Perdiendo la batalla con una falsa victoria

nalidad y delincuencia asociados al chabolismo, por entonces bastante extendido en diversos puntos de Alicante (San Antón, Montoto, Casalarga, Polvorín, incluso en el casco histórico por entonces degradado).

Llegado el mes de octubre, y a pesar de este primer enfrentamiento a nivel político los partidos en liza suavizaron sus posiciones, aceptando tanto el PSOE como EU, el inicio de la construcción de las viviendas sociales de las familias desalojadas de Casalarga para que pasaran a ser realojadas en Cementerio, si bien exigiendo la máxima celeridad en las obras comprometidas para arreglar y urbanizar la barrida. Según las declaraciones de Antonio Piña, representante del PSOE, que constan en hemeroteca: “Lo primero es que las familias dispongan de viviendas para su traslado (a Cementerio), medida que también apoya Cáritas, pero también reclamamos que el Barrio sea declarado de acción preferente para la urgente aplicación de medidas sociales y de urbanismo (…). En esta zona hay infravivienda que deben incluirse en el plan contra la vivienda precaria”. A pesar de las protestas de vecinos y empresarios, el Ayuntamiento dio comienzo a la construcción de las primeras viviendas que debían servir de realojo a las familias gitanas, introduciendo como señal de buena voluntad la previsión de un retén destinado en uno de los módulos para la policía nacional y local como parte de las medidas de seguridad a aplicar, así como al uso de talleres o servicios sociales que atiendan a las familias realojadas. Desde el consistorio se alega que la construcción de las viviendas no podía demorarse ante la necesidad perentoria de estas familias por acceder a un alojamiento, mientras que las soluciones a los problemas de alumbrado y asfaltado pactados requerían de un plazo mayor de tiempo dado que las obras tienen que salir a concurso en función de las fechas dependientes de otras áreas presupuestarias. No obstante, el Ayuntamiento se comprometía a tener todo arreglado a fecha de entrega de las viviendas modulares. En relación a las zonas verdes, se habilitarían con este fin unos terrenos fuera de la barriada, emplazándolas entre dos naves industriales próximas.

Perdiendo la batalla con una falsa victoria El Alcalde Díaz Alperi reconocía públicamente que el Barrio de Cementerio había sido descuidado por el Ayuntamiento y, por no haber sido atendido en sus derechos como debiera, baraja la posibilidad de solicitar la declaración como Barrio de actuación preferente. En fecha 6 de octubre, todos los grupos políticos, Ayuntamiento y oposición, compartían la idea de continuar con la construcción de las viviendas sociales abandonando el discurso más excluyente asociado a los vecinos, de los cuales también se distanciaban las asociaciones de vecinos del Barrio de La Florida. En este último caso, el realojo podría mermar sus propios recursos asistenciales. Partiendo de este planteamiento, los

sindicatos UGT y CCOO se desmarcaban de las políticas de realojo en Cementerio, pero por razones distintas a la de los vecinos de esta barriada, aduciendo que las nuevas viviendas sociales a construir para la población marginal agravarían el problema de la carencia de recursos del Centro Social 3, que cubría sus prestaciones en La Florida, con el problema de quedar desbordado para atender las demandas de este Barrio. En el comunicado sindical se exponía conjuntamente que este Centro asistencial tenía una plantilla de trabajadores sociales insuficientes, instalaciones limitadas y un local deficiente para poder atender a mayores perceptores de ayudas como lo eran las necesidades derivadas de las nuevas familias a realojar.

A pesar del acuerdo político entre PP, PSOE y EU, al que se sumaban las asociaciones vecinales del entorno, además de los sindicatos, apostando todos ellos por seguir avanzando en la construcción de las viviendas de realojo, los vecinos de Cementerio sintiéndose cada vez más aislados continuaron con sus protestas fermentadas en el caldo de cultivo de la celebración de asambleas en donde se acordaba seguir adelante con la movilizaciones, emprendiendo ingeniosas acciones para obtener la atención de los medios, como la de no enviar a los hijos al colegio, con objeto de que participasen en la sentada para frenar las maquinarias, si se iniciaban las obras de construcción de los módulos.

Entre estas acciones se acometió el reparto de escritos en tono sarcástico en donde se exponía que: “Los vecinos manifiestan su agradecimiento al Alcalde y Concejales por 36 años de mejoras en el Barrio y por la construcción de viviendas para realojar y reinsertar El uso intencionado del término “reinsertar” por “realojar”, utilizado con reiteración por los vecinos de Cementerio, contenía una carga criminológica contra las familias gitanas a desplazar hacia la barriada. a familias de Casalarga, Montoto y Parque Ansaldo”. También se “daban las gracias” a las asociaciones de vecinos de la Florida en los siguientes términos: “por ser tan solidarios y permitir que los próximos guetos se construyan en sus Barrios”, y en relación a ello se levantaba una valla en la parcela destinada a las viviendas sociales en el que se inscribía un crítica satírica sobre las condiciones en la que iba a procederse el realojo para las familias gitanas: PRÓXIMO GUETO EN CONSTRUCCIÓN - 4 dormitorios, Luz gratis, Agua gratis, Libre de impuestos VIVIENDAS DE PROTECCIÓN TOTAL - Promotor: Alperi, Constructor: su amigo APOYAN TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO

Otra de las medidas adoptadas fue la de colocar anuncios de venta de la mayoría de las casas de la zona, lo que introdujo ciertas ambigüedades en los juegos de palabras de doble sentido que fueron aprovechadas en

beneficio propio por el edil. Según declaraban los vecinos interpelados por los periodistas: “El Alcalde nos dijo que queríamos arreglar el Barrio para que se revalorizaran nuestras casas”; (en razón de ello) “Hemos decidido vender nuestras casas. Todo el que ha querido ha puesto el cartel de venta en la puerta, para que el Alcalde diga que queremos revalorizarlas”; “Ya que quieren el Barrio, que se lo queden todo, pero al menos que lo paguen dignamente”; “Le dijimos al Alcalde que cuando arreglase el Barrio le venderíamos a él las casas por un precio digno, ya que quiere ser el dueño, pero no con el sentido de venderlas para ganar dinero e irnos, como él dijo”; “Como el Alcalde nos acusó de pedir que nos arreglen el Barrio para vender las casas, cuando se revaloricen hemos puesto los carteles para que se den cuenta de que queremos vender nuestras casas antes de que se revaloricen”.

Ante este rifirrafe y ante la creciente situación de aislamiento, los titulares de prensa, sin saber o sin querer leer las sornas que iban entre líneas, hicieron una lectura literal de las reclamaciones de los vecino, afirmando: “Los vecinos piden al Alcalde que en vez de construir las viviendas sociales, les compren las suyas”. En este momento, con la prensa en contra, los vecinos de Cementerio cada vez más arrinconados, empezaron a perder la batalla del discurso. Pasado el turbulento mes de octubre, en noviembre se prosiguieron con las reivindicaciones y manifestaciones de protestas por parte de los vecinos que como medida de acción comenzaron a repartir panfletos a los conductores detenidos en largas colas de vehículos, en donde se expresaban sus críticas al “Sr. Alcalde y concejales de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante” por llevar adelante el proyecto de realojo de las familias de Casalarga en Cementerio. El 2 de noviembre, los pocos comerciantes de la zona, incluyendo a los bares, se sumaron a las medidas de descontento cerrando sus establecimientos en muestra de solidaridad.

En este pulso sostenido entre fuerzas tan asimétricas como lo era el consistorio, que contaba con todos los apoyos citados, y la barriada que no contaba con ninguno, el Alcalde advirtió que el Ayuntamiento no cedería a las presiones de los vecinos de Cementerio porque: “No tenían razón y ha habido acuerdo entre los grupos políticos”, de tal modo que las viviendas sociales se construirían “con las compensaciones que se tengan que negociar”. Para el edil, fueron los vecinos quienes incumplieron su palabra al pedir que se arreglaran las calles para que se revalorizaran sus viviendas y luego vender sus casas más caras dejando el Barrio, ante lo cual manifestó: “(Al escucharlo de boca de los vecinos) yo me quedé con los ojos en blanco.” De este modo, el Alcalde jugó su partida con esta baza, utilizando la ironía de los vecinos, una vez extraída de su contexto, con objeto de emplearla como arma arrojadiza contra aquellos, dando buena cuenta

de sus propósitos en la prensa local:

“Yo les he ofertado de todo, el arreglo del Barrio, talleres para aprender oficios, y el compromiso de no meter a ninguna familia problemática de Casalarga en el Barrio, pero han dicho que no, y por lo tanto adiós y muy buenas, y ya veremos lo que se hace de aquí en adelante”.

De tormentas partidistas con vientos Municipales, consensos entre rivales, confusión de periodistas.

No hay apoyos a la vista de un vecindario exigente.

Saliendo por la tangente se aprueban infraestructuras, y olvidan la envergadura del chabolismo existente.

La culminación de todo el proceso de luchas vecinales tuvo lugar a finales de noviembre, con un final ciertamente paradójico por desafortunado. En el pleno municipal, el consistorio proponía una dotación económica en el presupuesto local del próximo año 2001, con una partida destinada a infraestructuras para ciertos Barrios periféricos de la Zona Norte una de las más deprimidas de la ciudad, entre los que se encontraba Cementerio, con unos 250 millones de pesetas.

Barrio

Virgen del Remedio

San Antón

Presupuesto (millones de ptas) Destino

292

50 Para urbanización

Para ultimar obra anterior

Raval Roig

Juan XXIII

Cementerio

TOTAL

118

50

250

760 000 000 de pesetas Para la construcción ermita

Para vías peatonales

Para regeneración de la zona La aprobación municipal del nuevo presupuesto anual el 20 de diciembre de 2000, Por un total de 30.708.000 millones de pesetas. A falta de revisar los datos obtenidos, el total de gasto social aplicado en las zonas consideradas vulnerables suponían sólo un 0,02% de los fondos presupuestado para el 2001. con los votos a favor del PP y de los del PSOE y EU en contra, significaba destinar una aportación de fondos adicionales para atajar los problemas de los Barrios más precarios de la ciudad. Sin embargo, se olvidaba el problema de fondo del chabolismo, al no aplicarse partidas económicas para sufragar la compra de viviendas con objeto de proceder al realojo de las familias, que había sido presupuestada en unos cien millones de pesetas. Esto significaba que no iban a ejecutarse en el nuevo año, introduciendo un retraso añadido a la resolución de un conflicto local encallado desde hacía demasiado tiempo.

En señal de protesta, a la celebración del pleno acudió una treintena de vecinos, sobre todo vecinos de

Casalarga, pero también de Montoto, San Antón y Cementerio, que apoyados por la Plataforma Contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social, denunciaban el olvido municipal de las precarias condiciones de vida de las familias afectadas, exigiendo con urgencia un plan de erradicación del chabolismo local con los presupuestos necesarios para acometerlos. Durante el alborotado desarrollo del pleno PP y PSOE se increparon mutuamente ante el auditorio tratando de demostrar quien había puesto más de su parte para combatir el problema considerado, ante las increpaciones de los asistentes que se preguntaban en voz alta dónde estaban esos cien millones que se habían comprometido aplicar para la adquisición de viviendas a los desalojados. En el incidente se relata como una vecina de Casalarga levantó la voz contra Alperi con intención de reprenderle: “Tienes muchos millones porque los pisos (para el realojo ya) están pagados y los millones te los estás comiendo tú”, en alusión a la partida que iba a ser destinada a tal fin. Díaz Alperi fue acusado en los tribunales por irregularidades en el PGOU de Alicante (conocido como “Caso Brugal”), denuncias por corrupción, delitos fiscales contra la Hacienda Pública y cohecho impropio, siendo finalmente exculpado y absuelto de todos ellos en 2019 por sentencia del Tribunal Superior de Justicia. También se hace constar en la crónica de prensa que el Alcalde no mandó desalojar la sala ante las duras críticas por temor a que se provocaran escenas de violencia, como las ya acontecidas en 1998 con este mismo colectivo.