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uchos interrogantes surgen tras la negativa de quienes se oponen al pago del peaje de Turbaco a aceptar la propuesta de la ANI de suspender por un año su cobro para los vehículos de categorías I y II, reactivarlo para las categorías III en adelante, y trasladar la estación de pago a una nueva ubicación aún por de nir. Si esa propuesta responde plenamente a sus exigencias ¿Por qué la rechazan? ¿Será qué sus intereses no son propiamente los de la comunidad que dicen representar? Las preguntas son válidas porque la suspensión aplica para automóviles, camperos, minivan, vehículos livianos de transporte de alimentos y materiales, buses y busetas, que son los mayoritariamente utilizados por los habitantes de ese municipio, con lo que queda sin piso el argumento de que el pago del peaje afecta a los más necesitados. ¿Si ello no es así, entonces a quién representan realmente? ¿Su intransigencia está motivada por las elecciones de octubre, en particular al Concejo de Turbaco? ¿Están anteponiendo el apetito de votos sobre el bienestar de una población a la que la doble calzada del Corredor de Carga CartagenaBarranquilla le traerá desarrollo social y económico y le garantiza su mantenimiento con altos niveles de seguridad vial? Dicen los promotores del no pago de peajes que en Turbaco no hay obras públicas, pero desconocen que el proyecto anterior redujo los tiempos de viaje al mejorar la conectividad con Cartagena y Barranquilla y los municipios asentados en sus zonas de in uencia, dinamizó el comercio y atrajo inversión inmobiliaria. Además, la ANI ofreció una inversión adicional de 25 mil millones de pesos y la construcción de otras obras para la seguridad vial en Turbaco, pero esto tampoco fue aceptado por ellos.
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Esa intransigencia de unos pocos no puede prevalecer sobre el interés general porque atenta contra la iniciativa de continuar la ampliación y mantenimiento de una vía que, como lo dice la ANI, fortalece los corredores de conexión de las principales zonas portuarias y de estos con el interior del país, facilitando las exportaciones y fortaleciendo la economía del país y especialmente las de Atlántico y Bolívar. Pero, además ello expone a la Nación a pagar más de $600.000 millones por eventuales reclamos del concesionario si por el no cobro de los peajes no se cumple el modelo nanciero del proyecto y se da la liquidación anticipada del contrato. Recordemos que el contrato se estructuró a 35 años. De ellos 1,5 años serán de preconstrucción, 6,5 de construcción y 27 de operación y mantenimiento. La inversión en dichas intervenciones asciende a 4.31 billones de diciembre de 2015, la cual el Estado le retribuye al contratista exclusivamente mediante los recursos generados por el recaudo de los peajes contemplados en el proyecto. Desde el 1 de diciembre de 2021 el de Turbaco ha sido afectado en su cobro por los bloqueos de quienes se oponen a su pago. Como consecuencia de ello la ANI ha tenido que compensar al contratista con $69.668 millones con corte a febrero de 2023, situación que llevó a agotar de manera temprana el mecanismo que tiene el contrato para mitigar y/o compensar el riesgo de recaudo por razones no atribuibles al concesionario. De manera que de liquidarse anticipadamente este contrato de concesión seremos los habitantes del Caribe los más afectados. El desarrollo social y económico que genera la infraestructura nos bene cia a todos y por ello hay que defenderla. Los hechos así lo demuestran.
