Enderezar el camino por una vía de desarrollo

REPRESENTACIÓN GREMIAL

María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca

El libro, ¿Cómo le fue a la economía bogotana? 2020 (https://observatorio. desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/como_le_fue_a_la_economia_bogotana.pdf) resulta un aporte de suma importancia para el acceso a la información por parte de la ciudadanía, sin importar el rol que se cumpla en la sociedad.

Aún más relevante es que esta serie de documentos sea ampliamente difundida desde ámbitos como el académico, el empresarial y el gubernamental, a la luz de acontecimientos coyunturales como lo fue la pandemia durante 2020, pero también como un insumo para la reflexión sobre los problemas estructurales que padecen no solo la ciudad sino el país. Presentamos aquí una breve pero sustanciosa reflexión respecto a uno de los temas que desde el sector empresarial viene teniendo diferentes desarrollos.

Lograr un crecimiento sostenido a largo plazo es uno de los principales objetivos de la economía (Ministerio de Comercio Industria Turismo, 2018). Las sociedades modernas también se proponen alcanzar una tasa de desempleo muy cercana a cero, sin que ello implique la inestabilidad de la economía.

De este doble propósito se desprende que el país enfrenta una dificultad estructural, definida como de inseguridad económica, en la que se conjugan altas tasas de desempleo y una falta de demanda efectiva que logre mantener activo el círculo virtuoso de la economía (Cárdenas & Suárez, 2009).

Siguiendo lo argumentado por Cárdenas y Suárez (2009), la dificultad se ha venido agravando en las últimas décadas como producto de un desajuste entre el ahorro y la inversión. En un esfuerzo inocuo por compensar el déficit del ahorro interno y con el anhelo de lograr crecimiento económico, la política gubernamental se inclinó hacia el incremento del ahorro externo.

“La capacidad productiva se ha reducido por cuenta del proceso de desindustrialización, traducido en una pérdida de la capacidad de crear riqueza y en una fuga de capitales hacia países con mayores niveles de desarrollo, junto con un enorme aumento de la informalidad”.

No obstante, los resultados no han sido los anunciados: no se evidencia un aumento significativo en la inversión. Las utilidades han resultado insuficientes para cumplir los compromisos adquiridos con los acreedores externos que hacen que la deuda externa ascienda al 51,8 % como porcentaje del PIB; tampoco se logró un crecimiento económico que redundara en una sociedad con mayor equidad.

La capacidad productiva se ha reducido por cuenta del proceso de desindustrialización, traducido en una pérdida de la capacidad de crear riqueza y en una fuga de capitales hacia países con mayores niveles de desarrollo, junto con un enorme aumento de la informalidad. De hecho, el sector manufacturero pasó de representar el 20.8 % del PIB nacional en 1989 a representar tan solo el 11,2 % para 2018, y su participación en valor agregado en el PIB pasó de 36,9 % en 1989 a 26,5 % en 2018 (Hoyos, 2017).

El Consejo Privado de Competitividad (2017) afirmó que Latinoamérica solo podrá llegar a niveles de ingreso similares a los de las economías desarrolladas si fomenta cambios sustanciales a nivel productivo tendientes a mejorar la competitividad. La meta solo será posible, agrega, si se propicia la movilidad hacia sectores con mayores niveles de productividad y mayor capacidad de generar valor agregado.

En la región, la productividad relativa es del 22 % respecto a la de Estados Unidos y las economías se han concentrado tradicionalmente en actividades intensivas en recursos naturales, con encadenamientos productivos de poca generación de valor agregado y orientadas especialmente al mercado interno, por lo que tienen una gran dificultad estructural para insertarse en actividades de mayor generación de valor agregado (CEPAL, 2020; Correa et al., 2018, pp. 29-30).

En medio de la pandemia se han hecho evidentes las dificultades estructurales del país, visibles en la alta tasa de desempleo y en el crecimiento de la desigualdad. Por ello, los problemas de la economía bogotana deben ser leídos, más allá de la coyuntura de la pandemia, como el resultado de la política macroeconómica adoptada por el país y que la pandemia aceleró y puso al descubierto con crudeza.

A nivel global, la contracción en la producción fue de -8,5 % (Bloomberg, 2021). En Estados Unidos, durante los primeros meses de confinamiento, cerca del 50 % de las empresas de menor tamaño operaron hasta con 15 días de reserva de liquidez; el 43 % tuvo que cerrar temporalmente (Bartik et al., 2020, p. 8).

En la Unión Europea, las pymes que son reconocidas por sus altos niveles de innovación, tendrían, según estimativos, una afectación en ingresos entre el 6 y el 11 % (Revoltella et al., 2020). Se prevé como inminente que la gran mayoría de las pymes, especialmente las manufactureras, afrontarán dificultades de restricción financiera y de menores niveles de operación, derivadas de los cierres ordenados por las autoridades gubernamentales (Juergensen et al. 2020).

Colombia no fue la excepción y presentó una caída en el PIB del -6,8 % en 2020, y en la manufactura la reducción fue del -7,7 % (DANE, 2021). Por el lado de la demanda, la reducción de los ingresos laborales ascendió a $29,6 billones, el equivalente al 2,9 % del PIB, lo cual desaceleró el consumo de los hogares y de la demanda agregada en su conjunto.

Por el lado de la oferta, las empresas redujeron sus niveles de operación. Para noviembre 2020 se registraba que, cerca del 48 % de las mipymes de Bogotá y la región, utilizaron menos del 50 % de su capacidad productiva y que solo el 38 % tenía condiciones para llevar a la práctica el teletrabajo (SDDE et al., 2020). Las consecuencias sobre el tejido empresarial ya empiezan a evidenciarse. Con corte a enero de 2021, según el DANE, se registró el cierre de 427.800 micronegocios y una de cada cuatro empresas se acogió a la Ley de Insolvencia. Aunque son innegables los efectos que trajo consigo la pandemia, se debe profundizar más en el debate sobre la prematura desindustrialización y sus consecuencias acerca del estado actual de la economía.

“Cuando el país cruza hoy por una de sus crisis más agudas, se abre la posibilidad real de enderezar el camino por una vía de desarrollo y de determinar como modelo económico el de la creación de riqueza”.

Como ha sucedido en países de mayor desarrollo económico, se requiere impulsar de manera decidida el sector manufacturero, pues presenta características tan particulares como los rendimientos crecientes, explicados por la Ley de Verdoorm, pues los sectores que presentan bajas productividades tienden a crecer y a acercarse a la frontera tecnológica por el uso y apropiación de conocimiento. Y la mayor capacidad de crear riqueza ha ocasionado en los países con mayor desarrollo un incremento significativo en los ingresos per cápita y, con ello, mayores posibilidades de reducir la desigualdad social (Hoyos, 2017).

Pero lograr este propósito requiere de un papel activo por parte del Estado, que, en contravía de muchas posiciones ortodoxas de la economía, debe ayudar a suplir las crecientes fallas de mercado, que parecen ser cada vez más de carácter estructural y no coyuntural.

En ese sentido, se debe promover el desarrollo de actividades industriales, más aun si están ligadas a procesos de innovación y desarrollo tecnológico que contribuyan a aumentar en forma generalizada la productividad y el ahorro nacional, propiciando así una relación armoniosa con la inversión. Dicho en otras palabras, que Colombia sea un país donde producir no sea cuestión de unos pocos sino de altas capacidades de generación de riqueza y empleo.

Cuando el país cruza hoy por una de sus crisis más agudas, se abre la posibilidad real de enderezar el camino por una vía de desarrollo y de determinar como modelo económico el de la creación de riqueza, que, a diferencia de las primeras industrializaciones, y por ser de carácter tardío, debería propender por cerrar la brecha tecnológica impulsando procesos de aprendizaje del conocimiento; revisando aquellos acuerdos comerciales que no hayan traído beneficios a la producción nacional; dando impulso a sectores de productos industriales intermedios que activen los encadenamientos productivos y reduciendo los diversos costos-país, como son la energía, la infraestructura y el sistema tributario.

Es así como los pilares de la reactivación económica se cimientan en aumentar la capacidad de compra mediante la protección y generación de empleo, una meta que no será factible más que ampliando el mercado local para los productos nacionales con estrategias que den un respiro a nuestra industria nacional.