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Ortiz Tejeda
by La Jornada
NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS La revocación sumaria // Se acaba “el debido proceso” // Exigencia imposible en la ley
ORTIZ TEJEDA
NO LE DEMOS vueltas: la consulta para la revocación de mandato no es, en una breve y certera definición, sino un juicio sumario. ¿Escribí sumario? Pues refiriéndome al ejercicio del 10 de abril, a la manera del inolvidable maestro Lara, me mostré “medroso y cobarde”. La palabra indicada es: sumarísimo o sumario di’a madre. Dice mi lexicón consultado que un juicio sumario es “un procedimiento especial, cuando lo señala la ley.” Nomás eso faltaba: si la ley lo señala, pues como se decía en el rancho, “o cabresteas o te ahorcas.” Pero recordemos que los diccionarios son la definiciones o descripciones de lo obvio, por eso, en esta ocasión agreguemos opinión recabada en otros lados. En un juicio sumario, diversas formalidades, obligadas en un proceso ordinario, sufren (o gozan) de transformaciones. Los términos, por ejemplo, se acortan, son breves (recuerdo a uno de mis maestros de procesal que nos repetía: “Jamás se les olvide que, para los abogados, los términos son fatales”). Y algo de la mayor importancia: muchas de las condiciones, exigencias, requisitos que en un juicio ordinario son indispensables, en un juicio sumario se atenúan o se dispensan. Pues yo sostengo que la consulta de la próxima semana es precisamente un juicio sumario que tritura todas las condiciones que constituyen la espina dorsal de nuestro sistema de impartición de justicia. Me refiero al llamado “debido proceso”
COMENCEMOS POR LO obvio: la consulta no tiene como objetivo preguntar a los ciudadanos si consideran que se debe someter al Presidente a ese arbitrio colectivo. En sí misma, es el juicio y la contestación a la disyuntiva planteada es el fallo, la sentencia. Consulta, del latín consultare, quiere decir solicitar consejo, opinión, dictamen. La de ahora es un mecanismo que posibilita la participación ciudadana en la toma de decisiones y, por lo mismo, un ejercicio de la democracia directa. Ya antes la columneta ha sostenido que su diseño y operación es la suma de infinidad de aberraciones y desatinos: comenzando por la nominación de la ley, y luego, obviamente, por la violación flagrante de garantías, normas y protocolos a esa columna vertebral en la que se sostiene lo que denominamos estado de derecho y que hace posible la convivencia social y las relaciones de los ciudadanos entre sí y con las instancias gubernamentales de todos los niveles, con salvaguarda absoluta de sus derechos humanos, sociales, políticos y de todos los otros que no se sientan comprendidos aquí. A su vez, el estado de derecho reclama, exige para su existencia, de una serie de condiciones indispensables a fin de que pueda cumplir su cometido. Por ahora, mencionemos cuáles son las trabes que sostienen y estructuran el llamado “debido proceso” y, de pasada, nomás por no dejar, lancemos una mirada de soslayo a la consulta y opinemos: ¿Han sido cumplidos (ni siquiera rigurosamente, sino tan sólo formalmente) los requerimientos esenciales del procedimiento? ¿Se le informó al sedicente inculpado de los cargos que en su contra se habían presentado y, por quiénes? Tengo entendido que siendo tan buenos abogados los interesados, a nadie se le ocurrió que un solo individuo podría cubrir el rol de los ciudadanos. Entonces, el titular del Poder Ejecutivo comparece ante la emoción, percepción, riguroso análisis o simple pálpito de los denunciantes… anónimos. También frente a prejuicios (es decir, opiniones preconcebidas sin el debido conocimiento). No se le informa de las denuncias, agravios u ofensas que se le imputan y se le prohíbe cualquier forma de expresión en su defensa. Todo lo que se diga en su contra y por cualquier medio es no sólo un derecho, sino una obligación ciudadana para contribuir al perfeccionamiento de nuestra incipiente democracia. En cambio, lo que se diga en favor del enjuiciado es propaganda, violatoria de la Ley de Revocación.
ÚLTIMO DETALLITO DE amistad (si es que la maestra Ponce sigue recordando la tabla del 9): elecciones federales 2018. Lista nominal: 89 123 355. Número de casillas: 156 808. Votos por AMLO: 30 113 483. Votos totales: 56 611 027. Porcentaje de sufragios de la lista nominal: 63.42. Consulta de revocación: Lista nominal: 92 805 424. Número de casillas: 57 516. O sea, 35.39 por ciento de las instaladas antes. Votos requeridos para ser vinculante: 37 122 168. UN VERDADERO DESPROPÓSITO es que habiendo aumentado más de 3 millones la lista nominal de electores de 2018 a la fecha, y frente a eso, habiendo disminuido para esta consulta las casillas hasta una tercera parte, se exijan más de 37 millones de votos para considerar que el resultado sea vinculante, ¿no lo creen?
ME DIJO UNO de mis amigos alienígenas: en verdad, Ortiz, no entiendo a los terrícolas. Todo lo que me cuentas de esta consulta es una gran paradoja. ¡Claro que no puedes entenderlo! No es una paradoja …es una parajoda.
@ortiztejeda ortiz_tejeda@hotmail.com
Termina proceso de mexicana condenada en Qatar a prisión y recibir 100 latigazos
EMIR OLIVARES ALONSO
Un juez de Qatar dio por concluido el proceso penal contra la mexicana Paola Schietekat, quien había sido acusada de “convivencia fuera del matrimonio”, un delito grave en esa nación que se castiga con siete años de prisión y 100 latigazos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apoyó a la connacional luego de que hace más de un mes el caso trascendiera públicamente. En 2021 pasó de víctima de abuso sexual a imputada ya que para evadir la justicia su agresor aseguró que sostenían una relación extramatrimonial.
La cancillería detalló que en una audiencia efectuada ayer, la abogada de la mexicana sometió a la consideración del juez y del procurador fiscal en Qatar los argumentos legales y con eso determinó concluir el procedimiento penal.
La mexicana denunció en su momento que no tuvo el apoyo suficiente de las autoridades diplomáticas nacionales, por lo que el 18 de febrero el canciller Marcelo Ebrard la recibió y comprometió el apoyo de la dependencia.
Luego del fallo judicial, Schietekat agradeció en redes sociales al canciller, al consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, y a la subsecretaría de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, por su intervención.
Desde 2020 estaba en Qatar donde trabajaba en los preparativos para el Mundial de Futbol que se realizará este año. El 7 de junio de 2021 fue agredida por parte de un hombre de origen latino que ingresó a su vivienda. Ella denunció los hechos, pero en un intento por atenuar los cargos, el responsable alegó que mantenían una relación sentimental –lo que en ese país es considerado como delito de “convivencia fuera del matrimonio”–, por lo que se inició un proceso contra la mexicana.
En un comunicado, la SRE aseguró que la embajada de México en aquel país dio, en el marco de sus facultades, apoyo a la connacional. “Se le brindó acompañamiento en el proceso de denuncia y apoyo de interpretación. Asimismo, realizó gestiones para facilitar que pudiera abandonar territorio catarí”.
Shietekat logró salir el 25 de junio del año pasado con ayuda de sus empleadores y de la organización Human Rights Watch. Un día después retornó a nuestro país, desde donde continuó el proceso
La cancillería indicó que la mexicana ha contado con representación legal y por instrucciones de Ebrard, el gobierno de México cubrió los honorarios de su abogada para la etapa procesal del juicio y robusteció su defensa con el apoyo de la Consultoría Jurídica de la SRE.
López Betancourt exige restitución en la UNAM
DE LA REDACCIÓN
El jurista Eduardo López Betancourt envió una carta el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, para denunciar que ha sido desacatada la orden del juez federal que ordenó restituirle sus derechos.
A siete días de que recibiera la suspensión definitiva de la justicia federal, el académico reveló que no ha sido reinstalado como integrante del consejo técnico de la Facultad de Derecho ni en el cargo de presidente del Tribunal Universitario.
En la misiva, informa al rector “la indebida conducta” que asume Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho y presidente del consejo técnico de la misma, ya que la resolución determinó la suspensión inmediata, lo que ocurrió el 25 de marzo.
Recordó que desde el lunes 28 de marzo el impartidor de justicia notificó la resolución a su favor. Sin embargo, “no he sido reinstalado en mis actividades como profesor de carrera de tiempo completo tipo C, consejero técnico y decano en la Facultad de Derecho, así como titular del Tribunal Universitario”.
El académico explicó que “el efecto inmediato significa que no admite demora alguna, por lo que obliga al director de la Facultad de Derecho a citar de inmediato a una sesión extraordinaria al consejo técnico, cuando menos, con la misma rapidez con la que lo hizo cuando se actuó en mi contra”.
Pero ha transcurrido una semana “y hasta este día no existe ni llamado ni convocatoria alguna a dicha sesión extraordinaria”.
La semana pasada, la UNAM informó que hará acciones conducentes para que el consejo técnico de esa escuela dé estricto cumplimiento a la orden de un juez de amparo con el fin de que se reincorpore como integrante de dicho órgano colegiado y presidente del Tribunal Universitario, además de que se le restituya en sus actividades académicas; sin embargo, adelantó que interpondría un recurso de revisión ante la autoridad judicial competente en contra de la orden.
ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ
Una de las peculiaridades del sistema político estadunidense es que la elección de su presidente se hace mediante una fórmula llamada Colegio Electoral y no por votación directa y universal, como se hace en muchas naciones, una de ellas México. El Colegio Electoral se integra por el número de votos electorales según el número de ciudadanos que vive en el estado y tiene tantos votos electorales como el número de distritos, más los dos votos que corresponden a los senadores de cada estado.
La descripción viene a cuento porque cada diez años se celebra el censo de población y una de sus más importantes consecuencias es que se toma como referencia para la integración de los distritos electorales. Lo importante en esta ocasión es que el anuncio de sus resultados se hizo unos meses antes de las elecciones en las que estarán en juego la Cámara de Representantes en su totalidad y un tercio del Senado. De su conformación dependerá si el presidente Biden tendrá posibilidades de sacar adelante sus propuestas de gobierno. Si los demócratas pierden una de las dos cámaras, le será muy difícil, pero no imposible, que se aprueben previsiblemente con algunas modificaciones. No obstante, de perder ambas cámaras, el gobierno demócrata de Biden quedará a merced de la forma en que la oposición republicana decida la dirección que el país tomará.
El total de distritos electorales, y por lo tanto el número de diputados (representantes) en la Cámara de Representantes, es de 435. Los límites físicos de cada distrito los establecen los congresos estatales, por ello el partido mayoritario es el que, en última instancia, lleva la mano en la forma en que se integra el mapa electoral de cada estado. En algunos estados, los menos, una comisión independiente es la responsable de hacerlo. El problema de esa fórmula reside en la manera irregular y caprichosa mediante la cual se trazan las líneas divisorias, conocida en Estados Unidos como gerrymanandering.
En esta ocasión, varias circunstancias influyeron para que el censo fuera más impreciso de lo que normalmente es y, por lo tanto, en la manera en que se construyó el mapa electoral para los próximos 10 años. El censo se efectuó durante el año 2020, pero debido a la pandemia, la tabulación y la revisión necesaria para corregir in-
Los republicanos aprovecharon su mayoría para coartar el derecho a votar
consistencias no se realizaron, entre otras cosas debido a que el presidente Trump no autorizó que se extendiera el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Una de las inconsistencias es que, a diferencia de otros censos, esta vez, desde que se efectuó el conteo hasta que se tabularon sus resultados, por lo menos un millón de ciudadanos murieron precisamente a causa del covid-19, lo que evidentemente impactó en la formación de los distritos.
A final de cuentas, lo más sorprendente es que el conteo final de distritos arrojó un empate virtual: 218 distritos electorales para los demócratas y 216 para los republicanos (The Daily-The New York Times). Sin embargo, lo que en última instancia inclinará la balanza en la formación del Congreso en las elecciones de noviembre es la forma en que en muchos estados el Partido Republicano rescribió las normas para votar. Aprovecharon su mayoría para establecer medidas draconianas que coartan el derecho a votar, principalmente de las minorías y los sectores más pobres. Entre ellas: la restricción en el horario de votación, lo que en última instancia incide en quienes trabajan largas horas o dos turnos; limitación en el número de urnas en los barrios en los que vive la población de menores recursos; exigencia en presentar más de una identificación a la hora de votar, y supresión en las facilidades para votar por correo.
La preocupación del Partido Demócrata no es menor ante el temor de perder las elecciones por estas restricciones y debido a sus propias contradicciones sobre su mensaje de campaña.
DE LA REDACCIÓN
Agrupaciones civiles opositoras a la consulta de revocación de mandato marcharon ayer por las calles de la Ciudad de México, con el fin de manifestarse en contra del ejercicio promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La movilización inició en el Ángel de la Independencia y se dirigió hacia el Monumento a la Revolución. Los participantes vestían de blanco y llevaban pancartas en las que se leía: “¡Terminas y te vas!”, “¡Urnas vacías!” y “No votes el 10 de abril”, además de manifestar su respaldo al Instituto Nacional Electoral.
Entre los manifestantes contra la consulta de revocación de mandato asistieron Adrián LeBarón, integrantes de la organización “Sí por México” y del Partido de la Revolución Democrática.
El número de asistentes fue menor al estimado por los convocantes. También en otras ciudades, como Guadalajara, Puebla, Monterrey, Querétaro y Veracruz, ciudadanos salieron a las calles para expresarse en contra de esa consulta.
Escasez de agua y mandato constitucional
IVÁN RESTREPO
En diciembre próximo se cumplen 30 años de que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. Su objetivo: divulgar la importancia de los recursos hídricos y apoyar las iniciativas orientadas a brindar a todas las personas el acceso al agua potable, necesidad básica del ser humano, vital para su salud y entorno social. Además, la celebración busca que se adopten medidas para cambiar la situación que existe en muchas partes del planeta por la carencia de agua, crear conciencia sobre la importancia de conservarla y aprovecharla racionalmente.
Mucho antes de aprobar dicha celebración, Naciones Unidas realizó varias conferencias relacionadas con el agua. Como la de 1977. Cuatro años después, la que estableció el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990). En 1992, la conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente, además de la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro. También el Decenio Agua para la Vida (2005-2015), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Cumbre de París (2015) sobre cambio climático.
En esas y otras reuniones internacionales y dentro de cada país se han ofrecido datos que ilustran cómo la escasez de agua potable afecta a más de 40 por ciento de la población mundial. El continente africano vive la situación más grave, pues dos de cada tres habitantes (300 millones de personas) no tienen acceso a ella; en América Latina y el Caribe, no es suficiente para 110 millones. El futuro no es nada alentador: se calcula que la escasez afectará en 13 años más a 3 mil 500 millones de personas en el mundo. Las causas: el mal uso en las actividades agropecuarias e industriales, la deforestación, el aumento de las áreas desérticas, , la erosión, la contaminación de los suelos, la sequía.
También los desequilibrios en la dotación per capita: en los países desarrollados una persona utiliza en promedio 350 litros de agua al día; pero en la mayoría de los que están en vías de desarrollo, entre dos y cinco litros al día. Suplen las carencias adquiriendo a un alto costo agua en garrafones. Otro factor se sumó al panorama de escasez: el calentamiento global y la seguridad alimentaria. A menos líquido, menos producción de alimentos, migraciones por hambre, más enfermedades por la mala calidad del líquido (por diarrea mueren cada año casi un millón de personas, en especial niños) y conflictos internacionales y locales por controlar las fuentes de agua.
El panorama en México no es nada alentador. La Comisión Nacional del Agua señala que padecemos más sequía, afectando la producción agropecuaria y elevando los precios de los productos básicos. El mes pasado, la tercera parte del territorio nacional tenía sequías entre moderadas y excepcionales. Y las áreas en condiciones “anormalmente secas”, casi 69 por ciento.
El estado de Nuevo León, su capital, Monterrey, y su área conurbada, emblemas de la industrialización, son ejemplo de lo que sucede. Hace cinco años, Alfonso Martínez Muñoz, subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa entidad, afirmaba que en unos cuantos años más no habría agua para la población, las industrias y otras actividades económicas. Lo dijo cuando ya el líquido escaseaba en amplios sectores de la población, era vidente su contaminación por el sector industrial y casi nulo el tratamiento de las aguas residuales. Su pronóstico se está cumpliendo.
Cuando apenas comienza el seco verano, los 6 millones de habitantes de la megaurbe (que consumen muchísimo menos agua que los sectores agropecuario e industrial) no la reciben un día a la semana. Y se denuncia cómo los grandes beneficiarios, vía concesiones gubernamentales nada claras, no hacen uso racional del líquido. Y el colmo: dos trasnacionales: Ternium (principal productor de acero del país) y la cervecera Heineken, son las más favorecidas en concesiones.
Ante la escasez de agua, el presidente López Obrador pedirá esta semana a los empresarios de Nuevo León que, con el líquido que hay en los pozos que explotan, apoyen a la gente, en tanto llueve. Se prevé que sea en junio. ¿Lo correcto no sería hacer cumplir el mandato constitucional que fija como prioridad agua para la población? ¿Y más si ésta es propiedad de la nación?
Biden insulta a México
JOHN M. ACKERMAN
El pasado jueves, 31 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador atendió personalmente en Palacio Nacional durante cinco horas a dos funcionarios de tercer nivel del gobierno de Estados Unidos, el Enviado Especial para el Cambio Climático, John Kerry, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Con gran paciencia y tranquilidad, el presidente mexicano les explicó a ambos funcionarios los beneficios que tendrá la reforma eléctrica tanto para el desarrollo de la región norteamericana como para el bienestar de los pueblos de ambos lados del río Bravo.
López Obrador también escuchó durante largas horas la letanía de “preocupaciones” sobre la supuesta naturaleza “estatista” y “expropiadora” de la reforma eléctrica de parte de los altos ejecutivos de Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos y Ford, que acompañaban a los funcionarios estadunidenses. Estas empresas son los verdaderos dueños del poder en Washington y pretenden que el gobierno mexicano sea tan sumiso a sus exigencias y necesidades que su propio gobierno.
Jamás podríamos imaginar la celebración de una reunión similar entre el presidente Joseph Biden y funcionarios mexicanos de tercer nivel custodiando empresarios mexicanos para quejarse de una iniciativa de ley que el titular del gobierno estadunidense había enviado al Congreso de su país. Biden sería sometido a duras críticas por rebajar su investidura si apartara cinco horas de su agenda para semejante encuentro.
Pero a López Obrador le gusta romper esquemas y, en contraste con las formas elitistas y acartonadas de la política estadunidense, decidió dar un ejemplo de humildad y de hospitalidad mexicanas. En lugar de mandar a Kerry y a Salazar con un subsecretario de asuntos ambientales o energéticos, el mandatario mexicano hizo un esfuerzo especial por demostrar su apertura y espíritu colaborativo. “Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país”, declaró López Obrador.
Como gesto de buena voluntad, el Presidente mexicano también accedió a varias de las demandas específicas de los estadunidenses. En el primer punto del decálogo expuesto el pasado viernes el gobierno mexicano se compromete a no expropiar a ninguna empresa extranjera y señala que respetará plenamente los permisos de introducción de combustible de ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, siempre y cuando ofrezcan precios justos y no alimenten al mercado de huachicol. El gobierno mexicano además se comprometió a retirar las denuncias contra estas empresas y a levantar las clausuras a sus terminales de combustible.
López Obrador también invitó a las empresas estadounidenses a invertir en yacimientos, ductos y parques fotovoltaicos en México, así como a firmar “acuerdos conjuntos” para la inversión en energías limpias que permitan a ambos países transitar hacia un modelo más sustentable y ecológico. El mandatario mexicano también ratificó su compromiso con la prohibición de la extracción hidraúlica o fracking, la reducción del uso de carbón para la generación eléctrica, y la expansión de acciones ambientalistas, como el programa Sembrando Vida.
La respuesta altanera y soberbia del gobierno de Biden frente a la deferencia y la bonhomía de López Obrador no se hizo esperar. Unas horas después de la maratónica reunión entre los dos gobiernos, la embajada de Estados Unidos emitió un escueto comunicado que instruye a México con respecto a “los principios centrales que deben guiar la política del sector energética” y reitera las “grandes preocupaciones” de Estados Unidos con respecto a la reforma eléctrica de López Obrador por sus supuestas violaciones al TMEC así como la supuesta “pérdida de miles de millones de inversiones y el aumento en emisiones contaminantes” que resultarían de aprobarse las modificaciones legales (https://bit. ly/3qYbKpX).
Esta imperdonable grosería diplomática debe tener consecuencias inmediatas. El comunicado del gobierno de Biden es igual de violatorio a nuestra soberanía nacional que la reciente resolución del Parlamento Europeo y las presiones de las empresas españolas que también buscaron amedrentar y presionar al gobierno de López Obrador para que retire su iniciativa de reforma eléctrica. Lo recomendable sería que el mandatario mexicano respondiera a Washington de manera similar a como contestó a Bruselas y a Madrid, con una carta contundente en defensa de la soberanía nacional o, en su caso, con una suspensión temporal de relaciones diplomáticos con las empresas estadunidenses.
En este contexto, llama la atención la ausencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien prefirió emprender un largo paseo por Arabia Saudita e India a mantenerse al lado de su jefe para juntos defender la patria en estos momentos tan cruciales para el futuro del país. Su pronta salida del gabinete pareciera inminente. www.johnackerman.mx
