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La nueva reforma tributaria del Gobierno Duque, una respuesta insatisfactoria ante la peor crisis económica
ACTUALIDAD EMPRESARIAL
Para atender los efectos económicos y sociales de la crisis producida por la pandemia, la respuesta de la mayoría de los gobiernos del mundo se ha dado, principalmente, a través de dos herramientas: paquetes de estímulo fiscal, por medio del aumento del gasto público directo e implementación de alivios tributarios; e instrumentos de liquidez, como las garantías a los créditos y los “préstamos blandos” subsidiados por los gobiernos.
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Con estas herramientas, en términos generales, los Estados salieron en apoyo de los trabajadores y las empresas para evitar una masiva destrucción de empleo a través de subsidios, créditos y otros mecanismos que permitieron mantener a flote una parte de la actividad económica en medio de los confinamientos y un escenario global recesivo.
En Colombia, el Gobierno fue tacaño con la cantidad de recursos destinados para solventar la crisis, pues llegó apenas al 4,1 % del PIB, menos que el gasto promedio de los países de renta media (6 % del PIB) y que el promedio de la región (8,5 % del PIB). Además, una cifra penosa frente al dinero desembolsado por economías avanzadas como las de Europa, Estados Unidos o Japón, donde el gasto llegó a un 18,8 % en promedio.
Para el país, el balance de la crisis es dramático. La contracción de la actividad económica en 2020 fue de 6.8 %, lo que implicó que el PIB per cápita mensual pasara de $1.790.168 a $1.658.624, una pérdida de $131.544 por cada colombiano. Al término del primer semestre de 2021, aún existían cuatro sectores con sendas de crecimiento decrecientes respecto a los niveles de actividad antes de la pandemia: la explotación de minas y canteras (-15,8 %), las industrias manufactureras (-0.5 %), la construcción (-24,3 %) y el comercio al por mayor, transporte, alojamiento y servicios de comida (-7.5 %).
Para el primero, la minería, se espera que la recuperación de los precios internacionales de algunas materias primas impulse el crecimiento en el corto plazo, lo cual tendrá un bajo impacto en el nivel de empleo y un impacto positivo en las finanzas del Estado. Para los otros tres, las medidas de política económica que ha tomado el Gobierno de Duque presentan un panorama con bajas expectativas de inversión, ya que la falta de efectividad de las políticas de apoyo y los continuos ajustes en la agenda de vacunación, que refuerzan la posibilidad de nuevos picos de contagio, apenas permiten una recuperación lenta y débil.
En cuanto al empleo, la situación es peor, pues el choque implicó un retroceso de una década. Sólo en 2020 la pandemia destruyó 2.4 millones de empleos. Según los resultados de este año, el nivel de ocupación de la economía es similar al que teníamos hace dos años. En Colombia, así como en América Latina, dentro de los segmentos demográficos más afectados se encuentran los jóvenes, las mujeres y las personas dependientes.
En términos fiscales, los ingresos del Gobierno se redujeron durante el 2020 un 11.2 %, al tiempo que el gasto público creció un 16.4%. En este sentido, mientras en 2019 el déficit fiscal era de 2.5 % del PIB, aproximadamente $26 billones, en 2020 este superó los $77 billones, alcanzando un 7.8 % del PIB. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal se ubicará en 2021 en 8.6 % del PIB. Ante estas presiones fiscales el gobierno se debatió entre las exigencias de austeridad del sistema financiero y las calificadoras de riesgo, materializadas en medidas de control del gasto público para no comprometer el cumplimiento de las obligaciones de corto y mediano plazo, y las necesidades de aumentar el gasto público que impone la reactivación, como lo han hecho las economías desarrolladas.
Frente a este contexto, en materia tributaria Duque optó por un camino que no resuelve ninguno de los problemas de mediano y largo plazo, cargando el costo de la crisis sobre las micro, pequeñas y medianas empresas: las que más han sufrido y las que menos ayudas han recibido. Basta con mirar las cuentas de la reforma: espera recaudar $15.2 billones de pesos; cerca de $11 billones por contribución del sector empresarial, con un incremento en la tasa de renta del 30 al 35 %,además queriendo mostrar el régimen Simple como una tarifa diferencial, lo que refuerza el carácter regresivo del sistema tributario y que golpeará de forma desproporcionada a las mipymes. Completa con un poco más de $4 billones por políticas de austeridad y de lucha contra la evasión y la elusión, que se quedan cortas frente al tamaño y la complejidad de estos fenómenos, que se estima podrían superar los $40 billones sólo por evasión de Renta e IVA, y en el cual son usuarios activos miembros de la clase política dirigente del país como lo evidencia el reciente escándalo de los “Pandora Paper’s”.
Para la reactivación económica, la reforma se limitó a extender los programas que el Gobierno creó mediante los decretos de emergencia de 2020, que han sido objeto de crítica por su limitado alcance y por la falta de transparencia en la ejecución de los recursos, pues en febrero de este año solamente el 56% se habían gastado, siendo la salud, el subsidio a la nómina, ingreso salario y transferencias a programas sociales, los principales programas beneficiados. Sin embargo, estas ayudas apenas han servido para mitigar los efectos de la pandemia: en lo corrido de 2021, la senda de recuperación ha estado determinada por el comportamiento del virus; y en agosto aún faltaba recuperar más de un millón de los empleos que la economía reportaba para 2019.
Así como para la política de reactivación, en materia social nuevamente se equivocó Duque. Con la reforma insiste en canalizar la política social por medio de transferencias monetarias, bajo programas que han demostrado su baja efectividad. Esto ha sido evidenciado por el comportamiento del indicador de desigualdad (Gini 1 ), que no se modifica antes y después de impuestos y transferencias, y que en las empresas es del 0.82, confirmando que la política tributaria no tiene efectos redistributivos sobre la riqueza del país.
En conclusión, la reforma no resolverá el problema estructural de las finanzas públicas y es contraria a las necesidades de reactivación de la economía colombiana.
Su enfoque de corto plazo es un desincentivo para el desarrollo de la inversión, debido a que el próximo año será necesaria una nueva reforma tributaria para ajustar los desequilibrios de un sistema hecho a la medida de una pequeña minoría, caracterizada por su ineficiencia, complejidad y regresividad.
1 Entre más se acerca el índice de Gini a 1, más desigual es la distribución de la riqueza en la población.
La desigualdad empresarial en Colombia
En Colombia, la desigualdad empresarial es del 0.82 en el índice de Gini, lo que indica que las utilidades se concentran en pocas empresas: menos del 1% de las empresas genera el 16% de las utilidades, mientras que el 92% genera sólo el 12%. Este problema se puede resolver con una tarifa diferencial en el impuesto de renta, como lo ha planteado Acopi Bogotá-Cundinamarca desde la reforma tributaria de 2016, en el que la tarifa dependa del tamaño de empresa. En esta oportunidad, desde todas las orillas políticas se promovieron proposiciones para establecer algún tipo de tarifa diferencial para las mipymes colombianas, lo que es un buen indicador. Sin embargo, el Gobierno y las mayorías en el Congreso aprobaron modificaciones al régimen simple para mostrarlo como una tarifa diferencial, que no es, entre otras, porque:
• Grava los ingresos brutos. Su objetivo es la formalización.
• Unifica el pago del impuesto sobre la renta, impuesto nacional al consumo, IVA, e industria y comercio.
• Deja por fuera por lo menos al 26% de las pequeñas empresas.
Consulte el artículo completo con gráficas e infografías en: https://issuu.com/acopibogotacundinamarca/docs/pyme-ed17_-digital/s/13886883
