l. La crisis en el agro

344 Matos Mar / Mejía

encontró cohesionada. Por esta razón, desatendiendo la medida oficial, en agosto de dicho año, quince federaciones agrarias decidieron mantener su entidad central, incluso al margen de las disposiciones legales.

Tal acuerdo significaba asumir una conducta independiente frente almandato oficial y, sobre todo, una reestructuración orgánica que la liberaba de la sujeción en la que la mantenía el D.L. 19400. Es decir, en el breve lapso de medio año se operó una transformación fundamental.

En lo que se refiere a la CCP, el proceso de efervescencia campesina ha servido para fortalecerla, tal como lo manifiesta el éxito del V Congreso Nacional de esta entidad, celebrado en el Cusco en agosto de 1978. La trascendencia de dicho evento se aprecia en: a. el nivel de concurrencia, sumamente significativo, que hace de ella la reunión campesina más representativa de los últimos tiempos (cuadro 54); b. la composición de los participantes, que

VI/ Agotamiento dei proyecto militar 345

muestran un desplazamiento social y geográfico de sus bases: del proletariado agrícola al campesinado pobre y de la costa norte a la sierra sur; y, c. la asistencia masiva, tanto de delegaciones de bases de la CNA como de la dirección en pleno de ésta, y también de otras entidades escindidas de la CCP, en una posición claramente unitaria. Como consecuencia, poco después del Congreso, la CCP y la CNA firmaron una declaración conjunta, comprometiéndose a una gradual unión de sus bases, que debería culminar en un futuro congreso unificador.

Políticamente, el rasgo más notable de este evento estriba en que la concepción común del debate fue ratificar que el programa de reforma agraria militar no ha resuelto los principales problemas del campo y que compete a los campesinos solucionarlos por otras vías. En consecuencia, uno de los principales acuerdos fue establecer un plan nacional de toma de tierras que incluyera también, y de modo prioritario, a las empresas asociativas que no estuviesen en capacidad de asegurar un mínimo de bienestar y estabilidad a sus trabajadores (Confederación Campesina del Perú 1979).

Como reflejo de estos acuerdos, desde setiembre de 1978 se han vuelto a producir, con gran intensidad, numerosas invasiones especialmente en la sierra sur, que continuando la. tendencia iniciada en 1977, en Antapampa, se han dirigido esta vez en contra de las empresas asociativas. Así, en el departamento del Cusco, primero fue la comunidad de Ocongate, parte de cuyos miembros invadieron tierras de la CAP Lauramarca, de la que paradójicamente son socios; mientras que los comuneros de Andayaque tomaron la vecina hacienda Marcupata (1,496 Has.) cuyo trámite de expropiación se hallaba detenido. Luego fue la CAP Ccapana,cuyos integrantes decidieron dividirla internamente y no pagar la deuda agraria. Poco después los comuneros de Taray, del distrito de Calca, tomaron la hacienda Cartagena. Días después, en octubre, los comuneros de Ayllupongo, Yanacona, Cuper y Ccoricancha, en Chinchero, siempre en el Cusco, recuperaron más de 3,500 Has. que habían sido adjudicadas a las CAP Huaypo Grande y Mateo Pumacahua. Posteriormente, y demostrando que las invasiones forman parte de una verdadera ola de movilización campesina, los comuneros de Lucrepata tomaron 50 Has. de la CAP Antapampa. Es de destacar que los comuneros de Ocongateson miembros de la Federación Distrital de Ocongate Carhuayo, base dela CCP, mientras que los de Taray lo son de la FARTAC, base dela CNA.

Movimientos de este tipo también se verifican en otros lugares de la sierra, si bien en contra de propietarios privados. En Puno las comunidades de Inacaya, Pichicota y Huecocucho de llave tomaron 50 Has.; en Tayacaja, Huancavelica, la comunidad de Atocc recuperó sus tierras; y en Jaén, Caja

346 Matos Mar / Mejía

marca, trabajadores de dos granjas, que aprovechan sólo 174 de 1,399 Has. cultivables, las tomaron a fin de hacerlas productivas.

Por otra parte los trabajadores eventuales de Cañete que anteriormente se habían posesionado de tierras marginales de las CAP La Fortaleza y Herbay, en represalia por agresiones de medianos propietarios del valle, en setiembre de 1978 tomaron el fundo Cachibana, del que poco después fueron desalojados. De manera semejante, en diciembre de 1978 las CAP Luis M. Sánchez Cerro, J. M. Arguedas y Sinforoso Benítez, del Alto Piura, sufrieron una nueva invasión de más de 1,000 Has. de tierras baldías, realizadas por pobladores de Talandracas, Papelillo, Yapatera, San Pedro y Charanal, quienes luego de un breve lapso fueron también parcialmente desalojados. Fugaces, pero muy significativas, estas acciones preludian lo que podría ser una tendencia generalizada en muchos de los valles de la costa.

Finalmente, en el mes de enerode 1979, coincidiendo con el cuarto paro nacional ocurrido en los dos últimos años, se producen nuevas invasiones. En el departamento de Puno, comuneros vecinos y colonos del fundo Chaata (2,866 Has.), de la familia Yanac, en llave, se hicieron del predio y su ganado. Igual suerte corrieron 2,800 Has. de la SAIS Puno, tomadas por 600 familias de la comunidad de Platería, Chucuito, y los fundos Chilleruta (1,500 Has.) y Lacconipampa (1,200 Has.) de las familias Cabala y Zirena, recuperadas por las comunidades y sus feudatarios.2

Más allá de lo episódico, lo que el nuevo cuadro conflictivo descrito pone en evidencia es que, por parte del movimiento campesino, las formas de organización empresarial instituidas por el programa de reforma agraria han pasado a convertirse en uno de los blancos de su acción inmediata. De tal suerte que, si en los primeros momentos de la reforma la presión campesina constituyó uno de los elementos que contribuyeron a acelerar su ritmo y extender sus márgenes, en la actualidad ocurre algo totalmente distinto: esto es, que el movimiento campesino pretende derruir la estructura consolidada por la transferencia de hacienda a cooperativa. Propósito que por tener una amplia justificación supone la apertura de un frente de cuestionamiento realmente álgido al sistema, a la vez que sienta las bases para la continuidad de la movilización de un importante sector campesino, disipando la aspiración de una "paz social" permanente para el agro.

2. Descripciones de esta serie de movimientos puedenencontrarse en las crónicas de los semanarios Marka (Nos. 92,93 y 96 de 1978) y Amauta (Nos. 196,198,202 y 203 de 1978, y 205 de 1979). Véase también: Sur (Nos. 13, 14 y 15, de 1979) y Voz Campesina, periódico de la Confederación Campesina del Perú (Nos. 12, 13 y 14, de 1979 ).

VI/ Agotamiento del proyecto militar 347

3. Las clases en búsqueda de alternativa

El fracaso de la reforma del agro en el contexto de una modificación del cuadro político nacional ha conducido a que dentro de las fuerzas representativas de las viejas y nuevas fracciones dominantes, que aparecen como alternativa a la transferencia del poder, surjan distintas propuestas coincidentes en la intención de producir nuevas modificaciones en la distribución de la tierra. Pretenden ofrecer una alternativa que consiga, si no espectaculares transformaciones en la dinámica de desarrollo del sector, por lo menos conquistar la perdida influencia de estas fuerzas sobre importantes sectores del campesinado, para asegurar la transición política, la instauración de nuevas relaciones de clientelaje y la solución de las demandas rurales.

Esta posición se ha visto reflejada en los proyectos de modificación del régimen agrario presentados a la Asamblea Constituyente, así como en su formulación final en la nueva carta política del Estado, culminada en julio del presente año y que se prevé sirva de sustento a una nueva legislación agraria. (Acostupa y Urviola 1979 ,Journal 1979 y Voz Campesina 1979).

En términos generales, dichos proyectos se orientan a despojar al agro de las características colectivistas cOn que el grupo socializante del reformismo tiñó la organización y los patrones de relación de las unidades asociativas. Al respecto cabe anotar que para el conjunto de los sectores empresariales que operan en el país, así como para las fuerzas políticas conservadoras, el hecho que buena parte del sector agrícola esté cooperativizado resulta incómodo, por cuanto consideran su potencial efecto de demostración como una amenaza en lo económico y loideológico a la vigencia de la empresa capitalista privada.

Los proyectos partidarios del Apra y el Partido Popular Cristiano (PPC) han recogido a su manera esta oposición, buscando otorgar un nuevo papel al cooperativismo agrario. El Apra propone una orientación netamente pequeño burguesa, individualista, para este tipo de unidades. En el caso de los grandes complejos agro industriales planteó eliminar la ingerencia estatal, a fin de borrar la imagen del Estado como patrón y de los cooperativistas como asalariados estatales y, por el contrario, infundir la conciencia de propietarios, que debería afianzarse a partir de la redistribución de la mayor masa de excedente que generaría una disminución de la participación estatal. En las otras cooperativas se ensayaría una salida semejante, buscando el usufructo "grupal" de los beneficios, sin intentar compensaciones o transferencias de ningún tipo y manteniendo a las Centrales de Cooperativas como instituciones que sólo presten servicios administrativos o de comercialización. Por otro la

348 Matos Mar / Mejía

do, a nivel de la pequeña propiedad se persigue la difusión de las cooperativas de servicios, política ya propugnada durante el gobierno de Belaúnde.

Desde la posición del PPC, la intención respecto a las cooperativas es más tajante: su disolución. En este sentido postula la división de tierras de las empresas entre sus trabajadores, la descolectivización del carácter cooperativo de la propiedad mediante el reconocimiento del derecho de venta, transferencia y herencia de la participación de los socios sobre las empresas y la subsistencia de las cooperativas en los complejos agro industriales, pero sólo para las instalaciones de transformación.

En función de orientaciones de este tipo resulta posible prever que lo acordado en la nueva Carta del Estado, podría dar pie a que un futuro gobierno establezca, en lo que toca al sector reformado, una política de distribución individual de tierras de las empresas asociativas entre los actuales cooperativistas, o entre parte de la población no beneficiada, y de fraccionamiento de grandes unidades en varias de menor extensión. En esta perspectiva podrían generalizarse medidas tales como la reasignación de tierras marginales de las CAP modernas, la división de las SAIS y CAP serranas, la libre decisión de las comunidades campesinas de mantener o no la organización cooperativa en las empresas comunales y que se abandone la propiedad social para convertirla en propiedad de empresa. Medidas que ya el propio gobierno militar ha venido implantando como forma de atenuar la presión campesina. 3

En lo relativo al sector no reformado, sería probable un mayor respaldo a la mediana propiedad capitalista, su aliento en las zonas de irrigación o colonización y la titulación masiva de la pequeña propiedad campesina a fin de disipar los temores ocasionados por la reforma.

Desde el punto de vista del sistema, una política de este tipo tendría inmumerables ventajas políticas, de las que la más importante sería crear capas sociales relativamente más beneficiadas, convertirlas en clientela política

3. Como anticipo de lo que podrían ser estos cambios, el gobierno ha promulgado, en noviembre de 1979, dos de las medidas aprobadas en la nueva Constitución: la condonación de la deuda agraria y la libre disponibilidad de los bonos. A través de la primera ha dispuesto que cesen las obligaciones de las empresas asociativas y beneficiarios individuales por la adjudicación de bienes agrarios, lo que significa la anulación del pago de 13,000 millones de soles que en esos momentos se encontraban pendientes. No obstante, el Estado asegura, de sus propios fondos, a los ex propietarios la cancelación de las sumas acordadas en el momento de expropiación. Por la segunda medida, se libera a los banos de la deuda de algunas de las trabas que frenaban su libre circulación, al permitirse que sean entregados como garantíade créditos bancarios o transferidos a terceros.