Inflación controlada, pero con la economía ralentizada
Los precios apenas han subido un 3.4%, pero el PIB sólo creció un 2.4% en este período
Emprendedoras convierten la adversidad en un arte que les permite ser productivas y sostenibles en sus comunidades
Nuevo Código Penal sanciona los fraudes con sistemas piramidales
PALESTRA ECONÓMICA
Jairon Severino
jseverino@eldinero.com.do
Dilema monetario. Inflación bajo control… ¿a qué precio?
Para muchos, en los que me incluyo, una inflación controlada es un sinónimo de éxito en materia de política monetaria. La certidumbre es la mejor carta de presentación en una economía. De ahí depende todo.
Durante los últimos 27 meses, República Dominicana ha mante-
nido la inflación dentro del rango meta de 4.0% ± 1%. Este logro, en medio de un entorno internacional marcado por presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas, evidencia la efectividad de la política monetaria del Banco Central. De alguna manera, podría decirse, las decisiones tomadas han permitido blindar el poder adquisitivo de los hogares dominicanos, ofreciendo estabilidad en los precios de bienes y servicios esenciales. El país ha ganado reconocimiento por su disciplina macroeconómica, lo que ha contribuido a mejorar su calificación de riesgo y atraer inversión extranjera directa, que según cifras oficiales alcanzó los US$2,892.8 millones solo en el primer semestre de este año. Estos son indicadores positivos que en otros contextos podrían haber impulsado un mayor dinamismo económico. Pero aquí es donde surge el dilema: mientras la inflación ha permanecido controlada, el crecimiento económico ha perdido
«SANTO DOMINGO. Moody’s Ratings, agencia calificadora de riesgo, ha mejorado la calificación crediticia de la República Dominicana, elevándola desde “Ba3+” a “Ba2” con perspectiva estable, lo cual destaca la fortaleza macro-
económica del país, su sostenido crecimiento y avances significativos en materia institucional. Según el informe publicado este viernes, Moody’s resalta que la economía dominicana ha mantenido una tasa de creci-
fuerza. En los primeros seis meses del año, la expansión del producto interno bruto (PIB) fue de apenas 2.4% interanual. Esto representa menos de la mitad del crecimiento potencial de la economía, y sugiere una ralentización preocupante en sectores productivos clave. Aunque el control de la inflación brinda confianza a los inversionistas y reduce la incertidumbre, también implica un costo en términos de actividad económica. Las medidas restrictivas (tasas de interés elevadas, reducción de liquidez y contención del crédito) han enfriado el consumo y la inversión local. Si bien este tipo de estrategia es válida para corregir distorsiones, su prolongación puede provocar efectos adversos como el estancamiento o el subempleo. Todos sabemos el peso que tiene la informalidad, la supera el 56% en la economía.
En este contexto, las autoridades económicas deben evaluar cuidadosamente si las condiciones están dadas para un reenfoque de
la política monetaria, aunque es casi probable que no suceda algo aquí hasta que no pase en Estados Unidos. La estabilidad de precios no debe convertirse en una barrera para el desarrollo sostenido. El país necesita recuperar su ritmo de crecimiento para poder cumplir metas ambiciosas, como duplicar el tamaño de su economía al 2036. De cara al futuro, será esencial adoptar un enfoque más equilibrado entre control inflacionario y estímulo económico. Una política monetaria más flexible, apoyada por reformas estructurales que impulsen la productividad y la competitividad, podría ser el catalizador que permita volver a encender los motores del crecimiento sin descuidar la estabilidad.
Considero que no basta con tener precios estables si no se garantiza la mejora continua del bienestar colectivo. Al final, el verdadero éxito económico se mide en oportunidades creadas, empleos sostenibles y progreso inclusivo para todos.
MOODY’S MEJORA CALIFICACIÓN DE RD A “BA2” PERSPECTIVA ESTABLE
miento promedio cercana al 5% anual durante los últimos 15 años, impulsada por una mayor diversificación de las fuentes productivas, reformas estructurales y un entorno de estabilidad macroeconómica.
Desde 2020, el país no solo ha retomado rápidamente la senda del crecimiento tras los efectos de la pandemia, sino que también ha fortalecido su institucionalidad, tanto a nivel legislativo como ejecutivo, respaldado por una sociedad civil activa.
“La elevada estabilidad política, especialmente en comparación con otros países con calificación
Ba y pares regionales, ayuda a la República Dominicana a atraer de manera sostenida altos niveles de inversión extranjera directa, un aumento en los ingresos por turismo y un flujo constante de remesas del exterior”, señala el documento.
La agencia calificadora internacional también destaca mejoras en la administración pública, reflejadas en una mayor capacidad de planificación fiscal, un manejo prudente de la deuda y una cohesión política y social que contrasta con la elevada polarización observada en otros países de la región.
Personaje de la semana
“La calificación de Moody’s debería llenarnos de orgullo, porque no solo evalúa la economía dominicana, sino la parte institucional. Resaltamos la importancia de una gestión gubernamental eficiente que contribuye a la mejora en la calificación país”.
Luis AbinAder Presidente de LA rePúbLicA
Presidente: CARLOS JOSÉ MARTÍ GARDEN
Vicepresidente: CHRISTIAN EMILIO FARACH
Gerente Comercial: YUDELKIS LAJARA
REDACCIÓN elDinero: Director: JAIRON SEVERINO
Subdirector: ESTEBAN DELGADO Mercadeo y Plataforma Digital: OMAR MARTE Diseño editorial: KATERINNE VÁSQUEZ
Fotografía: RONNY CRUZ
«La denominación “Código Penal dominicano” debe escribirse con el adjetivo “dominicano” en minúscula. De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, los títulos de los documentos legislativos, tales como códigos, leyes, decretos y reglamentos, se escriben con inicial mayúscula en cada uno de sus elementos significativos, generalmente Completo en: www.fundeu.do “Código Penal dominicano”, así debe escribirse
«LA CIFRA ECONÓMICA
3.40%
Inflación. El Banco Central dominicano informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.38% en julio 2025. En cuanto a la inflación interanual, se situó
sustantivos y adjetivos, tanto en sus usos extendidos como abreviados. Esa mayúscula, sin embargo, no debe trasladarse a los especificadores que acompañen la denominación y que no forman parte de su nombre oficial: “el Código Civil dominicano”, “el Código Penal dominicano”.
en 3.40% en julio de 2025, que al compararla con el 3.56% observado al cierre de junio, resultó en una disminución de 0.16 puntos porcentuales. El órgano monetario destaca que la inflación ha permanecido en el rango meta de 4% más o menos 1% durante los últimos 27 meses.
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La inflación, según el Banco Central, lleva 27 meses controlada y en el rango meta. ¿Lo ha sentido usted?
RESULTADOS DE LA SEMANA ANTERIOR
¿Cómo califica usted la diversificación de la matriz de combustibles en República Dominicana?
FINANZAS
Pese a retos, EIF buscan integrar taxonomía verde
Adopción efectiva permitirá acceder a nuevas fuentes de financiación internacional y mitigar riesgos
Massiel De Jesús Acosta mdejesus@eldinero.com.do
Santo Domingo
La estabilidad económica y financiera a largo plazo de República Dominicana está relacionada a la sostenibilidad ambiental y a la mitigación del cambio climático. Fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, amenazan la viabilidad de proyectos de inversión y la solidez empresarial, generando un impacto directo en las entidades de intermediación financiera (EIF). Ante este panorama, ¿cuán preparado está el sector bancario dominicano para abrazar la taxonomía verde?
158,000
Crédito verde. De seis bancos asciende a RD$158,000 millones, distribuidos en 2,460 operaciones elegibles.
67%
Después de revisar y contrastar , se obtuvo un total de 2,460 operaciones elegibles, con un valor total de . El resto de la cartera no es elegible dentro de la Taxonomía, ya que no hace parte de los sectores y actividades incluidos en el documento oficial Entre los sectores no elegibles se encuentran comercio, actividades de cinematografía
SARAS. El 67% de las entidades tienen en proceso un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS).
83%
Entidades financieras. El 83 % tiene planes o están en proceso de adaptar sus portafolios para alinearse con la Taxonomía Verde.
67.4% «OTROS DATOS
No elegible. De 7,545 operaciones de crédito, un 67.4% no fueron elegibles, o sea, no eran créditos verdes (5,085.6).
Con base en el 33 % de operaciones elegibles, se realizó el análisis de los principales sectores y el monto asociado a cada uno de estos3:
Un reciente informe, de la Superintendencia de Bancos (SB), en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Mundial y el Gobierno de España, revela avances significativos.
El estudio, titulado "Informe final del programa piloto de la Taxonomía Verde de la República Dominicana", señala que la totalidad de las EIF participantes en el piloto han integrado políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su planificación estratégica.
Un 83% de estas instituciones ya cuenta con planes o se encuentra en proceso de adaptar sus carteras crediticias para alinearse con los criterios de la Taxonomía Verde.
De las seis EIF evaluadas, un total de 7,545 operaciones de crédito fueron analizadas bajo el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) o por tratarse de créditos verdes. De estas, 2,460 operaciones, representando aproximadamente el 33%, fueron clasificadas como elegibles según la Taxonomía. Estas operaciones elegibles su-
Proporción de operaciones elegibles por sector de la taxonomía
En porcentaje de la cantidad de operaciones.
Gráfico 2 Proporción de operaciones elegibles por sector de la Taxonomía
OPORTUNIDAD
Desarrollo sostenible. La Superintendencia de Bancos (SB) resalta que la adopción efectiva de la Taxonomía Verde representa una oportunidad estratégica para el sector financiero dominicano. Agrega que esta permitirá acceder a nuevas fuentes de financiamiento internacional, optimizar la gestión de riesgos ambientales y climáticos, y contribuir de manera decisiva al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del país.
- La mayor parte de las operaciones de crédito elegibles para la Taxonomía verde se encuentran en los sectores de construcción (64 %), industria (15 %) y transporte (11 %), mientras que el sector de energía representa solo el 4 % del número total de operaciones
man un monto aprobado de RD$158,000 millones, lo que equivale al 37% del total de crédito evaluado, abarcando las facilidades vigentes hasta abril de 2024.
POR SECTORES
yoritariamente grandes corporativos (55%).
DESAFÍOS PENDIENTES
- En términos de monto total aprobado, el sector construcción con 70 mil millones (44%), seguido por el sector energía que representa el 36% del total reportado4 , con 56 mil millones de pesos, seguido por la industria con 18 mil millones (12%).
Al analizar las operaciones elegibles evidencia una concentración en sectores clave como la construcción, la industria y el transporte. Si bien los sectores de energía y agua presentan un menor número de operaciones, su impacto en términos de monto aprobado es importante.
En particular, el sector de la construcción lidera con RD$70,468 millones distribuidos en 1,584 créditos elegibles, desglosados en un 72% para la construcción de nuevos edificios, un 15% para la renovación de edificaciones y el restante para medidas individuales y servicios profesionales. Por otro lado, el sector energético, a pesar de contar con solo 109 operaciones de crédito elegibles, destaca por un monto promedio significativamente alto de RD$520 millones. Esta cifra se explica por la naturaleza de sus clientes, ma-
una clasificación y seguimiento eficientes de los créditos verdes. Asimismo, se identificó que las EIF no recopilan de manera sistemática la información requerida para evaluar con precisión la alineación de sus operaciones con los criterios de la Taxonomía.
3 El restante 67 % de las operaciones de crédito no elegibles bajo la Taxonomía son en su mayoría actividades de comercio, actividades industriales (diferentes a las incluidas en la Taxonomía), hidrocarburos, agricultura y ganadería, y otras actividades de servicios.
4 Esta participación se debe a un mayor monto promedio del crédito del sector energía.
A pesar de las mejoras en la adopción de criterios ambientales y sociales de las EIF, el informe del piloto subraya la existencia de brechas y limitaciones que obstaculizan una implementación plena. Entre los principales desafíos se encuentran la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas para la estructuración de productos financieros verdes y la adecuación de los sistemas de información para permitir
Indica que esta carencia dificulta una valoración integral del desempeño crediticio en términos de sostenibilidad. La adopción efectiva permitirá acceder a nuevas fuentes de financiamiento internacional, optimizar la gestión de riesgos ambientales y climáticos.
Fuente: Superintendencia de Bancos (SB). Plan piloto con seis EIF.
Sector financiero dominicano avanza en taxonomía verde, pero desafíos persisten en su adopción.
Santo Domingo, República Dominicana. Año 11. Nº 500, jueves 07 de agosto de 2025
FINANZAS PERSONALES
Da más seguridad al dinero y menos espacio al fraude, pero debe acompañarse de educación. Identificar, anticipar y gestionar estos riesgos es clave para evitar que la ley llegue tarde”.
Cibeles Jiménez, expertos en gestión integral de riesgo y Ceo de ribels
NUEVO CÓDIGO PENAL
TIPIFICA DELITO DE ESTAFAS PIRAMIDALES PARA ROBUSTECER SECTOR FINANCIERO Y PROTEGER A LOS CIUDADANOS
Esta legislación brinda más
seguridad al dinero y menos espacio al fraude, pero es necesaria la prevención, dice experta Jiménez
Massiel De Jesús Acosta mdejesus@eldinero.com.do Santo Domingo
Las promesas de dinero “fácil y rápido”, con ganancias exorbitantes y "riesgo cero", son el anzuelo perfecto para caer en las garras de las estafas piramidales o esquemas Ponzi. En República Dominicana, donde estos fraudes han dejado un rastro de miles de afectados y millones de pesos perdidos, la respuesta del Estado se materializa en un nuevo Código Penal que promete ser un “escudo” protector para el sector financiero y sus usuarios.
No es un secreto que cada cierto tiempo surgen "ideas" de inversión que seducen con rentabilidades irreales. Las historias de casos como Telexfree en 2014, que afectó a más de 100,000 dominicanos con pér-
« NUEVAS SANCIONES
20 10
Penas. De 5 a 10 años de prisión, que podrían duplicarse a 10 o 20 años si es agravada.
20 500 10
Multas. Tendrá multas entre 50 y 500 salarios mínimos del sector público.
didas estimadas en RD$4,300 millones, y el sonado caso de "Mantequilla" en Sabana Grande de Boyá, que recibió condena en 2024, son solo la “punta del iceberg” de un problema que azota a la sociedad. Ante esta realidad, la Superintendencia de Bancos (SB) impulsó una serie de propuestas, incluyendo tipos penales específicos contra las estafas piramidales y la intermediación financiera no autorizada. Estas iniciativas fueron acogidas por las cámaras legislativas y la Procuraduría General de la República, quedando plasmadas en el nuevo Código Penal con un objetivo claro: salvaguardar la integridad del sistema financiero y la confianza de usuarios.
Personas físicas. No podrá ejercer actividades comerciales o financieras por 10 años.
Prisión. La intermediación financiera no autorizada con penas de 5 a 10 años.
"Hace más de dos años la Superintendencia de Bancos trabajó en la elaboración de un anteproyecto de ley para sancionar las estafas piramidales y la intermediación financiera no autorizada. Estas propuestas quedan recogidas en el Código Penal dominicano", afirmó la institución.
NUEVAS ARMAS
El Código Penal dominicano recién promulgado eleva las penas para quienes incurran en estafas piramidales, estableciendo condenas de 5 a 10 años de prisión, que podrían duplicarse a 10 o 20 años si se considera agravada. Además, se impondrán multas de hasta 20 veces el monto defraudado.
Multas. En agravado se impondrán multas de hasta 20 veces el monto defraudado.
2026
Vigencia. El nuevo Código Penal entrará en vigencia en agosto del año 2026.
Pero el cerco se cierra también para quienes actúan como cómplices. Intermediarios, promotores y voceros de estas estructuras fraudulentas enfrentarán penas de 3 a 5 años de prisión, junto con multas que oscilan entre 50 y 500 salarios mínimos del sector público. En tanto, las personas físicas responsables de estafa piramidal agravada serán inhabilitadas por 10 años para ejercer actividades comerciales, financieras o de promoción de inversiones. La ley también tipifica como delito la intermediación financiera no autorizada por la Administración Monetaria y Financiera y la captación ilegal de fondos, con penas de 5 a 10 años de cárcel.
“Estos tipos penales son calificados como muy graves y por ende de acción pública”, destaca la SB. Esto significa que las autoridades podrán perseguir a los responsables sin necesidad de una denuncia previa, agilizando la acción judicial.
AVANCE OPORTUNO
Cibeles Jiménez, experta en gestión integral de riesgo y fundadora de Ribels, calificó estas sanciones como "un avance sustancial y oportuno". "Incorporar en el Código Penal la tipificación expresa de las estafaspiramidales y la intermediación financiera no autorizada cierra un vacío que por años permitió que estos esquemas operaran con relativa impunidad", señaló Jiménez a elDinero
Enfatiza que esta reforma no solo fortalece la capacidad sancionadora del Estado, sino que envía un mensaje contundente: "la protección al usuario, al ahorro y la confianza en el sistema financiero es una prioridad y no es negociable".
BLINDAJE AL SISTEMA
La asesora destaca que, para las entidades financieras, esta medida representa un "blindaje" contra prácticas desleales que amenazan la estabilidad del sistema y la competencia justa. Para la ciudadanía, significa un marco legal más robusto para exigir justicia y un desincentivo a la proliferación de proyectos financieros sin respaldo. Sin embargo, Jiménez advierte sobre una posible "arma de doble filo","si no educamos a la ciudadanía". Agrega que la penalización es un paso clave, pero no es una solución total. Considera que para erradicar estos esquemas se requiere una estrategia integral.
Ronny Cruz
La inflación está controlada y la economía ralentizada
El PIB apenas creció 2.4% en el primer semestre, menos del 50% del potencial declarado del Banco Central
Jairon Severino jseverino@eldinero.com.do Santo Domingo
La inflación está controlada. Es un hecho irrefutable desde el punto de vista de los reportes mensuales que hacen las autoridades monetarias. Según el Banco Central dominicano, el índice de precios al consumidor (IPC) arroja resultados acordes a sus expectativas.
Sin embargo, hay otra verdad a la vista de todos: el crecimiento de la economía se ha ralentizado hasta el punto de que está por debajo del 50% del potencial declarado por el Banco Central. Las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE), correspondientes al período enero-junio 2025, muestran una variación interanual de 2.4% con respecto al mismo período del año anterior.
Los datos de junio pasado podrían ser preocupantes si se toma en cuenta que la expansión registrada fue de sólo un 1.1%, es decir, 4.1 puntos porcentuales menos que en igual mes del año anterior, cuando el resultado fue de 5.2%.
El Banco Central es explícito al relacionar parte del pobre desempeño de la economía en este período con la baja inversión pública y con variables externas. “Estos resultados han estado condicionados al contexto de incertidumbre y condiciones de liquidez global, que han afectado el desempeño de la inversión privada, así como una menor ejecución gasto de capital por parte del Gobierno con relación al promedio histórico en los últimos años”, indica la institución en el comunicado sobre el comportamiento del IMAE en el primer semestre de 2025. Para las autoridades, resultado experimentado en la primera mitad del año es consistente con las tasas de
El Banco Central espera una dinamización de la economía con estos recursos.
DESEMBOLSOS A LA FECHA DE LOS RD$81,000 MILLONES
Recursos liberados. El Banco Central informó que de los RD$81,000 millones liberados se habían desembolsado de RD$33 mil millones a mediados de julio. Este monto, explica, está compuesto por RD$19,508 millones de liberaciones de encaje legal y por RD$13,441 millones de aplazamientos de vencimientos de facilidades de liquidez rápida del monto de
RD$17 mil antes citado, lo que ha permitido a los deudores finales mantener sus créditos por un período adicional de seis meses y tasa de interés de hasta 9% anual, evitando mayores costos financieros para sus actividades productivas, especialmente de comercio, construcción, manufactura y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Indica que los recursos desem-
bolsados de encaje legal han sido canalizados a los siguientes sectores: comercio (RD$9,289 millones), construcción (RD$4,893 millones), manufactura (RD$1,622 millones), exportación (RD$644 millones), agropecuario (RD$437 millones) y MIPYMES (RD$603 millones). Asimismo, se han colocado unos RD$2,020 millones hacia préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas.
«DATOS PARA TOMAR EN CUENTA 1.1% -3.3% 9.1%
Crecimiento. En junio el PIB creció 1.1%, muy por debajo del 5.2% de igual mes de 2024.
crecimiento de 2.7% y 2% registradas por la economía dominicana en el primer y segundo trimestre del año en curso, respectivamente.
Lo que sí está claro es que mientras por un lado las autoridades han logrado controlar la inflación, manteniéndola en el rango meta de 4.0 % ± 1.0% durante los últimos 27 meses, entre las más bajas de las economías no dolarizadas de
Caída. El sector construcción cayó -3.3% durante el segundo trimestre de este año.
América Latina, algunos sectores, como el de la construcción, han experimentado una contracción seguida de -1.2% en enero-marzo y de -3.3% en abril-junio, una de las razones por las que las autoridades, buscando dinamizar el consumo, liberaron RD$81,000 millones del encaje legal.
PEl Banco Central reporta que a mediados de julio se habían desembolsado
liquidez rápida (FLR). En lo que va de año, además, los servicios profesionales también han experimentado una contracción de -1.7%, con un -2% en el período abril-junio. La recuperación la actividad de explotación de minas y conteras, que creció 9.1% en el segundo trimestre, luego de una caída de -4.7% en enero-marzo, ayudó a compensar el resultado, con lo que el crecimiento anualizado quedó en 2.4%.
Aunque el comportamiento de la economía sigue siendo el reto de las autoridades, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.38% en julio 2025 y la anualizada fue de 3.40%, es decir, 0.16% puntos porcentuales menos respecto al mes anterior cuando cerró en 3.56%. Los datos confirman, de alguna manera, que las autoridades monetarias han sacrificado parte del crecimiento económico por garantizar estabilidad de precios, ya que es una de las variables que mayor certidumbre da a los inversionistas.
ENTORNO
El Banco Central señala que en el entorno internacional persisten condiciones financieras y de liquidez restrictivas, reflejadas en elevadas tasas de interés en los principales mercados de capitales. Destaca que esto, sumado a la creciente incertidumbre geopolítica, intensificada tras la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente, generan una mayor volatilidad en los precios de los commodities.
En adición, explica, en Estados Unidos, principal socio comercial dominicano, se han producido cambios relevantes en la política comercial, fiscal, regulatoria y migratoria que podrían limitar su crecimiento económico y generar presiones adicionales sobre la dinámica de precios.
Recuperación. Minería salvó los números al recuperarse con un 9.1% en abril-junio.
RD$33,000 millones del programa de liquidez de RD$81 mil millones aprobado en junio de 2025 por la Junta Monetaria, el cual estuvo conformado por medidas de liberación de encaje por RD$64,000 millones (RD$50,000 millones nuevos y RD$14,000 millones de medidas anteriores) y RD$17,000 millones de aplazamientos por seis meses de vencimientos de facilidades de
Refiere que durante la más reciente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, reiteró que aún no se observan condiciones suficientes para iniciar un ciclo de flexibilización monetaria en Estados Unidos. En tal sentido, según la nota del Banco Central, se prevé que las tasas de interés de fondos federales irían reduciéndose gradualmente y no de forma agresiva, conforme se cuente con evidencia más robusta sobre la convergencia de la inflación de los Estados Unidos desde su nivel actual de 2.7% al cierre de junio hacia la meta establecida de 2.0%.
Domingo, República Dominicana.
Santo Domingo, República Dominicana. Año 11. Nº 500, jueves 07 de agosto de 2025
Luis David FLores lflores@eldinero.com.do Santiago
Los criterios ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza, siglas en inglés) están formando parte importante de las empresas, las cuales no solo buscan la rentabilidad, sino que tienen un compromiso con el cuidado del medioambiente y con el talento humano.
Durante un recorrido por la Corporación de Zona Franca Santiago (CZFS), el director de Operaciones, Fernando García, indicó a elDinero que el plan de responsabilidad social corporativa se basa en cuatro ejes fundamentales: medioambiente, educación, salud y bienestar integral, así como emprendimiento.
Entre las acciones para el desarrollo social se destaca el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex), que se dedica a elevar el nivel de capacitación y entrenamiento en diversas áreas, ofreciendo programas personalizados.
Asimismo, se ha integrado el Instituto de Alta Dirección de Empresas (Idade), que consiste en el perfeccionamiento de los directivos, a través de programas diseñados para fortalecer el liderazgo y la gestión estratégica.
García señaló que la entidad de salud, Médica, ha elevado los estándares de los servicios médicos disponibles. “Aunque su enfoque principal es atender las necesidades del parque, sus puertas están abiertas a toda la comunidad”, sostuvo al tiempo de puntualizar que esta cuenta con 16 especialidades médicas a disposición.
Informó que una estación de bomberos opera dentro del parque desde 1998, brindando servicio no solo a las empresas internas, sino también a las comunidades cercanas. Con unos 40 bomberos, esta unidad, apadrinada por la Corporación Zona Franca, trabaja en sinergia con el 911 y la estación central de Santiago, aunque mantiene su independencia operativa.
Finalmente, para fomentar el bienestar financiero de los empleados, la cooperativa La Aurora promueve el ahorro y facilita el acceso al crédito.
MEDIOAMBIENTE
Como parte de su responsabilidad medioambiental, la CZFS se ha abocado hacia la producción de energía limpia. De hecho, en 2018 se instalaron 2 megavatios (MW) de potencia solar sobre los te-
Enfoque social y energético marcan el rumbo de CZFS
La Corporación impulsa programas de salud, educación y sostenibilidad ambiental como parte de su estrategia de
desarrollo integral en la Ciudad Corazón
Expansión
El objetivo principal de Zona Sol es cubrir todos los techos de la zona franca con paneles solares, logrando la reducción de la dependencia de fuentes de energía convencionales”.
Fernando García director de operaciones de cZFs.
chos de los edificios en el área de expansión. Esta inversión, de acuerdo con el director de Operaciones, no solo respondió a una lógica económica, sino también a la visión de crear una sinergia de producción energética sostenible. García explicó que esos paneles generan aproximadamente tres millones de kilovatios hora de energía limpia hasta la fecha, que es directamente utilizada dentro del parque.
El proyecto solar de la CZFS se enmarca en una expansión denominada Zona Sol. El objetivo principal es cubrir todos los techos de la zona franca con paneles solares, logrando la reducción de la dependencia
«EN CIFRAS
335
Zonas francas. De las 415 empresas de zonas francas que hay en el Cibao, 335 están ubicadas en la Ciudad Corazón, acorde con los datos del CNZFE.
71,324
Trabajo. Los empleos generados en el sector alcanzan los 71,324 al cierre de 2024 en la zona norte, según estadísticas oficiales.
de fuentes de energía convencionales, reducción de la temperatura interna de las estructuras, así como la contribución a la huella de carbono.
Actualmente, los 2 MW iniciales representan un 5% del consumo interno del parque, debido a que las regulaciones limitaban la capacidad de autoconsumo a 2 MW, pero el proyecto Zona Sol ya cuenta con los permisos necesarios para aumentar su capacidad a 60 MW.
CIBAO
Zonas francas. Los datos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación establecen que, de 94 parques de zonas francas operando en 2024, la mayor cantidad se concentra en la región norte al reportarse 46 unidades (48.9%). En la provincia Santo Domingo (21.3%) se cuentan 20 parques de zonas francas e igual cantidad en la región sur de República Dominicana (21.3%). En tanto, la región este con ocho parques (8.5%), es la que reúne menor cantidad.
Cuando esta expansión esté completa, expresó el ejecutivo, la CZFS proyecta que el parque será 100% autosuficiente en energía solar, cubriendo la totalidad de sus 80 millones de kilovatios hora anuales de consumo.
INICIOS
Lo que comenzó como una apuesta en una ciudad sin puerto, hoy se erige como un modelo de desarrollo económico y un motor que impulsa la productividad y los servicios en la región.
La Corporación Zona Franca Santiago, ubicada en el corazón de Santiago, cuenta con una infraestructura de un millón de metros cuadrados, mientras que unos 2.2 millones de metros cuadrados se perfilan para la expansión en los próximos 30 años.
De acuerdo con García, la idea de una zona franca en Santiago en 1974 parecía un contrasentido, debido a que las
primeras experiencias en La Romana y San Pedro de Macorís mostraban ventajas portuarias, lo cual sembraba dudas sobre el éxito de una iniciativa similar en el Cibao.
No obstante, la voluntad del empresariado local y el apoyo gubernamental, que donó los terrenos iniciales, hicieron posible el establecimiento de la primera zona franca en la Ciudad Corazón. “Un grupo de tabaqueros tomó la iniciativa, y así nació General Cigar, la primera empresa en establecerse en la zona franca”, señaló García, al tiempo de indicar que la empresa sigue operando con 1,400 empleados.
El sector textil también fue protagonista en el crecimiento del sector, experimentando un auge significativo en las décadas de los 80 y 90, impulsado en gran medida por la aprobación de la Ley 890 en 1990. Esta legislación, según el ejecutivo, sentó las bases del modelo operativo de las zonas francas en el país, un modelo que, a pesar de las fluctuaciones económicas inherentes, ha demostrado ser estable.
El titular de Operaciones de la CZFS explicó a este medio que en 2005, debido a la caída de la tasa del dólar y a la liberación de los aranceles de China, pasó de 45,000 a 12,000 empleos, lo cual permitió un proceso de adaptación y reinvención del parque.
Santo Domingo, República Dominicana. Año 11. Nº 500, jueves 07 de agosto de 2025
La CZFS cuenta con un jardín industrial, con una planta de tratamiento de agua, y funge como socio de Fondo Agua Yaque del Norte.
SB ordena devolver RD$101 millones a clientes de bancos
elDinero Santo Domingo
La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la acreditación de RD$101.1 millones a favor de usuarios reclamantes, entre enero y junio de 2025. Esto supone un incremento de RD$23.8 millones respecto al mismo período de 2024, equivalente al 30.8%.
Entre agosto de 2020 y junio de 2025 la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) ha dictaminado la devolución de RD$606.7 millones a usuarios de servicios bancarios que elevaron reclamaciones, debido a inconformidades con sus entidades financieras. El 67% de los reclamos se resolvió a favor de los clientes.
Durante los últimos cuatro años, han aumentado tanto el número de reclamaciones ante la SB como los montos ordenados a devolver, principalmente debido a la diversificación de los canales de atención de ProUsuario, que ahora cuenta con una aplicación móvil,
página web, redes sociales, y un servicio de respuestas vía WhatsApp, entre otros medios de atención a distancia.
Durante los primeros seis meses de este año, los principales motivos de las reclamaciones han sido consumos no reconocidos (32.6%), transferencias erróneas (11.6%), transferencias no reconocidas (10.8%), retiro de efectivo no reconocido (8.1), y efectivo no dispensado en los cajeros automáticos (6.1%).
ProUsuario cuenta con múltiples canales de atención a distancia y presencial que permiten a los usuarios y las usuarias realizar consultas, quejas y reclamaciones.
Cualquiera puede comunicarse a través de la aplicación ProUsuario (disponible en App Store y Google Play Store), al número de WhatsApp 809731-3535, al correo electrónico contacto@prousuario.gob.do, agendar una cita desde la página web prousuario. gob.do o visitar las oficinas físicas en Santo Domingo y Santiago.
Magín inicia diálogo con sectores para consensuar la política fiscal
Redacció elDinero Santo Domingo
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, se reunió con directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), para abordar temas sobre el fortalecimiento del sistema fiscal y financiero del país, así como las principales necesidades del sector. El acercamiento forma parte de una agenda de encuentros que el ministro ha iniciado con actores de la economía, con el objetivo de escuchar, intercambiar ideas y construir soluciones conjuntas. Los representantes de la ONEC manifestaron su respaldo a la designación de Díaz como ministro de Hacienda y Economía. El funcionario compartió con los empresarios las prioridades y perspectivas de su gestión, destacando que estará enfocada en la escucha activa, la búsqueda de consensos y la articulación de políticas públicas que promuevan el crecimiento con responsabilidad fiscal. “Estos espacios de conversación
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J. Osiris Mota osirismota@gmail.com
Impongamos el interés común sobre el interés personal
Para un bien de la colectividad, debemos evitar el fenómeno de la tragedia de lo común, donde los particulares por un beneficio momentáneo deñan la colectividad y así mismo. En nuestra sociedad, los intereses particulares de individuos o grupos con poder se imponen con facilidad sobre los derechos colectivos y los proyectos sociales. Esta realidad no es casual: responde a una estructura económica y política que favorece al poderoso, a menudo en detrimento de comunidades enteras, cuando no contamos con capital social de calidad y si políticos mediocres y populistas. El problema es doble. Por un lado, quienes tienen recursos y conexiones logran manipular decisiones públicas, desviar fondos o imponer proyectos sin el consentimiento ni el beneficio de la mayoría, con soborno y engaño. Por otro lado, las comunidades muchas veces carecen de organización, liderazgo y herramientas legales o cívicas para actuar y defenderse. También hay una cultura individualista que valora más el éxito personal que el bienestar común. Así, es fácil que algunos acepten beneficios inmediatos, aunque a largo plazo se sacrifiquen los derechos de todos. La fragmentación social, la desconfianza mutua y la falta de educación cívica completan el cuadro, lo que se conoce como la tragedia de lo común.
Las tareas, acciones para construir una estrategia.
Romper este ciclo no es fácil, pero tampoco imposible. Hay ejemplos en muchas partes del mundo de comunidades que han logrado defender sus derechos, resistir abusos y hasta modificar estructuras de poder. Algunas soluciones que se podrían implementar.
1. Educación crítica y formación ciudadana: Enseñar desde las escuelas y en espacios
nismos de participación y defensa de derechos. La conciencia no se impone, los partidos políticos debieran construirla, es su promesa en deuda.
2. Organización comunitaria real y autónoma: Las comunidades necesitan formas organizativas sólidas, transparentes y no partidista que representen sus verdaderos intereses. Solo desde ahí pueden enfrentarse con fuerza a los poderes particulares, y la desidia de los partidos.
3. Fortalecimiento del marco legal y su cumplimiento: Las leyes deben estar diseñadas para proteger al débil y al colectivo. Pero, además, deben cumplirse. El Estado tiene un rol clave, pero también la ciudadanía debe tener herramientas para exigir y fiscalizar.
4. Transparencia y acceso a la información: Mientras más acceso tenga la gente a los datos reales de presupuestos, contratos, licencias, impactos, más difícil será que los intereses ocultos triunfen sin resistencia. Necesitamos mas unidad de los ciudadanos para impulsar y apoyar las buenas acciones de los responsables de administrar para que todos hagamos lo correcto bien hecho.
Conclusión. La defensa del bien común es la defensa de nosotros mismos, aunque a veces lo olvidemos, o tenemos miedo no solo de comprometemos, de involucrarnos. No podemos seguir permitiendo que los intereses individuales nos estén dañando el futuro de la nación por miedo o desinterés sobre lo colectivo, y para ellos debemos trabajar en la organización de nuestras comunidades si queremos un país mas justo.
son esenciales. Queremos trabajar de la mano con todos los sectores que generan valor a la economía. El diálogo será la base para construir una política fiscal moderna, eficiente y sostenible”, afirmó.
La delegación de la ONEC estuvo encabezada por Ernesto Martínez, presidente, e integrada por los directivos y extitulares del gremio empresarial Mario Lama, Jennifer Troncoso, Dana Cabral, Guillermo Prida, José Luis Magadán y César Tapia.
Magín Díaz, ministro de Hacienda.
La Superintendencia de Bancos regula las operaciones del sector financiero nacional.
El panorama económico dominicano en 2025 se encuentra en una encrucijada. Las medidas monetarias implementadas por el Banco Central han sido efectivas en controlar la inflación, lo que otorga cierta tranquilidad al bolsillo de los ciudadanos y fortalece la credibilidad financiera del país.
Sin embargo, esta estabilidad no ha sido gratuita: el producto interno bruto (PIB) muestra signos de ralentización preocupantes, creciendo por debajo de su potencial. Sin sea “mal de
muchos y consuelo de tontos”, en Estados Unidos caminan por el mismo trayecto.
Lo que sí se sabe, y quizá desde hace rato, que este crecimiento insuficiente genera interrogantes sobre la viabilidad de la ambiciosa meta de duplicar el PIB para 2036.
Aunque el control de precios ha sido exitoso, el enfriamiento de la actividad económica podría terminar socavando los fundamentos necesarios para sostener un crecimiento acelerado y sostenido.
La política monetaria restrictiva, al elevar las tasas de interés y limitar el crédito, ha reducido el consumo y la inversión privada en el país.
Esto, a su vez, se traduce en menor generación de empleo y ralentización de sectores clave como la construcción y el comercio. En Estados Unidos ha sucedido igual.
Si bien el sacrificio tiene sentido desde una óptica antiinflacionaria, la economía necesita estímulos que dinamicen la
La revolución tecnológica no se detiene, pero esta vez su paso es más veloz, profundo y disruptivo. La inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de crear textos, imágenes, análisis financieros o incluso códigos informáticos, está transformando no solo la manera en que trabajamos, sino quién trabaja y para qué. Y la pregunta ya no es si cambiará el empleo, sino cómo sobreviviremos a ese cambio. Lejos que-
producción y aceleren el crecimiento. Hay que esperar los efectos de los RD$81,000 millones de facilidad de liquidez.
Es vital que el Gobierno central y las autoridades monetarias revalúen el equilibrio entre control de precios y dinamismo económico.
Medidas focalizadas, como programas de inversión pública en infraestructura, incentivos a la industria local y apoyo al emprendimiento, pueden compensar los efectos contractivos de la política monetaria y con-
tribuir a un crecimiento más robusto.
La meta de duplicar el PIB al 2036 no debe convertirse en una promesa lejana. Requiere planificación estratégica, flexibilidad institucional y compromiso con el desarrollo sostenible. Controlar la inflación es un paso, pero recuperar el ritmo del crecimiento es el desafío que determinará si esa visión de futuro se vuelve una realidad alcanzable.
Confiar es lo que resta. ¿Qué se puede hacer?
El nuevo rostro del trabajo: adaptarse o desaparecer
daron los temores de que solo los trabajos manuales o repetitivos serían los primeros en desaparecer. Hoy, sectores como la banca, educación, diseño gráfico, servicios jurídicos e incluso la medicina, están siendo atravesados por sistemas inteligentes que hacen en segundos lo que antes tomaba horas, días o semanas.
Más aún, actualmente, (Chatbots) reemplazan agentes de call center, plataformas automatizadas asisten en diagnósticos clínicos, escriben reportes, preparan contratos o diseñan campañas visuales sin intervención humana. A partir de esta nueva realidad, cabe la pregunta: ¿Estamos entonces ante una catástrofe laboral? No necesariamente. Pero sí frente a una transformación estructural que exige replantear todo el contrato social del trabajo.
CARTA AL DIRECTOR
Para los trabajadores del mundo, sobre todo los más jóvenes, hay solo dos caminos: resistir el cambio o adaptarse. El primero es inútil. La historia demuestra que cuando la tecnología avanza, el mercado cambia con ella, nos guste o no. El segundo camino implica no solo adquirir nuevas competencias, sino cambiar nuestra mentalidad sobre lo que significa “trabajar”. El empleo ya no es simplemente una función asignada dentro de una oficina. En muchos casos, el trabajador del futuro no será quien sabe más, sino quien sepa colaborar mejor con la IA. Saber manejarla, interpretar sus resultados y, sobre todo, aplicar pensamiento crítico y creativo donde la máquina aún no llega, será la nueva ventaja competitiva.
En virtud de lo anterior, lo que está en juego no es solo el
jseverino@eldinero.com.do
Acuerdo a favor del medio ambiente
Señor director, queremos informar que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar una política transversal de sostenibilidad ambiental. Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar el “Programa Integral de Responsabilidad Social y Ambiental”, enfocado en fortalecer la cultura de la sostenibilidad dentro del Senado y en sus comunidades de influencia. El convenio, que tendrá vigencia hasta el año 2027 y se aplicará a nivel
nacional, establece la intervención en zonas ecológicas prioritarias y en oficinas senatoriales del interior del país.
Forma parte de un consenso entre 45 instituciones públicas que asumieron el compromiso de transformar sus acciones para ser más amigables con el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
empleo propiamente dicho, sino la educación. Nuestros sistemas educativos siguen formando profesionales del siglo XX para un mercado laboral del siglo XXI. Urge transformar la enseñanza en todos los niveles: menos memorización y más resolución de problemas. Los programas académicos deben incorporar pensamiento computacional, ética digital, análisis de datos e interacción humano-máquina como competencias básicas, no como cursos optativos.
Bajo ese escenario, el Estado tiene un papel crucial. No puede quedarse como un espectador de la cuarta revolución industrial. Necesita liderar estrategias de reconversión laboral, fomentar el acceso a tecnologías y asegurar que la transición digital no profundice la desigualdad.
Digitalización reta la seguridad empresarial
La digitalización empresarial en República Dominicana avanza, pero también lo hacen las amenazas invisibles Ojo con este tema, pues es muy delicato. Realmente es de cuidado. El Informe 2025 de Investigaciones de Brechas
Porque mientras unos sectores avanzan a pasos agigantados, millones de trabajadores informales y de bajos ingresos quedan rezagados, sin red de apoyo, sin capacitación y sin oportunidades reales de adaptación. Lo mismo vale para las empresas: aquellas que vean la IA solo como una vía para despedir personal y reducir costos, tarde o temprano pagarán el precio de una cultura corporativa sin propósito, sin innovación humana y sin visión sostenible. Las empresas inteligentes serán las que usen la IA para potenciar a las personas, no para sustituirlas indiscriminadamente. La inteligencia artificial no es el enemigo. El verdadero riesgo está en no prepararnos para convivir con ella. La elección es clara: adaptarse o desaparecer.
de Datos (DBIR) de Verizon, construido con datos de organizaciones líderes como SISAP, advierte sobre dos riesgos crecientes en el ámbito corporativo: el espionaje digital y el uso no regulado de inteligencia artificial generativa.
Según el informe, el espionaje digital aumentó un 163% en el último año, mientras que el 15% de las empresas a nivel global permite que sus empleados accedan a plataformas como ChatGPT desde cuentas personales, sin ninguna política o protocolo de seguridad que regule el manejo de información confidencial. Este informe, de alguna manera, habla de por dónde está la tendencia en estos temas de ciberseguridad.
Franklin Vásquez fevro@hotmail.com
LA ESCUELA ECONÓMICA
Esteban Delgado edelgadoq@gmail.com
Matrimonio con separación de bienes: ¿cómo se hace?
Cuando una pareja de novios decide casarse, generalmente se dejan de lado aspectos esenciales para concentrarse en la ilusión del momento: la boda; por lo que se piensa poco en los aspectos materiales, especialmente relacionados con patrimonios familiares que pueden estar a nombre de uno o de otro, aunque no sean del todo suyos.
Por ejemplo, puede ser que el padre de la novia, quien lleva toda una vida trabajando para lograr un patrimonio familiar (casa, empresa o acciones de ésta, inmuebles diversos), los haya puesto a nombre de la hija que se casa, pero se trata de bienes de la familia, donde hay otros hermanos, además de la madre, es decir, la esposa de su padre.
En esos casos, si llegara a producirse un matrimonio sin separación de bienes y luego un divorcio, pueden darse situaciones complicadas en cuanto al momento de adquisición del bien, si realmente es parte de la comunidad matrimonial o si son de exclusividad de la esposa.
En el caso de República Dominicana, la normativa legal sobre el matrimonio es muy vieja, además de poco clara en aspectos que hoy, mucho más que antes, son de vital importancia y de constante discusión, más si se toma en cuenta que, en promedio, uno de cada dos matrimonios termina en divorcio en este país.
También puede darse el caso de una persona de cierta edad, que queda viuda y con varios hijos ya adultos. Al cabo de un tiempo decide casarse y, tras su muerte, a su cónyuge le correspondería el 50% de herencia de un patrimonio sobre el que no hizo ningún aporte ni esfuerzo, restando esa parte a los progenitores del fallecido.
Esto así, porque en República Dominicana, la normativa vigente no reconoce el testamento dando exclusividad de herencia a personas o entidades específicas, ya que se mantiene la norma de que el cónyuge hereda el 50% y el otro 50% les corresponde a los hijos, independientemente de las preferencias o los méritos de cada cual.
Por esa y otras razones, no es descabellada la opción de establecer un acuerdo de separación de bienes antes del matrimonio, con lo cual las cosas quedan debidamente claras y se da como un hecho que todo lo que adquieran después de casados es de ambos, pero no lo que hayan obtenido antes de casarse.
Pero no se debe perder de vista que, en el matrimonio, la separación de bienes no se establece con solo decirlo; hay que llenar una serie de requisitos previos, so-
bre los cuales siempre es recomendable buscar asesoría legal de un abogado profesional en la materia.
Entre los pasos a seguir para establecer la separación de bienes está la necesidad de realizar un acuerdo entre cónyuges, cuya redacción incluye la firma de capitulaciones matrimoniales ante un notario público y su posterior inscripción en el Registro Civil. Ese proceso se realiza antes del matrimonio, no durante ni después.
El acuerdo entre cónyuges debe establecer con claridad la separación de los bienes adquiridos por las partes antes de casarse. Las capitulaciones matrimoniarles deben ser firmadas por ambos, estableciendo la separación de bienes. El documento debe ser legalizado y notarizado, previo a su depósito ante el Registro Civil, que es el organismo de la Junta Central Electoral (JCE) donde se registra el matrimonio.
Puede darse el caso de un acuerdo de separación de bienes durante el matrimonio y no antes, para lo cual sería necesario liquidar la comunidad de bienes existente antes de establecer la separación, lo que implica mayores complicaciones legales.
Hay países en donde la separación de bienes previos al casamiento se da como un hecho al momento de casarse. El República Dominicana es lo contrario, si usted se casa sin separación de bienes previamente firmada y registrada, se da como un hecho que no hay separación de bienes y que el matrimonio incluye la comunidad de todo lo adquirido.
Por eso se recomienda buscar asesoría legal de un profesional especializado en la materia, pues, como dijimos anteriormente, la normativa local sobre el matrimonio y el divorcio no es actualizada y su contenido deja mucho a la interpretación, algo que puede implicar complicaciones si el caso llegara a los tribunales.
ECONOLEGALES
Jaime M. Senior Fernández jsenior@headrick.com.do
Código Penal 2026: seguridad jurídica y negocios en la nueva era
República Dominicana se prepara para la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal en agosto de 2026. Esta reforma, que llevaba más de dos décadas debatiéndose y ha sido altamente controvertida, introduce modificaciones importantes en materia de delitos económicos, corrupción administrativa y responsabilidad penal.
La nueva legislación penal incluye sanciones más severas para crímenes financieros, enriquecimiento ilícito, sobornos, tráfico de influencias y lavado de activos. Además, amplía las posibilidades de imputar a personas jurídicas, incluyendo empresas, por conductas ilícitas de sus directivos o empleados. Esto es una tendencia regional que fortalece el derecho penal corporativo. Para los agentes económicos, este nuevo marco ofrece tanto retos como oportunidades. Por un lado, se incrementan los riesgos legales si no se cuenta con estructuras de cumplimiento normativo adecuadas. Por otro, puede contribuir a consolidar un clima de negocios más transparente, previsible y confiable para la inversión.
Un aspecto a destacar es la tipificación más precisa de delitos que, hasta ahora, se trataban de forma ambigua. El nuevo Código Penal tiende a ser más normativo en cuanto a las conductas y penalidades, lo que reduce la incertidumbre jurídica y mejora la capacidad de defensa de los imputados, a la vez que también es un aliento para la sociedad y el cumplimento de la ley.
También es relevante la inclusión de figuras como la responsabilidad penal autónoma de las empresas. Aunque esta no es enteramente nueva, el Código Penal la desarrolla con mayor claridad y prevé sanciones más claras
EOBSERVACIONES
de las que que existían, desde multas hasta clausura de operaciones en casos graves. Esto exige que las compañías refuercen sus mecanismos internos de control, auditoría y prevención. El impacto reputacional también será un factor a considerar. En un entorno global donde los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ganan peso, las empresas deberán demostrar no solo cumplimiento formal, sino cultura de integridad. La nueva legislación puede servir para filtrar y disciplinar a actores económicos que operen con prácticas opacas.
Desde la perspectiva del Estado, es una oportunidad para fortalecer instituciones como el Ministerio Público y los tribunales especializados. Una persecución efectiva de delitos económicos eleva la credibilidad del país ante organismos multilaterales, calificadoras de riesgo y potenciales inversionistas extranjeros. La previsibilidad legal es un activo en mercados competitivos. Por supuesto, toda reforma penal conlleva riesgos de sobrerregulación o aplicación arbitraria. Será fundamental que la implementación del Código esté acompañada de formación técnica, criterios uniformes y salvaguardas procesales. Solo así se evitará que se convierta en un instrumento de persecución selectiva o incertidumbre regulatoria. El nuevo Código Penal puede marcar un antes y un después para el ecosistema empresarial. Si se aplica con justicia y eficiencia, reforzará el estado de derecho y generará mayor confianza en el marco institucional. Para el país, es una oportunidad de elevar su estándar normativo y proyectarse como un destino seguro para hacer negocios.
El autor Es abogado
Todas las leyes son imperfectas
l presidente Luis Abinader acaba de promultar el nuevo Código Penal, una normativa que ha sido muy criticada por muchos y elogiada por muchos otros. Eso indica que, al igual que todas las demás leyes, no es perfecta y siempre habrá espacio para mejorarla y adecuarla a la realidad que vive la sociedad dominicana. Aunque no debemos ser conformistas, puede resultar exagerado calificar en Código Penal en su conjunto como una normativa inadecuada. Es verdad
que los legisladores se pudieron perder en determinados detalles, estableciendo penalidades, tal vez, exageradas de un lado y dejando fuera aspectos que hacen ambiguos algunos contenidos. Sin embargo, no se trata de nada que no sea mejorable. Posiblemente irán muchos recursos al Tributal Constitucional. Lo ideal es que esa corte contribuya con su mejoría y no que decida dejar la normativa completa sin efecto, porque le haría un grave daño a la institucionalidad democrática del país.
SOSTENIBILIDAD
Artesanías de sello local y con compromiso verde
El arte se reinventa con esencia propia y compromiso con la tierra que lo inspira
Luis David Flores lflores@eldinero.com.do Santo Domingo
Hay emprendedores que se descubren a sí mismos en medio de la adversidad, otros tienen la convicción desde niños de que harán algo valioso con su talento, pero los más de 16 artesanos que participaron en la segunda edición del Evergo Fest tienen algo en común: la voluntad de cuidar el medioambiente a través de su trabajo.
Giovanna Genao, creadora de GG Crafts, tuvo claro lo que le gustaba desde niña: las manualidades. A pesar de que es fisioterapeuta, se dedica a la pintura sobre madera. Fue durante la pandemia del coronavirus, encerrada en casa, cuando se le ocurrió emprender.
Su trabajo se caracteriza por no repetir los diseños. En cada bazar, feria o festival en el que participa, los diseños varían. Genao no se limita, trabaja cualquier forma y tamaño que pidan sus clientes, aunque los peces son sus favoritos. “Siempre están en movimiento, son muy libres, me encanta eso”, cuenta a elDinero.
Ella busca evocar la alegría de los dominicanos a través de sus coloridas creaciones. “Cualquier musiquita le prende la chispa al dominicano”, expresa al tiempo de agregar que su pintura destaca la esencia quisqueyana.
Otro emprendimiento que nació en pandemia fue el de Ofelia Méndez, quien tuvo que salir adelante con sus hijos tras la muerte de su esposo. Así nació Dyleymi Care, que fabrica y comercializa productos orgánicos para el cuidado de la piel, jabones, cremas, aceites de coco, así como exfoliantes.
“Me fui a la quiebra y en el momento de crisis uno se vuelve mágico, uno crea. Decidí volar, no quedarme arrastrada por las situaciones que estaba pasando. Me lancé”, expresa Méndez, quien, añade que aquello que empezó siendo una dificultad se convirtió en una bendición. Ella cree en los estudios. Se formó como una manera de honrar su oficio. Anteriormente era farmacéutica, y era buena
Los emprendedores imprimen la identidad de la cultura dominicana en cada pieza que ofrecen a sus clientes.
en ello, pues entendía perfectamente cómo funcionaban los medicamentos en el organismo y decidió hacer algo para cuidar lo externo. Méndez comenta que impregna su pasión a cada producto. “Es como un deleite”, subraya.
NEGOCIO RELIGIOSO
Nerba Ledezma y dos hermanas de la iglesia llevan el mensaje de Jesús en artículos personalizados. Las tres utilizan la técnica acrílica. “En Ovejas del Pastor, como se llama nuestro emprendimiento, usamos material MDF, que es reciclable; todo lo trabajamos con base en nuestra creación, inspiradas en nuestro Señor”, declara. Pintan cualquier superficie, ya sean carteras, sombreros, artículos hechos con higüero y yagua. “Trabajamos en porcelana fría, tenemos mininacimientos de Jesús y llaveros”, indica. Rikuras RD, una repostería artesanal, nació de la necesidad. Su propietaria, Nikaurys Ramírez, emprendió cuando cursaba sus estudios de Odontología en la universidad. “Era becada, pero necesitaba dinero
para pagar mis clínicas”, explica a este medio. Empezó haciendo pudines, pan de maíz, pan de guineo y pan de batata, sin embargo, su oferta se ha ampliado. Sus productos se caracterizan por ser elaborados con harina de almendras y edulcorantes que no contienen carbohidratos ni azúcar refinada, incluso las personas diabéticas pueden ingerirlos.
Desde muffin de guineo, brownie keto, zumo shots hasta pasteles de zanahoria son parte de la oferta de Rikuras RD. Ramírez dice que también trabaja la pastelería tradicional, aunque hecha con ingredientes saludables.
Para la empresaria, la sostenibilidad ambiental es importante. Afirma que utiliza la menor cantidad de plástico posible y los zumos que vienen en una botella de ese material es reciclada. De hecho, los clientes regresan las botellas, que posteriormente son esterilizadas y reutilizadas. “Le hacemos la salvedad al cliente de que está utilizando un envase que ha sido reciclado”, precisa. Asimismo, ofrecen sus productos en pla-
Para ella, la joyería refleja la esencia de las personas. “Muchas veces las personas buscan accesorios para poder complementarse y poder sentirse bien y qué mejor que usar algo que transmita tu personalidad”, asegura.
«EN DATOS
40
Presentación. El evento contó con la exhibición de más de 40 vehículos eléctricos, así como con espacios educativos.
1,500
Visitantes. Más de 1,500 personas asistieron al Evergo Fest, el cual se celebró en Punta Cana, provincia La Altagracia.
tos de material “craft”, el cual es ecoamigable.
Las Cukis fue otro de los emprendimientos que formó parte de Evergo Fest 2025. Se trata de un negocio familiar que surgió en pandemia.
Astrix Serny señala que su suegra se encarga de la repostería, mientras que ella, su esposo y su madre son responsables de la promoción de los productos, entre los cuales destacan tartas de limón, chinola y Nutella; flanes, brownies, bizcochos, alfajores, galletas, y la tarta Maltida, entre otros.
De acuerdo con Serny, estos postres no tienen conservantes ni aditivos ni colorantes. También, como parte de sus acciones con el medioambiente, separan la basura y están migrando hacia empaques biodegradables.
En cambio, Rossalee de la Cruz, creadora de Loly Shop, se dedica a vender joyería personalizada. Cadenas, anillos, pulseras de chamán, pulseras con mensajitos cristianos son algunos artículos que incluye su oferta, hechos de acero inoxidable, rodio y laminado en oro.
Asimismo, Mayra Briceño, de la marca Magkloy, se dedica a la fabricación de bolsos playeros, hechos con yute, loneta, algodón, así como vinil. Los productos son hechos de manera artesanal. “Inspirada en una amiga que afrontaba temas de salud, me atreví al venir desde Venezuela, ya mi empresa tiene siete años”, dice al tiempo de añadir que es fiel creyente de atreverse, esforzarse y probarse a sí misma que las dificultades no definen a nadie, sino que deberían ser un impulso.
Mairova Frías, Yésica Reyes y Mercedes Vilorio tienen algo en común: aman la artesanía, disfrutan crear artículos con crochet y enseñar. El emprendimiento de Frías consiste en tejidos a ganchillo o crochet. Ella aprendió esta técnica viendo tutoriales en YouTube y emprendió en la pandemia del coronavirus.
Frías elabora carteras, sandalias, aretes, ropa de bebés, monederos, gorros, portamonedas, portatazas, bolsos playeros, trajes de baño, entre otros. Expone sus creaciones tanto en redes sociales como en bazares. Reyes, propietaria de Jeanselly Atelier, un taller de moda y accesorios artesanales con un enfoque sostenible. “Aquí hacemos todo lo que son tejidos en macramé y crochet, que son técnicas ancestrales, las cuales nosotros heredamos de nuestras bisabuelas y abuelas”, puntualiza, al tiempo de indicar que para ella es importante ser guardián de las tradiciones. Ella combina la creación con la enseñanza, ofreciendo talleres de artesanía de forma gratuita. Su empresa es familiar, tanto su esposo como su hija están inmersos en el negocio. Carteras, sandalias, pedrería y sombreros pintados son algunos de los productos que ofrecen. “La artesanía es rica y con ella llevamos muchos mensajes, muchos saberes, nuestra historia, nuestra cultura”, enfatiza.
En tanto, Vilorio, de Muñecas de trapo y algo más, en Hato Mayor, lidera a más de 35 mujeres, quienes fabrican muñecas de trapo, así como collares, pulseras y aretes en crochet. También, tienen artículos hechos con semillas de samán. Es posible encontrar las muñecas en aeropuertos, así como en tiendas.
Artesana Rossalee de la Cruz.
Santo Domingo, República Dominicana. Año 11. Nº 500, jueves 07 de agosto de 2025
Raileny Alvarado ralvarado@eldinero.com.do Santo Domingo
La decisión del presidente Luis Abinader de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura reconfigura la estructura institucional del sector agrario. La medida, formalizada mediante el Decreto 115-25, busca consolidar funciones y optimizar recursos estatales. Pero también ha abierto un debate sobre el futuro de los parceleros y la reforma agraria.
Desde su fundación en 1962, el IAD fue una herramienta fundamental de desarrollo rural. Su origen se remonta a la política de la Alianza para el Progreso impulsada por el presidente estadounidense John F. Kennedy. En República Dominicana, el IAD surgió como un intento de evitar tensiones sociales, mediante la distribución de tierras estatales a campesinos sin acceso a propiedad.
Según explicó el asesor del Poder Ejecutivo en temas agrícolas, Eligio Jaqués, "la reforma agraria fue una política de justicia social. Las leyes de terrenos baldíos, cuota parte y latifundio permitieron que el Estado distribuyera tierras a quienes más lo necesitaban". Desde 1961 al año pasado, el IAD adjudicó más de 10.4 millones de tareas de tierras a 124,500 productores organizados en 604 asentamientos campesinos. Muchos de estos terrenos, sin embargo, carecen de títulos definitivos.
La propuesta de fusión se sustenta en una visión de modernización del aparato estatal. "Ya no hay tantos campesinos errantes. Lo que urge ahora es completar la titulación de esas tierras, para que los parceleros pasen a ser productores normales, con acceso pleno a crédito y derechos", asegura Jaqués. Desde 2020, el gobierno ha entregado más de 100,000 títulos de propiedad, aunque la mayoría corresponde a terrenos urbanos o semiurbanos.
Provincias como Azua, Monte Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná concentran las mayores extensiones distribuidas. Por ejemplo, en Monte Plata hay 10,340 parceleros en 633,862 tareas, mientras que en Independencia se adjudicaron 1.3 millones de tareas.
La medida también busca reducir duplicidades institucionales y reubicar al personal del IAD en otras dependencias. "El IAD cuenta con unos 3,000 empleados, muchos de ellos agrónomos y técnicos que pueden seguir brindando asistencia
Fusión IAD y Agricultura: ¿reorganización necesaria?
La institución ha distribuido más de 10.4 millones de tareas a 124,500 productores
ASENTAMIENTOS IAD,
ABRIL 1962- JULIO 2020
Coinciden en que la prioridad es avanzar en la titulación de tierras.
DISPOSICIÓN
«CAMBIO
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 115-25, mediante el cual dispone la fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura, como parte del proceso de reforma y modernización del Estado. La disposición establece que ambas entidades quedarán integradas bajo una sola estructura, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir duplicidades administrativas y optimizar los recursos públicos destinados al sector agropecuario. El decreto señala que el Ministerio de Administración Pública (MAP), junto a la Comisión de Reforma y Transformación de la Administración Pública, coordinará el proceso de integración institucional, asegurando la continuidad de los servicios y programas dirigidos a los parceleros y beneficiarios de la reforma agraria.
res se sienten con fuerza. Rosa Molina, parcelera de Santo Domingo Norte, asegura que "quitarnos el IAD sería dejarnos huérfanos. Nosotros tenemos 36 años en esas tierras y muchos no tienen título. Están entrando personas con supuestos títulos falsos y nadie nos defiende", denuncia. Molina forma parte de un asentamiento con 110 parceleros, de los cuales ya han fallecido varios, sin haber regularizado su propiedad. La preocupación de Rosa no es aislada. En Monte Plata, cerca del 50% de las tierras están subutilizadas por falta de título y acceso a financiamiento. Sin una garantía hipotecaria, los parceleros solo pueden acceder a créditos prendarios, es decir, préstamos con base en la cosecha. Esto limita la inversión en infraestructura, riego o tecnología.
desde el Ministerio de Agricultura", indicó Jaqués. Asimismo, se contempla la jubilación de empleados con más de 20 años de servicio. No todos comparten esta visión optimista. Para el exdirector del IAD, Héctor Rodríguez, la fusión representa una amenaza para la población rural. "El IAD no es un órgano técni-
co. Es una institución de justicia social. Su función no es solo distribuir tierra, sino defender los derechos de los reformados y garantizar la continuidad de la reforma agraria". Rodríguez señala que la mayoría de los parceleros aún no tienen título definitivo y dependen del IAD para resolver litigios, acceder a semillas y re-
AID. Reforma agraria aportamás del 50% del arroz y 40% de la producción agropecuaria.
cibir apoyo técnico. "Si el IAD desaparece, más de 300,000 personas quedarían desprotegidas. Agricultura nunca ha tenido esa función social". Asegura que los beneficiarios de la reforma agraria producen más del 50% del arroz nacional y hasta un 40% de la producción agropecuaria.
Desde el terreno, los temo-
Aunque el presupuesto total destinado al sector agropecuario ha crecido de forma sostenida en la última década, la proporción ejecutada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) ha disminuido frente al Ministerio de Agricultura. En 2015, el IAD ejecutó RD$1,546 millones, lo que representó el 18.8% del total asignado al sector ese año. El año pasado, el monto ejecutado por el IAD asciende a RD$2,500 millones, pero su participación dentro del total agropecuario bajó a 9%. Esto sugiere una pérdida de protagonismo del organismo en la estructura presupuestaria del sector, pese a que sus fondos han aumentado en términos absolutos.
Santo Domingo, República Dominicana. Año 11. Nº 500, jueves 07 de agosto de 2025
Fuente: Instituto Agrario Dominicano.
Ronny Cruz
Incineran productos ilícitos decomisados
elDinero
Santo Domingo
El Gobierno dominicano incineró 11,275,512 unidades de mercancías ilícitas, decomisadas entre el 23 de mayo y el 6 de agosto de 2025, a través de operativos realizados por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), a nivel nacional.
El acto de incineración estuvo encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -ItoBisonó, junto con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Onofre, quie-
nes destacaron la lucha que mantiene el Gobierno contra el contrabando de productos, entre los que figuran cigarrillos, medicamentos, estimulantes sexuales y bebida alcohólica adulterada.
Se incineraron 2.5 unidades de medicamentos; 7,833 estimulantes sexuales; 16,042 botellas de alcohol; 11,152 litros de clerén; y 7.6 millones de cigarrillos, para un total de 11.2 millones de unidades/litros.
Miembros del Ejército decomisaron 604,878 unidades; y el Cesfront 1.6 millón de unidades de mercancías en condición irregular.
El sargazo como oportunidad económica para los dominicanos
Durante más de una década, el sargazo ha sido percibido como una amenaza ambiental y económica para nuestras costas. Y lo sigue siendo, especialmente ante la limitada preparación regional para mitigar sus efectos con estructura y anticipación. Sin embargo, lo que por años se ha tratado únicamente como un residuo se está convirtiendo en una de las oportunidades industriales más estratégicas para el país. Con visión, tecnología y ciencia aplicada, puede convertirse en motor de una economía circular con enfoque marino. República Dominicana tiene hoy la posibilidad concreta de posicionarse como líder regional en la valorización del sargazo. Este recurso abundante y renovable tiene múltiples aplicaciones industriales. Desde bioestimulantes agrícolas que reducen el uso de fertilizantes sintéticos, hasta biomateriales, ingredientes cosméticos, nutraceúticos y soluciones para alimentación animal, el sargazo ya no es solo un problema. Es materia prima para una nueva bioeconomía con alcance global. Desde SOS Carbón y SOS Biotech hemos trabajado en una respuesta integral al fenómeno del sargazo, combinando conocimiento científico, experiencia local y alianzas globales. Lo que comenzó como una idea en el MIT hoy
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MINERÍA
Ing. Andrés Bisonó León SOS@SOScarbon.com
opera en cuatro países, apoyado por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Lab, la G20 Global Land Initiative, ONU Turismo y MIT Solve. Nuestro sistema patentado de recolección en mar, el Littoral Collection Module (LCM), permite retirar el sargazo antes de que llegue a las costas, evitando su descomposición, reduciendo emisiones y generando empleos en comunidades costeras. Esta labor conecta directamente con nuestra cadena de transformación, y biorefineria que convierte el sargazo en productos de alto valor como bioestimulantes agrícolas, abriendo paso a una economía azul con impacto real y sostenible. Dentro de los productos en marcado se incluyen Marine Symbiotic, Marine Blossom, Marine Soil, y Marine Grow teniendo otros seis productos en fase avanzada de desarrollo. La economía azul no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad económica estratégica. Según el Banco Mundial, este sector podría generar más de US$400,000 millones al año en América Latina y el Caribe. En el caso de República Dominicana, el sargazo, si se gestiona de manera adecuada, representa más de mil millones de dólares en oportunidades
directas e indirectas, desde manufactura en zonas francas hasta la exportación de productos derivados como los bioinsumos.
Entre estos productos, los bioestimulantes agrícolas destacan por su creciente demanda. El Banco Mundial proyectó en 2023 que el mercado de bioestimulantes a base de algas marinas superará los US$1,800 millones para 2030. La biorefinería desarrollada por SOS ya permite escalar esta producción, posicionando al país como un proveedor competitivo a nivel global en esta nueva industria de base biológica. Para capturar este potencial, necesitamos políticas públicas claras, incentivos fiscales, marcos contractuales que reconozcan el valor de la mitigación ambiental y una estrategia nacional que conecte ciencia, empresas y comunidades.
El sargazo está aquí. Podemos seguir reaccionando tarde, de manera retroactiva con maquinarias que agravan la problemática, o liderar su transformación en innovación, resiliencia climática y desarrollo económico. La decisión también está en nuestras manos.
Víctor -Ito- Bisonó observa los productos antes de la incineración.
Un programa de la FAO evalúa protocolos para prevenir entrada del virus a predios productivos
Raileny Alvarado ralvarado@eldinero.com.do
Santo Domingo
En un país donde la carne de cerdo es la segunda proteína más consumida, pero donde ya se importa el 75% de lo que se come, la peste porcina africana (PPA) se ha convertido en una amenaza persistente para la seguridad alimentaria de República Dominicana.
Desde su reaparición en 2021, la enfermedad ha sido implacable. La producción local cayó de 1.6 millones de quintales en ese año a 1.4 millones en 2024. Frente a este panorama, la bioseguridad se presenta como una vía técnica posible para salvar la industria porcina nacional.
El especialista en sanidad animal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y coordinador del Plan Nacional de Bioseguridad en República Dominicana, Diego Rojas, es claro: “La bioseguridad es quizás la única herramienta que tienen los productores que hoy siguen manteniendo esta noble labor”, asegura.
Desde 2023, la FAO, junto al Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería y con financiamiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, implementa un plan nacional que ha comenzado a rendir frutos.
El programa consta de un sistema de evaluación de bioseguridad que analiza 74 variables técnicas a través de un “checklist”. “Las granjas deben alcanzar al menos el 70% del puntaje total (171 de 250 puntos) y cumplir con 11 variables no negociables para obtener la certificación”, explica Rojas. Entre esos requisitos ineludibles están los cercos perimetrales en buen estado, mallas antipájaros, protocolos estrictos de desinfección, filtros sanitarios y la separación de otras especies animales. Este último punto sigue siendo común en predios donde conviven cerdos con aves, bovinos o incluso mascotas, aumentando el riesgo de contagio.
La PPA no se transmite a humanos, pero es altamente
Bioseguridad: defensa a la vista ante la peste porcina
Predios inscritos por categoría en el Plan Nacional de Bioseguridad
A marzo de 2025.
contagiosa entre cerdos. “Yo la puedo llevar en la piel, la puedo llevar en la ropa, en las botas. Es un virus muy pequeñito, que tiene una viabilidad en el ambiente muy alta. Entonces, es muy fácil de transmitir”, alerta. Desde que inició el plan, 17 granjas han sido certificadas como bioseguras. Y hasta la fecha, ninguna ha sido contaminada con el virus.
Además, el programa ha logrado que más del 82% de la porcicultura tecnificada esté incluida en el plan de bioseguridad. Se han realizado más de 800 visitas técnicas y 600 capacitaciones en todo el país, alcanzando a más de 7,500 personas.
“Hoy vas a las granjas y te hablan de bioseguridad. Eso tiene una connotación impor-
tante porque la bioseguridad al final depende de qué tan comprometidos estén con lo que se hace al interior de la granja”, comenta Rojas.
También se han capacitado más de 40 mataderos municipales en buenas prácticas de sacrificio, entregando equipos de protección y kits de desinfección que buscan reducir el riesgo de diseminación del virus durante la matanza.
RIESGOS LATENTES
El camino para contener la peste porcina africana (PPA) en República Dominicana aún está lejos de concluir. La mayoría de las 634 granjas inscritas en el programa están en distintas fases del proceso, y la informalidad sigue siendo un enemigo silencioso.
GRANJAS
Predios inscritos. De acuerdo con documentos suministrados por la FAO, el Programa Nacional de Bioseguridad cuenta con 630 predios inscritos, de los cuales 326 (51.75%) predios corresponden a predios comerciales tecnificados, 173 (27.46%) predios a granjas vacías y 131 (20.97%) a granjas a granjas comerciales no tecnificadas. El número total de animales es de 359,415, lo que representa el 82% de la porcicultura tecnificada de República Dominicana. Con corte a marzo de 2025, se han realizado 630 evaluaciones de bioseguridad, indican informes.
«EN DATOS
rutas de transporte cercanas”, explica Rojas, al insistir en que la bioseguridad no admite medias tintas: “O se tiene o no se tiene”.
La estrategia dominicana para contener la PPA no ha pasado desapercibida a nivel internacional. Rojas revela que el modelo del Plan Nacional de Bioseguridad ha sido reconocido en escenarios globales. “Fuimos invitados a presentar la experiencia en un foro global en Roma, donde ganamos el primer lugar, y hemos sido invitados a dictar una serie de charlas en la implementación de este programa”, detalla. En paralelo, el Gobierno ha implementado mecanismos de financiamiento a través del Banco Agrícola para que más productores puedan mejorar sus instalaciones y sumarse al plan. Esto permitirá ampliar la cobertura del programa y reducir el riesgo de que el país pierda por completo su capacidad de producción porcina.
Importaciones. En 2015 el país importaba 459,000 quintales de carne de cerdo; para 2024, esa cifra ronda los 1.7 millones, de acuerdo con datos de Agricultura.
1.7 50
Población. Más del 50% de las grandes granjas no han podido repoblar tras verse afectadas por la PPA, según declaraciones de Fedoporc.
“Fundamentado en el tema de la movilización ahí hay un trabajo por hacer muy importante”, admite, señalando que eso hace más difícil el control de la enfermedad. En este sentido, explica que la Dirección General de Ganadería ha comenzado a implementar patrullas en rutas estratégicas y puestos sanitarios en diversas carreteras del país para monitorear y frenar el movimiento no autorizado de animales.
Sin embargo, incluso aquellas granjas que ya han sido certificadas no pueden bajar la guardia. “Tengo que continuar ese reforzamiento de las medidas de bioseguridad porque afuera sigue estando el virus activo. Lo que hacemos es evidenciar diferentes factores de riesgos. Basureros, mataderos,
En medio del debate sobre cómo erradicar la enfermedad de forma definitiva, algunos sectores, como el Colegio Dominicano de Veterinarios, han propuesto eliminar completamente el hato porcino nacional y comenzar desde cero con animales sanos, tal como se hizo en 1978. No obstante, Rojas considera que esa es una decisión que debe discutirse ampliamente. “Son decisiones que deben tratarse y deben discutirse en el seno de las autoridades del país”, señala.
Para él, es clave que los productores tengan voz en este tipo de medidas. “Yo creo que es importante integrar a los porcicultores en estas decisiones y por eso nosotros nos ceñimos al tema del Plan Nacional de Bioseguridad, que para nuestro caso es, quizás, nuestro mayor interés y creo que es punta de lanza para poder mitigar el riesgo de diseminación de la enfermedad”, explica. Además, Rojas recuerda que, en muchas comunidades rurales del país, el cerdo es más que una fuente de carne: es un mecanismo de ahorro. “Mucha gente lo usa como una alcancía. Lo engorda y lo vende cuando necesita dinero o lo sacrifica para alimentar a la familia”, reconoce.
Santo Domingo, República Dominicana. Año 11. Nº 500, jueves 07
Diego Rojas, especialista en sanidad animal.
Fuente: Fao.
Katerinne Vásquez-elDinero
GLADELINE RAPOZO Economista
Impuestos y comportamiento: la moral tributaria Análisis
LLa combinación de experimentos de laboratorio y de campo ha sido clave para profundizar en los determinantes de cumplimiento fiscal. Ya no se trata únicamente de aumentar la fiscalización o endurecer las sanciones; hay veces que, enviar un mensaje personalizado puede ser más eficaz. Esto implica una transformación en la forma de diseñar políticas públicas.
a evasión fiscal representa un desafío estructural en América Latina y el Caribe. No solo debilita los presupuestos públicos y distorsiona la competencia, sino que, como han señalado Carlos Scartascini y Pablo Castro, también mina la fortaleza general del sistema económico. En esta región, el problema alcanza niveles alarmantes, con tasas de evasión cercanas al 50% en varios países, lo que limita seriamente la capacidad estatal para ofrecer servicios esenciales. Durante décadas, la teoría económica explicó el cumplimiento tributario bajo una lógica racional: el contribuyente calculará el beneficio esperado de evadir impuestos frente al riesgo de ser descubierto y sancionado. Este enfoque fue formalizado por Allingham y Sandmo en 1972, quienes conceptualizan el pago de impuestos como una especie de apuesta racional. Sin embargo, esta teoría clásica ha demostrado ser insuficiente. Como destacan James Alm y Benno Torgler, aunque el modelo predice tasas muy bajas de cumplimiento -como una estimación del 13% para Estados Unidos-, las cifras reales son significativamente más altas.
Este desfase llevó a un cambio de paradigma: desde hace unas décadas, el análisis económico del cumplimiento fiscal ha comenzado a incorporar perspectivas psicológicas y sociales. Martínez-Vázquez y Torgler han sido fundamentales en esta transición, mostrando cómo la economía del comportamiento ofrece una explicación más rica y realista del fenómeno tributario. En lugar de asumir que los contribuyentes siempre actúan racionalmente, este enfoque reconoce que las personas tienen capacidades limitadas para procesar información, que utilizan atajos mentales y que son profundamente influenciadas por las normas sociales. Uno de los aportes clave de esta visión conductual ha sido la exploración de los llamados “nudges” o empujones. En un experimento realizado en Argentina por el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), se evidenció que incluir mensajes sobre sanciones por incumplimiento en las facturas de impuestos aumentó el cumplimiento en un 9%. Este hallazgo sugiere que medidas simples, como resaltar los costos de la evasión o simplificar la información, pueden tener impactos significativos.
El modelo conductual también amplía la comprensión de cómo las interacciones sociales afectan las decisiones fiscales. Según ha demostrado el Grupo de Economía del Comportamiento del BID, liderado por Scartascini y Daniel Ortega, apelar al sentido de deber cívico, a la reciprocidad y a las normas sociales puede ser una herramienta poderosa para fomentar la moral tributaria.
En Colombia, por ejemplo, un conjunto de experimentos reveló que los métodos de contacto personal -como llamadas telefónicas o visitas- generaban tasas mucho mayores de pago que los canales impersonales, como cartas o correos electrónicos. Las visitas personales, en particular, lograron que casi nueve de cada diez contribuyentes cambiaran su comportamiento y cumplieran con sus obligaciones.
Este tipo de intervenciones han sido adoptadas por gobiernos como los de Estados Unidos y el Reino Unido, donde se ha incorporado sistemáticamente el uso de nudges en las políticas de recaudación. Estas estrategias alteran el contexto de decisión de forma sutil, sin eliminar opciones ni modificar incentivos económicos tradicionales, y buscan influir en el comportamiento de manera predecible y ética, como lo señala el propio BID.
Los estudios más exitosos en este campo se han centrado en intervenciones de bajo costo. En otro experimento en Argentina, el BID implementó una medida innovadora: premiar al azar a contribuyentes cumplidores con una acera construida frente a su casa. Esta intervención no solo aumentó el cumplimiento en 7 puntos porcentuales (pp) entre los premiados, sino que generó un efecto contagio entre sus vecinos, quienes también mostraron un cambio positivo en su comportamiento tributario.
Según Scartascini y Castro, los vecinos de los ganadores fueron 7.5 puntos más propensos a pagar puntualmente en los años siguientes. Esto evidencia el poder de las normas sociales, que, como han estudiado Erkut, Ramírez-Alujas y otros autores, se activan cuando las personas comparan su comportamiento con el del grupo al que pertenecen.
No obstante, los resultados no siempre son consistentes. En un experimento realizado en Junín, Argentina, Castro y Scartascini evaluaron el impacto de diferentes mensajes incluidos en las boletas de pago de una tasa municipal. Aunque el mensaje disuasorio sobre multas logró aumentar la tasa de cumplimiento en 5 pp, los que apelaban a la reciprocidad fiscal o al comportamiento de otros contribuyentes no generaron efectos significativos. Este contraste evidencia que el contexto y el diseño específico de la intervención son determinantes en su efectividad. En el caso de República Dominicana, los aportes de la economía del comportamiento también han resultado revela-
dores. En 2018, un experimento de campo implementado con el respaldo de la administración pública dividió a las empresas participantes en distintos grupos de tratamiento. Aquellas que recibieron cartas con recordatorios sobre penas de prisión aumentaron el monto pagado en un 44%, mientras que las que fueron advertidas sobre la posible divulgación pública de sus deudas incrementaron sus pagos en un 18%.
Esta estrategia generó ingresos adicionales por US$184 millones, en un país donde, para ese momento, la presión tributaria apenas alcanzaba el 13% del PIB, muy por debajo del promedio de los países desarrollados, que ronda el 33.5%.
Una de las principales ventajas de los experimentos de campo es su alta validez externa. Al realizarse en contextos reales, permiten observar cambios concretos en el comportamiento tributario y establecer relaciones causales entre las intervenciones y sus efectos. Sin embargo, como advierten Martínez-Vázquez y Torgler, estos estudios también enfrentan desafíos metodológicos y éticos, como el menor control sobre variables institucionales o las restricciones en el uso de datos sensibles.
La combinación de experimentos de laboratorio y de campo ha sido clave para profundizar en los determinantes del cumplimiento fiscal. Ya no se trata únicamente de aumentar la fiscalización o endurecer las sanciones; muchas veces, enviar un mensaje personalizado puede ser más eficaz. Esto implica una transformación en la forma de diseñar políticas públicas: se busca complementar las herramientas tradicionales con intervenciones que consideren cómo las personas realmente piensan y deciden. Finalmente, como reflexiona Ramírez-Alujas, los gobiernos han venido utilizando nudges desde hace décadas, aunque muchas veces de forma intuitiva, sin una estructura definida. La oportunidad actual radica en sistematizar estas prácticas y construir una política fiscal más efectiva, empática y ajustada al comportamiento humano.
Rediseñando el gasto fiscal con una nueva arquitectura fiduciaria nacional Hablemos de Finanzas
Uno de los desafíos más urgentes pero menos visibilizados de la política pública en República Dominicana es la desconexión creciente entre el ciudadano que paga impuestos y la administración estatal de los recursos que se captan por esa vía.
Este es un país donde gran parte del esfuerzo tributario descansa sobre una base formal relativamente estrecha, resultando en que cada vez más es necesario que las discusiones sobre aumento en la recaudación vayan acompañadas de un diálogo sincero sobre legitimidad, confianza y valor público.
Los fideicomisos municipales operarían con transferencias reguladas, sujetas a condiciones establecidas en el Presupuesto, y su ejecución estaría integrada a los sistemas nacionales de control, fiscalización y auditoría.
Durante años, el debate fiscal ha girado en torno a cuánto recaudar, de quién y con qué fines, sin embargo, la experiencia demuestra que la clave ya no está solo en aumentar ingresos, sino en demostrar al contribuyente que sus aportes tienen sentido, destino y retorno social visible.
La ciudadanía no se opone a contribuir con el Estado, no obstante, persiste una percepción de desconexión entre lo que se aporta y los resultados que se ven reflejados en el territorio. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta crecientes demandas para financiar infraestructura, servicios públicos, resiliencia climática y desarrollo local, muchas veces con estructuras de gestión que requieren ser fortalecidas para responder con mayor eficacia.
Frente a esto, urge repensar cómo se gasta, cómo se asigna, y sobre todo, cómo se involucra a la población en las decisiones sobre inversión pública. Se propone acercar los impuestos a la gente a través de mecanismos fiduciarios territoriales, pero el desafío requiere ir más allá de la descentralización simbólica: se trata de reconfigurar las estructuras que sostienen la relación entre el Estado y su ciudadanía tributaria.
Desde mi experiencia en la estructuración de fideicomisos públicos de diversas naturalezas -infraestructura vial, fiscalización, energía renovable, entre otros- considero que el camino más viable y transformador pasa por una figura robusta: la creación del Fideicomiso Matriz Nacional de Inversión Territorial, liderado por el Mi-
nisterio de Hacienda y Economía, que articule y supervise una red de fideicomisos públicos vinculados municipales o provinciales, con reglas claras, trazabilidad real y participación efectiva.
Esta propuesta no busca fragmentar el poder fiscal, sino redistribuirlo con sentido y control, para que el gasto público deje de ser una caja negra y se convierta en una caja transparente, y a la vez, democratice el acceso, la ejecución y la rendición de cuentas de la inversión pública a nivel territorial.
ESTE MODELO PERMITIRÍA:
• Preservar la unidad y disciplina fiscal, ya que el Ministerio mantiene el control de los flujos financieros, las reglas operativas y la priorización nacional.
• Establecer criterios técnicos comunes, como indicadores de eficiencia, porcentajes máximos de gasto corriente, y estándares de rendición de cuentas.
• Facilitar la descentralización operativa, permitiendo que cada municipio gestione proyectos definidos localmente, pero dentro de una estructura fiduciaria consolidada.
En cuanto a los fideicomisos públicos vinculados municipales o provinciales operarían bajo principios de participación, claridad normativa y alineación territorial. Para ello, es clave que cuenten con comités fiduciarios locales con voz y voto, integrados por representantes del gobierno local, la sociedad civil, el sector productivo y la academia.
Además, se regirían por reglamentos operativos bien definidos, que establezcan con precisión los tipos de proyectos elegibles, los mecanismos de control, y las formas de supervisión y rendición de cuentas.
Asimismo, estos fideicomisos deben estar estrechamente vinculados a los Planes de Ordenamiento Territorial y a los ejercicios de Presupuesto Participativo, garantizando que las inversiones respondan a necesidades reales y consensuadas dentro de cada comunidad.
Esta estructura no solo otorga legitimidad al gasto, sino que promueve el desarrollo de una nueva cultura
de corresponsabilidad ciudadana en la inversión pública. El Fideicomiso Matriz pudiera, y debería, estar acompañado de una plataforma digital nacional que muestre en tiempo real:
• La ejecución física y financiera de cada proyecto por municipio.
• Los montos transferidos y utilizados.
• Las empresas contratadas y los avances de obra.
• Indicadores de impacto económico y social.
Este sistema se integraría al SIGEF y a los sistemas de compras públicas ya existentes, ofreciendo a cualquier ciudadano la posibilidad de seguir el dinero público paso a paso.
Pero, proponer sin ejecutar es teoría vacía. Por eso, el Distrito Nacional puede ser el escenario ideal para un plan piloto de fideicomiso público vinculado, bajo el Fideicomiso Matriz Nacional de Inversión Territorial.
CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA, EL PILOTO DE DN PERMITIRÍA:
• Probar la operatividad de la estructura matriz-vinculados.
• Evaluar resultados reales de eficiencia, transparencia y participación.
• Generar aprendizajes institucionales para escalar el modelo a otras provincias o sectores.
El Distrito Nacional, por su densidad poblacional, visibilidad política y capacidad operativa, puede demostrar que otra forma de hacer política fiscal e inversión pública sí es posible.
Aunque algunos podrían temer que la implementación de este modelo erosione el control presupuestario central, lo cierto es que, cuando se diseña adecuadamente, contribuye a fortalecer la sostenibilidad fiscal. Los recursos continuarían sien-
do recaudados, presupuestados y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Economía, lo que garantiza que la autoridad fiscal permanezca centralizada. Los fideicomisos municipales operarían mediante transferencias reguladas, sujetas a techos y condiciones establecidos en la Ley de Presupuesto, y su ejecución estaría plenamente integrada a los sistemas nacionales de control, fiscalización y auditoría. En lugar de perder control, el Estado gana en legitimidad, eficiencia y confianza ciudadana, consolidando así un nuevo modelo de gestión pública más transparente y territorialmente conectado.
Y no, no nos estariamos inventando el agua tibia, ya que este modelo cuenta con referentes en América Latina. En países como México, Colombia y Ecuador, se han implementado estructuras fiduciarias donde un fideicomiso público central transfiere recursos a fideicomisos subnacionales para ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo local.
Estos esquemas han demostrado que es posible mantener el control fiscal centralizado mientras se mejora la eficiencia y pertinencia territorial del gasto, siempre que existan reglas claras, supervisión estatal y trazabilidad en la ejecución.
CONCLUSIÓN
La legitimidad fiscal no se decreta: se construye. Y los fideicomisos públicos, estructurados desde una lógica nacional con descentralización operativa, representan una vía institucional sólida para lograrlo. Con un Ministerio de Hacienda y Economía que lidera, un marco normativo que respalda, y ciudadanos que participan y vigilan, podemos rediseñar el pacto fiscal dominicano desde la confianza, la transparencia y la corresponsabilidad. No se trata de fragmentar el poder del Estado, sino de distribuirlo con inteligencia. No se trata de descentralizar por moda, sino de ejecutar donde más impacto tiene. Y no se trata de inventar algo nuevo, sino de usar lo que ya tenemos para servir mejor.
JEAN CARLOS DARIEL
ALTUNA BATISTA
ExpErto En prEvEnción dE lavados dE activos y asEsor y consultor financiEro
ELas evaluaciones a esta universidad han reconocido la solidez de sus programas académicos, la calidad de su cuerpo docente, la pertinencia de su oferta curricular y la eficiencia de su gestión institucional.
¿No es este el momento para que esta excelencia probada se traduzca en mayor libertad de acción y crecimiento?
ECONOMIA DEL INTERIOR
Uteco: dos caminos, un destino
Santo Domingo
n las próximas semanas, mientras el Congreso Nacional debate los marcos legales de la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior Ciencia y tecnología (Minerd-MESCyT) se presenta una oportunidad histórica -quizás irrepetible- para redefinir el futuro institucional de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco). Esta decisión, que podría pasar inadvertida entre los grandes titulares de la reforma educativa, tiene implicaciones profundas para el desarrollo académico, económico y social de la región. Es momento de que los diputados y el senador provincial de Sánchez Ramírez tomen nota y actúen con la visión estratégica que el momento demanda.
La inminente fusión ministerial coloca a Uteco ante una encrucijada institucional sin precedentes. Por primera vez en décadas, la universidad tiene la oportunidad de elegir entre dos modelos de desarrollo que definirán su trayectoria para las próximas generaciones.
Opción A: La vía de la autonomía universitaria. Aprovechar la coyuntura de la fusión para establecer niveles progresivos de autonomía universitaria, siguiendo el modelo de instituciones como la UASD pero con actualizaciones en la visión corporativa contemporanea
Opción B: la integración ministerial estratégica. Mantenerse como parte orgánica del nuevo Minerd, potenciando su rol como brazo académico especializado en formación docente y educación superior con enfoque en tecnología.
Ambas opciones presentan ventajas significativas, pero la elección incorrecta podría limitar el potencial de crecimiento institucional durante décadas. No estamos hablando de una institución cualquiera. Uteco ha demostrado consistentemente su excelencia académica a través de las evaluaciones quinquenales realizadas por MESCyT, obteniendo resultados que la posicionan entre las
universidades mejor evaluadas del sistema de educación superior dominicano. Este reconocimiento oficial no es un detalle menor; es la evidencia objetiva de que la institución ha alcanzado la madurez académica y administrativa necesaria para asumir mayores responsabilidades y autonomías.
Las evaluaciones a esta universidad han reconocido la solidez de sus programas académicos, la calidad de su cuerpo docente, la pertinencia de su oferta curricular y la eficiencia de su gestión institucional. ¿No es este el momento preciso para que esta excelencia probada se traduzca en mayor libertad de acción y crecimiento?
La autonomía universitaria representaría para UTECO la posibilidad de:
• Diversificar su oferta académica sin las limitaciones burocráticas actuales, respondiendo más ágilmente a las demandas del mercado laboral regional y nacional
• Generar recursos propios a través de programas de educación continua, consultorías, investigación aplicada y alianzas estratégicas con el sector productivo
• Establecer alianzas internacionales directas con universidades extranjeras, facilitando intercambios académicos, programas de doble titulación y proyectos de investigación colaborativa
• Desarrollar una política salarial competitiva que atraiga y retenga el mejor talento acadé-
mico, fortaleciendo la calidad educativa
• Crear centros de investigación especializados que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de la región norte
La autonomía no significa desconexión del sistema educativo nacional, sino madurez institucional para contribuir al desarrollo educativo desde una posición de mayor fortaleza y flexibilidad.
Por otro lado, mantenerse como parte del nuevo MINERD ofrecería:
• Acceso privilegiado a recursos del Estado para el desarrollo de programas formativos alineados con las políticas educativas nacionales
• Rol protagónico en la implementación de políticas de formación docente a nivel nacional
• Estabilidad presupuestaria garantizada por el Estado
• Posición estratégica como universidad especializada en educación dentro del ministerio
• Influencia directa en el diseño de políticas educativas nacionales
Esta opción convertiría a Uteco en el brazo académico más importante del nuevo MINERD, con responsabilidades específicas en investigación educativa y formación de formadores.
Honorables diputados de Sánchez Ramírez y distinguido senador: esta decisión no puede tomarse sin su participación activa. Uteco no es solo una universidad; es un patrimonio
regional que ha contribuido durante cuatro décadas al desarrollo de nuestro territorio.
La elección entre autonomía e integración ministerial requiere: 1. Análisis técnico profundo de las implicaciones jurídicas, financieras y académicas de cada opción
2. Consulta amplia con la comunidad universitaria, el sector productivo regional y los egresados
3. Evaluación del impacto en el desarrollo económico y social de la región norte
4. Consideración de las experiencias de otras universidades que han transitado por procesos similares
La ventana de oportunidad es estrecha.
Una vez aprobada la legislación de fusión, modificar el estatus institucional de Uteco será infinitamente más complejo. Es ahora o nunca.
Nuestros representantes políticos tienen en sus manos la posibilidad de influir en una decisión que marcará el destino de miles de estudiantes actuales y futuros, el desarrollo profesional de cientos de docentes y empleados, y el crecimiento académico y económico de toda la región norte.
La decisión sobre el futuro institucional de Uteco trasciende lo meramente administrativo. Es una decisión sobre el tipo de región que queremos construir, el nivel de desarrollo académico que aspiramos alcanzar y el legado que dejaremos a las futuras generaciones.
Uteco ha demostrado su excelencia, ha probado su compromiso con la calidad educativa, ha construido una reputación sólida a través de cuatro décadas de servicio.
Ahora necesita que sus representantes políticos estén a la altura de su trayectoria.
El momento de actuar es ahora. El futuro de Uteco -y por extensión, de la educación superior en nuestra región- se decide en las próximas semanas. ¿Estarán nuestros representantes a la altura del momento histórico?
RAFAEL ROBLES el autor es economista
PETROLEO Y MONEDA
Envejecimiento y sector salud: para las ARS, si hay patadas, hay pa’todos...
Santo Domingo
ESi bien la sostenibilidad financiera es una condición sine qua non para la existencia misma del sistema, no se puede analizar la seguridad social solo desde un ángulo mercantil, ya que la salud, antes de todo, es un derecho, inclusive el único derecho que, si no se puede ejercer, impide que se ejerzan los demás derechos.
n momentos cuando sobran las evidencias de un rápido envejecimiento de la población dominicana en los próximos años, hace falta detenerse y analizar todas las consecuencias que tendrá esta indetenible transformación demográfica sobre la economía y la misma sociedad; y en este sentido, plantea un cambio tan urgente como profundo al modelo de financiamiento del Régimen Contributivo vigente desde la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) contemplado en la Ley de Seguridad Social 87-01: las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) reciben un cápita fijo e igual para todos los afiliados de este Régimen, sin consideración del perfil de riesgo de cada uno de estos afiliados.
mientras los adultos activos (los de 35 a 64 años) aportarán 324,162 personas adicionales, equivalente a un crecimiento acumulado de +9.19%, y con una proyección de 3,852,470 personas superarán por primera vez al grupo de los jóvenes adultos (de 15 a 34 años).
Por tanto, de permanecer el actual modelo de un cápita igual para todos los afilados, que ya es causa de grandes desequilibrios y factor mismo de evidentes inequidades entre las ARS, se pondrían en serio peligro la equidad financiera, así como la asignación eficiente de recursos financieros, y en última instancia, la sostenibilidad misma del Seguro Familiar de Salud (SFS).
CONTACTO CON EL AUTOR
• h hebrard@henrihebrard com
• X: @hebrardh
De acuerdo con las más recientes proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) hasta 2030: https:// one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-demograficas/estimaciones-y-proyecciones-demograficas/ se prevé que el total de la población dominicana estará acumulando un magro crecimiento acumulado de apenas +4.24% equivalente a 457,607 habitantes adicionales, al pasar esta población de 10,795,677 (2024) a 11,253,284 (2030). Ahora bien, debe de llamar especialmente la atención el hecho de que, en el rango de edades entre 0 y 14 años, lejos de crecer, la población joven estará disminuyendo en un -3.12%, equivalente a una disminución de 88,327 personas, al pasar este grupo de edad de 2,833,978 (2024) a 2,745,651 (2030); lo mismo estará pasando, aunque con menor intensidad, en el caso del grupo que va desde 15 a 34 años (-0.15%, o -5,363) donde esta clase bajaría de 3,538,654 (2024) a 3,533,291 (2030). Al revés, los dos grupos que concentran los adultos de mayor edad muestran un crecimiento sostenido, y más especialmente en el caso del grupo de los seniors (a partir de 65 años) que crecerán muy fuertemente (+25.39% o 227,135 personas),
Para las ARS, cuyas carteras de afiliados concentran una alta cantidad de adultos mayores, o con condiciones de enfermedades crónicas o bien en situación de vulnerabilidad, se presenta inevitablemente un aumento sensible de la siniestralidad, o sea, la relación entre los gastos cubiertos para este afiliado y los ingresos recibidos por esas empresas mediante el pago de los cápitas únicos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) fruto de los aportes de empleados y empleadores.
Al revés, las ARS que concentran una mayor proporción de afiliados de bajo riesgo (especialmente jóvenes empleados o hombres en plena edad productiva), logran registrar niveles mucho más bajo de siniestralidad, que a su vez se convierten en un supuesto margen financiero, en todos casos artificialmente abultado.
Como resultado de lo anterior, los niveles de rentabilidad de las ARS ya no son el resultado de sanas administraciones, sino más bien la consecuencia de la concentración (o no) en la cartera afiliada de determinados perfiles de riesgos: las carteras de mayor riesgo implican altas presiones operativas por no recibir el cápita suficiente para enfrentar los mayores niveles de siniestralidad; al contrario, las carteras de menor riesgo
perciben un incentivo perverso y regresivo, gracias a niveles inferiores de siniestralidad. Algunas ilustraciones simples de estas desigualdades: estadísticas de la Sisalril muestran que un afiliado mayor de 65 años le cuesta 3 veces más al sistema que un afiliado promedio, mientras, al contrario, un joven de edad entre 6 y 14 años ni supera el 40% del costo de este mismo afiliado promedio. Y esto se traduce de manera muy clara en los resultados financieros: de un lado, ARS Futuro ha logrado la mayor rentabilidad del sistema, con beneficios de RD$1,705 millones en 2024, gracias a una muy baja siniestralidad (tan solo el 43.6%) porque presenta la edad promedio de afiliados más baja de todo el sistema (24.4 años); del mismo modo, algunas ARS, a pesar de su reducido tamaño, han logrado altos niveles de beneficios, tales son los casos de ARS Renacer o ARS CMD (RD$598 millones y RD$430 millones respectivamente) gracias a que la edad promedio de su cartera de afiliados es sumamente joven (25.9 años y 27.1 años respectivamente); todo lo contrario, y a pesar de ser entidades de mucho mayor tamaño, ARS Universal, Mapfre Salud y ARS Primera han reportado pérdidas en un rango entre RD$140 y RD$543 millones, solo por tener perfiles de afiliados con edades superiores (34.16 años para Universal, 31.96 años para Mapfre, o 31.57 para Primera). Frente a esta situación, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) está proponiendo un nuevo sistema de capitación con tarifas diferenciadas en función del riesgo individual que presente cada afiliado. Además de la lógica financiera obvia de esta propuesta, este planteamiento queda perfectamente alineado con uno de los principios filosóficos del SDSS: del mismo modo que el Artículo 169 de la Ley 87-01 ha establecido “una tarifa fija mensual por persona protegida por la administración y prestación de los servicios del plan bá-
sico de salud” (tarifa que ha de establecer el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), este mismo artículo también ha previsto la transición hacía la solución planteada por la Ssisalril: “(…) Sin perjuicio de lo anterior, cuando se desarrollen las condiciones técnicas necesarias, dicho consejo podrá establecer tarifas diferenciadas en función del riesgo individual de los beneficiarios.”
Sin sorpresa, la propuesta de la Sisalril está enfrentando posiciones contrarias que, en gran medida, reflejan quienes han sido hasta el momento los beneficiados de un sistema cuya inequidad queda a la vista de todos, y más especialmente las ARS que tienen las carteras de afiliados de menor nivel de riesgo (sea por edad o por condiciones de salud).
El envejecimiento de la población dominicana llama a anticipar situaciones muy adversas que pudieran llevar a una crisis irremediable en la cobertura de salud de la Seguridad Social. Por ende, la implementación de un cápita diferenciado permitirá: i) recuperar y perennizar la equidad perdida en su actual financiamiento; y, ii) más importante aún, garantizar la continuidad y el nivel de calidad en las prestaciones de servicios a favor de los pacientes de alto riesgo o de edad avanzada.
Si bien la sostenibilidad financiera es una condición sine qua non para la existencia misma del sistema, no se puede analizar la seguridad social solo desde un ángulo mercantil, ya que la salud, antes de todo es un derecho, inclusive el único derecho que, si no se puede ejercer, impide que se ejerzan los demás derechos.
Y esto, es lo más importante del cambio propuesto por la Sisalril: no disminuye en nada la cobertura vigente de los afiliados, sino todo lo contrario, la refuerza, ya que, al eliminar los actuales incentivos perversos, desaparecerá el interés financiero en querer discriminar a adultos mayores y poblaciones vulnerables.
Y en eso, como en tantas otras materias, si hay patadas, hay pa’ todos…
HENRI HEBRARD el autor es economista
JEAN MARCO POU AbogAdo
La importancia de los gremios empresariales Análisis
ELa gobernabilidad democrática requiere diálogo permanente entre quienes producen, quienes regulan y se benefician del crecimiento. Ese diálogo solo es posible con gremios técnicos y con vocación de consenso.
n toda democracia, el verdadero desafío no es solo gobernar, sino saber escuchar. Las leyes y las instituciones formales pueden sostener la estructura del Estado, pero es el diálogo efectivo entre las fuerzas fácticas -es decir, el gobierno, el sector privado y la sociedad- lo que define la calidad de la gobernanza.
CONTACTO CON EL AUTOR • jmpou@pyvAbogAdos com
En República Dominicana, donde la agenda nacional incluye retos como mejorar la productividad, impulsar la sostenibilidad y acelerar transformaciones necesarias, este diálogo no es un lujo: es una necesidad imperativa. Y en ese escenario, los gremios empresariales se erigen como actores estratégicos y fundamentales. Los gremios empresariales son organizaciones que agrupan a empresas o empresarios de un sector, industria o ámbito específico, con el propósito de representar intereses comunes, promover el desarrollo y defender los derechos de sus miembros. Pueden adoptar distintas formas, como cámaras de comercio -entre ellas la Cámara Americana de Comercio o la EuroCámara RD-, asociaciones industriales, federaciones y consejos sectoriales. Estos espacios son puntos de encuentro donde el tejido empresarial define po-
siciones comunes, modera diferencias y, en muchos casos, incide de forma determinante en la viabilidad de las políticas públicas. A la vez, funcionan como ámbitos de autorregulación, en los que los actores de un sector establecen pautas y estándares para su actividad.
En las últimas décadas, el país ha consolidado uno de los ecosistemas gremiales más robustos de la región, con más de un centenar de organizaciones que impulsan reformas, promueven la innovación, acompañan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y sirven de enlace con el sector
público. Sin embargo, su verdadero valor radica en la capacidad de sentarse a la mesa con propuestas técnicas, datos sólidos y visión estratégica, contribuyendo así a un diseño de políticas más riguroso, legítimo y orientado al desarrollo.
La experiencia internacional nos recuerda una verdad de Perogrullo: los interlocutores son indispensables para alcanzar grandes consensos. Parte del éxito del denominado “milagro dominicano” desde la tumultuosa segunda mitad del Siglo XX radica, precisamente, en la existencia de actores y árbitros que, en momentos de desafío
nacional, supieron dialogar y establecer acuerdos capaces de encauzar el rumbo del país. Por el contrario, en aquellos países donde existe fragmentación gremial, falta de liderazgo o politización excesiva, la capacidad de incidencia se debilita, las reformas pierden fuerza y la confianza institucional se erosiona. La República Dominicana debe evitar ese riesgo y apostar por gremios más profesionales, inclusivos y enfocados en generar valor público. Esto exige compromiso tanto del Estado como del empresariado. Involucrarse en la vida gremial no debe verse como una carga, sino como una inversión en institucionalidad y en el futuro económico del país. Los gremios no solo defienden a sus miembros; también tienen el deber de proponer, escuchar y construir consensos para beneficio de la sociedad.
La gobernabilidad democrática requiere un diálogo permanente entre quienes producen, quienes regulan y quienes se benefician del crecimiento. Ese diálogo solo es posible con gremios representativos, técnicos y con vocación de consenso. Gobernar bien es, en esencia, saber escuchar; y escuchar bien exige contar con interlocutores a la altura del reto.
MERCADO GLOBAL
Déficit comercial de EE. UU. cayó en un 16% en junio 2025
Las exportaciones bajaron 0.5% el mes pasado, hasta
US$277,300 millones
El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en junio un 16% con respecto al mes anterior hasta situarse en los US$60,200 millones, según registros publicados por el Buró de Análisis Económico (BEA).
En el primer semestre, el déficit comercial estadounidense aumentó en US$161,500 millones (un 38.3%) respecto al mismo periodo de 2024.
Las exportaciones de EE.UU. cayeron en junio un 0.5% hasta sumar unos US$277,300 millones. De igual forma, las importaciones también se redujeron en un 3.7% hasta los US$337,500 millones en el sexto mes del año, lo que significa unos US$12,800 millones menos que en mayo.
En el sexto mes del año, la nación norteamericana exportó menos materiales y suministros industriales (unos
Construcción del precio de venta en operaciones con partes vinculadas
El principio fundamental de Precios de Transferencia se encuentra consagrado en el Artículo 281 del Código Tributario Dominicano, desde que se promulgó en el año 1992. Establece que las operaciones celebradas entre entidades relacionadas “deben ser pactadas de acuerdo a los precios o montos que habrían sido acordados entre partes independientes, en operaciones comparables y bajo iguales o similares circunstancias”.
Cuando menciona “precios o montos” es fácil pensar que el mismo análisis financiero que aplican las empresas para construir sus precios de venta y cuidar sus márgenes de beneficios en operaciones con clientes no relacionados, debería aplicarse de igual forma en operaciones con entidades vinculadas. Sin embargo, en la práctica, existen
Con China, el déficit comercial disminuyó US$4,600 millones, hasta los US$9,400 millones.
DÉFICIT CON LOS VECINOS
Con México y Canadá. En el comercio de bienes, Estados Unidos registró un déficit de US$16,300 millones con México y US$1,300 millones con Canadá. Estos números reflejan que existe una diferencia entre lo que Estados Unidos exporta e importa entre estos dos países. Mientras que,
US$4,800 millones menos que en mayo) y más bienes de capital (US$2,000 millones más).
A su vez, los bienes de consumo aumentaron en US$1.000
en el caso de México, el déficit se ha visto impulsado principalmente por la importación de vehículos, maquinaria, productos electrónicos y manufacturas. A pesar de ello, México sigue siendo uno de los principales socios comerciales de EE.UU., y las exportaciones agrícolas y manufacturas.
millones. La caída en las importaciones estadounidenses se debió en gran parte a que Estados Unidos importó unos US$8,400 millones menos
Adentro del mercado
Rosa Pascual anacaonapascual@gmail.com
empresas que no solo no aplican márgenes de ganancia en las operaciones con sus entidades vinculadas, sino que, en ocasiones, ni siquiera existe un cargo intercompañía por los diversos servicios que se prestan entre sí, o bien, cuando existe algún margen de
ganancia, el mismo no está documentado, no se puede verificar con documentación financiera, o no tiene un análisis previo que garantice que dicho margen es el mismo que habría sido pactado con un tercero. Con cierta frecuencia, la misma falta de estructura en la forma
en bienes de consumo, unos US$2,700 millones menos en materiales y suministros industriales y US$1,300 millones menos en vehículos y partes.
Con China, con el que Estados Unidos negocia un acuerdo comercial en medio de una tregua arancelaria que acaba el 12 de agosto, el déficit comercial disminuyó en junio US$4,600 millones, hasta llegar a los US$9,400 millones.
El presidente Donald Trump dijo que espera "llegar pronto" a un pacto con Pekín, con el que afirmó que las negociaciones marchan muy bien.
de pactar las transacciones y la falta de documentación para caracterizar y definir las transacciones, dificulta la identificación de comparables tanto internas como externas.
En el caso de las comparables internas porque, al no haber un estándar en la fijación de precios o formas de pactar las operaciones, el grado de comparabilidad que puede haber entre una operación controlada y una operación no controlada es bajo.
Al final, como se trata de operaciones entre empresas de un mismo accionista o un mismo grupo de accionistas, con frecuencia no se detienen a fijar los precios y montos de las transacciones como se harían con un tercero.
Una practica que aleja a las empresas que la practican de la aplicación del Principio de Plena Competencia.
En el caso de las comparables externas, se presentan las mismas dificultades, solo que, al tratarse de análisis indirectos, hay mas flexibilidad, y aun cuando el resultado del análisis no
LA INFLACIÓN EN LA OCDE SE UBICA EN 4.2% EN JUNIO
«EFE, PARÍS. La inflación en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) repuntó dos décimas en junio, hasta el 4.2%, debido a la evolución de la energía, que en términos interanuales volvió a ser positiva tras haber sido negativa los dos meses precedentes. Los precios de la energía subieron un 0.9% entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025, cuando un mes antes la variación interanual había sido del -0.3%, anunció la OCDE en un comunicado. En junio, la inflación aumentó en 21 de los 38 países miembros, mientras que la evolución fue la contraria en siete, entre ellos los cuatro latinoamericanos que forman parte de la organización. En el caso de Costa Rica, la inflación fue negativa del 0.2% algo que no ocurrió en ninguno de los otros miembros de la OCDE.En Chile, se quedó en el 4.1%; en Colombia en el 4.8 % y en México en el 4.3%.
sea el mas confiable, es lo mejor que se puede obtener con la información disponible.
La utopía seria que al momento de pactar las operaciones se realice un análisis de precios de transferencia que permita sentar las bases de dichas transacciones, alcance, plazos, bases de calculo de las remuneraciones o precios (por lo general horas hombre, políticas de precios con márgenes de ganancia, etc.).
Se trata de estructurar las operaciones de tal forma que, previo a su ejecución, se tenga certeza de que la misma cumple con el Principio de Plena Competencia, que existen comparables, y lo más importante, la empresa obtiene una ganancia acorde a sus funciones, activos y riesgos asumidos.
EFE Washington
INDICADORES
N/D N/D N/D
17.95% 18.50% 23.00%
12.50% 16.30% 19.00%
13.95% 13.00% 18.00%
15.05% 14.55% 20.00%
16.25% 15.00% 19.95%
N/D N/D N/D
N/A N/A N/A
Precios
14.25% 32.00% 25.00%
13.95% 18.00% 20.00% ROMANA N/D N/D N/D
BONAO 14.50% 19.00% 24.00% PERAVIA N/D N/D N/D
*Montos consultados en páginas web y llamadas (29/07/2025)
TASAS DE INTERÉS ACTIVA PRODUCTOS AGRÍCOLAS
y
Rendimientos actualizados de valoración
alasmetodologíasdevaloracióndeinstrumentosfinancierosaprobadasporlaSuperintendenciadelMercadode Valores.
Fuente: Miniterio de Industria y Comercio y Mipymes
de los combustibles en República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana. Año 11. Nº 500, jueves 07