
15 minute read
PRIMERA PLANA
> LUNES, 25 DE ENERO DE 2021
Velarán por cumplimiento de orden
Advertisement
Organizaciones feministas celebran declaración de estado de emergencia por violencia de género
Ayeza Díaz Rolón
>adiaz@elvocero.com
@AyezaNashaly
Organizaciones feministas aplaudieron la declaración de estado de emergencia por el alza en casos de violencia de género en Puerto Rico por parte del gobernador Pedro Pierluisi, tras años de lucha para que el gobierno tomara esta acción y gestionara los recursos en aras de atender ese mal social. Empero, anticiparon que harán una evaluación sobre el alcance que tendrá la orden ejecutiva emitida.
“¡Victoria feminista!”, exclamaron distintas organizaciones que reclamaron durante largos meses acciones contundentes del Estado y que el pasado viernes lograron una productiva reunión con Pierluisi y la secretaria de la Gobernación, Noelia García.
Desde 2018, bajo la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló, empezaron los reclamos sin éxito y se extendieron hasta el gobierno de Wanda Vázquez, quien declaró un “estado de alerta nacional” por el asesinato de mujeres y que perseguía la integración de todas las entidades públicas y privadas ante esta situación. No obstante, los grupos feministas insistían en que la medida de Vázquez no era suficiente.
“Para nosotras es una victoria porque el País llevaba ya dos años solicitando que se decretara el estado de emergencia y, bueno, por fin se decretó y como tenía que hacerse, con una orden ejecutiva que incluye asuntos concretos para atender la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico. Nosotras somos parte de un grupo de mujeres que se reunió el pasado viernes en La Fortaleza y ese día le presentamos (al gobernador) un pliego de recomendaciones para atender la violen- contra la violencia de género. cia hacia las mujeres. Ahora mismo nuestro El Comité PARE será presidido por la degrupo de trabajo está revisando la orden eje- signada secretaria del Departamento de la cutiva versus las recomendaciones”, expresó Familia, Carmen González Magaz, quien la directora ejecutiva de Proyecto Matria, posee una maestría y doctorado de la UniAmárilis Pagán. versidad Carlos Albizu, siendo su internado y
La activista comentó a EL VOCERO que la tesis doctoral en violencia de género. De esta orden ejecutiva reconoce que manera, Pierluisi colocó a la la violencia hacia las mujeres jefa de Familia por encima de es un tipo de violencia con la Oficina de la Procuradora sus causas particulares y que de las Mujeres (OPM), la cual es deber del Estado atender se menciona en el documento ese problema. “Sin embargo, como la cuarta figura dentro en el tema de educación con del comité. perspectiva de género reco- El grupo, además, lo comnocen la importancia, pero ponen otras agencias como si lees la orden no hay unas el Departamento de Justicia, medidas específicas para im- el Departamento de Educaplementarlas. Estoy presu- ción (DE), el Departamento miendo que se incorporan las de la Vivienda, el Negociado medidas que Wanda Vázquez de la Policía, el Instituto de en cuanto a la educación con Ciencias Forenses y el Instiperspectiva de género en su tuto de Estadísticas. Incluye orden anterior, pero está por tres representantes de las verse cómo lo está interpre- organizaciones sin fines de tando La Fortaleza y cómo lo lucro dedicadas a la lucha va a implementar. Otro punto El gobernador Pedro Pierluisi contra la violencia de género, es que aunque se le da repre- emitió ayer la declaración de un representante de la acasentación a tres organizacio- emergencia. >Archivo / EL VOCERO demia, un representante de nes en la mesa de trabajo, no- los medios de comunicación sotras habíamos solicitado un mayor número y al oficial de cumplimiento nombrado por de organizaciones”, abundó. el gobernador.
Las estadísticas de la Policía evidencian Igualmente, ordena a las agencias, en que en 2020 asesinaron a 44 mujeres y que 11 coordinación con la Oficina de Gerencia y de estas fueron por violencia de género. Este Presupuesto (OGP), identificar los recuraño, los datos de la Uniformada reflejan la sos internos, fondos estatales, federales y muerte de una mujer bajo esta problemática. externos disponibles para cumplir con las A esto se suman varias mujeres transgénero disposiciones de la orden ejecutiva, y de ser que también murieron por aparentes críme- necesario solicitar recursos adicionales para nes de odio. manejar la emergencia declarada.
La orden ejecutiva de Pierluisi establece la “Toda violencia es repudiable, y tenemos designación de un Oficial de Cumplimiento, que combatirla sin tregua. La violencia de géque responderá al gobernador, para fiscali- nero es un mal social, basado en ignorancia zar, dar seguimiento y monitorear la imple- y actitudes que no pueden tener espacio ni mentación de esta. También crea el Comité tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos. de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación Por demasiado tiempo víctimas vulnerables de la Violencia de Género (Comité PARE) en han sufrido las consecuencias del machisel que se designan 17 miembros y aumenta a mo sistemático, la inequidad, el discrimen, tres la representación de las organizaciones la falta de educación, la falta de orientación que se dedican a proveer servicios y luchar y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador al anunciar la orden ejecutiva.

Apuntan a la OPM
Ana Irma Rivera Lassén, activista feminista y senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), destacó que la orden ejecutiva es positiva porque incluye un calendario de trabajo y dice específicamente que se tienen que levantar estadísticas adecuadas. Se refirió a una disposición de la orden que establece que el Comité PARE deberá publicar un primer informe de progreso dentro de 45 días de la primera reunión y cada 30 días por la duración de la orden, que será hasta el 30 de junio de 2022, prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE.
“Hay otras áreas que me preocupan, como por ejemplo dónde queda la OPM porque me parece que la orden pone en manifiesto lo que hemos denunciado muchas personas y es que esa oficina está inoperante. Se supone que la OPM pueda hacer que las diferentes agencias trabajen sincronizadas en el tema de la violencia de género. Imagínate que la OPM, que no es parte del gabinete, la ponen en el esquema por debajo de Familia”, comentó.
Otras preocupaciones que levantó Rivera Lassén es que Familia, como agencia, se queda corta para poder abordar esta situación y que el decreto no menciona a las mujeres transgénero.
En tanto, Irma Lugo, del Observatorio de Equidad de Género, expuso que es un paso necesario para garantizar la vida y seguridad de las mujeres.
“En estos momentos estamos analizando la orden y el contenido a la luz de las propuestas. Yo no veo que se haya mencionado lo de los feminicidios y el manejo de las estadísticas, y eso es importante. Sí me alegra que hay mayor representación en el Comité PARE y las medidas concretas que reconocen la importancia de la educación con perspectiva de género porque el análisis tiene que ser amplio”, comentó.
Aprobarán hoy el reglamento cameral
Incluye sesiones para enmiendas y mayor participación para los partidos minoritarios en vistas públicas
Ayeza Díaz Rolón
>adiaz@elvocero.com
@AyezaNashaly
A tres semanas del inicio de la nueva Legislatura, la Cámara de Representantes se apresta a aprobar hoy el reglamento que regirá los procesos parlamentarios, en un aparente consenso con los partidos de minoría que también le otorga poderes exclusivos al presidente Rafael “Tatito” Hernández para manejar el acceso del público a las gradas del hemiciclo cameral.
La Resolución de la Cámara 161 recibirá enmiendas antes de ser discutida y aprobada, anticipó Hernández a preguntas de EL VOCERO. Sin embargo, el resultado final mantendrá aspectos novedosos como lo son los ‘markup sessions’ —sesiones de enmiendas—, mayor tiempo de participación para los partidos minoritarios en las vistas públicas y restituye los turnos iniciales en las sesiones legislativas, que es un turno de cinco minutos para que los legisladores puedan expresarse sobre temas de interés público.
Las enmiendas, según Hernández, fueron discutidas en el transcurso de la semana pasada con los portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Se discutieron luego de que el pasado 14 de enero solicitaran tiempo para evaluar el contenido de la medida e incluir sugerencias de los partidos minoritarios.
El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

Sobre el acceso a las gradas
El único señalamiento que no acogieron, indicó Hernández, fue el que hicieron los representantes del MVC para flexibilizar el acceso a las gradas del hemiciclo. El borrador del reglamento otorga poderes exclusivos al presidente en cuanto a las manifestaciones, el público y la seguridad en las gradas, e incluso menciona que las personas pueden ser expulsadas si así lo solicita.
“En los temas de seguridad uno tiene que tener la capacidad para reaccionar rápido porque estamos hablando de vidas. Así que hay cosas que uno puede llevar a un consenso y a votación, pero hay asuntos
Se acogieron la mayoría de los planteamientos de los legisladores de las delegaciones no populares. Todavía había algunos planteamientos técnicos y no todo se puede satisfacer, pero se atendió la mayoría. Así que estaremos aprobando mañana (hoy) el reglamento de la Cámara.
Rafael “Tatito” Hernández
presidente de la Cámara de Representantes
que son puramente administrativos y que hay que tomar la decisión rápido. Si está ocurriendo algo allí arriba (en las gradas) uno no va a empezar a votar mientras alguien está degollando a alguien allá arriba. Así que esto es una cuestión de poder ser ágil en tomar una determinación de seguridad si se está cometiendo algún tipo de crimen o delito en las gradas, pero toda la controversia gira alrededor de las gradas”, afirmó el líder cameral.
El pasado cuatrienio y bajo la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado hubo momentos en que —por instrucciones del presidente Thomas Rivera Schatz— se ordenó el cierre de las gradas al público.
“No quiero que me midan con lo que hicieron los demás y diré lo que estamos haciendo nosotros... las gradas están abiertas, por ejemplo, y en las gradas abiertas se da algún caso de delito donde una persona agrede a otro y otra está tirando algún tipo de objeto. En esa circunstancia, no puedo ponerme a votar para determinar si los voy a sacar o no. Tengo que tomar la determinación oportuna y no tiene nada que ver con acceso. Tiene que ver con que se ocasione alguna distorsión al decoro que requiere estar en la Asamblea Legislativa”, explicó Hernández.
Señaló, además, que hubo acuerdo en algunos de los señalamientos que hizo el PNP respecto a la celebración de las sesiones comunitarias y su constitucionalidad. En ese tema, la Cámara acordó incluir lenguaje para que se les llame “sesión total”, lo cual les permitirá ir a las comunidades por la vía legal.
Otro asunto en el que hubo acuerdo y que también elevó el PNP tiene que ver con la cantidad de miembros en las comisiones camerales, que también se estarán configurando en la sesión de hoy. “Tenemos una situación porque tenemos cinco partidos y lo que queremos es que todo el mundo tenga participación. Así que vamos a aumentar la cantidad en las comisiones pequeñas... aumentamos de nueve a 11 representantes”, señaló. Detalló, sin embargo, que en las comisiones grandes —como la de Hacienda— tendrá 17 miembros en lugar de 15, como siempre fue.
En la sesión, que comienza a la 1:00 de la tarde, trascenderán otros planteamientos administrativos y de interés general.
Abogan por el Seguro Social Suplementario
Ayeza Díaz Rolón
>adiaz@elvocero.com
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, cursó una carta al designado secretario del Departamento de Justicia federal, Merrick B. Garland, para que desista de la apelación del caso que la administración del hoy expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó hasta el Tribunal Supremo estadounidense para excluir a los puertorriqueños de los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
A su vez, anunció el comienzo de una “ofensiva” cameral en Washington para reclamarle al presidente Joe Biden que desista de la apelación en el pleito incoado por el puertorriqueño Luis Vaello Madero. Hernández también urgió a los sectores socioeconómicos de la Isla a unirse a ese reclamo para que cerca de 300,000 puertorriqueños puedan recibir esa ayuda.
El SSI, según el líder cameral, beneficiaría a personas con discapacidades, sordos, ciegos y personas mayores que trabajan por debajo de la mesa y que no pudieron pagar el seguro social.
“En Puerto Rico hay un estudio que dice que estos son sobre 300,000 personas. En recursos estamos hablando de $1,300 millones. Esto va al corazón de los más necesitados en la Isla”, expresó.
A principios de diciembre, Hernández le había enviado una carta sobre este asunto a Biden.
En reuniones en Washington
“Estamos dándole continuidad a esto. En la semana (pasada) tuvimos reuniones con un sinnúmero de funcionarios de Casa Blanca y de diferentes personas que trabajan con el Congreso. Sindicatos, organizaciones religiosas y organizaciones comerciales en Washington para comenzar una ofensiva. Es como todo: los políticos se comprometen, pero si tú no le reclamas no se cumple”, dijo.
“Así que vamos a impulsar una ofensiva y hacemos un llamado a todos los sectores socioeconómicos del País para que se incluyan en este esfuerzo y le reclamen a la administración Biden que se ordene al secretario de Justicia federal que se retire del caso Vaello Madero, que está ahora mismo en el Tribunal Supremo federal”, afirmó el presidente cameral.
El caso de Vaello Madero se generó en 2018 y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston falló el año pasado a favor de este ciudadano para que se le conceda el beneficio del SSI estando en Puerto Rico. Luego, la administración de Trump elevó el caso hasta el Supremo, donde aún se dilucida la controversia.
“La administración de Trump retó la determinación de Boston y apeló al Supremo con un lenguaje discriminatorio, racista, un lenguaje que demuestra el alma oscura de los republicanos dirigidos por Donald Trump. Nuestro planteamiento es que ya le llegó el momento a la administración de Biden de demostrar con acciones su contraste en política pública hacia los puertorriqueños y esta acción no requiere cabildeo en la Cámara ni en el Senado federal. Sencillamente es un llamado para que imparta una orden a su secretario (de Justicia)”, sostuvo.
Hernández insistió en que todos “tenemos un familiar afectado por esta situación”.
“Este programa, a pesar de que nosotros los trabajadores en Puerto Rico pagamos al FICA (Federal Insurance Contributions Act), no lo recibimos”, puntualizó.
Detienen el gasto en la Plaza de los Creyentes
La controversial construcción no ha sido completada luego de invertir $204,630 en fondos públicos @
Ayeza Díaz Rolón
>adiaz@elvocero.com
@AyezaNashaly
La controversial Plaza de los Creyentes — que ha representado un gasto de $204,630 en fondos públicos para la Superintendencia del Capitolio— no seguirá en construcción ni se le harán modificaciones adicionales a las ya realizadas bajo la pasada administración senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La obra —que ubica en el Distrito Capitolino de Puerta de Tierra— originalmente costó $189,630, pero se hizo una enmienda al contrato que elevó el costo por $15,000 adicionales. Este cambio surgió para la construcción de una base en hormigón enchapada en granito para enclavar una escultura que supuestamente habían adquirido. Sin embargo, nunca se llegó a instalar la escultura ni la fuente que se había proyectado inicialmente para la obra.
El nuevo superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, informó a EL VOCERO que no contempla cambios en la obra debido a la situación económica de la Asamblea Legislativa.
“Lo primero que hicimos cuando llegamos fue limpiarla (la Plaza de los Creyentes) porque el pasto se había comido la plaza. La limpiamos, le pasamos máquina a presión y la acondicionamos. Pregunté porque había una inquietud de si había algún proyecto pendiente —porque en un momento dado había una fuente dispuesta para ahí—, pero en el cambio de planos de esa área se eliminó y después había intención de poner una estatua, cosa que nunca se materializó”, expresó.
“Tampoco está dentro de mi plan de trabajo ninguna intención en este momento de hacer más estatuas ni ninguna otra fuente en el Distrito Capitolino”, abundó.
Hernández Alfonzo explicó, sin embargo, que le darán mantenimiento y limpieza para el “uso y disfrute de quienes la quieran utilizar”. “Una construcción adicional no está contemplada”, aseguró.

Deben poner las finanzas al día
Opinó que la construcción de la estatua no era un asunto tan necesario. “Entiendo que se debió haber funcionado de una manera más creativa y más estricta en asuntos administrativos. Ahora mismo tengo deudas de $2.5 millones que le debe la Cámara a la superintendencia y de $1 millón y pico que

La obra ubica en el Distrito Capitolino, en Puerta de Tierra. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

le debe el Senado a la superintendencia. Esos procedimientos internos que se dieron no fueron bien documentados y ahora estamos en un proceso de reconciliación para poder cumplir nuestros compromisos”, señaló.
Este cuatrienio la Superintendencia del Capitolio recae sobre la Cámara de Representantes. El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, admitió que la situación económica de la Legislatura requiere que se invierta en las prioridades.
“No puedo desmerecer la importancia de que el Distrito Capitolino esté en buenas condiciones, pero aquí hay prioridades mucho más apremiantes que esa. Ese es parte del problema no solo del Capitolio, sino del gobierno, porque muchos de los fondos se utilizan en asuntos que aunque para algunos aspectos puedan ser importantes, en el orden de prioridades no representan lo principal”, sostuvo.
Ortiz agregó que “el que se haga una estatua o un monumento” no representa una violación a la separación de poderes entre Iglesia y Estado, como dispone la Constitución de Puerto Rico.
“Lo veo más desde el punto de vista de si el dinero que se empleó ahí tenía un destino mucho más importante en el momento de crisis fiscal que tenemos. La contestación a eso es que sí, tenemos una crisis económica y cada centavo que se va a invertir tiene que ser en garantizar servicios esenciales a la ciudadanía”, manifestó.
EL VOCERO solicitó una expresión de la pasada administración de la superintendencia y no fue recibida al cierre de edición.