Conflictos de interés Proyecto Eliminación de conflictos de interés en la vida pública
Resumen Ejecutivo Existe una urgente necesidad de transformar el sistema para el combate a la corrupción y los conflictos de interés prevalecientes en el país. Esta problemática afecta de manera importante la impartición de justicia y el combate a la impunidad. Los conflictos de interés emergen cuando gobernantes, representantes y servidores públicos de alto nivel se encuentran subsumidos real y formalmente a pleitesías y compromisos económicos, financieros o políticos que afectan negativamente el desempeño de sus encargos públicos y alejan sus decisiones de la imparcialidad. Este tipo de fenómenos pueden involucrar vínculos financieros, económicos, conyugales, de consanguineidad, de ideología o de pertenencia a grupos y partidos políticos. Para ello este proyecto propone eliminar los conflictos de interés desde raíz a través de la promulgación de una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés. En el combate a la impunidad y la corrupción debemos tomar pasos definitivos que prevengan la corrosión integral del Estado a partir de su colonización por intereses particulares.
Antecedentes y situación actual En nuestro país el Código Penal incluye una gran gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y “enriquecimiento ilícito”, entre otros. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades impide a los funcionarios intervenir en asuntos donde tengan intereses particulares y les prohíbe la admisión de obsequios o gratificaciones de cualquier persona “cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas” por el servidor público. Sin embargo, habría que complementar este sofisticado régimen de sanciones con un nuevo diseño institucional que permita hacerlas efectivas. Tanto el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalan claramente que los funcionarios públicos tienen prohibido participar en decisiones gubernamentales donde tengan un “interés personal, familiar o de negocios”. Sin embargo, el pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas ha garantizado a todos los funcionarios públicos que delinquen en este aspecto, total impunidad. Las instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, no cuentan con ninguna independencia del Presidente de la República. Asimismo, las instancias independientes, como la Auditoría Superior de la Federación o el Congreso de la Unión, se encuentran sumamente limitadas en sus