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LA JORNADA Lunes 4 de abril de 2022
POLÍTICA NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS La revocación sumaria // Se acaba “el debido proceso” // Exigencia imposible en la ley ORTIZ TEJEDA
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O LE DEMOS vueltas: la consulta para la revocación de mandato no es, en una breve y certera definición, sino un juicio sumario. ¿Escribí sumario? Pues refiriéndome al ejercicio del 10 de abril, a la manera del inolvidable maestro Lara, me mostré “medroso y cobarde”. La palabra indicada es: sumarísimo o sumario di’a madre. Dice mi lexicón consultado que un juicio sumario es “un procedimiento especial, cuando lo señala la ley.” Nomás eso faltaba: si la ley lo señala, pues como se decía en el rancho, “o cabresteas o te ahorcas.” Pero recordemos que los diccionarios son la definiciones o descripciones de lo obvio, por eso, en esta ocasión agreguemos opinión recabada en otros lados. En un juicio sumario, diversas formalidades, obligadas en un proceso ordinario, sufren (o gozan) de transformaciones. Los términos, por ejemplo, se acortan, son breves (recuerdo a uno de mis maestros de procesal que nos repetía: “Jamás se les olvide que, para los abogados, los términos son fatales”). Y algo de la mayor importancia: muchas de las condiciones, exigencias, requisitos que en un juicio ordinario son indispensables, en un juicio sumario se atenúan o se dispensan. Pues yo sostengo que la consulta de la próxima semana es precisamente un juicio sumario que tritura todas las condiciones que constituyen la espina dorsal de nuestro sistema de impartición de justicia. Me refiero al llamado “debido proceso”
COMENCEMOS POR LO obvio: la consulta no tiene como objetivo preguntar a los ciudadanos si consideran que se debe someter al Presidente a ese arbitrio colectivo. En sí misma, es el juicio y la contestación a la disyuntiva planteada es el fallo, la sentencia. Consulta, del latín consultare, quiere decir solicitar consejo, opinión, dictamen. La de ahora es un mecanismo que posibilita la participación ciudadana en la toma de decisiones y, por lo mismo, un ejercicio de la democracia directa. Ya antes la columneta ha sostenido que su diseño y operación es la suma de infinidad de aberraciones y desatinos: comenzando por la nominación de la ley, y luego, obviamente, por la violación flagrante de garantías, normas y protocolos a esa columna vertebral en la que se sostiene lo que denominamos estado de derecho y que hace posible la convivencia social y las relaciones de los ciudadanos entre sí y con las instancias gubernamentales de todos los niveles, con salvaguarda absoluta de sus derechos humanos, sociales, políticos y de
todos los otros que no se sientan comprendidos aquí. A su vez, el estado de derecho reclama, exige para su existencia, de una serie de condiciones indispensables a fin de que pueda cumplir su cometido. Por ahora, mencionemos cuáles son las trabes que sostienen y estructuran el llamado “debido proceso” y, de pasada, nomás por no dejar, lancemos una mirada de soslayo a la consulta y opinemos: ¿Han sido cumplidos (ni siquiera rigurosamente, sino tan sólo formalmente) los requerimientos esenciales del procedimiento? ¿Se le informó al sedicente inculpado de los cargos que en su contra se habían presentado y, por quiénes? Tengo entendido que siendo tan buenos abogados los interesados, a nadie se le ocurrió que un solo individuo podría cubrir el rol de los ciudadanos. Entonces, el titular del Poder Ejecutivo comparece ante la emoción, percepción, riguroso análisis o simple pálpito de los denunciantes… anónimos. También frente a prejuicios (es decir, opiniones preconcebidas sin el debido conocimiento). No se le informa de las denuncias, agravios u ofensas que se le imputan y se le prohíbe cualquier forma de expresión en su defensa. Todo lo que se diga en su contra y por cualquier medio es no sólo un derecho, sino una obligación ciudadana para contribuir al perfeccionamiento de nuestra incipiente democracia. En cambio, lo que se diga en favor del enjuiciado es propaganda, violatoria de la Ley de Revocación.
Termina proceso de mexicana condenada en Qatar a prisión y recibir 100 latigazos EMIR OLIVARES ALONSO
Desde 2020 estaba en Qatar donde trabajaba en los preparativos para el Mundial de Futbol que se realizará este año. El 7 de junio de 2021 fue agredida por parte de un hombre de origen latino que ingresó a su vivienda. Ella denunció los hechos, pero en un intento por atenuar los cargos, el responsable alegó que mantenían una relación sentimental –lo que en ese país es considerado como delito de “convivencia fuera del matrimonio”–, por lo que se inició un proceso contra la mexicana. En un comunicado, la SRE aseguró que la embajada de México en aquel país dio, en el marco de sus facultades, apoyo a la connacional. “Se le brindó acompañamiento en el proceso de denuncia y apoyo de interpretación. Asimismo, realizó gestiones para facilitar que pudiera abandonar territorio catarí”. Shietekat logró salir el 25 de junio del año pasado con ayuda de sus empleadores y de la organización Human Rights Watch. Un día después retornó a nuestro país, desde donde continuó el proceso La cancillería indicó que la mexicana ha contado con representación legal y por instrucciones de Ebrard, el gobierno de México cubrió los honorarios de su abogada para la etapa procesal del juicio y robusteció su defensa con el apoyo de la Consultoría Jurídica de la SRE.
ÚLTIMO DETALLITO DE amistad (si es que la maestra Ponce sigue recordando la tabla del 9): elecciones federales 2018. Lista nominal: 89 123 355. Número de casillas: 156 808. Votos por AMLO: 30 113 483. Votos totales: 56 611 027. Porcentaje de sufragios de la lista nominal: 63.42. Consulta de revocación: Lista nominal: 92 805 424. Número de casillas: 57 516. O sea, 35.39 por ciento de las instaladas antes. Votos requeridos para ser vinculante: 37 122 168.
Un juez de Qatar dio por concluido el proceso penal contra la mexicana Paola Schietekat, quien había sido acusada de “convivencia fuera del matrimonio”, un delito grave en esa nación que se castiga con siete años de prisión y 100 latigazos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apoyó a la connacional luego de que hace más de un mes el caso trascendiera públicamente. En 2021 pasó de víctima de abuso sexual a imputada ya que para evadir la justicia su agresor aseguró que sostenían una relación extramatrimonial. La cancillería detalló que en una audiencia efectuada ayer, la abogada de la mexicana sometió a la consideración del juez y del procurador fiscal en Qatar los argumentos legales y con eso determinó concluir el procedimiento penal. La mexicana denunció en su momento que no tuvo el apoyo suficiente de las autoridades diplomáticas nacionales, por lo que el 18 de febrero el canciller Marcelo Ebrard la recibió y comprometió el apoyo de la dependencia. Luego del fallo judicial, Schietekat agradeció en redes sociales al canciller, al consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, y a la subsecretaría de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, por su intervención.
UN VERDADERO DESPROPÓSITO es que habiendo aumentado más de 3 millones la lista nominal de electores de 2018 a la fecha, y frente a eso, habiendo disminuido para esta consulta las casillas hasta una tercera parte, se exijan más de 37 millones de votos para considerar que el resultado sea vinculante, ¿no lo creen?
López Betancourt exige restitución en la UNAM
ME DIJO UNO de mis amigos alienígenas: en verdad, Ortiz, no entiendo a los terrícolas. Todo lo que me cuentas de esta consulta es una gran paradoja. ¡Claro que no puedes entenderlo! No es una paradoja …es una parajoda. @ortiztejeda
ortiz_tejeda@hotmail.com
▲ A una semana del proceso, una pinta que invita a participar. Foto Luis Castillo
DE LA REDACCIÓN
El jurista Eduardo López Betancourt envió una carta el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, para denunciar que ha sido desacatada la orden del juez federal que ordenó restituirle sus derechos. A siete días de que recibiera la suspensión definitiva de la justicia federal, el académico reveló que no ha sido reinstalado como integrante del consejo técnico de la Facultad de Derecho ni en el cargo de presidente del Tribunal Universitario. En la misiva, informa al rector “la indebida conducta” que asume Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho y presidente del consejo técnico de la misma, ya que la resolución determinó la suspensión inmediata, lo que ocurrió el 25 de marzo. Recordó que desde el lunes 28 de marzo el impartidor de justicia notificó la resolución a su favor. Sin embargo, “no he sido reinstalado en mis actividades como profesor de carrera de tiempo completo tipo C,
consejero técnico y decano en la Facultad de Derecho, así como titular del Tribunal Universitario”. El académico explicó que “el efecto inmediato significa que no admite demora alguna, por lo que obliga al director de la Facultad de Derecho a citar de inmediato a una sesión extraordinaria al consejo técnico, cuando menos, con la misma rapidez con la que lo hizo cuando se actuó en mi contra”. Pero ha transcurrido una semana “y hasta este día no existe ni llamado ni convocatoria alguna a dicha sesión extraordinaria”. La semana pasada, la UNAM informó que hará acciones conducentes para que el consejo técnico de esa escuela dé estricto cumplimiento a la orden de un juez de amparo con el fin de que se reincorpore como integrante de dicho órgano colegiado y presidente del Tribunal Universitario, además de que se le restituya en sus actividades académicas; sin embargo, adelantó que interpondría un recurso de revisión ante la autoridad judicial competente en contra de la orden.
