperativos a la entrada de las antiguas haciendas, podría parecerle extraña esta afirmación. Cabría advertirle que el problema no radica en si hubo redistribución, sino en la forma en que se hizo.