LA JORNADA Domingo 27 de junio de 2021
POLÍTICA
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INCUMPLEN ORDEN DE SCJN SOBRE EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA
Ataques históricos al pueblo yaqui se recrudecen hoy por el control del agua Enfrentan agresiones de cacicazgos, agricultores y crimen organizado ANGÉLICA ENCISO L.
Los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, en particular del agua, están bajo acoso. El pueblo yaqui en Sonora siempre ha enfrentado agresiones y represiones que ahora se dan en un contexto de crisis del líquido en la región, además de que se relacionan con fuerzas estatales y locales vinculadas a trasnacionales, señalaron académicos. Tan sólo entre 2012 y 2018 casi la mitad de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones que hubo a defensores ambientales en el rubro hidráulico están relacionados con la construcción del acueducto Independencia en Sonora, indica el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2019 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En el balance de 2020 reportó que en todo el país hubo 12 ataques dirigidos a comunidades defensoras del agua, suelo y territorio. El acueducto Independencia, al que se ha opuesto la tribu yaqui y planeado por el gobierno desde 2010 para llevar agua del río a Hermosillo, “era el sello para dejarlo prácticamente sin agua, ya que tras el decreto de Lázaro Cárdenas de que 50 por ciento de las aguas del río era para los yaquis y el otro 50 por ciento para los agricultores, el gobierno lo que hizo fue construir presas, el agua se desvió a los campos agrícolas y el caudal desapareció”, sostuvo el abogado Francisco López Bárcenas en entrevista. Consideró que el acoso a las comunidades de la región se acentuó desde 2016 y comenzó contra los opositores al gasoducto en la comunidad Loma de Bácum. Ahora,
X Líderes yaquis asistieron al Senado en 2014 para exigir que se detuviera el trasvase de agua hacia Hermosillo a través del acueducto Independencia. Foto María Luisa Severiano
agregó, con el plan de justicia del pueblo yaqui, que impulsa el gobierno federal, se dice que se va a devolver el agua, pero ya ni siquiera hay caudal natural. El plan de justicia del pueblo yaqui ha puesto en alerta a los acaparadores, que en combinación con el cacicazgo y el crimen organizado tienen una campaña para aterrorizar al pueblo. En “la lucha por el agua, están en juego los derechos de los pueblos originarios que, con distintos niveles de organización y cohesión, están dando luchas”, apuntó Pedro Moctezuma, del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la coordinadora Agua para Todos, tras confirmarse el asesinato del vocero Tomás Rojo. Las afectaciones de acuíferos y cuerpos de agua se han acentuado, ante lo cual las comunidades han optado por la lucha jurídica y las movilizaciones. Pese a logros que obtuvieron, incluso cuando en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de la operación del acueducto Independencia, el gobierno de Sonora y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) violaron los acuerdos, sostuvo Leticia Merino, investigadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai). En este contexto se ve que no se pueden respetar los derechos si no se cambia el régimen actual
Sader: $299 millones a apoyos por sequía Durango, Dgo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) apoyará con 299 millones de pesos a los productores para reducir los efectos de la sequía en 20 entidades, aseguró Víctor Manuel Villalobos, titular de la dependencia. La Sader indicó que entregará 250 toneladas de semilla certificada de frijol para 10 mil hectáreas de las 200 mil que se siembran en la entidad y se cobrará a 20 pesos el kilo a cada productor beneficiado. También destinará 35 millones de
pesos para enfrentar los daños causados por el estiaje. Por su parte, el gobernador José Aispuro Torres se sumó al plan para que los productores sólo paguen 10 pesos y ayudará a productores de 20 mil hectáreas con más semilla certificada, es decir, regalará un kilo por cada kilo que compren. La Federación además entregará grano a agricultores de avena y destinará 15 millones de pesos para la compra de suplemento alimenticio para el ganado. Saúl Maldonado, corresponsal
establecido con la Ley de Aguas Nacionales, con su sistema de concesiones, “es necesario cambiar las reglas de juego, impulsar leyes desde abajo, como la iniciativa ciudadana de la ley general de aguas”, señaló. Carlos Vargas, también académi-
co, aseveró que para los pueblos el agua es sagrada, “por algo persisten sus cuerpos de agua. Porque tienen un especial cuidado, es sagrado, y representan una amenaza al gran capital y enfrentan la voracidad del negocio con el agua. Esto se ve no sólo con la nación yaqui, sino con
los pueblos que son despojados por las megaobras”. La investigadora Eloísa Domínguez refirió que en Hermosillo hay zonas donde se presentan los mayores abatimientos de niveles de agua, hay una gran intrusión salina, es un “acuífero cadáver”.
México, segundo país más peligroso para ambientalistas en América: AI ANGÉLICA ENCISO Y JESSICA XANTOMILA
En lo que va de 2021 por lo menos tres defensores del agua han sido asesinados en el país, igual número de casos que en todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebatan el líquido vital a sus comunidades. La violencia contra los defensores ambientales en general va en aumento y el homicidio ha sido la agresión más recurrente por segundo año consecutivo desde que empezó la actual administración federal, entre 2019 y 2020 sumaron 33 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, señaló en entrevista que el país es uno de los más peligrosos para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente; en América ocupa el
segundo lugar, tan sólo atrás de Colombia. En México, los defensores enfrentan diferentes riesgos, en muchos casos los ataques que reciben vienen de agentes del Estado, en varios más “la defensa se realiza en territorios que están en disputa con actores del crimen organizado”, mencionó. La mayoría de las agresiones, dijo, continúan impunes. Según el reporte del Cemda, durante 2020 hubo 18 defensores ambientales asesinados, de los cuales tres se relacionaron con temas del agua. El 24 de septiembre de ese año, en Tecate, Baja California, fue asesinado Óscar Eyraud Adams, defensor en su comunidad Kumiai de Juntas de Nejí, ante el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales en ese municipio. Un día después, también en Tecate, fue asesinado su cuñado, Daniel Sotelo. En Jiutepec, Morelos, Isaac Herrera Avilés fue asesinado en su vivienda. Era defensor de la reserva natural Los Venados, donde se pretendía construir un complejo habitacional, y representante legal de los 13 pueblos en defensa del manantial Chihuahuita. En cuanto a 2021, a principios de marzo fue asesinado Jaime Jimé-
nez Ruiz, quien se oponía a la construcción de proyectos hidroeléctricos en Río Verde, Oaxaca. El 8 de junio, Luis Domínguez Mendoza, líder de la tribu yaqui, fue ultimado en el centro de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. El 21 de junio se confirmó que el cuerpo hallado al sureste de Vícam, Sonora, el día 18 de este mes, corresponde al de Tomás Rojo Valencia, también líder de la tribu yaqui y portavoz de los pueblos en resistencia durante la construcción y operación del acueducto Independencia en la entidad. Olivares Ferreto destacó que los defensores ambientales realizan una labor que correspondería al Estado hacer, proteger el agua, los territorios y los bosques, y es su responsabilidad garantizar que estas personas desarrollen su defensa en condiciones seguras. En ese sentido, dijo que en el país hace falta una política integral que permita identificar los riesgos en que pueden estar las personas defensoras y prevenir los ataques. Al momento, añadió, México sólo cuenta con un mecanismo dirigido a defensores de derechos humanos, que es reactivo y muchas de las medidas que implementa están diseñadas para entornos urbanos.
