Choque con los poderes públicos

pocos meses, procediéndose a sacar a concurso público la edificación de las mismas sobre una parcela de terreno municipal a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).

En consecuencia, desde la promoción municipal se ofrecieron viviendas públicas a las familias desalojadas en una “solución a la alicantina”, esto es, en forma de barracones modulares o módulos prefabricados, que según los vecinos de Cementerio se consideraba una medida inaceptable, dado que con ello se reproducían las estructuras arquitectónicas propias de las lógicas del chabolismo, esas que ya no cabían en una barriada que se valorase a sí misma.

Choque con los poderes públicos Ante la medida, se produce la reacción conjunta de los vecinos de la barriada y de los empresarios del polígono industrial del Llano de Espartal contra los “módulos de la discordia”, unas casas prefabricadas que por otra parte nunca podrían ser una vivienda digna. No obstante, los vecinos acabarían accediendo a la construcción de los “bungalows” exigiendo mejoras en la zona, cambios traducidos en términos de señalizaciones de tráfico, y planes de medidas de seguridad y urbanización de los terrenos más próximos al camposanto, que aún seguían sin aprobarse para uso urbano. Los empresarios reclaman al Ayuntamiento la participación del sector industrial en las negociaciones planteadas, a través de la designación de un portavoz, que recaía en la persona de Miguel Morcillo, y desde esta instancia reivindicar el rechazo del plan de realojo de las familias en la zona, al entenderse que las políticas de realojo aumentaría la conflictividad de la zona dada la total ausencia de seguridad existente en la barriada de Cementerio. La queja contaba con el aval de unas 900 firmas y el respaldo de 125 empresas que sintiéndose estafados por la administración municipal denunciaban el progresivo aumento de los robos en el polígono. Lo realmente interesante de la experiencia particular desarrollada en Cementerio durante este breve pero intenso intervalo temporal radica en que en este punto del espacio confluyeron tres intereses bien definidos dentro de un campo de fuerzas en donde las presiones sociales, económicas y políticas estuvieron bien presentes. Y lo estuvieron, respectivamente, por un lado, a través de las reivindicaciones sociales de los vecinos, por otro mediante la defensa de los intereses empresariales asociados al polígono industrial, y en tercer lugar con las directrices de los planes municipales. En este escenario, cada una de las partes en liza aplicarían sus propias estrategias de actuación que, finalmente, como podrá constatarse, tuvieron un único ganador, un elemento indemne y un sólo perdedor. Esta resolución sólo cabe si se entiende como victoria y derrota el desenlace a escala barrial, pues en realidad a medio plazo la ciudad en su conjunto pierde con este tipo de triunfos y fracasos.

En la segunda semana de septiembre comenzaron las obras de las 17 viviendas pactadas con el vallado de la parcela a edificar, sin haberse observado aún ningún avance en las obras de mejora del Barrio. El día 14 tuvo lugar una concentración de unos 60 vecinos contra la inseguridad, exigiendo al Alcalde Luis Díaz Alperi que cumpliera las actuaciones acordadas para adecentar el Barrio antes de proceder a los realojos. Se denunció por ilegal la recalificación de un suelo destinado para zona verde en residencial, a lo que el Ayuntamiento responde amparándose en la legislación vigente, que otorgaba el mismo tratamiento a las zonas verdes que a las viviendas de promoción pública.

Posteriormente, el día 22 de septiembre, desde el Vial de los Cipreses hasta la Plaza de la Luna se convocaba una manifestación, autorizada por la Subdelegación del Gobierno, promovida por los agentes económicos del Llano del Espartal, que aglutinó, entre empresarios y vecinos, a cerca de doscientas personas. Más de cien de ellas, procedieron a cortar la carretera de Madrid, acción de protesta cuya práctica no contaba con la aprobación oficial. Los intentos de la policía por persuadir a los manifestantes a abandonar dicha medida resultaron inútiles, procediendo a desviar la circulación por calles alternativas. Según las notas de prensa, en las pancartas que portaban los manifestantes podían leerse lemas tales como: “Primero seguridad y luego realojos”, “El Sr. Alcalde lo único que hace bien y rápido es recalificar el suelo a su antojo”, o “Prometió pero no cumple”. En cualquier caso, se defendía la idea compartida que las medidas de seguridad debían anteponerse a las acciones de realojo, dado que el orden de los factores sí alteraba el resultado. Los vecinos que se sumaron a la convocatoria empresarial encabezados por su representante Alfonso López, adujeron que apoyaban la protesta porque “no nos creemos nada de lo que el Alcalde nos prometió”. En boca de uno de los asistentes: “no se trata de un problema de racismo, porque aquí viven familias gitanas desde hace tiempo, y estamos tranquilos. Pero pensamos que cuando vengan aquí las 17 familias pasará lo que ya ha ocurrido en zonas como el Parque Ansaldo”, en donde la degradación ha aumentado con el realojo masivo de familias en situación de vulnerabilidad. Otro más añadía la idea de la improbable generosidad de unos dirigentes políticos, que piden una comprensión que ellos no practican:

“Ya que dicen que hay que ser solidarios, nosotros estaríamos dispuestos a acoger de inmediato en el Barrio a cuatro familias en nuestras casas si el Alcalde y sus Concejales hacen lo mismo y los acogen en las suyas”.

Desde el punto de vista de la mayor parte de los vecinos, la incorporación de las familias gitanas realojadas en Cementerio implicaría la desvalorización de su barriada popular, desestructurando el tejido social que

generaba la sociabilidad cotidiana entre sus residentes, más aún cuando todavía no se había solucionado el problema del chabolismo dentro de la zona, tal como lo expresaban:

“Una vez que se instalen las casas de realojo nuestras casas habrán perdido todo el valor”; “Ellos (Ayuntamiento) quieren hacer las casas y nosotros queremos un Barrio digno”; “Hay todavía chabolas en el Barrio que precisan soluciones. Si se añaden las viviendas modulares para las familias de Casalarga, Cementerio se convierte en un gueto y no queremos un gueto”.

De hecho, a estas alturas de su historia, la barriada ya podría definirse con un gueto, si no en plenitud, sí en potencia, o como otros calificaban, “un Barrio no ya de segunda, sino de tercera o menos”. En expresión de un vecino: “Nos acusan de racistas, pero si llamamos a un taxi siempre están todos ocupados para venir a este Barrio. (Hasta) los conductores de los autobuses giran la cabeza y no paran aquí en cuanto anochece (…). Este Barrio no existe para que los carteros traigan las cartas a pesar de los impuestos que pagamos”. Días más tarde, los vecinos protagonizaron una original protesta para expresar el descontento generado en la barriada a raíz de los realojos sin prestaciones municipales, plantando medio centenar de pinos en el lugar en donde se iban a alzar las 17 viviendas modulares. La improvisada medida reivindicaba el destino de este suelo para la creación de esos espacios verdes ausentes en la barriada, tal como fue su uso original, a través de la construcción de un parque público sobre la parcela en cuestión, en lugar de ser empleado para la edificación de un gueto. Un vecino entrevistado para la ocasión se quejaba de que “hacía seis años (hablamos de 1994), (el Alcalde Díaz) Alperi nos prometió lo mismo, y estamos igual que hace 40 años. Los ancianos no tienen un parque para sentarse o pasear, y los niños no tienen donde jugar“. Tal como expresaba una residente, los vecinos de Cementerio tenían también sus derechos porque pagaban sus impuestos como un alicantino más:

“Llevo viviendo aquí 36 años y pagó 14.000 pesetas de contribución, más incluso que algunas personas de (la zona de) Los Ángeles, y sin embargo, en todo este tiempo, el Ayuntamiento no ha hecho nada”.

Según recogen las crónicas de prensa, un equipo de agentes de la policía local presidido por el Concejal de Seguridad se desplazó al Barrio, entre las increpaciones de los manifestantes, para tratar de convencer a los vecinos para que no boicotearan el inicio de las obras. Ante estos hechos, el edil llamó por teléfono al Alcalde transmitiendo a los vecinos la promesa del regidor de que el realojo de Casalarga en Cementerio no procedería hasta que la barriada no estuviera en las condiciones óptimas para llevarlo a efecto.

Con promesas incumplidas y sintiéndose estafados, casi cien pinos plantados reivindicando medidas.

Cortando las avenidas la unión vecinal incordia.

Módulos de la discordia, solución prefabricada, impuesta, que no acordada, sin mayor misericordia.