b. Confederación Campesina del Perú (CCP

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Ya se ha mencionado como durante el proceso de reforma la burguesía agraria sí logró asumir estas reivindicaciones, canalizándolas hacia sus propios propósitos y cristalizando una organización alternativa. Para lograrlo reactualizó las anteriores relaciones de dependencia establecidas mediante las Asociaciones de Agricultores y su influencia política regional. Desde 1973 se formaron numerosos comités locales de defensa de la pequeña y mediana propiedad. Luego de una primera asamblea nacional en Arequipa surgió una estructura orgánica informal, que posteriormente institucionalizó el Frente de Defensa de la Pequeña y Mediana Propiedad.

Pasada la efervescencia inicial, este eslabonamiento se debilitó, tornándose esporádicas las actividades de los comités que sólo actúan como un eficaz medio de información. Sin embargo, siguen latentes sus posibilidades de actualización cuando las circunstancias lo requieren, como ha ocurrido en Arequipa y Lambayeque en varios casos particulares. A escala nacional, cuando el Frente ha funcionado lo ha hecho más como una instanciade coordinación que como un organismo de dirección centralizada. Su existencia se debe en gran parte a la relación de sus dirigentes con agrupaciones políticas conservadoras, que tienen interés en mantenerlo como entidad diferenciada de las organizaciones creadas por el régimen político y las clasistas. No es posible formular una estimación certera del número de sus afiliados pero, si se involucrara a quienes participaron en la movilización de 1973, no superaría 100,000 agricultores.

Además de este Frente, la entidad más importante de corte regional, subsisten algunas independientes o dirigidas hacia otros fines. Tal es el caso del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA) que si bien se ha convertido en partido político, mantiene la afiliación de organizaciones campesinas sobre los cuales ejercen influencia sus dirigentes, los hermanos Cáceres Velásquez.

Otra importante organización rural, la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú, pasa por una etapa de desorganización coincidente con la integración de sus antiguos líderes a la dirección de las cooperativas azucareras. Las contradicciones generadas por este hecho han llevado a que actualmente sufra una escisión interna, entre algunas bases de La Libertad adictas al aprismo y otras de Lambayeque ganadas por posiciones de izquierda.

Este recuento permite comprobar como, pese a que la constitución de la CNA buscaba encauzar la movilización campesina e imponer un celoso tutelaje sobre ella, no ocurrió asÍ. Por el contrario, a modo de respuesta se han suscitado nuevas formas de movilización y el fortalecimiento y aglutinación del campesinado al margen del control estatal (Pásara 1978a; Valderrama 1978b ).

V / Participación y movilización campesinas 335

Conviene también subrayar el derrotero de la CNA, que habiendo sido creada con la mira de despolitizar, debilitar y escindir al campesinado, asume una orientación distinta. Giro explicable por el abandono del proyecto político global dentro del que fue creada, y por la resistencia de gran parte de sus dirigentes y bases activas a seguir planteamientos ajenos a sus propios intereses.

En consecuencia, el balance de los logros respecto a la participación campesina revela que éstos son contradictorios. La reforma agraria no ha llegado a plasmar un real acceso de la población beneficiada a la gestión directa de las empresas adjudicadas; tampoco ha hecho factible que la nueva estructura de vinculación entre Estado y bases les permita el acceso a forma alguna de poder (Matos Mar y Mejía 1977). Sin embargo, simultánea e indirectamente, el proceso ha creado las condiciones para que en las propias bases se esté gestando una movilización campesina, a escala altamente significativa en términos históricos, que podría derivar en la cristalización de una fuerza gremial autónoma y representativa de sus intereses.

Igualmente debe destacarse que el fracaso de los proyectos de integración estatal y nacional del campesinado no deben imputarse únicamente a la resistencia encontrada, pues no puede dejar de considerarse, como aspecto decisivo, la debilidad misma del proyecto militar. Debilidad motivada por la carencia de unidad dentro de las Fuerzas Armadas en torno a la opción política asumida por el gobierno de Velasco y manifiesta en la virtual dislocación en que se realizaron las reformas. En el caso de la reforma agraria ésta no se articuló con reformas como la de la comunidad laboral, de la educación o de los medios masivos de comunicación, sobre todo con la última que habría podido vigorizar el impacto ideológico de los cambios.

El panorama final resulta pues negativo para los propósitos políticos gubernamentales en cuanto sólo ha conseguido un débil efecto integrador yel subsiguiente fortalecimiento de autonomía de clase de los sectores sociales rurales.

VI

La reforma agraria y el agotamiento del proyecto militar

EN 1979, A DIEZ AÑOS DE INICIADO el programa de reforma agraria éste se encuentra prácticamente paralizado. Situación acorde con la orientación del gobierno militar que, al revocar la política del período del general Velasco, ha eliminado la mayoría de las reformas entonces iniciadas, quedando la agraria como la única hasta ahora no sustantivamente revertida.

Desde 1975, a causa de tal giro, que significa el agotamiento del proyecto militar de cambio de la sociedad peruana y que condujo al abandono del original programa agrario -sin plantear claramente alternativa alguna-, así como por el desencadenamiento de una nueva crisis económica y política y por la nueva insurgencia campesina organizada, se ha hecho aún más evidente la incapacidad de la reforma para resolver los problemas planteados. Al mismo tiempo, tanto desde las nuevas y viejas fracciones dominantes como desde el movimiento campesino y popular se esbozan líneas de acción tendientes a buscar nuevas alternativas en materia de política agraria.

Estos acontecimientos indican que, al margen de las disposiciones oficiales, ha llegado el fin de la reforma, por cuanto ningún sector de la sociedad la reconoce como una alternativa válida para el futuro. Parecería cerrarse así un ciclo al cabo del cual la vulnerabilidad económica, la efervescencia política y social, y la contraposición de opciones(sin que ninguna de ellas logre hegemonía), reproducen las condiciones en las que se originó el experimento militar. De esta manera, se estaría llegando a la dramática conclusión que los cambios que tan bruscamente sacudieron la estructura agraria peruana la han retrocedido casi a su estado previo, con la diferencia que en este momento la reforma no se vislumbra como solución alguna (Matos Mar y Mejía 1978a y 1979a).

Por lo revelador de sus alcances y proyecciones y a modo de epílogo del análisis hasta aquí realizado, cabe examinar brevemente la coyuntura 197879 en la que el proyecto reformista llega a su ocaso definitivo.

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1. La crisis en el agro

El fin de la reforma se produce en un momento de grave crisis nacional. En lo que atañe específicamente al sector agrario, además del trasfondo estructural de la orientación productiva dependiente, que traslada al país los efectos importados de la crisis, este fenómeno tiene como uno de sus ejes una política económica destinada a dar prioridad al gran capital. Así la política de estabilización, que por presiones del FMIdebe adoptar el gobierno peruano, va involucrando progresivamente medidas como el incremento de precios de bienes e insumos importados, el encarecimiento del crédito y el aumento de los impuestos directos, que superan los márgenes que el alza de los precios agrícolas internos depara al sector. Este desbalance contribuye a desalentar la producción agraria. A esto cabe añadir la incidencia de factores adversos como la sequía, que desde 1977 asola la zona norte. De ahí que en 1978 el agro llegara a su peor momento.

En el aspecto económico, esto se hace notorio enla difícil situación que sufren las empresas asociativas. En 1977 el Ministerio de Agricultura comprobaba que de 1,388 empresas evaluadas el 68 % no tenía gerentes, 47 % carecía de contabilidad y una gran mayoría afrontaba graves deficiencias (78 % en recursos humanos, 68 % en capacitación, 48 % en organización empresarial, 43 % en participación y un 41 % de atribuciones). Además, sólo aproximadamente un 55 % de las mismas podía abonar salarios superiores a los mínimos vitales establecidos por ley (Ministerio de Agricultura 1977, sección "Aspectos de gestión empresarial", cuadros 1, 2, 3 y 4). Tendencia recesiva que da muestras de haberse agravado. Insolventes y carentes de crédito, las empresas no llegan a cubrir siquiera sus costos mínimos de operación, dando lugar a secuelas como el abandono de áreas cultivables, prolongados retrasos en el pago de salarios y la cancelación de los beneficios que venían otorgando a sus socios.

Quizás el caso más elocuente sea el de las grandes cooperativas azucareras de las que, precisamente por ser las de mayor desarrollo previo, podía esperarse resultados positivos. Por el contrario, a partir de 1976 sus balances reflejan pérdidas que de 1,659 millones de soles en ese año pasan a 2,758 en 1977 hasta superar los 3,000 millones en 1978. Tal falencia conduce, por un lado, a la depresión del salario real de sus socios y la sensible reducción de los servicios que venían recibiendo y, por otro lado, a continuos incrementos de precios del azúcar en el mercado interno, para no mencionar otros fenómenos como la reducción de las áreas sembradas con caña (Actualidad Económica 1979a). Excepción hecha de ciertas cooperativas pequeñas o medianas, especializadas y sin mucha carga laboral permanente, puede afirmarse que lo

VI/ Agotamiento del proyecto militar 339

ocurrido en el sector azucarero da cuenta del estado de la mayoría de las unidades asociativas.

Ante este hecho, una de las respuestas más significativas ha sido el inicio y generalización de un proceso de parcelación u ocupación de áreas en cultivo o abandonadas por las empresas, por parte de los socios e incluso de los trabajadores eventuales y pobladores vecinos sin tierra.

En la costa un significativo conjunto de cooperativas, desde Piura hasta Ica, sufre esta situación, que afecta no sólo a las unidades más atrasadas sino a las modernas e incluso a las formadas en base a complejos agro industriales. Por ejemplo, sólo en la CAP azucarera Cayaltí, que cuenta con 2,400 socios, hay actualmente 1,500 poseedores ilegales de parcelas en tierras de la cooperativa o en áreas pendientes de adjudicación a la misma. De estos "invasores" aproximadamente la mitad son socios de la empresa y la otra, pobladores de Saña o trabajadores eventuales sin tierra. Caso semejante es el de las cooperativas piuranas de la colonización San Lorenzo y el Alto Piura que, desde 1975, ante la crisis de éstas, comenzaron a ser parceladas por sus propios socios e invadidas por trabajadores eventuales organizados en comités de campesinos pobres. En el Alto Piura 386,635 Has., es decir 97% de las tierras del valle, están adjudicadas a IICAP. De este total por falta de agua sólo 4.7 % son cultivables, de las cuales únicamente el 42 % o sea 7,742 Has., se utilizaron en la campaña 73-74. Sobre más de 20,000 pobladores económicamente activos, 3,588 fueron calificados como socios de las empresas, aunque no más de 2,850 se integraron a las mismas. Además, en su corto lapso de funcionamiento, la caída de los precios del algodón y otros problemas económicos y organizativos habían sumido a estas cooperativas en un estado crítico, arrastrando pérdidas que en el conjunto del PIAR Chulucanas alcanzaban 42 millones de soles. En tales condiciones, la ocupación de las tierras inútilmente apropiadas por las CAP fue casi una consecuencia obligada por tan desigual distribución. Algunos meses después de iniciadas las invasiones, estimaciones oficiales de noviembre de 1975 informaban que éstas se extendían sobre 2,982 Has. de tierras cultivables e involucraban a 1,619 campesinos (CENCIRA 1975). En las cuatro cooperativas más afectadas el número de "invasores" superaba largamente al de socios y comprometían el 45 % del área cultivable (cuadro 53). Por su parte, la CCP declaraba como partícipes de este movimiento a más de 5,000 trabajadores agrupados en 30 comités de campesinos pobres. Un año después, mientras se agudizaba la crisis de la economía empresarial, los ocupantes sin crédito ni ayudaestatal alguna habían logrado poner en producción las antes desaprovechadas tierras de que se habían posesionado. Posteriormente, y hasta fines del 78, continuaban estas

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Cuadro. 5 3: Magnitud de ocupación de tierras en cuatro cooperativas del Alto Piura, 1975

Cooperativas Extensión total adju- dicada (Has.) Area culti- vable (Has.) Area cul- tivable ocupada (Has.) Socios Ocupantes de parcelas

L.M. Sánchez Cerro 11 ,966 1,656 811 218 506 J.M. Arguedas 11 ,060 1,200 570 205 315 Sinforoso Benítez 6,450 1,062 439 168 200 Emiliano Huamantica 111,394 1,249 545 142 190

TOTAL 140,870 5,167 2,365 733 1,211

Fuente: Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria, Sistematización de datos del AltoPiura, Lirna, 1975 (mirneo).

ocupaciones, pacíficas o violentas, pese a que las cooperativas se hallaban intervenidas por el Estado y en proceso de reestructuración.

Por su parte, en las empresas serranas el efecto ha sido de mayor envergadura, dado que éstas soportan la insatisfecha aspiración por tierra de la mayor parte del campesinado del país. Así, CAP y SAIS serranas son asediadas por las comunidades campesinas, algunas de las cuales de facto y pacíficamente han corroído las débiles economías empresariales o provocado importantes conflictos cuando se encontraban ante empresas económicamente fuertes. Siguiendo una u otra vía han llegado a ocupar áreas significativas, como es el caso de la CAP Túpac Amaru II de Antapampa (Cusco), una de las empresas en las que el gobierno había concentrado sus mejores esfuerzos y recursos para implantar un régimen de explotación moderna y que fue invadida a fines de 1977 por sus comunidades socias, obligando a un verdadero desmembramiento de su área. Esta situación respondió a las flagrantes contradicciones derivadas del intento modernizador, entre las cuales se destacaba el hecho que de 4,165 socios solamente 220 tuvieran trabajo estable y 600 fueran trabajadores eventuales. En estas condiciones la reforma estaba lejos de satisfacer con tierra o trabajo a los beneficiarios, por lo que resulta comprensible que se produjera la parcelación y luego su disolución como empresa.

Hecho indicativo de la fuerza de este proceso general de parcelaciones es que, hasta el momento, las instancias estatales de control no hayan podido detenerlo, atinando únicamente a convalidar lo ocurrido mediante el redimensionamiento de las empresas, consistente en la adjudicación individual a

VI/ Agotamiento del proyecto militar 341

feudatarios o poseedores de facto de tierras depropiedad de las empresas asociativas o en la división de éstas en unidades de menor área.1

En lo que atañe a los sectores no asociativos, aun cuando no se cuenta con mayor información, puede afirmarse que los problemas son semejantes. Quizás sean las medianas unidades las únicas que hayan podido remontar relativamente la crisis, pese a que la elevación de los intereses bancarios les significa un duro golpe. En cambio, para los pequeños agricultores de productos alimenticios la alternativa más realista es restringir la colocación en el mercado de sus excedentes de producción, reforzando el autoconsumo e incrementando el empleo asalariado de la mano de obra del grupo doméstico en otros sectores agrícolas e incluso urbanos. Pero sin duda es en el sector de los pequeños productores orientados al mercado, a quienes las leyes invisibles de los precios reducen a la impotencia, sobre los que la crisis recae con más fuerza. Este sector, profundamente renuente a asalariarse como medio de complemento económico y que aun cuando necesita hacerla experimenta muchas dificultades, ha perdido toda alternativa, de modo tal que su empobrecimiento ha sido progresivo en la medida que avanzaba la recesión general del país. Lo ocurrido con los pequeños granjeros ilustra claramente esta situación. Alentadospor la apertura del gran mercado urbano, debido a las restricciones en la venta de carne de vacuno y por precios favorables, numerosos pequeños propietarios iniciaron la instalación de granjas avícolas al lado de un poderoso sector empresarial privado. Hasta 1974 de manera nítida fue el subsector pecuario y, dentro de él, el avícola, el de mayor dinamismo en la producción agropecuaria. Desde 1975, en cambio, el mercado se restringió, elevándose los costos de producción. Progresivamente, empezaron a cerrarentonces las pequeñas granjas o fueron absorbidas por las grandes, que se fueron tomando monopólicas, o por un Programa de Concentración, a través del cual los productores de alimentos pasaron a dominar el rubro pecuario. Inexorablemente, la ley de concentración capitalista rubrica la crisis no sólo con el empobrecimiento sino con la subordinación de los pequeños productores al gran capital, aun cuando su modalidad no sea el despojo directo sino la "subordinación formal" (Sánchez 1978; Quijano 1978).

Aparte de las medidas de política económica nacional antes mencionadas, nada ha hecho el Estado por aminorar los efectos de la crisis. Por el contrario, ha adoptado decisiones que han contribuido a incrementar el malestar social originado por ella.

l. Para una discusión de las características y significado de estos "redimensionamientos", véase Sur 1978a y 1978b.

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En lo que se refiere a las empresas asociativas, la política general ha sido y es buscar su buen funcionamiento económico en términos capitalistas, para lo cual se consideró necesario corregir las deficiencias que atentan contra este objetivo. Consecuentemente, el énfasis apunta hacia su "racionalización" administrativa que, mediante drásticas medidas de austeridad, destinadas a disminuir los costos de producción, entraña el estancamiento del salario (sobre todo, en lo referido a su componente en servicios y productos), el incremento de la exigencia laboral y la disminución de empleo de trabajadores eventuales.

Paralelamente, se ha continuado, como instrumento para la aplicación de estas medidas o de otras inspiradas en motivaciones de orden político, con la intervención de empresas, así como con la aplicación de nuevos dispositivos de control. Esto ha ocurrido en la industria azucarera, en las cooperativas del Alto Piura y en numerosas empresas de distintos valles costeños y serranos, intervenidas entre 1977 y 1978. A esto debe añadirse que el Estado, mediante el D.S. 2020-76, volviera a prohibir las huelgas disponiendo un severo tratamiento a las paralizaciones laborales y la posibilidad de "descalificación" de los trabajadores que lo infrinjan. Disposiciónhecha efectiva por vez primera en 1977, en el caso de Tumán, con el despido de la directiva del recién constituido sindicato, y reiterada en 1979 con una nueva intervención para impedir que fueran repuestos por la decisión de una asamblea general.

Si bien en el curso de 1978 más de 60 cooperativas, SAIS y grupos campesinos se encontraban en pleno proceso de reestructuración, el gobierno aplicó esta política sólo en los casos menos conflictivos; oponiendo hacia la movilización politizada una actitud de intolerancia total, como en el caso del Alto Piura, cuyo epílogo fue una nueva represión (Actualidad Económica 1979d).

Como nueva línea de acción global se anunció en diversas oportunidades un "programa integral de desarrollo rural" (Paz Silva 1977), hacia el cual debería desplazarse el peso futuro de los esfuerzos gubernamentales. Este programa se pensaba como la forma concreta de la fase de "consolidación" de la reforma. Sin embargo, tal alternativa nunca fue asumida formalmente y nada permite entrever su realización en las actuales circunstancias, definiéndose la política agraria del actual régimen más como una respuesta negativa ante lo realizado que como un proyecto global sustitutorio. Es decir, como un ingrediente de agudización y no de solución de la crisis.

Puede afirmarse, en consecuencia, que los seculares problemas de descapitalización, dependencia del mercado internacional, desarrollo desigual, que tan marcadamente afectan al agro, y los específicos problemas experimentados durante el proceso de reforma agraria, tales como la desatención estatal,