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Duque: Un gobierno complaciente con la evasión
NOTAS ECONÓMICAS
Cedetrabajo
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Tras el revuelo internacional que el escándalo de los Papeles de Pandora generó en los últimos meses, sorprende la ligereza de la reacción del gobierno, los órganos de control y la mayor parte de los medios de comunicación sobre la información publicada, proveniente de cerca de 12 millones de documentos. Entre las revelaciones destacan los secretos financieros de personalidades de la política y la economía colombiana, con patrimonio en jurisdicciones que se prestan para el ocultamiento de actividades ilícitas como la elusión, evasión, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, conocidas como paraísos fiscales.
La información, producto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), da cuenta de la falta de efectividad de las políticas aplicadas en Colombia tras el escándalo de los Panamá Paper’s en 2016. Suceso que dio lugar a más de 150 investigaciones en 70 países y a la caída de ministros y jefes de estado; pero que, en Colombia, pocas consecuencias tuvo sobre los señalados, relacionados con la cima del poder político y económico del país.
De acuerdo con Tax Justice Network, este fenómeno implica un costo de más de $400.000 millones de dólares para la economía global; de los cuales, la mitad se relacionan con multinacionales. En Colombia, a pesar de que la información institucional se limita a declaraciones de autoridades fiscales y monetarias en diversos contextos, se estima que la evasión puede estar entre los $40 y $60 billones de pesos, entre los cuales $17.5 billones de pesos se estarían escapando por medio de paraísos fiscales. En términos generales, el concepto de paraíso fiscal se refiere a un territorio o nación que atrae capitales ofreciendo una menor carga tributaria, acompañada por altos grados de protección de la información de los dueños de esos capitales. La identificación de estos territorios por parte del Estatuto Tributario (ET) suma 37 naciones, entre las que no se encuentran Panamá o Delaware, protagonistas de los últimos escándalos de corrupción en el país.
La evasión en Colombia está cobijada por las debilidades estructurales del sistema tributario, las cuales se manifiestan en problemas institucionales y normativos diagnosticados por las últimas comisiones de expertos que el gobierno ha contratado.
En términos institucionales, los limitados recursos de personal y tecnológicos no son suficientes para que el sistema cuente con los mecanismos adecuados para asegurar información tributaria continua, oportuna y consistente. En 2019, el informe de Rendición de Cuentas de la DIAN sobre la ejecución de recursos en la vigencia de 2018 señalaba que: tanto en 2018, como en 2017, a pesar de las gestiones de la entidad, no se contaban con los recursos suficientes para la modernización tecnológica estipulada por la reforma tributaria de 2016 1 .
A nivel normativo, el sistema tributario colombiano ha sido moldeado con base en las recomendaciones de los organismos multilaterales, las cuales se han aplicado a rajatabla durante las últimas tres décadas. Como resultado, el Estatuto Tributario se ha vuelto complejo, regresivo e ineficiente, principalmente por la inclusión de impuestos altamente distorsionantes y de beneficios tributarios injustificados, como lo señaló la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de 2020. De acuerdo con los trabajos de Espitia y Garay 2 , los sectores poblacionales y productivos que pueden aprovecharse de estos vacíos estructurales se concentran en las capas más ricas de la sociedad, aproximadamente el 3% de la población y el 1% de las empresas.
1 DIAN (2019). Rendición de cuentas. Tomado de: https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/ RendicionCuentas2019/Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20DIAN.pdf 2 Garay, L. y Espitia, J. (2021). A propósito de la más reciente reforma tributaria, ante la inminencia de próximas en Colombia. Revista Sur. Tomado de: https://www.sur.org.co/a-proposito-de-la-mas-reciente-reforma-tributaria-ante-la-inminencia-de-proximas-en-colombia/
Contrario a lo que exige este contexto, las reformas de Duque en materia tributaria promueven la evasión de grandes capitales y multinacionales. El continuo aplazamiento de la modernización y fortalecimiento del sistema, como lo evidenció la exclusión de la aplicación de herramientas de georreferenciación en procesos notariales en la última reforma tributaria, muestra que estamos lejos de contar con la infraestructura normativa y material que se requiere para la identificación de delitos de evasión, elusión, lavado de activos, entre otros. La prolongación del impuesto de normalización, el cual sirve como llamado a legalizar activos en contraprestación de no sufrir la aplicación del código penal por tal acto, permite que los grandes evasores cuenten con una legislación especial que no los castiga.
Por si fuera poco, la reforma tributaria pupitreada este año se queda corta en la identificación de los evasores. Duque se limitó a dejar en manos de la DIAN la administración del recién creado Registro Único de Beneficiarios Finales. Dejó por fuera elementos como la veeduría, uso y acceso al Registro por parte de otros órganos de control y del público en general, aspectos que han sido señalados como prioritarios por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El comportamiento connivente del Gobierno de Duque con este fenómeno, en momentos de crisis y del escándalo de los Papeles de Pandora, evidencia que el poder político en Colombia utiliza el Estado para encubrir sus actuaciones, como lo hacen los grandes evasores, corruptos y delincuentes financieros internacionales al ocultar el rastro de sus actividades económicas. Resolver este problema requiere de medidas estructurales de largo plazo orientadas a fortalecer las autoridades fiscales y simplificar el sistema tributario para una adecuada identificación de las responsabilidades tributarias. Esta será la tarea del próximo Gobierno.
