Justicia Ambiental

Según la historiadora médica e investigadora norteamericana Harriet A. Washington, el racismo ambiental consiste en sistemas políticos, económicos y sociales que producen y perpetúan desigualdades en la exposición a contaminantes medioambientales.

Los principales causantes de esta problemática son la indiferencia y la ignorancia, así como análisis inadecuados de químicos industriales, discriminación en la vivienda, avaricia corporativa y una legislación laxa.

En el contexto internacional, la marginación medioambiental describe las relaciones ecológicas desfavorecidas entre las naciones industrializadas y el Sur Global 1 , asociándose al colonialismo, el neoliberalismo y la globalización. El racismo ambiental incluye la exposición a residuos tóxicos, inundaciones, contaminación por la extracción de recursos naturales e industriales, carencia de bienes esenciales o la exclusión de la administración y toma de decisiones sobre las tierras y los recursos naturales locales. En ese tenor, el investigador y activista David Schlosberg, sostiene que la justicia ambiental es una herramienta para combatir el racismo ambiental. La justicia ambiental —tanto como movimiento específico y como concepto global— está basada en una interpretación mucho más amplia de la justicia, ya que, incluye cuestiones de distribución, reconocimiento, participación y capacidades, tanto en el plano individual como en el comunitario. De igual modo, la justicia climática antepone la noción de equidad: los impactos del cambio climático sobre comunidades pobres y vulnerables, y la desproporcionada carga tanto de dichos impactos como de determinadas respuestas políticas a los mismos.

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