El Barrio News by El Barrio News

2 Noviembre 2011 - Edic 28_EL BARRIO NEWS 11/2/11 7:00 PM Page 10

EL BARRIO NEWS

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Brooklyn, Miércoles 2 de Noviembre del 2011

Por: Rafael Prieto Zartha uando Anthony Tangemann, director de la Oficina de Detención y Remoción (DRO), del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ordenó la realización de la Operación Endgame (Final del Juego) en el verano de 2003, movió las piezas de ajedrez que tienen hoy a los 11 millones de indocumentados contra el filo de la deportación. El proyecto, que contemplaba la expulsión del país de todos los indocumentados entre 2003 y 2012, no cumplirá la meta para la fecha fijada, pero si sentó las bases para confeccionar la pesadilla que viven los inmigrantes que carecen de papeles. La Operación Endgame apuntaba, además de las actividades de arrestos, crear un ambiente de respaldo a las acciones de deportación por parte de los ciudadanos estadounidenses, tener nexos con organizaciones de base y entidades no lucrativas y mercadear las instancias de éxito del plan. Además, para ejecutar el Final del Juego se proyectaba continuar la contratación de cárceles privadas para internar a los indocumentados, como ha ocurrido reiteradamente.

Jaque mate a los indocumentados Partiendo del plan se dio la espiral de expulsiones que fue subiendo en cada año fiscal: 2003, 155,874; 2004, 173,777; 2005, 179,165; 2006, 206,177; 2007, 288,663; 2008, 349,041; 2009, 387,790; 2010, 392,862; y 2011, 396,906. Desde 2003 hasta la terminación del año fiscal de 2011, en septiembre pasado, las autoridades de inmigración sacaron del país a más de dos millones y medio de indocumentados. La deportación masiva ha sido respaldada por organizaciones de base y entidades no lucrativas antiinmigrantes, que se han dedicado a generar las leyes estatales y locales que se han venido copiando para hacerle la vida un yogur a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio, con medidas destinadas a arrestarlos por “sospechas”, impedirles trabajar, transportarse, ser transportados, alquilar o adquirir vivienda, estudiar en instituciones de educación superior, estigmatizar a niños y padres de familia, e incluso abro-

Por: Brian Katulis

DESTROYING AL QAEDA he Al Qaeda network over the past three years suffered its greatest losses since the United States and its allies evicted the terrorist organization from Afghanistan in 2001. Consider the achievements: - President Barack Obama ordered a daring and risky Navy SEAL raid that killed Osama bin Laden in May 2011, and dozens of other senior Al Qaeda leaders have met their demise since President Obama took office. - This summer, U.S. drones killed Ilyas Kashmiri, commander of Al Qaeda’s Pakistan operation, and Atiyah Abd alRahman, Al Qaeda’s top operational planner who became the organization’s number two after bin Laden’s death. - Anwar al-Awlaki, a key member of Al Qaeda in the Arabian Peninsula believed to be responsible for organizing a number of attempted attacks against the United States, was killed in another drone strike in Yemen at the end of September. Hardly a week goes by without some key figure in the Al Qaeda network and its affiliates being targeted in a range of actions, including drone strikes as well as other actions by U.S. intelligence and law enforcement agencies to prevent attacks and degrade the Al Qaeda network. The damage done to Al Qaeda by the Obama administration repre-

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sents America’s greatest national security success since the fall of the Soviet Union and the peaceful integration of Eastern European countries in the 1990s. Given these major successes, it’s no wonder U.S. officials, including former CIA Director and current Secretary of Defense Leon Panetta, are declaring that the United States is “within reach of strategically defeating al Qaeda.” As President Obama put it in June, the United States has “put al Qaeda on a path to defeat, and we will not relent until the job is done.” Finishing the job will require the United States to do two things. First, we should remain as assertive as possible in our approach to keep the United States safe from terrorist networks such as Al Qaeda. Second, we need to streamline our approach to national security, cutting efforts and programs that aren’t vital to keeping America safe. The Obama administration has already corrected the most costly mistake of the previous administration by winding down the war in Iraq. But the United States won’t be able to say the job is done when it comes to defeating Al Qaeda until we cut the unnecessary waste and excess that has built up in our national security infrastructure over the past 10 years.

El Periódico amigo de Sunset Park, Bay Ridge y Park Slope

gar el derecho a la ciudadanía a los nacidos aquí, que sean hijos de indocumentados. El congresista Luis Gutiérrez se quejaba en el programa de televisión dominical Al Punto con Jorge Ramos de lo que vio durante una visita a Alabama, donde el imperio del terror generado por la ley estatal HB 56 le cercena la posibilidad a los inmigrantes hasta de tener servicio de energía, en el marco de una atmósfera que recuerda las abominables leyes Jim Crow, que discriminaban contra los afroamericanos, aún después de que se decretó la liberación de los esclavos, en la segunda mitad del siglo 19. Detrás de ese ambiente cruel contra los indocumentados lati-

nos está lo planteado por la Operación Endgame, para que los extranjeros sin papeles que no sean ubicados, aprehendidos, procesados y deportados, se aburran y se vayan. Por eso en Carolina del Norte, un grupo de representantes a la Cámara republicanos y demócratas han creado un comité sobre política de inmigración, del que no se anticipa que salga algo diferente a hiel en contra de los indocumentados. Para mi sorpresa, en el otro lado del país, en California, un grupo de líderes hispanos está planteando una respuesta a contracorriente del espíritu antiinmigrante que padece el país. El Congreso Latino está proponien-

do que se dé permiso de trabajo a los indocumentados de bien. La idea es recolectar 700 mil firmas, para poner la iniciativa a disposición de los votantes en las elecciones de 2012. Los impulsores de la propuesta creen contar con el 63% de los electores y la medida favorecería a dos millones y medio de extranjeros que carecen de papeles. Esta es una movida ingeniosa para ponerle freno al desastre iniciado por la Operación Endgame y no se dé el final del juego. Rafael Prieto Zartha es el director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente, en Charlotte, Carolina del Norte. Por: Maribel Hastings

HB 56 y la indignación hora que la indignación ha cobrado atención nacional y mundial con las manifestaciones a través del país, debería haber espacio para indignarse por el maltrato a la comunidad inmigrante de Alabama con la HB 56 y por la insensatez de quienes creen que la ley sólo perjudica a indocumentados y no a ciudadanos, a la economía y potencialmente la salud pública. La indignación está en voces como la de Jasmine Reyes, nacida en Nueva York y de origen puertorriqueño. Lleva once años en Birmingham y ve los efectos de la HB 56 en la clínica comunitaria donde dirige proyectos especiales. “Los inmigrantes tienen miedo a venir. Creé un proyecto donde llevamos la unidad móvil a que vayan a ponerle los ‘flu shots’. Fuimos a una comunidad, un ‘trailer park’, donde no habían salido por una semana y encontramos a niños enfermos y gente enferma. Servimos a más de 50 personas”, indicó Reyes. Cuando la ley entró en vigor, “vinieron como 20 padres a buscar los récords (médicos) de los niños porque se iban al otro día”. “Les dijimos que no se fueran, que nos van a ayudar, ¿cómo nos van a dejar solos aquí?”, preguntó. “Soy ciudadana pero tengo pasión por la gente. Todos tenemos derechos. La Constitución dice ‘We the People’, somos gente”, indicó Reyes quien ha firmado poderes notariales como guardián legal de nueve niños si los padres son detenidos o deportados. ¿Tienen niños que dejar de recibir atención médica porque sus padres temen que los detengan? ¿Tener a decenas de personas en una comunidad sin atención médica no es invocar brotes que pongan en riesgo la salud del resto? Para el gobernador de Alabama, Robert Bentley, quien irónicamente es doctor, las denuncias de los efectos de la HB 56 son “anecdóticas”, pero la Associated Press citó a Jim McVay,

portavoz del Secretario de Salud de Alabama, diciendo que “no quiero extender el miedo, pero siempre que una persona teme recibir atención médica hay complicaciones potenciales”. Visité la clínica comunitaria donde labora Reyes y lo que vi no es anecdótico. Salas que siempre estaban llenas de gente buscando asistencia médica estaban casi vacías. La indignación está en Ashley, estadounidense oriunda de Alabama y casada con un indocumentado que llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años y ahora tiene 22. Tienen un hijo. Ambos trabajan y pagan impuestos. Como para legalizarse el joven tiene que ir a Ciudad Juárez a iniciar el proceso, se están preparando para tener que eventualmente radicarse en México si no obtienen una dispensa porque una vez el joven salga, activa la prohibición de reingreso a Estados Unidos, en su caso por diez años. Leyes migratorias federales que promueven la separación familiar se empeoran con la HB 56 estatal. “Tenemos casa, tenemos trabajo, seguro médico y pagamos impuestos”, indicó. Si el esposo se va, “mi niño tendría que recibir Medicaid, yo seré elegible para estampillas de alimentos, entonces yo me convertiré en una carga para el estado porque ellos deportaron a mi esposo…No piensan que están separando familias, piensan que toda la familia es indocumentada y los están sacando”, afirmó. Ashley trabaja en un centro de asistencia a víctimas de violencia doméstica y explicó que la HB 56 ha llevado a muchas inmigrantes a no denunciar a sus agresores por miedo a ser detenidas. Dijo también que el negocio de construcción donde trabaja su esposo está pensando cerrar porque muchos de sus empleados inmigrantes se fueron de Alabama. Ambas cosas no son anecdóticas. La indignación está en Joe, oriundo de Alabama, quien alqui-

la lotes para casas móviles. Varios de sus inquilinos indocumentados no pueden pagar impuestos sobre su casa móvil porque no tienen documentos. No es anecdótico. Me lo dijo una inmigrante a quien no le aceptaron el dinero por carecer de documentos. Menos dinero para las arcas estatales en medio de una crisis económica. Joe lo confirmó. “No le permiten pagar sus impuestos porque no tiene una licencia de conducir válida y no la puede obtener porque es indocumentada. Creo que tiene que haber un mecanismo para obtener la ciudadanía sobre todo si tienen muchos años viviendo aquí con una familia establecida”, declaró Joe, cuya hija está casada con un indocumentado. ¿Dónde está la indignación por lo que ocurre en Alabama? Dónde está la indignación cuando seguimos escuchando aberraciones de políticos republicanos que consideran un chiste proponer cercas electrificadas en la frontera. Cuando a meses del nuevo año electoral comienza a hablarse de impulsar un proyecto de reforma migratoria para establecer los “contrastes” entré demócratas y republicanos en torno al tema. Establecer “contrastes” puede salvar o hundir a políticos, pero no ayuda a corto plazo a los inmigrantes. En el siglo pasado las manifestaciones de racismo y discriminación en Alabama eran obvias con leyes de segregación, linchamientos, represión y violencia en contra de la comunidad afroamericana. En este Siglo 21 las manifestaciones de racismo y discriminación siguen teniendo forma de leyes como la HB 56 de Alabama cuyos efectos de desplazar, intimidar y atemorizar no son anecdóticos y son indignantes. Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice.