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Columnistas

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Para qué sirve el derecho Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

magine usted esto: una niña está con su padre en una tienda, cuando están saliendo toma un dulce, y en ese momento, le dice su papá que debe pagar para poder llevárselo. Tal vez la niña no entienda del todo lo que sucede, pero capta que, para poder llevarse algo que le gusta de ese lugar, debe entregar algo a cambio. Ahí ya está el sentido del derecho: no se puede tomar lo que uno quiere sin verificar la ausencia de un daño para otra persona. Desde luego de ahí a las definiciones de las mentes más sesudas, hay un buen trecho. Pero eso no nos importa, usted y yo no nos encontramos en una clase sino en una corta reflexión acerca del derecho y su razón de ser en nuestra sociedad.

I

Parece que existen dos opciones: la primera consiste en afirmar que el derecho tiene como función el conservar el orden social; la segunda postula que la misión del derecho es subvertir ese orden. Vayamos por partes. Nuestra sociedad encuentra una cierta manera de acomodarse, como todas; contiene en su interior no solo personas, ricas y complejas en su individualidad, sino también grupos en los que todos los humanos nos congregamos, ya sea porque compartamos gustos musicales, en razón de nuestro trabajo, o por el lugar en el cual vivimos. Estos grupos interactúan de diversas formas, intercambian bienes, servicios, ideas. Además, quienes los integramos formamos parte de más de uno. Por ejemplo, ¿dónde vive usted? ¿qué deporte le gusta? ¿qué música escucha? Así, debe existir una manera que permita a esos conjuntos de integrantes compartidos vivir en paz. Sin la existencia de un orden, el intercambio es imposible, los grupos se encierran en sí mismos y se proclama la guerra entre ellos. Ahora bien, pasemos a una observación de mayor detalle. Le propongo que

aceptemos que es necesario un mecanismo que permita el intercambio y la convivencia entre los grupos a los que pertenecemos y aquellos que nos son ajenos, bien, pero, ¿ese orden le parece justo? Si su respuesta es que no, que el orden social en que vivimos es tal que requiere ajustes, porque desconoce la dignidad de algunas personas, o porque permite que un grupo excluyente tome decisiones por personas que no lo integran, o por alguna otra razón, se presenta otra pregunta: ¿cómo debe lograrse el cambio? SIN APUROS

Se podría responder que con la educación, el paso del tiempo, la llegada de nuevas generaciones. Y entonces, en este enfoque más sutil, el derecho debería ser tal que permita la evolución de las sociedades, sin apurarlas. Habrá quien afirme que el orden en que vivimos es opresivo. Que ignora los derechos de amplias mayorías, evitando satisfacer demandas justas, de una manera que no debe permitirse más. Para quien piensa así, el cambio a largo plazo es poco menos que una qui-

mera; primero, porque supone que el futuro será mejor que el presente, cosa de la que no hay ninguna seguridad; y segundo, porque aún asumiendo que la justicia podría llegar con el tiempo, el paso de los años la torna ya en injusticia. Así, el derecho es visto como la herramienta para cambiar, de forma rápida y desde la tribuna parlamentaria o la toga judicial, una realidad que se considera oprobiosa, injusta en grado tal que no se puede esperar al efecto cívico de las aulas para que se corrija. El derecho, entonces, no debe permitir el cambio de la sociedad. Debe ser el impulsor de esa mutación en el orden. Usted, que tal vez es una ingeniera o un profesor de primaria, tiene ideas acerca de la sociedad y del derecho. De la justicia y la injusticia, en suma, de la manera en que se acomoda como persona en la sociedad, los grupos a los que pertenece y la manera en que es tratada tanto por las autoridades como por los demás humanos. Ahí está su idea del derecho, la que empezó a nacer cuando le enseñaron en la tienda que para tomar algo, hay que dar algo a cambio

C RÓ N I C A CO N F I D E N C I A L Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

La incongruencia al gobernar

A mis lectores hartos de la corrupción: yer les di cuenta sobre la intención de la 4T de cerrar 17 organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública federal y ofrecí abordar tres casos en particular. Hoy toca el relativo al combate a la corrupción, principal bandera de la 4T para llegar al poder. Debo confesar que yo imaginé al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se convertiría en el organismo favorito del actual presidente; lo mismo pensé que ocurriría con el Instituto Nacional de Transparencia y con la ONG Mexicanos

A

contra la Corrupción y la Impunidad. Ingenuo de mí. No solo no los “peló”, sino que este último es visto por Palacio Nacional, de tiempo atrás, como un acérrimo enemigo. El SNA no es para atender los casos como el de Emilio Lozoya; para eso están la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República. El SNA está para prevenir, fiscalizar, detectar y sancionar esos actos de corrupción menores, generalizados y sistémicos que a ustedes y a mí nos cuestan 13 mil millones de pesos al año. Le hablo de la corrupción en ventanilla o en un trámite y que a diario pega en nuestros bolsillos. Por ello, el SNA ha puesto énfasis en desarrollar instrumentos para detectar dónde están los huecos que permiten la corrupción, sean éstos procedimentales, legales y/o administrativos. Desde luego, el SNA da seguimiento a que sus recomendaciones se cumplan, bien sean ajustes a procesos o sanciones concretas. Por

cierto, poca es la difusión hecha a su trabajo y constituiría un importante avance conocer el santo y seña de los violadores. El SNA es un espacio de trabajo y coordinación para todos aquellos entes con tareas anticorrupción, tales como la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía del ramo, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura. Dichos entes tienen la visión macro. Lo interesante del SNA es que además de esta estructura vertical, también tiene una horizontal, pues en cada entidad hay una organización espejo llamada Sistema Estatal Anticorrupción. Además, cuenta con un agregado valioso: un Comité de Participación Ciudadana. Ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos al SNA si hay una Secretaría de la Función Pública? Pues resulta que ésta última, lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación, solo se ocupa de dineros federales y no puede intervenir en los malos manejos de recursos estatales. Ahora, supongamos que una Contraloría estatal se hace de la vista gorda o que el gobernador no quiere apretar las tuercas a la transparencia y la honestidad. Para eso está el SNA, pues ahí se echan ojo los unos a los otros. Por ejemplo, ya se tiene claro que los habitantes de Durango (mi tierra querida…), Ciudad de Mé-

xico, Estado de México y Quintana Roo tienen mucha mayor probabilidad de ser víctimas de la corrupción. Bueno, pues resulta que la 4T tiene la brillante idea de desaparecer la Secretaría Ejecutiva (SE) del SNA. Tengo copia del oficio 113/CJEF/CALEN/02317/202 que la Consejería Jurídica de la Presidencia envió el pasado 19 de enero al SNA, en el que le pide hacer “la evaluación del impacto presupuestario” de la eliminación de la Secretaría Ejecutiva. Ya ni la burla perdona la 4T. De eliminar la Secretaría Ejecutiva, el Sistema quedarìa en una mesa de mucha discusión, pero sin acciones concretas y más valdría eliminarlo por completo. Pero eso se vería muy mal, ¿verdad? Hay que guardar las apariencias. Una cosa debemos tener clara los ciudadanos: a mayor concentración de poder, menos transparencia y mayor facilidad para la corrupción. No se extrañe la 4T de que México siga en el lugar 124 de entre 180, países como uno de los más corruptos del mundo. ¡Vaya, Dios..! Investigación: Upa Ruiz upa@delfos.com.mx Internet: Lmendivil2010@gmail.com Facebook: Leopoldo Mendívil Twitter: @Lmendivil2015 Blog: leopoldomendivil.com


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