LA CORRUPCIÓN SOLAPADA DE FELICIANO CASTRO
Los delitos se acumulan en Sinaloa y la prioridad del gobernador es su ambición de poder FISCALÍA: OFICIALÍA DE PARTES PARA LA VENGANZA
EN UN MUNDO DONDE LA CORDURA SEA LA BASE DE UNA SOCIEDAD, LAS EVIDENCIAS SErían suficiente para legitimar lo que a todas luces es verdad o mentira. En este mundo de redes sociales y dispositivos que todo lo graban en voz o video, lo evidente ha sido que para políticos y gobernantes no existen pruebas suficientes para aceptar sus mentiras y manipulaciones.
El problema con las evidencias tan claras es que la realidad de las cosas se re-
duce a interpretaciones de los gobernantes, ya que éstos utilizan todo el poder del Estado para torcer la verdad. El caso de Andrés Manuel López Obrador, de candidato a presidente del país, resulta grotescamente bizarro, lo mismo el caso de Rubén Rocha Moya, ambos han teni
do que gastar millones de pesos de los contribuyentes en medios de comunicación afines que legitimen las falsedades y odios que emanan desde los pulpitos gubernamentales.
Fernando Torres: Idea amlo unico interesa construir hospitales nuevos centros salud mal hechos csuc nuevo y nose diga ya tiene 5 años hospital general culiacan dia hoy nolo an entregado Porque mal hechos gobierno pri pan tema salud. Gobernador olvido trabajador salud mismo traidor amlo 5 años mentiras dijo afirmó iva ayudar gremio enfermería mexico mintio amlo.
Gonzalo Lopez: AMLO y Rocha son igualitos, pareciera que son gemelos, pero hasta los gemelos uno es distinto al otro en cierto sentido, estos se la pasan golpeteando dia tras dia, ya la neta hasta dan hueva estos gobernantes, en vez de informar, nomas se la pasan grillando… a ver cuándo les ponemos un alto… al menos en las elecciones.
Jose Luis Estrada: Carcel para ROCHA MOYA y sus hijos. Para que ven lo que se siente. Señora SARA BRUNA, demuestre porque le dicen la FISCAL de HIERRO. De lo contrario la veremos como la mandadera de ROCHA.
Lucia Garcia: 5 años y 5 años haciendo campaña, gastando el dinero de los mexicanos y no se cansa, nos dan atole con el dedo como dijo Xochitl, pero, bueno
ahí viene el 2024 y las cosas se les van a complicar, Rocha hasta desgastado se ve como comenta, y eso que va empezando.
Jose Manuel Villanueva Lopez: Ay te ablan amlo o que excusa vas a sacar corrupto. en morena estan peor no aceptan que son lambe botas chairos.
Yuniba Brun: En lugar de espiar y perseguir a quienes le han aportado a Sinaloa, Sr Gobernador Rubén Rocha Moya debería aprovechar el poder para hacer lo que prometió en campaña #PorunSinaloaMejor, no se olvide quien lo hizo visible, le abría sus eventos y le dejaba lista a la ciudadanía para escucharle, el poder se hizo para servir, no para golpear, no pierda su esencia, todavía está a tiempo.
Marcelo Hernandes: Me encanta komo estos gobiernos nuevos se la pasan criti-
Director
Bernardino Chávez Arroyo
Sub director
Aldo Montoya
Colaboradores
Sergio Ramos
Santiago Rentería
Abel Jacobo Miller
Roque Guerrero Barraza
Eduardo Rivadeneyra
Alfredo Rendón
Iván Grijalva
Zona Norte
Santiago Rentería
Zona Sur
David Fuentes M.
Finanzas
Elena Muñoz
Cultura
Sergio Ramos
Cartón
Edwin Ayala /Quique
Ventas y reparto
cando al pasado, en ves de ponerse a trabajar como es debido uno le chinga dia a dia para sacar delante a su familia y estos usando el dinero de nosotros para sus guerrillas internas, a ver hasta cuando.
Horacio Treviño: todos cortados con la misma tijera, que chulada ser gobernador o presidente para mamar y mamar. Flor Flores: basta ya de tanto pleito hay cosas que realmente importan en Sinaloa.
Sara Lorena Fierro: Pero es rocha el k anda muy preocupado pobresito viejo ya esta robando oxígeno. Después que gano por el maestro y la uas mira todo lo k anda haciendo viejo cabeza de neblina malagradecido.
Francisco Javier Amarillas Soberanes: Rocha y su despotismo le queduy grande la gobernatura haciendo señalamientos sin sustento sificiente
Onesimo Leal: Lo aprendio de amlo estaban sedientos de poder y de venganza politica asi spn los gobirnos de la 4t.
Gonzalo Granados Loza: Pero eso si se vale por q es el gobernador y a el quien lo audita nadie.
Antonio Angulo: Como tiene el apoyo del narco se cree intocable pero ya le toca-
Enoc Bueno Ramírez
Deprimera Visión
Aldo Montoya
Correo electrónico Deprimeraintencion@hotmail.com
Asesor jurídico
Ricardo Arnulfo Mendoza
Oficinas:
Teléfono. 667 275 2283 Diseño
ra el karma de eso nadie escapa.
Rosa Favela: Están robando a sus anchas!!! Y nadie los detiene .Rocha y sus hijos y su pandilla .
Pablo Antonio Velarde Beltran: Es la misma gata nomas que está revolcada, el que gobierne o el que falte llámese como se llame el partido nada mas buscan engordar sus bolsillos.
Chuy Cebreros: Toda la familia Rocha son unos rateros sin duda.
Omar Wong Gutierrez: Todos los políticos tienen cola que le pisen.
En estos textos se respetó el vocabulario original. Fuente Facebook Deprimera
Un grupo de funcionarios y ex funcionarios del ayuntamiento de Mazatlán, abogados privados y jueces locales integran lo que ya se conoce como el cártel jurídico en Mazatlán. Se trata de una red de complicidades gracias a la cual el Municipio ha perdido decenas de demandas interpuestas por empresas o particulares para quedarse con una tajada del pastel de los recursos públicos. Para el alcalde Édgar González esta mafia estaba integrada por ex funcionarios de varias administraciones municipales. Sin embargo, otras voces señalan que también están incluidos funcionarios actuales, solapados por el propio alcalde.
EL AYUNTAMIENTO
ZATLÁN
PROBLEMAS FINANCIEROS. De acuerdo con el tesorero municipal, Melesio Montoya Peinado, se estima que para el mes de septiembre el municipio se quede sin los recursos necesarios para afrontar sus gastos más indispensables.
Lo anterior a consecuencia de las millonarias erogaciones que la administración encabezada por el alcalde Édgar González Zatarain está afrontando por las deudas que se tienen por demandas perdidas desde pasadas administraciones. El tesorero indicó que en lo va de 2023 ya se han destinado más de 200 millones
de pesos para cubrir parte de las deudas que mantienen con empresas y particulares que en años pasados demandaron al municipio y obtuvieron resoluciones a su favor.
Sin embargo, este millonario recurso representa apenas una parte del total que el Municipio deberá erogar a lo largo de este año, por lo que los próximos meses el Ayuntamiento de Mazatlán enfrentará momentos complejos en su situación financiera.
“Yo estoy visualizando que sí podemos ver un tema de falta de recursos allá por el mes de septiembre, pero estamos trabajando fuerte para ver cómo dismi-
nuir esos efectos, nos estamos ajustando mucho el cinturón”, señaló Melesio Montoya Peinado.
El tesorero descartó que el gobierno municipal contemple solicitar un préstamo bancario, por lo que la estrategia de contención de la crisis está enfocada en dos medidas: incrementar la recaudación del impuesto predial entre los ciudadanos morosos y solicitar apoyo al gobierno del estado.
De acuerdo con el alcalde Édgar González Zatarain, el Ayuntamiento de Mazatlán tiene dos mil 629 demandas perdidas, muchas de las cuales se inter-
(Continúa en la página 4)
Complicidades que se reflejan en decenas de demandas perdidas, un daño al erario
pusieron entre los años 2017 y 2018, que corresponden con el último año de gobierno de Fernando Pucheta y el primer año de Luis Guillermo Benítez Torres.
Se trata de demandas interpuestas por motivos laborales, demandas administrativas, demandas de amparos, demandas por temas agrarios, demandas en materia civil y por acciones colectivas.
El alcalde declaró que el Municipio debe alrededor de 678 millones de pesos por demandas perdidas, sin embargo, agregó que esta no es la cifra final, pues se espera que para el próximo año 2024 sigan llegando las resoluciones en contra y éstas podrían agregar otros mil millones de pesos más a la deuda municipal por este concepto.
El alcalde indicó que se han realizado convenios de pago con algunos demandantes para cubrir las deudas en abonos. Al 30 de junio ya se habían establecido convenios con cinco demandantes por una cifra de más de 170 millones de pesos, de los cuales, para esas fechas ya se habían cubierto cien millones de pesos. Entre esas demandas perdidas por el municipio que se estaría cubriendo parcialmente está el caso de la avenida Óscar Pérez Escobosa, donde se construyó un parque lineal en noviembre de 2015, durante la administración de Carlos Felton, en un tramo que pertenecía a par
ticulares que demandaron al Municipio y ganaron. Ahora el gobierno municipal deberá pagar la suma de 97 millones de pesos en concepto de indemnización.
El alcalde declaró que el Municipio debe alrededor de 678 millones de pesos por demandas perdidas, sin embargo, agregó que esta no es la cifra final, pues se espera que para el próximo año 2024 sigan llegando las resoluciones en contra y éstas podrían agregar otros mil millones de pesos más a la deuda municipal por este concepto.
El alcalde indicó que ya existen dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado en contra de ex funcionarios municipales que conforman lo que ahora se conoce como “el cártel jurídico”.
Colusión interna
Aunque Édgar González Zatarain no ha dado nombres de las personas involucradas en las demandas para no entorpecer las investigaciones, sí indicó que en este delito están inmiscuidas muchas personas, aunque salió en defensa de sus propios funcionarios, los cuales, también han sido señalados en distintos medios de pertenecer a ese cártel jurídico.
Sobre todo, se menciona a dos funcionarios de la administración actual: el tesorero Melesio Montoya Peinado y la secretaria del Ayuntamiento, Adda Sarahí Rosas Medina. El primero llegó al cargo el 31 de octubre de 2022 y la segunda el pasado 20 de junio.
El propio alcalde ha señalado que los anteriores equipos jurídicos que trabajaban en el Ayuntamiento de Mazatlán
MURMULLOS DE PRIMERA | «PA TODOS HAY»
Indignante TRAGEDIA
Fue noticia en todo el mundo: una niña de seis años, ingresó por dengue al hospital de IMSS, y terminó aplastada por un elevador, el cual tenía tiempo presentando fallas, pero este gobierno de la 4T sigue culpando al pasado, saliendo a dar discursos de que «fueron adquiridos por los de atrás»… ¡Ya déjense de mamadas y pónganse a chambear, estamos hartos!
cometieron intencionalmente distintas negligencias para que el Municipio perdiera las demandas en su contra. De esta manera los demandantes obtuvieron millonarias compensaciones, las cuales se repartían entre todos los involucrados en las distintas fases de la demanda y su resolución.
Los abogados que debían trabajar para evitar que el Ayuntamiento perdiera esas demandas, se dedicaban en cambio a armar mal la defensa, evitar responder a los citatorios de audiencias y hasta negociar con los demandantes mediante acuerdos privados.
Una suma de complicidades que involucraba a funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán, abogados, empresas o demandantes particulares y jueces locales: un cártel delincuencial que se beneficiaba con los recursos públicos.
En la trama se involucra a un abogado de nombre Martín Humberto Juárez Peraza, uno de los propietarios del despacho MSG Consultores, entre cuyos socios se menciona al propio tesorero municipal Melesio Montoya Peinado.
En la otra parte de la trama aparecen Jesús David Guevara Garzón, magistrado de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y la actual secretaria del Ayuntamiento, Adda Sarahí Rosas Medina, quien entre 2006 y 2017 trabajó muy cerca del magistrado Guevara Garzón, como secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Sur.
El magistrado Guevara Garzón es el mismo que condenó al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar 300 millones de pesos en el caso de Nafta Lubricantes, a favor del Grupo Arhe.
Mientras que el despacho de abogados MSG Consultores ha llevado distintas demandas contra el ayuntamiento, entre ellas, la interpuesta por el Grupo Casamar S.A. de C.V. Este despacho obtuvo dos resoluciones favorables a la empresa que representa, en contra del municipio, resoluciones que fueron expedidas por el magistrado Guevara Garzón.
El conflicto de intereses que se acusa tiene, por un lado, al tesorero del ayuntamiento que sería, al mismo tiempo, presunto socio del despacho de abogados de los demandantes. Mientras que, por otro lado, el magistrado que expide las resoluciones a favor de los demandantes es cercano a la secretaria del Ayunta-
miento demandado.
El abogado Martín Humberto Juárez Peraza, además, ha sido proveedor de servicios legales del municipio de Mazatlán. Apenas se dieron a conocer estos datos en medios locales, su despacho de abogados MSG Consultores eliminó de sus redes sociales y página web al tesorero Melesio Montoya Peinado de su lista de asociados.
Es por eso que distintas voces señalan que el alcalde no está exento de responsabilidad en lo que, se acusa, se trataría de una simulación judicial para apropiarse del dinero del municipio, trama en la que no solo participan ex funcionarios sino funcionarios de su administración.
Para el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, el alcalde Édgar González es “solapador y cómplice” del denominado Cártel Jurídico. Recordó que el alcalde ya ha estado en situaciones similares que no ha resuelto, como el caso del contrato millonario con la empresa Azteca Lighting, el cual contó con la firma de González Zatarain como secretario del Ayuntamiento en el gobierno del Químico Benítez.
Pero el alcalde se defiende: asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para desmantelar al cártel jurídico.
Entre la demandas perdidas por el municipio que se estaría cubriendo parcialmente está el caso de la avenida Óscar Pérez Escobosa, donde se construyó un parque lineal en noviembre de 2015, durante la administración de Carlos Felton, en un tramo que pertenecía a particulares que demandaron al Municipio y ganaron. Ahora el gobierno municipal deberá pagar la suma de 97 millones de pesos en concepto de indemnización.
Agrega que los señalamientos en contra suya y de sus funcionarios son infundados y han sido inventados por los propios integrantes de esta red criminal para silenciarlo.
“Esto tiene que ver con golpetearme a mí en lo particular por haber movido este panal de abejas, pero lo vamos a seguir moviendo y sacudiendo”, declaró ante los medios. “Están aterrorizados porque saben que no nos vamos a frenar, no vamos a parar, nos vamos a ir con todo en las denuncias, caiga quien caiga”.
El alcalde señala que muchas de las demandas contra el Ayuntamiento se interpusieron y se perdieron en tiempos en los que ni él ni sus funcionarios estaban al frente del gobierno municipal.
Y menciona un ejemplo: el tramo del
Quien sigue en su reyerta contra Xóchitl Gálvez es López Obrador, quien ha sido el encargado de catapultarla, más que hundirla, como dicen los morenistas; desde su mañanera se ha encargado de darle más reflectores. En AMLO se refleja temor y coraje porque sus corcholatas simplemente no levantan… Por cierto, ¿y las corcholatas?
Ha quedado claro, Rubén Rocha Moya quiere seguir los pasos de AMLO, pero muy chafamente, su pleito contra Héctor Cuén y la Universidad Autónoma de Sinaloa está empezando a cansar a los ciudadanos sinaloenses, quienes reclaman que ocultan con esos pleitos el desmadre que hay de inseguridad por Sinaloa… ¡Ya sonó la alarma, mi gober!
camino Habal-Cerritos, ahora avenida Ingeniero Mario Huerta, fue construida gracias a una donación de ese predio en 1972. Entre los años 2017 y 2018 desaparecieron del Ayuntamiento los expedientes de la donación. Entonces se presenta una demanda contra el Municipio y el gobierno la acepta, a pesar de que el tramo Habal-Cerritos es una rúa estatal, impactada por el Estado.
“Ni ocupabas un abogado especializado. Simplemente con decir no soy el responsable debido a que es una rúa estatal”, sostiene el alcalde.
A pesar de ello, se dictó una sentencia contra el Municipio que “se viene peloteando desde hace tiempo” y que representa una millonaria erogación para las arcas públicas de Mazatlán.
MURMULLOS DE PRIMERA
HARTAZGO general Sinaloa vive un momento crítico. El cese de la producción de metanfetaminas de parte del narcotráfico trae en jaque a todos los operadores; necesitan dinero de alguna manera y comienzan a asaltar o robar, y los gobernantes están más entretenidos con pleitos políticos… ¡A ver pa cuándo!
EL AUMENTO DE DELITOS DE ALTO IMPACTO Y DEL ORDEN COMÚN EN SINALOA SE HAN desatado en los últimos meses, sobre todo en la zona centro del estado, pero como sucede cuando los datos no le favorecen, el gobierno sinaloense comenzó a maquillar las cifras.
De ahí que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en una vuelta de tuerca impensable, dio a conocer que, durante el primer semestre de 2023, la incidencia de homicidios dolosos bajó un once por ciento, pero comparado con 2021, cuando toda la incidencia iba a la baja.
Comparar las cifras con el 2022, año en que Rocha ejerció su primer año fiscal, los datos no cuadran, ya que hay un aumento de poco más del doce por ciento, con el detalle de que la mayoría de los asesinatos ocurren en Culiacán y áreas aledañas a Navolato.
Es decir, homicidios dolosos, muertes en accidentes, feminicidios, violencia familiar, entre otros, se han estado incrementando en este año en que los grupos del crimen organizado pelean el control del fentanilo y el mercado de la metanfetamina, mientras que la Fiscalía opta por enfocar sus esfuerzos en arrasar a los enemigos políticos del gobernador Rubén Rocha Moya.
Ni el operativo Culiacán Seguro ha logrado contener la ola violenta en la zona centro de la entidad, eso sí, desde que arrancó el mes de julio la Fiscalía a cargo de Sara Bruna Quiñones, se dedica a armar carpetas de investigación y judicializarlas contra los universitarios.
Cateo que no fue cateo El lunes 17 de julio, al menos una docena de agentes de investigación adscritos a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía acudieron tem-
Mientras los delitos se acumulan día a día, y la tormenta de impunidad avasalla a los ciudadanos, la Fiscalía General del Estado mueve toda su maquinaria y recursos públicos para concretar los deseos del gobernador, de tumbar uno a uno a sus enemigos políticos; lo hizo primero con el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien a pesar de que ha ganado amparos, el juez local no le hace válido las resoluciones; lo hizo con Luis Guillermo Benítez Torres, El Químico, quien parece haber negociado ya la absolución, y en los últimos meses en contra de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en un juego de ajedrez en el que buscan derribar a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS, y quien fuera de aliado en la campaña de 2021
Seguro ha logrado contener la ola violenta en la zona centro de la entidad, eso sí, desde que arrancó el mes de julio la Fiscalía a cargo de Sara Bruna Quiñones, se dedica a armar carpetas de investigación y judicializarlas contra los universitarios.
Al no poder llevar el cateo, supuestamente porque no quitaron los candados, los agentes de Sara Bruna se retiraron, aunque el gobernador declaró horas más tarde que él ordenó que los policías cateadores no llevaran armas.
Los feminicidios que se mantienen sin justicia en Sinaloa.
La omisión que llevó al suicidio de María Luisa, madre de una menor muerta en Guasave, se origen indígena. La defensa había pedido declararla inimputable, pero el ministerio público se negó.
Homicidios dolosos en los que los responsables salen libres.
prano a las instalaciones de Rectoría, campus Buelna, para presentar una orden de cateo bajo el argumento de buscar documentos que la UAS se ha negado a aportar.
Esa mañana, una mujer había aparecido asesinada acuchillada en el interior de un motel y delincuentes habían dejado un cadáver en el área de urgencias del hospital del IMSS de Costa Rica, Sinaloa.
En cambio, afuera de Rectoría, los agentes exhibían a los guardias del campus una orden de cateo expedida por el juez de control que lleva el caso del recto Jesús Madueña, del director Jurídico Robespierre Lizárraga y del Comité de Adquisiciones.
Para el rumbo de Angostura, días antes, había estallado el escándalo de que en dos centros de rehabilitación ilegales había casi 60 personas secuestradas que eran obligadas a trabajar. A pesar de que los testimonios de las víctimas señalan que eran grupos armados organizados, la Fiscalía solamente detuvo a cuatro sujetos acusados de trata de personas. Nomás. La delincuencia organizada de la zona, se mantiene operativa en la región.
Pero mientras el gobernador señala con su dedo flamígero a sus contrincantes políticos, y el líder del PAS, Cuén Ojeda, sale de Sinaloa y acusa espionaje en su contra –aseguró que le implantaron un chip GPS a su camioneta– la Fiscalía trabaja en integrar las carpetas por delitos como abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública, sin permitir que los acusados tengan derecho a una adecuada defensa.
Contradicciones que afloran El jueves 20 de julio, mientras la Fiscalía y los abogados de la UAS se preparaban para acudir al juez de control en Aguaruto, en Culiacán arreció la racha violenta, con cuatro homicidios dolosos.
Ya un día antes se había registrado el hallazgo de un cadáver en un tambo de plástico, usado para transportar químicos, y había sido acribillado un vecino de la colonia Lázaro Cárdenas.
Pero al amanecer del 20 de julio, los cuerpos de cuatro hombres fueron encontrados uno en el rumbo de Mojolo, al norte de la capital, dos más en las inmediaciones de El Quemadito, y otro estaba envuelto en plástico transparente en una calle de la colonia Real de Minas, pegada a La Costerita.
Para evitar ser cuestionada, la fiscal Sara Bruna ya comenzó a declarar que se tratan de crímenes relacionados con la delincuencia organizada, por lo que siendo del fuero federal, no le toca a la institución que ella dirige, aunque todo homicidio es investigado por el fuero común. Esa misma mañana, en Los Mochis fue asesinada con arma blanca una mujer en el interior de un domicilio del fraccionamiento Virreyes, y de forma preliminar, se señaló a la ex pareja de la víctima como el presunto responsable.
Pero al amanecer del 20 de julio, los cuerpos de cuatro hombres fueron encontrados uno en el rumbo de Mojolo, al norte de la capital, dos más en las inmediaciones de El Quemadito, y otro estaba envuelto en plástico transparente en una calle de la colonia Real de Minas, pegada a La Costerita.
Carpetas a modo
Pero en lo que toca a obedecer las órdenes del Tercer Piso de Palacio de Gobierno, la Fiscalía envió una carpeta “sin nada de fondo” en el caso de la acusación por abuso de autoridad contra funcionarios de la UAS.
Uno de los abogados del rector, Milton Ayala Vega, indicó que la acusación de la Fiscalía en contra de Madueña y Robespierre Lizárraga se basa en el tema de que la Auditoría no recibió información solicitada, cuando este tema se encuentra impugnado ante los tribunales.
Indicó que vienen entrevistas realizadas a trabajadores de la Auditoría Superior del Estado, quienes declaran que el personal universitario se opuso a que se practicara el ejercicio de fiscalización, a pesar de que es claro que los empleados de la ASE no tenían facultades, pues lo que pretendían auditar lo estaba revisando al mismo tiempo la Auditoría Superior de la Federa-
El crimen de Luis Enrique Ramírez Ramos, cuyos homicidas siguen libres, la fiscal culpó a la sociedad por no entregarlos. Aseguró que ellos se pasean libremente en el sur de Culiacán, y que como pertenecen a la delincuencia organizada, no puede arriesgar al personal policiaco para capturarlos.
ción, al no ser recursos estatales.
“Son cuestiones que serán alegadas en la audiencia del 18 de agosto y ojalá el juez predique con el ejemplo de impartir justicia, y si se imparte justicia tendrá la razón el Rector, no la Fiscalía, eso nos queda muy claro”, dijo.
Sin embargo, debido a que la consigna que mantiene el gobernador Rocha y su equipo en contra de los universitarios, es que es posible que el juez termine por vincularlos a proceso, situación que será combatida en los tribunales.
Los delitos se acumulan en Sinaloa y la prioridad del gobernador es su ambición de poder
“Se niega mi tata el Diputado Miserias a declarar entorno a este tema de corrupción porque es algo evidente, porque es algo que ya sabe que está mal y no quiere sancionar a sus paleros porque recordemos que Pedro Lobo pasó a ser gato de Feliciano y hemos visto que se ha dedicado a puro golpeteo político sin sustentar pruebas de nada”, señala el diputado pasista Gene René Bojórquez Ruiz.
EL PRESIDENTE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO) DEL CONGRESO del Estado, el diputado morenista Feliciano Castro Meléndrez, se niega a combatir la corrupción en el interior del poder legislativo, denunció el diputado del Partido Sinaloense (PAS), Gene René Bojórquez Ruiz.
Lo anterior debido a que, tras una solicitud que Bojórquez Ruiz realizó para que se diera a conocer por qué el diputado morenista Pedro Villegas Lobo pagó con recursos públicos la colegiatura universitaria de una supuesta trabajadora del Congreso de Sinaloa, el presidente de la Jucopo se negó a investigar el caso y dar respuesta a su solicitud.
“Lejos de dar una respuesta y aclarar cómo se manejan los recursos públicos en este congreso, surgen más dudas sobre esos manejos, recordemos que el gasto de la gestión legislativa cuenta con un acuerdo donde se menciona en qué rubros se puede gastar y en qué rubros no, y esta acción que realiza el diputado Villegas es ilegal”, sostiene Bojórquez Ruiz.
La denuncia del diputado pasista indica que Pedro Villegas Lobo pagó las colegiaturas de una joven trabajadora del Congreso del Estado con recursos de gestoría social. Presuntamente, la joven beneficiada trabaja en el área de servicios generales del Palacio Legislativo.
En el portal de transparencia se localiza una factura por 13 mil 160 pesos con fecha de diciembre de 2022. Esta se ubica en el apartado de gastos por gestoría social del diputado Villegas Lobo. La joven beneficiada estudia la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Durango.
“De acuerdo con la normativa se prohíbe que, a cualquier empleado del Congreso, a cualquier servidor público, se le esté remunerando de alguna manera y el diputado le está pagando la escuela a una persona que desconocemos por qué se la está pagando”, declaró el diputado pasista.
Gene René Bojórquez Ruiz señaló que el pasado 22 de junio envió un oficio al presidente de la Jucopo para que infor-
mara sobre el tema, pero este se negó a investigar o informar.
“El 22 de junio solicitamos a Feliciano Castro que nos respondiera qué se está haciendo en estos temas de combate a la corrupción, en específico del pago de la colegiatura de esta empleada del Congreso, colegiaturas de la Universidad Autónoma de Durango por una cantidad de 13 mil 160 pesos mensuales de los meses de diciembre del 2022, enero, febrero, marzo del 2023, ante estas denuncias expuestas por un servidor, afirmamos que en el Congreso de Sinaloa existe corrupción solapada por el presidente de la Jucopo”, señaló el diputado Bojórquez Ruiz.
El diputado pasista indicó que ante la negativa de la Jucopo a investigar, acudió al Órgano de Control Interno el pasado 13 de julio, para que el diputado morenista sea amonestado o le informen que estas acciones son ilegales.
“Se niega mi tata el Diputado Miserias [Feliciano Castro] a declarar entorno a este tema de corrupción porque es algo evidente, porque es algo que ya sabe que está mal y no quiere sancionar a sus paleros porque recordemos que Pedro Lobo pasó a ser gato de Feliciano y hemos visto que se ha dedicado a puro golpeteo político sin sustentar pruebas de nada”, sentenció el pasista.
Cuestionado por la denuncia, el diputado Pedro Villegas Lobo admitió haber pagado la colegiatura de la trabajadora del Congreso con recursos de gestoría social que recibe como diputado.
Sin embargo, rechazó que se trate “como tal” de una trabajadora del congreso “porque no es funcionaria pública” sino que trabaja “por honorarios”.
“¿Trabaja para el Congreso?”, lo cuestionaron los reporteros. “A veces, dependiendo de la contratación”, contestó el diputado morenista.
Villegas Lobo dijo desconocer cuáles son las labores que realiza en el Congreso la joven a la que le entregó los recursos y tampoco sabe si cuando le otorgó el recurso estaba trabajando en el Congreso.
“Al final de todo tampoco le voy a estar pidiendo hey, dónde trabajas”, decla-
ró el diputado que, sin embargo, también admitió que no es la primera vez que entrega indebidamente recursos de la gestoría social a funcionarios del congreso.
“También ha habido algunos que precisamente en algún momento me llamaron la atención y dije, trabajadores del Congreso, no se puede”, admitió Villegas Lobo.
Denuncia ante el OIC Ante la admisión pública del diputado de Morena de haber incurrido en varias ocasiones en esa irregularidad, Gene René Bojórquez pidió al Órgano Interno de Control (OIC) que se sancione al presidente de la Jucopo por solapar a su compañero de bancada.
“Aquí estamos en el Órgano Interno de Control solicitando que se sancione al presidente de la Jucopo por esa secrecía que está teniendo, por esa falta de comunicación, por esa falta de respeto los diputados, y le pido que se ponga a trabajar en lugar de andar en temas que no le importa, que él se ponga a trabajar para erradicar la corrupción aquí en el congreso”, declaró Bojórquez Ruiz.
Enemistad añeja
Esta no es la primera vez que Villegas Lobo y Bojórquez Ruiz se confrontan públicamente. Se sabe que su enemistad es
La denuncia del diputado pasista indica que Pedro Villegas Lobo pagó las colegiaturas de una joven trabajadora del Congreso del Estado con recursos de gestoría social. Presuntamente, la joven beneficiada trabaja en el área de servicios generales del Palacio Legislativo.
antigua y esas rencillas se ha repetido en los últimos meses en el Congreso por diferentes motivos.
El pasado 18 de abril ambos diputados protagonizaron una acalorada discusión durante una conferencia de prensa. El altercado ocurrió luego de que Villegas Lobo solicitara el desafuero del diputado pasista.
Bojórquez interrumpió la conferencia para encarar al morenista, a quien acusa de haber usado las instalaciones del Congreso del Estado para mantener relaciones sexuales. Ante los señalamientos del pasista, Pedro Villegas se levantó y abandonó la sala de prensa no sin antes advertirle a Bojórquez que iba a terminar en la cárcel.
Otra confrontación entre ambos ocurrió el 23 de mayo en uno de los patios del Congreso del Estado. Villegas Lobo había instalado un puesto de tacos y burritos al que llamó “Tacos Cuencho”. El legislador del Partido Sinaloense llegó al lugar para confrontar a su compañero. Mientras el morenista le ofreció que tomara burritos y un paquete de tortillas con motivo de su cumpleaños, el pasista le respondió que le iba a regalar un vale para una habitación en un motel y que ya no usara el congreso para tener relaciones.
El pasista, además, acusó a Villegas Lobo de ser “un gato de Feliciano Castro” y que seguramente esos tacos que estaba ofreciendo se pagaron con los recursos del fondo de gestión que otorga el legislativo.
En sus señalamientos hacia el presidente de la Jucopo, el diputado del PAS advirtió que la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado podría aprobarse por la
vía “fast track”. ¿La razón? De acuerdo con Gene René Bojórquez sería para evitar que un legislador del PAS pueda ocupar la presidencia de la Mesa Directiva que corresponde al periodo ordinario del primero de octubre.
Aseguró que Feliciano Castro Meléndrez buscará la manera para que el Grupo Parlamentario del PAS, la segunda fuerza política en el Congreso Estatal, no acceda a la presidencia de la Mesa Directiva. “Quieren modificar el tema para que un diputado plural pueda presidir la mesa directiva o formar un grupo parlamentario. ¿O qué quieren modificar en realidad?, ¿a poco seré tan enfadoso que no quieren que vuelva a la presidencia de la mesa directiva?”
Ante tal situación, aseguró que Feliciano Castro tiene “pavor” de que el PAS vuelva a asumir la presidencia de la mesa, ya que le molesta la manera en que ha señalado la presunta corrupción en el interior del Legislativo.
Pedro Lobo y el uso del fondo de gestión para pagar colegiaturas a empleados
Cuestionado por la denuncia, el diputado Pedro Villegas Lobo admitió haber pagado la colegiatura de la trabajadora del Congreso con recursos de gestoría social que recibe como diputado.
En los sitios más cálidos del planeta, las temperaturas ya se elevaron al grado de poner a prueba los límites de la resistencia humana y marcar los extremos que puede alcanzar nuestra especie sin perder la vida.
En China, hace unos días, los termómetros alcanzaron los 52 grados centígrados, llegando al récord histórico en ese país, mientras que, en Estados Unidos, el tradicionalmente caluroso Valle de la Muerte, en California, registró 53 grados centígrados, es decir a menos de dos grados de la temperatura más alta que se haya medido en nuestro planeta.
Al mismo tiempo, la ciudad de Phoenix, Arizona, vivió 19 días consecutivos arriba de 43 grados, el récord más elevado en la localidad, y al otro lado del mundo, en algunos puntos del Cercano Oriente, como el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico, en Irán, se llegó a 67 grados centígrados, es decir en los límites de lo que se considera como lo más extremo que puede resistir el cuerpo humano.
Así lo señala el diario The Washinton Post en un reportaje acerca de cómo estamos alcanzando los límites de calor que puede tolerar el ser humano debido al calentamiento global, y señala que de acuerdo a los expertos que consultó, los niveles de calor alcanzados pueden sobrepasar la capacidad del cuerpo humano de regular su temperatura interna y dejan ver el peligro que corremos cada vez más de cerca conforme se elevan los niveles de calor y humedad en la Tierra.
“Sabemos que estas temperaturas ya han ocasionado la muerte de varias personas”, precisó un académico de la Universidad Estatal de Montana y agregó que, sin la ayuda de equipos de aire acondicionado o ventiladores a la sombra, el cuerpo contaría sólo con sus propios sistemas de enfriamiento, como el sudor.
Al respecto, el profesor Larry Kenney, especialista en las respuestas fisiológicas del cuerpo humano ante el calor, en la Universidad Estatal de Pennsylvania, detalló que “el sudor sirve para enfriar a nuestro cuerpo sólo si se evapora” y ex
plicó que “cuando el sudor permanece lí
quido en nuestra piel o goteando al piso, significa que nos estamos deshidratando sin lograr el efecto de enfriamiento”.
En el reportaje de The Washington Post elaborado por el reportero Scott Dance, se precisa que arriba de los 35 grados centígrados el cuerpo humano pierde su capacidad de enfriarse mediante la sudoración. Añade que los especialistas consultados dejaron claro que el cuerpo humano comienza a registrar dificultades a partir de los 31 grados centígrados, incluso si se trata de jóvenes saludables.
A partir de esa temperatura, la combinación de calor y humedad pueden afectar el funcionamiento del corazón y ocasionar que el cuerpo pierda la capacidad de refrescarse y es por eso que los ambientes tan calurosos son más peligrosos para las personas de más edad y para quienes sufren algún mal cardiaco. El reportaje también informa que en junio de este año se registraron en el planeta las temperaturas más altas que se hayan medido en la historia de la humanidad y lo más probable es que “el verano de 2023 resulte ser uno de los más calurosos, si no es que el más caluroso y peligroso” que se haya registrado. Por otra parte, el servicio Bloomberg de información y opinión publicó un trabajo del analista F. D. Flam en el que se menciona que los registros de calor cada vez más elevado en todo el planeta sugie-
ren que estamos cerca de un “punto de no retorno” en cuanto al calentamiento global, es decir, un momento en el que ya no podamos recuperar un clima aceptable para la vida humana.
Hace ver que nuestra civilización se encuentra en una situación delicada ya que tenemos centros poblacionales de alta densidad que dependen completamente de la agricultura y grandes cantidades de agua potable.
El analista señala que, la humanidad ha sobrevivido a períodos glaciales intercalados con temporadas cálidas, los últimos doce mil años han sido en general benignos para nuestro desarrollo, lo que permitió que dejáramos de vivir como nómadas y se inventara la agricultura. Advierte que “aún no caemos a un precipicio, pero nos estamos moviendo peligrosamente cerca de la orilla”.
De Jesús Aguilar Padilla a Rubén Rocha Moya, se encuentra una misma línea narrativa de alineación del crimen organizado con el Gobierno del Estado; por más que se pretenda negar desde el oficialismo, en Sinaloa el narco gobierna y los políticos administran, y prueba de ello es que los grupos criminales cada vez se fortalecen más, robustecen sus operaciones, su poder corruptor y por más que se simule invertir en seguridad, patrullas, equipos de vigilancia, controles de confianza para policías, nuevas corporaciones como la Guardia Na-
cional, lo único que sobresale es ese poderío del narcotráfico que mantiene bajo asedio a la sociedad civil: un día el mismo Cártel decide frenar la producción de drogas sintéticas, y al otro la delincuencia se desata en las calles, incontenible, a pesar de los operativos que van y vienen. Uno de esos políticos del sistema que trabajó para Aguilar y para Quirino es el hoy gobernador, cuya campaña, se presume por antiguos aliados, se llenó del dinero sucio del lavado de dinero, por lo que hoy el narco sigue siendo intocable, lo mismo que antes.
SI BIEN EN SINALOA NO HAY GOBIERNO QUE NO HAYA SIDO ROZADO POR EL NARcotráfico, desde la época de Leopoldo Sánchez Celis hasta la actual, hoy en día esa simbiosis se ha acentuado todavía más cuando en pleno siglo 21, los grupos criminales que dominan en el estado continúan fortaleciendo después de una guerra simulada que lleva ya más de 18 años. Por ejemplo, mientras duró el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, no se pudo descubrir cómo operaba el crimen organizado desde las entrañas mismas del Estado mexicano, tuvieron que pasar años e investigaciones de parte de la DEA y del Gobierno estadounidense, para darse a conocer que su principal colaborador en materia de seguridad, Genaro García Luna y todo su equipo, traba(Continúa en la página 12)
Mientras duró el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, no se pudo descubrir cómo operaba el crimen organizado desde las entrañas mismas del Estado mexicano, tuvieron que pasar años e investigaciones de parte de la DEA y del Gobierno estadounidense, para darse a conocer que su principal colaborador en materia de seguridad, Genaro García Luna y todo su equipo, trabajaba de manera estrecha con los cárteles, sobre todo el de Sinaloa.
jaba de manera estrecha con los cárteles, sobre todo el de Sinaloa.
No se trata de una apreciación. En Sinaloa, mientras Calderón emprendía su simulada guerra contra el narco, gobernaba el priista Jesús Aguilar Padilla, finado en mayo pasado de un cáncer terminal, y con él se encontraba de jefe de asesores Rubén Rocha Moya, un político que se auto consideraba de izquierda, y que tras la derrota que sufrió en 1998, había pasado al ostracismo político.
Pero Aguilar Padilla y su delfín Jesús Vizcarra Calderón, lo consideraron rescatable como un intelectual orgánico que serviría de ayuda para los futuros comicios. De ahí que, como muchos perredistas de la época, Rocha se cambió al bando del PRI para hacer un trabajo tras bambalinas.
Aguilarismo, de la cumbre a la caída Durante el sexenio de Aguilar Padilla se sucedieron varios escándalos que detonaron añejas complicidades con el crimen organizado. Su periodo fúnebre, por más que se quiera negar, pasó a la histo-
ria con seis mil 623 homicidios dolosos, es decir, poco más de mil 100 por año en promedio.
Fue el gobernador que, ante el aumento incesante de los asesinatos en Sinaloa, declaró que “era normal”, por lo que no habría que sorprenderse de la violencia. Años atrás, el 11 de septiembre de 2004, el crimen de Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro había desatado un sinnúmero de venganzas que ahora, ya con Aguilar en el poder, no tenían parangón.
La ruptura de los hermanos Beltrán Leyva, aliados de los Carrillo Fuentes, en contra del Cártel de Sinaloa representado por Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García, provocó un torbellino de violencia inédita que inició a escalar a partir del 2007, en plena era aguilarista.
Sinaloa fue uno de los puntos neurálgicos de esa intensa guerra que dejó miles y miles de muertos, así como desaparecidos. En medio de la violencia, asomaron escándalos que fueron silenciados por los medios oficialistas.
Uno de los escándalos más visibles con el narco fue la aparición de una nómi-
na encontrada en la residencia de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo tras su detención en la colonia Burócrata de Culiacán, en enero de 2008.
Ahí aparecieron altos mandos de la administración aguilarista, desde personajes incrustados en la Procuraduría hasta mandos de Seguridad Pública, como Rodolfo Osuna Lizárraga, quien fue jefe de la Ministerial, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, entre otros.
La estrategia del gobierno aguilarista fue el silencio y entregar los mandos operativos de las corporaciones a los militares, y de esta manera desentenderse de la violencia que subió como espuma en 2008, en pleno sexenio de Aguilar.
Tanto a la Policía Ministerial como a la Policía Estatal Preventiva y la Municipal de Culiacán, llegaron comandantes de ascendencia militar, como Silvio de Jesús Hernández Soto, José Manuel Niño de Rivera y Francisco Javier Palma.
Sin embargo, Aguilar Padilla designó en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hacia la segunda mitad de su se-
Años atrás, el 11 de septiembre de 2004, el crimen de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro había desatado un sinnúmero de venganzas que ahora, ya con Aguilar en el poder, no tenían parangón.
desde donde comenzó a tejer junto con el gobernador y Rocha, la sucesión en la gubernatura.
Con Malova, el narco plantó sus feudos en el estado; el entonces gobernador que dijo haber renunciado a su militancia priista, colocó a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez al frente de la Policía Ministerial del Estado, y con ello siempre se tendieron puentes de comunicación entre los narcos y el gobierno.
xenio, a su amiga Josefina García, quien, a pesar de los escándalos, fue sostenida en el cargo público clave en seguridad.
De hecho, se le atribuía a la Secretaría de Seguridad Pública mantener los enlaces con el crimen organizado. Durante el sexenio aguilarista también se encumbraron empresarios inmobiliarios cuya fortuna ha sido cuestionada a lo largo de los años.
Desde Carlos Antonio Sosa Valencia, propietario de grandes desarrolladoras del Tres Ríos, como Álamo Grande e Isla Musala (Rocha Moya le compró su casa en esta exclusiva zona, cuando se le preguntó, evadió el tema y dijo que no lo conocía), hasta empresas que fueron investigadas en su momento por la entonces Procuraduría General de la República, pero fueron investigaciones que no prosperaron.
También parte de estos grandes potentados del dinero está Jesús Vizcarra, quien inició el sexenio de Aguilar –a quien hizo socio en su empresa SuKarne– como secretario de Economía, para luego marchar a la alcaldía de Culiacán,
Durante el sexenio de Aguilar Padilla se sucedieron varios escándalos que detonaron añejas complicidades con el crimen organizado. Su periodo fúnebre, por más que se quiera negar, pasó a la historia con seis mil 623 homicidios dolosos. Fue el gobernador que, ante el aumento incesante de los asesinatos en Sinaloa, declaró que “era normal”, por lo que no habría que sorprenderse de la violencia.
Como se recordará, Vizcarra ha sido señalado a través de los años como compadre de Ismael El Mayo Zambada. Su inexplicable fortuna –se ventiló en medios nacionales hace años– proviene de gestionar negocios legales con el presunto lavado de dinero, así con el paso de las décadas pasó de crear Vizur, una empresa cárnica pequeña, a SuKarne, una de las más grandes de todo el continente americano, con presencia en decenas de países.
De hecho, Rocha Moya también trabajó para Vizcarra cuando éste fue diputado federal por el PRI, pocos años después de que Juan Millán se encumbró en el Gobierno del Estado.
La derrota del aguilarismo
Elegido por el propio Aguilar para ser gobernador, Jesús Vizcarra se lanzó a una contienda electoral a la que se sumó tras bambalinas Rocha Moya, pero los misiles activados desde el millanismo, comenzó a hacer agua el buque insignia de la sucesión gubernamental.
Ante la evidente imposición de Vizcarra como candidato del PRI, el mochitense Mario López Valdez rompió con el partido en el poder para irse a encabezar una alianza opositora por el PAN-PRD-MC.
Fue cuando desde el diario Reforma salieron fotografías de un joven Vizcarra en un bautizo en uno de los ranchos de El Mayo Zambada, donde también aparecía Sandra Ávila e Inés Calderón, un conocido narcotraficante de los años ochenta que fue asesinado por la extinta Policía Judicial Federal.
Inés Calderón es familiar directo de Vizcarra Calderón, pero esta situación de parentesco siempre la negó el que fue candidato a gobernador. También se le cuestionó su presunto compadrazgo con El Mayo Zambada, hasta el mismo Malova capitalizó políticamente esta situación.
A la postre, Vizcarra terminó perdiendo en contra de Malova, por lo que comenzó la caída del aguilarismo. Al ganar
Enrique Peña Nieto la presidencia de la República, Malova volvió de facto al PRI, Aguilar se convirtió en subsecretario de Agricultura federal, Vizcarra se alejó de la política y el crimen organizado continuó prosperando en Sinaloa.
Malovismo, más de lo mismo
Con Malova el narco plantó sus feudos en el estado, el gobernador que dijo haber renunciado a su militancia priista (hoy en día la recupera, y se habla que busca la candidatura al Senado), colocó a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez al frente de la Policía Ministerial del Estado, y con ello siempre se tendieron puentes de comunicación entre los narcos y el gobierno.
Para esa época, Aguilar y su equipo, incluyendo Rocha, se fueron al gobierno federal, en puestos de bajo perfil, mientras la violencia en el estado desangraba a cientos de miles de personas.
Desde luego, con López Valdez se mantuvo la línea en favor del Cártel de Sinaloa pronto dio muestras de que sus huestes policiacas al mando de Chuy Toño dirigieron sus ataques en contra del grupo criminal encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, uno de los líderes leales a los Beltrán Leyva.
En Los Mochis y El Fuerte, la Policía Ministerial disminuyó seriamente la operatividad de Los Mazatlecos célula aliada de El Chapo Isidro y lo mismo guerrearon en el puerto de Mazatlán.
Sin embargo, la alianza Cártel-Gobierno con Malova se cimbró cuando
en 2014 detuvieron al Chapo Guzmán en Mazatlán, y aunque estuvo preso poco más de un año, su fuga también significó acuerdos profundos que salieron a flote durante el juicio del capo en Nueva York: no sólo era Chuy Toño, sino mandos del Ejército los involucrados, tal y como die-
ron a conocer testigos protegidos durante las audiencias en la Corte Federal de Brooklyn.
Aunque lo más visible fue toda la política del estado para favorecer al Cártel de Sinaloa en realidad nunca se dieron investigaciones, Chuy Toño murió de Covid-19 en plena pandemia, Malova pasó en la sombra durante el sexenio de Quiri-
La alianza Cártel-Gobierno con Malova se cimbró cuando en 2014 detuvieron al Chapo Guzmán en Mazatlán, y aunque estuvo preso poco más de un año, su fuga también significó acuerdos profundos que salieron a flote durante el juicio del capo en Nueva York: no sólo era Chuy Toño, sino mandos del Ejército los involucrados, tal y como dieron a conocer testigos protegidos durante las audiencias en la Corte Federal de Brooklyn.
no Ordaz y el único que continuó en escena fue Gerardo Vargas Landeros, que de declararse priista de “hueso colorado”, pasó a las filas del morenismo tras agenciarse la candidatura para la alcaldía de Ahome, en donde se aferra a continuar con el poder.
La resurrección de Quirino Ordaz
En 2015, Quirino Ordaz Coppel era apenas un gris diputado elegido por el PRI pero bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México. Más que una posición de Malova, gobernador en turno, fue de la poderosa clase empresarial mazatleca que lo llevó a tener su curul en San Lázaro.
Mientras que los aspirantes a suceder a López Valdez comenzaron la rebatinga para obtener la candidatura, Ordaz Coppel surgió como el “caballo negro”, siendo elegido por Enrique Peña Nieto en pleno poder de su presidencia.
De hecho, nunca había habido tantos apuntados para la candidatura a gobernador por el PRI que en ese año. De este modo, perfiles como Vargas Landeros, Aarón Irízar, Heriberto Galindo, entre otros, se quedaron en el camino, y no tuvieron más remedio que apoyar a un advenedizo como Ordaz Coppel.
Atrás dejó en las elecciones de 2016, muy lejos, a Jesús Estrada Ferreiro que compitió por Morena. También superó con creces al candidato panista y ni se diga el perredista.
Lo único que prevaleció durante la elección fue el ataque a camiones y taxistas que hacían movilización a favor de la oposición al PRI. Se le atribuyó también a la delincuencia organizada que favoreció a Ordaz Coppel.
Bajo este contexto, Rocha Moya de nuevo entró como jefe de asesores, quien pronto se puso a trabajar para Quirino Ordaz. Pero duró tanto sólo un año, el 2017, justamente la época en que se dio la ruptura entre el grupo criminal de Los Dámaso con los hijos de El Chapo Rotas las ligaduras entre ambas facciones, divididas después del arresto de Guzmán Loera, el primer año de Ordaz Coppel se convirtió en un año sumamente violento, no hubo poder de fuego del gobierno, convertido en cómplice y en testigo, que detuviera las embestidas en comunidades como Villa Juárez, Navolato, y otros pueblos del norte del estado.
Quirino empezó su estrategia de inundar de información positiva las redes sociales, siempre salió como el mejor gobernador en cuanta encuesta de po-
sicionamiento salía, realizó una agresiva inversión en obras en Mazatlán y a punta de dinero sacado de las arcas, convirtió a Sinaloa en su paraíso personal de negocios y propaganda.
También a Quirino se le relacionó con su padrino de bodas, el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien, según la fiscalía estadounidense, durante varios años aceptó sobornos del grupo delictivo H-2 para operar con impunidad en México a través de acciones tales como asegurarse de que las actividades militares no fueran tras Los H, iniciar actividades militares contra sus rivales, localizar transportación marina para envíos de drogas, ayudar a la expansión del cártel desde Mazatlán al resto de Sinaloa y presentar a líderes criminales del cártel con otros funcionarios para recibir sobornos. A Cienfuegos según los documentos se le ligó como “El Padrino”.
Ni el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, atrapado en las intrigas entre gobierno y el crimen organizado, revirtió lo que con el paso de su administración logró: ser considerado el mejor mandatario estatal, al grado de lograr pasar, durante la pandemia, otra guerra de Los Chapitos con un jefe de sicarios de El Mayo Zambada: El Ruso.
A diferencia de Malova, Quirino optó por negar siempre el tema de la violencia en su gobierno, hizo que la Fiscalía fuera autónoma, y a partir de ahí tomó distancia con la procuración de justicia, en el tema de seguridad invirtió millones y millones. Hasta compró unos drones que nunca usó la Secretaría de Seguridad Pública y que terminó regalando a la SEDENA, sin que se investigara nada por esta compra inútil.
Rocha y la elección
Arropado por el presidente López Obrador, a Quirino Ordaz no le quedó de otra más que dejar solo a Mario Zamora, candidato del PRI, para que la elección se inclinara de manera avasallante a favor de Rubén Rocha Moya, que tejió lealtades durante sus dos años como senador de la República.
Rotas las ligaduras entre ambas facciones, divididas después del arresto de Guzmán Loera, el primer año de Ordaz Coppel se convirtió en un año sumamente violento, no hubo poder de fuego del gobierno, convertido en cómplice y en testigo, que detuviera las embestidas en comunidades como Villa Juárez, Navolato, y otros pueblos del norte del estado.
Personajes que estuvieron en la campaña de 2021, han revelado que Rocha no ganó limpiamente la elección, incluso en el marco de su reyerta con Héctor Melesio Cuén Ojeda para arrebatarle el control de la UAS, éste declaró que sobró “mucho dinero” y amenazó con dar a conocer situaciones de la campaña. Es público que al menos 100 operadores del PRI, sobre todo de Culiacán y Badi-
Arropado por el presidente López Obrador, a Quirino Ordaz no le quedó de otra más que dejar solo a Mario Zamora, candidato del PRI, para que la elección se inclinara de manera avasallante a favor de Rubén Rocha Moya, que tejió lealtades durante sus dos años como senador de la República.
raguato, fueron levantados por el crimen organizado uno a uno pocos días antes de la elección, algunos como la hoy presidenta del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, fue vejada por los maleantes.
Antes del cierre de casillas, ante el desastre que ocasionó el crimen con la alianza opositora, Mario Zamora salió a los medios con los ojos llorosos y suplicándole al narco que liberara a sus compañeros de partido, situación que pasó entre la noche del 6 de junio y el lunes 7 de junio.
Este bochornoso episodio fue tratado de borrar. Zamora acudió a algunos noticieros de alcance nacional, en donde apenas balbuceó su coraje, y pronto le dio la vuelta a la página. No hubo demandas, no hubo pleito jurídico.
Ahora, a casi dos años de la administración morenista, los pronósticos políticos para el 2024 se mantienen en suspenso, tras la irrupción de la oposición. Lo que sí es que personalidades que dejaron este mundo, como Porfirio Muñoz Ledo e Hipólito Mora, aseguraron poco antes de morir, que Morena no ataca al narco porque lo requiere para sus campañas. Abrazos, no balazos.
Dicen que el objetivo en realidad de dichas campañas no es desarmar a los delincuentes, a esos que nos asaltan, violan, matan o desaparecen. Si no más bien desarmar un hogar donde se puede presentar violencia intrafamiliar, o algún suicidio, o algún accidente. Ellos parten entonces de la premisa de eventos que ni siquiera han ocurrido todavía, o en supuestos, ya que no se presentan cifras de casos. Ejemplo, ¿cuántos suicidios se cometieron en un hogar en donde se utilizó un arma de fuego? ¿cómo saberlo con certeza? La persona pudo comprar el arma en el mercado negro sin que eso signifique que el arma ya estaba en esa casa, entonces no se
Mientras las autoridades tanto federales como estatales y de algunos municipios se toman la foto para presumir que las campañas de desarme son un éxito, la cruda realidad de nuestro país si fuera cachetada, los tumbaría al piso.
puede afirmar con certeza que esa arma ya estaba en ese hogar, y no se podrá saber ya que la única persona que podría aclarar eso, ya está muerta. El tema de la violencia doméstica, ¿cuántos casos se podrían asentar como motivo real de que el arma que se usó ya estaba en ese hogar? ¿cómo llegó a las manos del agresor? Si nos damos cuenta,
todos los caminos nos llevan a la tenencia irregular de un arma, es decir, el mercado negro.
Entonces, si no queremos tener un arma que represente un peligro en casa, se debe controlar el mercado negro. La importación masiva de forma clandestina de armas desde Estados Unidos, donde autoridades de aquel país y de este han sido omisas, permisivas y hasta cómplices de ese tráfico, un negocio muy redituable en términos económicos.
Ya que el mercado regulado de armas, en este país es muy estricto y se deben cumplir con muchos requisitos para tener un arma, además de la restricción de calibres, otorgamiento de información particular del tenedor del arma, cumplir con exámenes psicométricos, médicos, toxicológicos, etc. Entonces el problema está en el mercado negro. Y mientras no se combata ese mercado que impulsa el tráfico de armas, pues las campañas de desarme solo quedarán en buenas intenciones, rayando hasta en inocentes.
Los números ahí es-
tán, esos no mienten. Tenemos en este sexenio récord de homicidios, si son herencia o no, el número ahí está, y la gran mayoría se cometieron con armas de fuego, y puedo apostar mi reino, como diría un estimado amigo, que esas armas fueron del mercado negro y no del regulado. Entonces pues, se concluye que en sí las campañas de desarme son inútiles hasta cierto punto, y que sólo desarman a gente que por lo general va y las “dona” porque ya son armas viejas, obsoletas, o por una necesidad muy grande. Pero la violencia sigue, y esos que la generan no los vemos entregando sus armas en ningún módulo ni en ninguna campaña. Y mientras no se defina cuántos homicidios se han cometido por un arma que ya estaba en el hogar, o cómo es que llegó esa arma a ese hogar, pues partimos de supuestos y ambigüedades. El remedio está en cerrarle la frontera como un verdadero muro a los traficantes de armas, una frontera muy porosa para ese tipo de tráfico y otros.
Kofi A. Annan secretario general de las Naciones Unidas Nueva York declaró el 26 de junio de 2006: “Nuestros objetivos siguen siendo los mercaderes de armas inescrupulosos, los funcionarios corruptos, los sindicatos de traficantes de drogas, los delincuentes y otros elementos que llevan la muerte y el caos a nuestras comunidades y que arruinan vidas y destruyen en minutos la labor de años. Para detener la marcha destructora de los conflictos armados y el delito, debemos parar a esos proveedores de muerte.
Tal parece que dicha afirmación de esa fecha a la actual, no sirvió de nada y las campañas de desarmes sólo servirán para la pose en la foto de quienes persiguen solo fines políticos.
Lo que presumen como éxito refleja otra realidad
POR FUERA, LOS DOS EDIFICIOS LUCÍAN COMO CUALQUIER OTRO CENTRO DE REhabilitación, con su fachada en color azul y blanco, que contrastaban con los círculos en negro que anunciaban el rótulo que se trataba de un centro de rehabilitación de adicciones.
Esta fachada, sin embargo, ocultaba un infierno: el de grupos armados levantando a personas y obligándolas a trabajar de manera forzada en labores del campo, sin paga y sin alimentación adecuada, una esclavitud moderna en la que toda la cadena de autoridad en esa región, se hacía de la vista gorda.
De acuerdo con diversos testimonios, el grupo criminal que controla la región de Angostura decidió de un año para acá implementar esta estrategia de tener mano de obra esclavizada, encubriendo esta forma de trata de personas, con es-
Como si se tratara de otro país, de otra región del mundo, a mediados del mes de julio, brotó el escándalo de que en al menos dos seudo centros de rehabilitación del municipio de Angostura, criminales retenían a la fuerza a decenas de personas a las que obligaban a trabajar de manera forzada. En este municipio costero de Sinaloa, en donde ya el estado tiene detectado un foco de adicción a la droga, y donde de manera constante hay patrullajes de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, ninguna autoridad se había percatado de que, en dos negocios con rótulos de clínicas contra adicciones, se esclavizaba de manera infrahumana a más de 60 personas, incluyendo a menores de edad. Todo mundo lo sabía en el pueblo, menos quien se ostenta como autoridad.
La Secretaría de Salud, a través de su área de Comisión Estatal de Prevención de las Adicciones, indicó que tienen una lista de al menos 130 centros que no cumplen con los requisitos para operar, y que tres de ellos se negaron a recibir supervisión por parte del personal calificado. Lo mismo sucedió con las clínicas de belleza clandestina que cobraron la vida de varias mujeres.
lizar labores de jornaleros en agrícolas y campos camaroneros sin recibir pago, además de ser golpeados como castigo; señalaron a los tres civiles que se encontraban afuera como los encargados del centro.
Ante estos indicios, apuntó la SSP, las autoridades procedieron a resguardar a las personas denunciantes y aseguraron a los señalados, mismos que fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público Especializado en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
Los cuatro encargados
La Fiscalía General del Estado presentó ante el juez de control a los cuatro sujetos detenidos, el primero de ellos fue identificado como Luis Jahir, a quien vincularon a proceso por del delito de trata de personas agravado, al tratarse de más de dos personas y además hay un menor de edad entre las víctimas.
go, la defensa solicitó duplicidad de término, por lo que se programó continuación de audiencia para el 21 de julio a las 12:00 horas. En tanto los tres imputados, al igual que el primero, permanecerán en prisión preventiva oficiosa.
Centros irregulares Como siempre que ocurren este tipo de eventos, el Gobierno del Estado y las instancias de seguridad comenzaron a decir que se realizará una revisión a los centros de rehabilitación del estado, para detectar si en otros ocurren prácticas similares.
La Secretaría de Salud, a través de su área de Comisión Estatal de Prevención de las Adicciones, indicó que tienen una lista de al menos 130 centros que no cumplen con los requisitos para operar, y que tres de ellos se negaron a recibir supervisión por parte del personal calificado. Lo mismo sucedió con las clínicas de belleza clandestina que cobraron la vida de varias mujeres.
tos seudo centros de rehabilitación.
A la mayoría de las víctimas que fueron liberadas, un total de 57, las habían privado de la libertad bajo el mismo modus operandis. O los atrapaba una siniestra “voladora” de sujetos armados que argumentaban que al ser adictos los iban a internar en el centro, y a otros de pla-
no, al verlos que ninguna familia podía protegerlos, se los llevaban al verlos en despoblado. Se tratan de personas de entre 17 y 60 años, quienes sí se dedicaban por voluntad a labores del campo, y eran pocos quienes sí se consideraban adictos a alguna sustancia narcótica.
Según contaron algunos rescatados, los sujetos armados los tenían en condiciones infrahumanas, en cuartos hacinados sin camas, dormían en el piso, les daban comida mala y en porciones pequeñas, los sacaban a labores agrícolas en la zona, ya que Chinitos y La Reforma se consideran valles agrícolas del estado.
En todo momento, contaron al ministerio público, eran custodiados por hombres armados, y para ir al trabajo forzado también los sacaban en camionetas con sujetos que en todo momento los vigilaban.
Las casas del infierno
El primer rescate fue gracias a una denuncia anónima, ya que la gente de Chinitos sabía lo que sucedía en la casa denominada Hermanos Unidos.
Hasta ahí llegaron elementos de Marina y de la Policía Estatal Preventiva el pasado miércoles 12 de julio pasado, ya al anochecer, cuando los guardianes armados eran pocos.
De hecho, los agentes solamente detuvieron a una persona, de nombre Luis Jahir, a quien las víctimas señalaron como el encargado. En este primer centro rescataron a 18 hombres, algunos de otros municipios y los menos, originarios de Guerrero, Colima y Nayarit.
Incluso otros manifestaron que eran albañiles que habían sido levantados cuando realizaban trabajos de construcción en la región. Todos sin posibilidad de comunicarse hacia el exterior, ya que
también tenían prohibido tener celulares. El segundo centro reventado ocurrió a los días, el viernes 15 de julio, también por la noche, cuando arribaron elementos de la Armada de México y del Grupo Élite de la PEP al edificio ubicado en La Reforma, donde además detuvieron a tres personas consideradas auxiliares.
La Secretaría de Seguridad Pública informó aquella noche que, tras un reporte anónimo, se acudió al centro que funcionaba como presunta franquicia del que se encuentra en Chinitos.
Ahí en este segundo lugar había 39 personas a las que tenían recluidas contra su voluntad y las forzaban a realizar trabajos de campo.
Según el comunicado oficial, el personal de la Semar y PEP acudió al sitio señalado, y al arribar se entrevistaron con tres personas que se encontraban a las afueras del inmueble; en ese momento escucharon gritos de ayuda que provenían del interior, por lo que solicitaron entrar, lo cual se logró cuando les dieron acceso.
Al ingresar, señalaron, se percataron de la presencia de 39 hombres, quienes dieron múltiples testimonios de estar ingresados involuntariamente para rea-
En la audiencia inicial, el juez dio la prisión preventiva oficiosa en contra del imputado y además dio un plazo de cuatro meses para que el ministerio público presente la investigación complementaria. Se estableció que el procesado fungía como encargado y que, con la ayuda de personas armadas privaban de su libertad a personas del sexo masculino en las calles de esa región y poblados aledaños.
Esto con el objetivo de obligarlos mediante el uso de violencia física y moral, a realizar trabajos forzados en los campos agrícolas y granjas acuícolas, sin recibir pago alguno por su prestación de servicios, y si se quejaban o desobedecían órdenes eran golpeados.
Días más tardes, también fueron presentados ante el juez a Luis Enrique “M”, Leonardo “C” y Mario Uriel “G” contra quienes se formuló imputación por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, privación de la libertad y secuestro (por una de las víctimas).
El Juez de Control calificó de legal la detención, se formuló imputación, y se solicitó vinculación a proceso, sin embar-
Cuitláhuac González Galindo, titular de Salud, declaró a medios que, debido a esta situación de irregularidad, no descartan que en estas clínicas clandestinas se realicen prácticas indebidas, como las descubiertas en Angostura.
“Yo te puedo decir que tenemos el registro de CEPTCA, regulados, 130 centros en todo el estado. Se estima que hay 120 más que no están completamente regulados, que se hacen las supervisiones, pero que a veces ellos no nos dejan entrar, la ventaja es que sí hay un buen trabajo con estos centros y que estamos trabajando para que estos que estén fuera, se integren”, expuso ante medios.
González Galindo puntualizó que ya serán las autoridades correspondientes quienes hagan las supervisiones tal y como ha sucedido en los centros de rehabilitación del norte.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó que sea una práctica generalizada por parte del crimen organizado este modus operandis, aunque comenzó que había condiciones infrahumanas en Angostura, por lo que ordenó una revisión en todo el estado.
El primer rescate fue gracias a una denuncia anónima, ya que la gente de Chinitos sabía lo que sucedía en la casa denominada Hermanos Unidos. Hasta ahí llegaron elementos de Marina y de la Policía Estatal Preventiva el pasado miércoles 12 de julio pasado, ya al anochecer, cuando los guardianes armados eran pocos.
La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada en el segundo trimestre de 2023, da a conocer que la mayor parte de los mexicanos ha sido víctima o testigos de algún delito, se sienten insegura en su ciudad y no creen que las cosas vayan a mejorar en el futuro inmediato.
EL 62.3 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN MEXICANA SE SIENTE INSEGURA EN LA CIUDAD donde vive. De ese porcentaje, son las mujeres las que se sienten más desprotegidas ante la delincuencia con el 68.6 por ciento, contra un 54.8 por ciento de los hombres. Lo anterior se dio a conocer en la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre el 26 mayo y el 15 de junio de 2023.
La encuesta, aplicada de manera trimestral desde septiembre de 2013, refleja cómo la percepción de inseguridad de la población mexicana se ha mantenido en niveles alarmantes desde el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto hasta alcanzar su punto culminante en marzo de 2016.
“La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se
generan por la influencia de diversos factores, como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población”, señala el informe.
La encuesta genera información sobre diversos aspectos de la seguridad pública como la sensación de vulnerabilidad de los ciudadanos, las expectativas de la población con respecto a que las cosas mejoren, empeoren o se mantengan igual, el atestiguamiento de algún delito cometido en el entorno más cercano, qué medidas ha tomado la población para evitar ser víctima de un delito, cuál es su percepción del gobierno en materia de seguridad y a través de qué medios se
informa de lo que está sucediendo a su alrededor.
Las ciudades donde su población se siente más insegura son Fresnillo (92.8 por ciento), Zacatecas (91.7 por ciento), Ciudad Obregón (90.3 por ciento), Ecatepec de Morelos (87.6 por ciento), Irapuato (87.3 por ciento) y Naucalpan de Juárez (87.2 por ciento).
En contraste, las ciudades donde la población se siente menos insegura son San Pedro Garza García (13.2 por ciento), la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (19.8 por ciento, Piedras Negras (20 por ciento), Cuajimalpa de Morelos (20.4 por ciento), Saltillo (22.2 por ciento) y Tampico (23 por ciento).
son las siguientes alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero (pasó de 61.1 por ciento a 70.9 por ciento de percepción de inseguridad), Venustiano Carranza (pasó de 41.2 por ciento a 51.3 por ciento) y Álvaro Obregón (pasó de 52.3 por ciento a 62.4 por ciento).
La ENSU también atestigua qué tipos de delitos o conductas antisociales han presenciado las personas que determina en gran medida su sensación de inseguridad. El 61.5 por ciento de los encuestados respondió que en los últimos tres meses (abril, mayo y junio) ha visto personas consumiendo alcohol en las calles cercanas a su domicilio, mientras que el 51.7 por ciento ha presenciado o sabido de casos de robos o asaltos. Poco más de la mitad de los encuestados (39.9 por cien-
to) respondió que también ha visto casos de vandalismo en viviendas o negocios en su comunidad mientras que el 40.3 por ciento sabe que en su colonia, cuadra o unidad habitacional existe la venta o el consumo de drogas.
El 24.9 por ciento ha atestiguado la presencia de bandas delincuenciales o pandillerismo, mientras que el 36.5 por ciento ha presenciado (escuchado o visto) balaceras o disparos al aire realizados cerca de su vivienda.
Por esta razón, el 65.5 por ciento de los mexicanos ha decidido cambiar de rutina o modificar sus hábitos diarios como dejar de llevar cosas de valor en la calle, ya sea joyas, tarjetas bancarias o dinero en efectivo. Además, el 58.6 por ciento de los padres no permite que sus hijos
En el caso de Sinaloa, la encuesta abarca a las tres ciudades más pobladas. En Culiacán el 46.7 por ciento de la población encuestada manifestó sentirse insegura, en Mazatlán el porcentaje de percepción de inseguridad es de 42.5 por ciento mientras que en Los Mochis el 27.9 por ciento de la población se siente vulnerable.
menores salgan a la calle o caminen por los alrededores de la vivienda pasadas las ocho de la noche.
Durante el segundo trimestre de 2023, 33.5 por ciento de la población tuvo algún conflicto o enfrentamiento de manera directa con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de gobierno.
Las tres ciudades con mayor porcentaje de población que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos fueron: Zapopan (62.3 por ciento ), Cuajimalpa de Morelos (53.1 por ciento) y Benito Juárez (52 por ciento). Las ciudades con los menores porcentajes de conflicto entre la población fueron: Ciudad Nezahualcóyotl (13.6 por ciento), San Nicolás de los Garza (14.9 por ciento) y Tapachula (15.1 por ciento).
¿Dónde se sienten más inseguros los mexicanos? 78.9 por ciento de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos y 70.9 por ciento, en el transporte público. De los hombres, 66.5 por ciento respondió sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 58.5 por ciento, en el transporte público
La encuesta se realiza todos los años en marzo, junio, septiembre y diciembre.
La más reciente se levantó la primera quincena de junio en 65 ciudades, 300 viviendas por ciudad con un total de 17 mil
400 encuestas documentadas. Cada casa se visita en cinco ocasiones para darle continuidad a lo largo de más de un año a la evolución en la percepción de inseguridad, experiencias con la violencia o conocimiento de cada hogar encuestado sobre casos de delincuencia en su entorno, señala el INEGI.
Una de las constantes de la encuesta es la poca o nula confianza que los mexicanos tienen en sus autoridades. El 43.5 por ciento que tuvo contacto con alguna autoridad declaró haber sufrido, al menos, un acto de corrupción por parte del personal perteneciente a las autoridades.
Un dato que deja constancia de la inseguridad que vive buena parte de la población es que el 27 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con por lo menos un integrante que ha sido víctima de robo ya sea de auto (9.2 por ciento) casa habitación (7.8 por ciento), asalto en la calle o en el transporte público (8.8 por ciento) o extorsión (11.1 por ciento). En Culiacán el 12.5 por ciento de los hogares cuenta con una víctima de la delincuencia, mientras que en Los Mochis esa cifra sube a 9.3 por ciento y en Mazatlán a 16.3 por ciento. En ese sentido Sinaloa se encuentra por debajo de la media nacional. En Venustiano Carranza el 36 por ciento de los hogares cuenta con una víctima de la delincuencia, mientras que en Mérida el porcentaje no supera el 5.3 por ciento.
En el caso de Sinaloa, la encuesta abarca a las tres ciudades más pobladas.
En Culiacán el 46.7 por ciento de la población encuestada manifestó sentirse insegura, en Mazatlán el porcentaje de percepción de inseguridad es de 42.5 por ciento mientras que en Los Mochis el 27.9 por ciento de la población se siente vulnerable.
El informe señala que el 34.1 por ciento de la población mexicana piensa que las cosas van a seguir igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que el 23.6 por ciento cree que van a empeorar.
Las ciudades que vivieron un deterioro considerable en tan solo tres meses en sus niveles de percepción de inseguridad
Sabemos que Sinaloa se rige por el narcotráfico, y encima de ello, muchas personas de este estado, como dijera un ex gobernador “todos tenemos un familiar narco”, y esto se ve infestado en cualquier dependencia de gobierno, cualquiera te puede decir: “¿no sabes de quién soy pariente, o qué?”
Con las actuales remodelaciones que está inyectando el gobierno de Sinaloa –por fin– a los centros de Salud y hospitales, tuvieron que desplegar al personal a otras instalaciones y obviamente que las malas prácticas se las llevaron a gusto
para donde se fueron, que hasta agarraron medicamento controlado y ahora sí, se la hicieron de pedo
“Vino la policía y hasta los punteros vinieron por ella”, dijeron en el centro de salud, luego de que una persona hurtara una caja de medicamento controlado, pero se topó con pared, ya que dicho centro de Salud cuenta con cámaras de vigilancia, como deberían ser todos.
¿Hasta cuándo va a dejar la gente de abusar? Nos quejamos que el sistema de salud es una porquería, pero, desde adentro, quienes trabajan ahí, tampoco ponen su granito de arena.
El legado de AMLO: 62.3 por ciento de los mexicanos considera que su
El sistema de Salud prometido por el presidente López Obrador, no llegó, ni llegará, y claro está, la falta de medicamentos en general, niños con cáncer que han sido desamparados por el gobierno, instituciones de salud que no funcionan, hospitales como elefantes blancos, una pandemia que dejó 800 mil muertes por un manejo irresponsable de la misma, y para rematar, la vida de una menor de edad que ingresó por dengue y que falleció a causa de quedar atrapada en un elevador por falta de mantenimiento. Así las cosas en Salud con la Cuarta Transformación.
LA LLEGADA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLIca fue un precedente mayor, su discurso político de cambiar todo lo malo que México tenía, quedó sólo en promesas.
“Tendremos un sistema de Salud como el de Dinamarca” ha sido su cantaleta durante los últimos cinco años. Primero, eliminó el Seguro Popular creado durante el final del sexenio del expresidente Vicente Fox como un instrumento para proveer de aseguramiento en salud
a la población que no era cubierta por ninguna institución de seguridad social.
Con ello llegó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con el cual pretendía acabar con “la corrupción” que había dentro del instituto de Salud. Sin embargo, este no les funcionó y el gusto les duró poco.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) a través de su “Análisis Económico Ejecutivo”, detalló que las políticas públicas implementadas en sectores como el de salud no sólo no mitigaron los efectos de la crisis sanitaria mundial, sino que en los últimos cuatro años han empeorado las condiciones.
El CEESP resaltó que la desaparición del Seguro Popular para dar salida al Instituto de Salud para el Bienestar afectó a los derechohabientes de estos servicios.
En primera, más de 20 millones de los 54 millones de personas que eran atendidas por el Seguro Popular, se quedaron sin cobertura, esto ya que en 2020 el INSABI solamente cubría 33 millones.
En múltiples ocasiones el presidente López Obrador ha negado que hay desabasto de medicamentos, sin embargo, durante el año 2018, el 95 por ciento de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró haber recibido todos sus medicamentos por parte de la institución, cosa que cambió en el 2022
22:00 horas de un día antes.
Un día después, el camillero a quien culparon de haber sido el responsable de la muerte de la menor –no culparon al elevador y a la falta de mantenimiento, si no a quien trasladaba a la niña– fue detenido mientras el mismo se encontraba internado en la clínica debido a que también sufrió lesiones.
Tras la muerte de la menor de edad el IMSS separó del cargo a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del Hospital General de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.
El mismo director del IMSS, Zoé Robledo, dio un comunicado a través de redes sociales en el que prácticamente se dedicó a culpar a una empresa contratada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la bolita se la echaron unos a otros.
El pasado viernes 7 de julio se realizó en Culiacán una marcha en la que participaron miles de ciudadanos en contra de la violencia y la inseguridad. Nombrada en redes sociales como Marcha por la Paz y la Concordia, inició en el boulevard Ciudades Hermanas, al pie de La Lomita, avanzó por la calle Álvaro Obregón y concluyó frente a la catedral.
cuando la cifra se redujo al 79 por ciento.
Testimonios de primera mano dicen lo contrario: “A veces no hay ni paracetamol, teníamos una persona internada por cuestiones de cáncer, y no había nada para el dolor, hasta dónde vamos a parar”, comentó un ciudadano molesto por la falta de medicamentos en el IMSS.
Tanto el presidente como diputados y senadores, comentaron desde tribuna que el motivo del fallo del INSABI fue nada más y nada menos que la “corrupción del pasado”, el mismo discurso trillado lleno de irresponsabilidad que recientemente cobró la vida de una niña de tan solo seis años de edad.
La tragedia
Una menor de seis años de edad de nombre Aitana murió el pasado martes 11 de julio en las Instalaciones del IMSS No. 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de quedar prensada en un elevador de las instalaciones hospitalarias.
La tragedia ocurrió cuando la menor era trasladada en una camilla que no fue asegurada correctamente, ya que no entró completamente en el ascensor, provocando que, al accionar el botón para subir, aplastara a la menor provocándole la muerte.
La niña ingresó a la clínica para ser atendida por dengue alrededor de las
De tal tamaño es el descaro de este gobierno de MORENA, las muertes por pandemia, la falta de medicamentos en hospitales, desde los más básicos hasta los de quimioterapia para niños y adultos, elefantes blancos por todo México y todos impunes, esto es parte de la herencia que dejará también MORENA y que habrá otros que culparán de igual manera a ese pasado.
Se estima que participaron alrededor de 24 mil ciudadanos, vestidos de blanco, quienes marcharon en silencio, sin consignas ni banderas partidistas, en protesta por los hechos de violencia que han bañado de sangre a Sinaloa en los últimos años. A la marcha se integraron diversos organismos sociales y algunos dirigentes políticos, quienes no portaban nada alusivo a sus partidos precisamente para no entorpecer el mensaje de la marcha.
Se lanzaron consignas contra la violencia que se vive en la entidad, especialmente en materia de homicidios y feminicidios, en los cuales existe una alta tasa de impunidad pues las autoridades encargadas solo investigan unos cuantos casos, los que tienen mayor repercusión mediática o los que no involucran a integrantes del crimen organizado.
Sin embargo, desde Tercer Piso de Palacio de Gobierno se lanzó la orden a los medios de comunicación que están bajo la nómina estatal, de que centraran sus notas en la presencia en la marcha de Héctor Melesio Cuén Ojeda y Jesús Madueña Molina. De igual manera lo hicieron durante la sesión legislativa del lunes 11 de julio los diputados locales de Morena y
el PRI en el Congreso del Estado, quienes negaron que se hubiera tratado de una movilización ciudadana y argumentaron que en la marcha hubo trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que fueron amenazados para asistir.
“A mí me llama la atención que algunos de MORENA y del PRI estuvieron ayer en tribuna denigrando la marcha, ¡Por favor hagan algo por la violencia! ¡No sean arrastrados!, y se los digo desde aquí, de frente”, declaró el dirigente pasista.
Cuén Ojeda lamentó que el poder legislativo haya intentado minimizar la marcha en la que había padres, madres e hijos de personas desaparecidas, además de víctimas de otro tipo de delitos y de actos de violencia cometidos en la entidad.
“Da coraje el hecho de que habiendo tantos problemas y tanta violencia se pongan a decir que fue una marchita simulada, si fueron más de 20 mil gentes, y había mucha diversidad, había muchísima gente”, dijo.
Incluso, hubo diputados de Morena que se empeñaron en desacreditar la causa de la movilización bajo el argumento de que durante la actual administración de Rubén Rocha Moya se han presentado grandes avances en materia de seguridad.
De esa manera, el gobierno de Rocha volvió a usar todo el aparato estatal ya no para deslegitimar a sus adversarios políticos y a los medios que cuestionan
su administración, sino a la movilización social que pone en evidencia su fracaso en materia de combate a la violencia y la inseguridad.
Se trata de la misma estrategia que el presidente López Obrador ha usado con sus adversarios o con los movimientos sociales que se escapan a su control, como sucedió con las protestas de los productores agrícolas de Sinaloa a los que insultó y agravió en repetidas ocasiones.
Pero el desprecio que Rocha siente por los ciudadanos inconformes con la violencia, al grado de llamar despectivamente “marchitas” a las protestas contra la violencia, tiene su origen en la manera en que llegó a la gubernatura de Sinaloa.
En abril de 2021, durante la entrevista que el periodista Carlos Loret de Mola le realizó en plena campaña por la gubernatura, el entonces candidato Rubén Rocha negó ser “capo o narcotraficante”, pero aseguró que buscaría una forma de “coordinarse con el narco” en Sinaloa para sentarse a negociar una estrategia contra la violencia.
A mediados de junio de 2021, 10 días después de la elección, el diario Milenio dio a conocer que las áreas de inteligencia del gobierno federal investigaban los presuntos vínculos de al menos seis candidatos a las gubernaturas y diputaciones federales con el crimen organizado, entre ellos, Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Ricardo Gallardo en San Luis Potosí.
El Centro Nacional de Inteligencia ha-
bía comenzado una investigación para detectar la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, a la par de las indagatorias que llevaba a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el mismo sentido. De acuerdo con esta lista de carácter confidencial del Centro Nacional de Inteligencia, a la cabeza se ubicaba Rubén Rocha Moya, entonces ya gobernador electo de Sinaloa. De acuerdo con lo publicado por Milenio, de Rocha se tenían documentados presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa
Todas esas son evidencias de que Rocha le debe el cargo al crimen organizado, razón por la cual no tiene interés de combatirlo. Un ejemplo claro de lo anterior es el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyos asesinos están perfectamente identificados de acuerdo con lo que dice la fiscal Sara Bruna Quiñónez. Incluso, agrega la funcionaria, están ubicados, saben dónde se mueven, dónde operan, pero no van a buscarlos para ejecutar la orden de aprehensión en su contra. La razón, se infiere, es porque no se trata de delincuentes sin jefes.
En lugar de combatir a la delincuencia, el mandatario insulta a los ciudadanos que marchan para pedir seguridad y tranquilidad. Le es más fácil desprestigiar una marcha que cumplir con su encomienda como gobernador. Él no puede garantizar paz y tranquilidad para los sinaoenses por la sencilla razón de que su gobierno llegó de la mano del crimen organizado.
La muerte de una niña en el IMSS, la gota que derramó el vaso
MAR DE FONDO Del por qué Rocha minimiza reclamo ciudadano contra la violencia
Nadie quería salir en la noche. Era viernes y nadie quería salir a pistear. Rafa ya le había preguntado a todos sus compas de la oficina:
¿quién va a pistear al rato? Uno le había dicho que no tenía dinero, otro que no tenía ganas, otro que iba a salir con su novia, otro que se iba a esperar al sábado.
Pero Rafa intuía que detrás de todos esos argumentos se escondía otra razón. Nadie quería salir de antro porque andaban los marinos, los elementos de la Guardia Nacional y los estatales por toda la ciudad.
Desde el fin de semana anterior había comenzado el operativo de seguridad y los soldados, marinos y policías hacían rondines todas las noches en busca quién sabe de qué o quién: nomás paraban carros, interrogaban a los conductores, a algunos los bajaban y los esculcaban. Pero no se había sabido de detenidos o enfrentamientos.
El viernes anterior los estatales se habían llevado a cientos de clientes de bares y antros en el Tres Ríos. En cuanto llegaron las decenas de camionetas y patrullas, todos los clientes, con vaso de cerveza en la mano, abandonaron aceras y escaleras y se metieron de volada al interior de los establecimientos.
Pero de nada sirvió porque aquellos que ya habían sido detectados con el bote en la mano fueron perseguidos hasta los baños. La música se interrumpía cuando entraba el grupo de uniformados que a gritos ordenaba a los clientes que se apartaran de su camino hasta que lograban aprehender a alguien.
Hubo gritos y mentadas.
Todo mundo con el celular grabando los operativos mientras los uniformados se retiraban entre rechiflas. Los detenidos los insultaban, pataleaban, se defendían, argumentaban cualquier cosa ante el silencio tenso de sus captores que se dirigían con ellos hacia las patrullas.
La misma escena se repitió en los antros del boulevard Enrique Sánchez Alonso y en los de Diego Valadez. En todos lados hubo aprehendidos. Clientes que iban saliendo de los bares sin bebida alguna en las manos y que eran obligados a subir a las patrullas.
Unos se defendían. Otros mejor se quedaban callados ante el miedo a los encapuchados y a las armas de grueso calibre. Y los que habían logrado sobrevivir al operativo de captura de civiles circulaban con temor por las calles ante la presencia silenciosa, turbia, fantasmal, de los marinos apostados en cualquier esquina.
Y lo mismo ocurrió a lo largo de toda la semana. De modo que el siguiente viernes nadie tenía pensado salir a divertirse por la noche.
Rafa le estuvo llamando a todos sus compas. Nadie pensaba salir esa noche. A lo mejor el sábado. Y si pisteamos en tu casa, le había preguntado a uno de sus cuates. Nel, le respondió, si nos ven tomando en la cochera también nos llevan.
Le daba coraje que por culpa de los sapos nadie quisiera salir en la noche. Era viernes, se había pasado toda la semana trabajando, ya estaba hasta la madre, necesitaba emborracharse, andar en la calle, desahogarse.
Eran las diez de la noche y estaba con el control remoto en la mano. Así que se levantó, agarró las llaves del carro y su celular y salió a la calle. Ni un alma. Ni un carro. Los expendios, esos sí, con hilera de gente esperando su turno. Los Oxxo igual. Pero la zona del Tres Ríos estaba de-
sierta. Como si fuera lunes o martes. Igual las demás plazas. Sólo había gente en los casinos pero a Rafa no le gustaba apostar.
En el cruce de la Obregón con Universitarios Rafa se topó con un convoy de marinos. Le ordenaron que se parara. Su carro tenía los vidrios totalmente polarizados. El sol y el calor no dejaban más remedio, se defendía él. Le preguntaron adónde iba. Qué andaba haciendo. Por qué tan tarde en la calle. A todo respondió tragándose las ganas de gritar: ¡Qué chingados te importa! Cuando lo dejaron ir, llegó al primer expendio, se compró un ocho de Tecate y se fue a su casa. Todos los vecinos estaban dormidos. Pero no le importó. Había trabajado duro toda la semana y quería relajarse. Puso la música y abrió la primera lata de la noche.
ERector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, calificó como inaudito y vergonzoso lo realizado por la autoridad estatal con la notificación de cateo a las instalaciones de la Casa Rosalina, aunque resaltó la unidad de la Comunidad Universitaria ante estos actos y toda la persecución que se ha vivido, por lo que seguirá de frente defendiendo a la institución con todo el orgullo.
En entrevista vía telefónica para Radio UAS, convocó a todos los sectores de la sociedad a seguir defendiendo la autonomía ante el atropello que tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado están cometiendo, denostando a la universidad que mantiene la mayor cobertura, dejando a Sinaloa solo detrás de la CDMX y Nuevo León.
Condenó que el juez haya autorizado un cateo a una institución académica violando tratados internacionales, tal vez con la intención de sembrar algún delito. Indicó que en los portales de la UAS está toda la información de transparencia, por lo que es mentira
lo declarado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, señalando que son las autoridades estatales quienes realizan todas las corruptelas de las que acusa el jefe del Ejecutivo Estatal a la Casa Rosalina.
Respecto a las acusaciones hechas por el diputado Ambrocio Chávez en la tribuna del Congreso del Estado sobre los tiempos completos para profesores, Madueña Molina indicó que el legislador morenista fue muy gris como director de la Preparatoria Guamúchil. Aclaró que ha sido un éxito el reparto de los tiempos completos, pues fue a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), y con la gestión se les hizo justicia a los investigadores esperando que este tema esté completamente cubierto al finalizar su administración.
Dijo que se sintió fortalecido ante todo el apoyo recibido en la primera audiencia.
Complicidades que se reflejan en decenas de demandas perdidas, un daño al erario
