Luis Fernando Romero Torrejón

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GRANDES RETOS PARA EL 2023

Luis Fernando Romero Torrejón*†

1.- Introducción

El pasado octubre se presentó el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2023, el cual establece entre sus “principales objetivos” garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes, entre otros. El mismo, se constituye en un instrumento de política económica clave y transcendental para el manejo de las finanzas públicas de todo el Estado boliviano, en sus diferentes niveles de gobierno, incluidas universidades públicas y entidades gubernamentales; donde el manejo de los ingresos fiscales, ahora menores e inestables, deben ser invertidos idóneamente mediante un gasto público que debe optimizar estos recursos y usarlos de forma inteligente, al menos es lo que esperamos los bolivianos.

Sin embargo, este proceso se salió de contexto, ya que más allá de tener varias críticas y observaciones de la oposición sobre todo por su centralismo, se paralizó en el parlamento nacional por una pugna “política” interna del partido en función de gobierno, entre evistas y arcistas; es decir, nunca hubo un debate técnico que cuestione la viabilidad o no del PGE 2023 por parte al menos del oficialismo, lo cual también deja grandes dudas sobre la elaboración, implementación y efectividad del mismo.

El problema es el Presupuesto General del Estado para este 2023 aun muestra un gran nivel de centralismo en la administración y uso tanto de los gastos como en ingresos estatales que estarán a cargo del gobierno central al menos en un 85 %, lo cual genera dependencia financiera y económica de los demás niveles de Gobierno, incluido universidades públicas; además se observa vulnerabilidad del PGE 2023 como también de nuestro actual modelo económico, tomando en cuenta la perspectivas poca alentadoras de crecimiento del PIB para este próximo año, que de acuerdo al FMI y el Banco Mundial no superarán el 3,8 %.

El objetivo del presente artículo es analizar el Presupuesto General del Estado 2023 en sus principales variables mediante el estudio estadístico de la información proporcionada por la Ley del PGE 2023 y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, para determinar sus modificaciones más importantes respecto al 2022 y establecer cuáles serán las perspectivas de crecimiento económico con base al mismo.

2.- Desarrollo

En presente PGE 2023 demuestra metas macroeconómicas más racionales o cautas al menos, en comparación con años precedentes, tales como un crecimiento del PIB del 4,86 %, inferior al 5,1% estimado para esta gestión, una inflación proyectada del 3,57 %, no muy lejana al 3,3 % establecida para este año; sin embargo, se observa un decrecimiento del 20,1% en su meta de inversión pública para el 2023, con un monto de $us 4.006 millones. Si bien el déficit fiscal que se plantea para el 2023 es del -7,49 %, menor al -8,5 % de este PGE 2022, se explica, entre tantas razones, que, al tener una menor inversión pública, producirá directamente un menor gasto público y por ende un menor déficit público en el país, claro al costo de una menor demanda interna y un crecimiento económico nacional más reducido; pero todo

* Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, analista económico a nivel nacional con estudios post graduales en banca, gestión pública y otros; presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. Correo electrónico: luisfernando1980romero@gmail.com

dependerá si es que no incrementa el gasto público en otras partidas.

Claro ejemplo es lo ocurrido este año con el incremento en el costo de la importación y subvención de carburantes, a causa de la guerra en Europa, de hecho, el 2022 se tenía presupuestado Bs. 4.794,6 millones para este efecto; sin embargo, el mismo se quedó corto ante el incremento del precio del petróleo, que superó los $us. 100 por BDP; es por esto por lo que ahora el mismo crecerá el 2023 en 59,4 %; es decir a Bs. 7.642 millones, considerando que el año pasado el PGE 2022 se basó sobre un precio del petróleo por barril de $us. 50,47, ahora, para el año próximo, se estima un precio promedio de $us. 71,9.

Los PGE agregado y consolidado crecieron en 4,3 y 3,8 % respecto al 2022, pero se observa que no hubo en términos porcentuales mucha variación en la asignación presupuestaria a educación y salud (10,8 % y 10,1 %), son prácticamente lo mismo en relación con el 2022, pero el gasto de “Gobierno” subió a 2,2 % y Defensa bajó a 1,8 %, modificaciones muy pequeñas. Referido a inversión pública del 2022, los sectores multisectorial, productivo e infraestructura tendrán menos recursos, el único que aumentó fue el “social” de 862 a 1.024 millones de bolivianos (de 17,2 % a 26%); sin embargo, aunque se proyecte una menor inversión pública, el Gobierno destinará un 42% para el sector productivo, porcentaje similar del 2022, pero en menor monto (- 21,5 %).

Revisando un poco a detalle el proyecto de Ley del PGE 2023 se observa algunos aspectos interesantes: del presupuesto consolidado de ingresos, el 55 % absorbe los órganos de Estado, 33 % las empresas estatales y el 15 % los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, universidades públicas, entidades descentralizadas y otros; respecto al presupuesto consolidado de gastos con los mismos actores, el primero consume un 34,5 %, el segundo 31,8 % y los “otros” (municipios, gobernaciones, universidades, etc.) 33,7 %. En palabras sencillas, de los Bs. 243.950 millones del presupuesto consolidado, el Gobierno se queda con 85 % de los ingresos y gasta el 66 % del mismo, sin tomar en cuenta las entidades descentralizadas, si fuera el caso, la participación del Estado en el PGE seria del 90% en ingresos y 80 % en gastos, “centralismo puro”. Si comparamos con los datos del PGE 2022, no se observa variaciones significativas, sólo aumento en los totales de los presupuestos, donde el Estado sigue siendo el principal agente económico del país, en todo el sentido de la palabra es nuestro “papá”. Tomando en cuenta el presupuesto consolidado de ingresos de operación de las empresas públicas, estima unos Bs. 61.111 millones para el 2023, sin lugar a duda, YPFB es la más rentable del país, ya que generaría 76 % del total de ingresos, estando bastante lejos empresas como COMIBOL, BOA, ENDE y EMAPA; las “otras empresas”, entre ellas CARTONBOL, PAPELBOL, etc. aportarán apenas 9,7 %, donde se cuestiona su continuidad operativa en términos financieros y costo/beneficio.

Respecto al presupuesto consolidado de gastos se observa que la partida de “sueldos y salarios” representa 32,7 % de los gastos corrientes y 19,4 % del total de gastos, habiendo un incremento del 4,5 % respecto al 2022; en términos relativos parece poco, pero en términos absolutos es un incremento de Bs. 2.018 millones, si la idea era reducir el gasto público, no se evidencia tal intención. Continuando, los gastos en bienes y servicios representan un 25,7 % del total presupuestado ¿En que gastamos tanto? además el mismo aumentó en 7,6 % respecto a la gestión pasada; algo que realmente llama la atención es el ítem “otros gastos de capital” creció 274,2 % respecto al 2022, pasando de un presupuesto de Bs. 2.437 millones a 9.117 millones de bolivianos. Hilando más fino, del total de sueldos y salarios, Bs. 47.253 millones, el magisterio y salud representan el 46,9 %, 11,2% fuerzas armadas y policía, sumando los 4 sectores gastan 58,1 % del total, una cifra extraordinaria en comparación con los demás servidores públicos estatales.

3.- Conclusiones

De acuerdo al último informe del FMI, Bolivia tiene proyectado un crecimiento económico del

3,8 % y 3,2 % para el 2022 y 2023 respectivamente, mucho menor al proyectado por el PGE 2022 y 2023 de un 5,10 % y 4,86 % para este año y el venidero; recientemente la CEPAL igualmente publicó las perspectivas para las economías de Latinoamérica y el Caribe, donde Bolivia prevé tener un crecimiento económico del 3,5 % para este año, pero apenas del 2,9 % para el 2023 según estimaciones de este organismo internacional, lo cual técnicamente indica que entraremos en un nuevo proceso de recesión económica en términos del crecimiento de nuestro PIB.

Entonces, esto ha evidenciado por qué el gobierno nacional, en el PGE 2023, ha modificado su política económica y ha reajustado relativamente el presupuesto nacional, aunque no en términos de menores gastos, al menos no como se esperaba; con metas de crecimiento económico menores respecto al 2021 (6,1 %), una tasa de inflación mayor (3,57 %) y un déficit fiscal reducido al -7,49 % del PIB, pero gracias a una contracción de la inversión pública del 20 % respecto al 2022, lo cual es una muestra clara que hay la necesidad de reducir nuestro gasto público. Pero, obviamente este fue el camino corto, ya que el actual modelo económico se basa en el gasto e inversión pública, el reducir este último y no por ej. los gastos en sueldos y salarios tendrá como consecuencia un decrecimiento económico, ya que la inversión pública es vital para este efecto y la sostenibilidad de la demanda interna basada a la vez en el consumo de las familias y empresas en el país.

Si el año 2023 será más duro que el 2022, por el contexto internacional de una inestabilidad aun latente en los diferentes mercados internacionales, por tema aun de rezagos de efectos negativos de la pandemia y la guerra europea, trae consigo perspectivas no muy alentadoras, sumándose a el proceso inflacionario que obligó a varias naciones a elevar sus tasas de interés bajo el costo de un menor crecimiento económico, la situación no se pinta para nada bien; no por nada la mayoría de los países, sobre todo en vías de desarrollo como el nuestro, han tenido que reajustar sus presupuestos, planificando no endeudarse más externamente y sobre todo planificando muy bien sus gastos públicos, esperando que el contexto externo no presente alteraciones importantes que puedan echar al suelo todo lo proyectado, más aún si consideramos que nuestra economía es muy sensible a estos cambios, ya que somos tomadores de precios, aun dependemos de los ingresos de ventas de materias primas y alimentos, de un comercio exterior que puede cambiar de un momento a otro y situaciones internas, sobre todo políticas que pueden hacer que la economía retroceda como pasó por los daños originados por el paro cívico nacional de esta gestión.

Grandes retos se vienen el 2023, es momento de manejar la economía nacional y de los diferentes departamentos, en todos sus niveles, de manera austera, salomónica y buscando ser óptimos en el uso de los recursos, planificando que los mismos se empleen en inversión pública productiva, con altos impactos multiplicadores en empleo e ingresos, donde el sector privado es un socio clave para mejorar la calidad de vida de la población o al menos para intentar mantener la misma o que no decaiga mucho más, dada el incierto futuro venidero.

Referencias bibliográficas

Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado Boliviano. (2023). Memoria de la Economía Boliviana. (2021).

Recepción: 12 de diciembre de 2022 Aprobación: 20 de diciembre de 2022 Publicación: diciembre 2022