Ledna Biasquini

2020, AÑO QUE DETUVO LA EDUCACIÓN

Gustavo Adolfo Impa Condori∗

El brote de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), fue notificado por primera vez en Wuhan, China el 31 de diciembre de 2019, tuvo un impacto muy fuerte en todo el mundo, llegando a afectar de forma drástica a la salud, la economía y la educación de todos los países a nivel mundial, nadie se encontraba preparado para una situación de esta magnitud. Cada gobierno intentó trabajar en la contención de la propagación de este virus con base a sus posibilidades, pero no se pudo hacer mucho y a partir de ello empezó las restricciones en todo lugar, con la finalidad de evitar que las personas no se movieran de un lugar a otro y así evitar caos total.

La educación se detuvo en el tiempo y las escuelas cerraron sus puertas en todo el mundo; de esta manera “el impacto de la pandemia, que implica la interrupción de la educación formal en la región, terminó de agrandar aún más la brecha económica y educativa, según el último Foro de Políticas Educativas, más de 160 millones de niños no han podido asistir a la escuela” (UNESCO 2020). En Bolivia terminábamos de vivir una crisis política que afectó enormemente la educación imposibilitando de concluir la gestión 2019 y a esto se suma la pandemia en fecha 12 de marzo de 2020: “La salud de la familia boliviana es mi prioridad“, con estas palabras y ante la presencia del Covid-19 en territorio nacional, la presidenta Jeanine Añez anunció en palacio de gobierno la suspensión de labores escolares a nivel nacional, a partir de ello, las autoridades educativas dieron la solución de quedarse en casa y se empezaron a tomar medidas para que la educación continúe fuera de las aulas; de esa manera el Gobierno nacional en fecha 6 de junio de 2020 emiten el Decreto Supremo (DS) No 4260 con el objetivo de “normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial a distancia, virtual y semipresencial en los subsistemas de educación regular, educación alternativa y especial y educación superior de formación profesional del sistema educativo plurinacional", pero en la práctica solo se centró en una modalidad de educación a distancia virtual.

Ante la modalidad que se buscaba implementar en el sistema educativo se contraponía otras situaciones que limitaban la participación de los estudiantes y actores de la educación; las condiciones en las cuales se encontraban los estudiantes eran muy precarias para poder ser parte de este nuevo reto educativo; porque no contaban con un dispositivo celular o un computador y mucho menos con señal de internet en las áreas rurales; entonces la educación ya no era un derecho fundamental como establece el artículo 17 de nuestra Constitución Política del Estado (CPE), la misma se empezaba a mercantilizar debido a que solamente podían acceder aquellos estudiantes que contaban con recursos económicos y con las condiciones que exigía esta modalidad, quedando relegados muchos de aquellos niños y jóvenes que a pesar de su interés por su formación no podrían hacerlo a falta de políticas educativas para llegar a los sectores más vulnerables.

Este escenario generó diferentes posiciones de parte de la dirigencia sindical del Magisterio boliviano y los padres de familia a través de su oposición al DS No 4260, al cual lo consideraban inconstitucional, no llegaron a acuerdos ni consensos con el Ministerio de Educación para que la formación continúe tomando en cuenta a todos los estudiantes que se encontraban dentro del Sistema Educativo Plurinacional (SEP); por tanto el Gobierno sin tener otra salida ante esta crisis educativa que se vivía, mediante un comunicado del 2 de agosto clausura la gestión educativa 2020, para el subsistema de educación regular con la promoción de los estudiantes al curso inmediato

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Maestro normalista, egresado de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Rafael Chávez Ortiz”, director institucionalizado entre las gestiones 2018 - 2020. Correo electrónico: tavoeducativo.87@gmail.com

superior, con ello se detenía el tiempo en la educación de muchos estudiantes que quedarían afectados al ejercicio de su derecho fundamental, el cual se encuentra garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26; Constitución Política del Estado, artículos 13,17 y la Ley de Educación 070, artículo 1.1. Ante la situación vivida en el pasado, las autoridades, los actores educativos y la sociedad en su conjunto, no podemos destruir la infancia y educación de nuestros niños y jóvenes; debemos buscar los mecanismos necesarios y generar políticas que garanticen este derecho fundamental a la educación; porque de esa manera podremos disminuir las inequidades existentes en nuestra sociedad.

Recepción: 7 de septiembre de 2021 Aprobación: 16 de septiembre de 2021 Publicación: septiembre 2021