ANGÉLICA ENCISO L. Y JESSICA XANTOMILA

LA JORNADA Domingo 27 de junio de 2021

POLÍTICA

INCUMPLEN ORDEN DE SCJN SOBRE EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Ataques históricos al pueblo yaqui se recrudecen hoy por el control del agua

Enfrentan agresiones de cacicazgos, agricultores y crimen organizado

ANGÉLICA ENCISO L.

Los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, en particular del agua, están bajo acoso. El pueblo yaqui en Sonora siempre ha enfrentado agresiones y represiones que ahora se dan en un contexto de crisis del líquido en la región, además de que se relacionan con fuerzas estatales y locales vinculadas a trasnacionales, señalaron académicos.

Tan sólo entre 2012 y 2018 casi la mitad de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones que hubo a defensores ambientales en el rubro hidráulico están relacionados con la construcción del acueducto Independencia en Sonora, indica el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2019 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En el balance de 2020 reportó que en todo el país hubo 12 ataques dirigidos a comunidades defensoras del agua, suelo y territorio.

El acueducto Independencia, al que se ha opuesto la tribu yaqui y planeado por el gobierno desde 2010 para llevar agua del río a Hermosillo, “era el sello para dejarlo prácticamente sin agua, ya que tras el decreto de Lázaro Cárdenas de que 50 por ciento de las aguas del río era para los yaquis y el otro 50 por ciento para los agricultores, el gobierno lo que hizo fue construir presas, el agua se desvió a los campos agrícolas y el caudal desapareció”, sostuvo el abogado Francisco López Bárcenas en entrevista.

Consideró que el acoso a las comunidades de la región se acentuó desde 2016 y comenzó contra los opositores al gasoducto en la comunidad Loma de Bácum. Ahora,

Líderes yaquis asistieron al Senado en 2014 para exigir que se detuviera el trasvase de agua hacia Hermosillo a través del acueducto Independencia. Foto María Luisa Severiano

agregó, con el plan de justicia del pueblo yaqui, que impulsa el gobierno federal, se dice que se va a devolver el agua, pero ya ni siquiera hay caudal natural.

El plan de justicia del pueblo yaqui ha puesto en alerta a los acaparadores, que en combinación con el cacicazgo y el crimen organizado tienen una campaña para aterrorizar al pueblo. En “la lucha por el agua, están en juego los derechos de los pueblos originarios que, con distintos niveles de organización y cohesión, están dando luchas”, apuntó Pedro Moctezuma, del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la coordinadora Agua para Todos, tras confirmarse el asesinato del vocero Tomás Rojo.

Las afectaciones de acuíferos y cuerpos de agua se han acentuado, ante lo cual las comunidades han optado por la lucha jurídica y las movilizaciones.

Pese a logros que obtuvieron, incluso cuando en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de la operación del acueducto Independencia, el gobierno de Sonora y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) violaron los acuerdos, sostuvo Leticia Merino, investigadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai).

En este contexto se ve que no se pueden respetar los derechos si no se cambia el régimen actual

Sader: $299 millones a apoyos por sequía

Durango, Dgo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) apoyará con 299 millones de pesos a los productores para reducir los efectos de la sequía en 20 entidades, aseguró Víctor Manuel Villalobos, titular de la dependencia. La Sader indicó que entregará 250 toneladas de semilla certificada de frijol para 10 mil hectáreas de las 200 mil que se siembran en la entidad y se cobrará a 20 pesos el kilo a cada productor beneficiado. También destinará 35 millones de pesos para enfrentar los daños causados por el estiaje. Por su parte, el gobernador José Aispuro Torres se sumó al plan para que los productores sólo paguen 10 pesos y ayudará a productores de 20 mil hectáreas con más semilla certificada, es decir, regalará un kilo por cada kilo que compren. La Federación además entregará grano a agricultores de avena y destinará 15 millones de pesos para la compra de suplemento alimenticio para el ganado.

Saúl Maldonado, corresponsal establecido con la Ley de Aguas Nacionales, con su sistema de concesiones, “es necesario cambiar las reglas de juego, impulsar leyes desde abajo, como la iniciativa ciudadana de la ley general de aguas”, señaló.

Carlos Vargas, también académico, aseveró que para los pueblos el agua es sagrada, “por algo persisten sus cuerpos de agua. Porque tienen un especial cuidado, es sagrado, y representan una amenaza al gran capital y enfrentan la voracidad del negocio con el agua. Esto se ve no sólo con la nación yaqui, sino con los pueblos que son despojados por las megaobras”.

La investigadora Eloísa Domínguez refirió que en Hermosillo hay zonas donde se presentan los mayores abatimientos de niveles de agua, hay una gran intrusión salina, es un “acuífero cadáver”.

México, segundo país más peligroso para ambientalistas en América: AI

ANGÉLICA ENCISO Y JESSICA XANTOMILA

En lo que va de 2021 por lo menos tres defensores del agua han sido asesinados en el país, igual número de casos que en todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebatan el líquido vital a sus comunidades.

La violencia contra los defensores ambientales en general va en aumento y el homicidio ha sido la agresión más recurrente por segundo año consecutivo desde que empezó la actual administración federal, entre 2019 y 2020 sumaron 33 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, señaló en entrevista que el país es uno de los más peligrosos para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente; en América ocupa el segundo lugar, tan sólo atrás de Colombia.

En México, los defensores enfrentan diferentes riesgos, en muchos casos los ataques que reciben vienen de agentes del Estado, en varios más “la defensa se realiza en territorios que están en disputa con actores del crimen organizado”, mencionó. La mayoría de las agresiones, dijo, continúan impunes.

Según el reporte del Cemda, durante 2020 hubo 18 defensores ambientales asesinados, de los cuales tres se relacionaron con temas del agua. El 24 de septiembre de ese año, en Tecate, Baja California, fue asesinado Óscar Eyraud Adams, defensor en su comunidad Kumiai de Juntas de Nejí, ante el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales en ese municipio. Un día después, también en Tecate, fue asesinado su cuñado, Daniel Sotelo.

En Jiutepec, Morelos, Isaac Herrera Avilés fue asesinado en su vivienda. Era defensor de la reserva natural Los Venados, donde se pretendía construir un complejo habitacional, y representante legal de los 13 pueblos en defensa del manantial Chihuahuita.

En cuanto a 2021, a principios de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, quien se oponía a la construcción de proyectos hidroeléctricos en Río Verde, Oaxaca. El 8 de junio, Luis Domínguez Mendoza, líder de la tribu yaqui, fue ultimado en el centro de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora.

El 21 de junio se confirmó que el cuerpo hallado al sureste de Vícam, Sonora, el día 18 de este mes, corresponde al de Tomás Rojo Valencia, también líder de la tribu yaqui y portavoz de los pueblos en resistencia durante la construcción y operación del acueducto Independencia en la entidad.

Olivares Ferreto destacó que los defensores ambientales realizan una labor que correspondería al Estado hacer, proteger el agua, los territorios y los bosques, y es su responsabilidad garantizar que estas personas desarrollen su defensa en condiciones seguras.

En ese sentido, dijo que en el país hace falta una política integral que permita identificar los riesgos en que pueden estar las personas defensoras y prevenir los ataques. Al momento, añadió, México sólo cuenta con un mecanismo dirigido a defensores de derechos humanos, que es reactivo y muchas de las medidas que implementa están diseñadas para entornos urbanos.

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ENTRE LAS AMENAZAS Sistemas agroalimentarios indígenas, “en alto riesgo de desaparecer”, alerta la FAO

JARED LAURELES

Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas “están en alto riesgo de desaparecer” en los próximos años, debido al cambio climático, los grandes proyectos de infraestructura y el otorgamiento de concesiones mineras, agrícolas y comerciales para operar en sus territorios, indica un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Destaca también que los sistemas alimentarios tradicionales se encuentran entre “los más sostenibles e innovadores”, porque generan cientos de alimentos desde el medio ambiente sin agotar los recursos naturales y alcanzan altos niveles de autosuficiencia.

“Los pueblos indígenas son y siempre han sido innovadores dinámicos, aprendiendo unos de otros y desarrollando un enfoque sistemático, basado en la observación”, subrayó el director general de la FAO, Qu Dongyu.

El documento “Sistema alimentario de los pueblos indígenas, perspectivas de sostenibilidad y resiliencia desde la primera línea del cambio climático” analiza los métodos de los pueblos originarios en Colombia, Guatemala, Finlandia, Camerún, Islas Salomón, Malí e India, e identifica los principales factores que los afectan, “sus perspectivas futuras como administradores de ecosistemas intactos y territorios que contienen 80 por ciento de la biodiversidad que queda”.

Si bien advierte que una serie de factores amenazan a estos “sofisticados” sistemas, también “representan una guía para la seguridad alimentaria y la preservación de la bioseguridad”, al combinar diferentes técnicas para generar alimentos, como la caza, la pesca, el pastoreo y la agricultura migratoria.

Casi 500 millones de personas en más de 90 países se identifican como “pueblos indígenas”, debido a sus conocimientos tradicionales únicos, refiere el informe.

Para los expertos “es urgente” que los gobiernos y la comunidad internacional implementen políticas interculturales que apoyen los esfuerzos de los pueblos indígenas para proteger sus sistemas alimentarios.

“A pesar de sobrevivir durante siglos, es probable que los sistemas agroalimentarios de los pueblos indígenas desaparezcan en los próximos años debido a una serie de factores que amenazan su futuro”, denunció Juan Lucas Restrepo, director general de la Alianza de Bioversity-International y del International Center for Tropical Agriculture, colaborador del estudio.

Plantea la Auditoría alianza gobierno-IP para cumplir con la Agenda 2030 de ONU

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La pandemia, así como los recortes presupuestales derivados de sus impactos económicos, obstaculizan las posibilidades de que México cumpla con la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su más reciente revisión a los avances de este plan para erradicar la pobreza extrema, proteger al planeta y asegurar la prosperidad, la ASF señala que si bien se trata de un compromiso de Estado, los recursos públicos serán insuficientes para cumplir la Agenda 2030, por lo que plantea que la única vía para alcanzar las metas es una alianza con la IP.

La Agenda 2030, que entró en vigor el 1º de enero de 2016, es, de acuerdo con Naciones Unidas, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

En opinión de la ASF, en 2020, se materializaron riesgos que obstaculizan el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado mexicano en la Agenda 2030, con mayores limitaciones presupuestarias por las posibles reasignaciones de gasto y nuevas prioridades surgidas de la pandemia, lo cual repercutirá en la disponibilidad de recursos públicos para cumplir con el plan.

En una revisión hecha en el contexto de la fiscalización de la cuenta pública 2019, la ASF señala que aunque el Covid-19 es una limitante para alcanzar los objetivos de la Agenda, no sólo en México, sino en todo el mundo, el gobierno ha tomado medidas para impulsar su cumplimiento.

“El Ejecutivo federal ha impulsado acciones para avanzar en la ejecución de la Agenda 2030, pero la materialización de riesgos como el Covid-19 ha requerido la reorientación del gasto y propiciado la reducción de los ingresos públicos”.

Por ello, la ASF plantea que “es necesaria la participación del sector privado en proyectos de desarrollo sostenible, ambientales, verdes y sociales, debido a que actualmente tiene una baja contribución”.

Añade que si bien la Agenda 2030 es un compromiso de Estado, “el financiamiento corresponde a una alianza público-privada, porque los recursos públicos serían insuficientes para cumplir la Agenda 2030, más aun cuando la pandemia exacerbó las limitaciones presupuestarias”.

En su análisis, la Auditoría señala que la emergencia sanitaria implica una redefinición en las prioridades nacionales, en las que se destaca el preservar la salud y el mayor número de vidas posible, pero esto no significa dejar la Agenda 2030 de lado. “Al contrario, se deben reforzar los compromisos asumidos debido a que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible representa mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población, en específico, de los menos favorecidos, quienes también han sido los más afectados por la pandemia”.

Acusan uso racista de Voladores de Papantla

DE LA REDACCIÓN

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Cultura federal condenaron el uso “denigrante y racista” de la ceremonia de los Voladores de Papantla, hecho por la empresa Moneyman y el actor y conductor Arath de la Torre.

A través de un comunicado, el INPI señaló que, “en un lamentable y burdo anuncio publicitario”, dicha compañía “hace mofa del ritual prehispánico de los Voladores de Papantla, declarado en 2009 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el video en cuestión, De la Torre dice: “¿sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman? Que ambos te generan cero interés”. Unos segundos después, se observa un efecto de edición en el que la cifra $4,000 “cae encima” de uno de los voladores, aplastándolo.

El INPI recordó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que dichos colectivos “tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos”, así como a “practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales”.

De igual manera, el organismo subrayó: “tras la torpe difusión de una tradición arraigada en los estados de Puebla y Veracruz, se demanda a todas las empresas y sectores sociales a no abonar al clima de racismo, discriminación e ignorancia que tanto daño les ha ocasionado a nuestros pueblos y comunidades indígenas”.

Por su parte, en un mensaje en redes sociales, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, se sumó a la condena contra el mencionado comercial, “por hacer uso indebido de la imagen de

▲ La Secretaría de Cultura federal se sumó a la condena contra el comercial que ridiculiza el ritual ancestral. Foto Notimex

la Ceremonia Ritual de Voladores en una publicidad donde se ofende, discrimina, devalúa y ridiculiza la ceremonia, considerada sagrada por parte de los portadores de esta práctica ancestral”.